Fourteen of the 42 monitors that the Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) used to measure air pollutants harmful to health throughout Puerto Rico are out of service, some for as long as five years, a Center for Investigative Journalism investigation found.
Catorce de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años.
The area in the switchyard where the Central Costa Sur fire occurred, which caused the general blackout last Wednesday, should have been renovated four months ago, in December 2021, according to the original infrastructure plan through which the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) will access $10.7 billion in federal recovery funds. But, after LUMA’s arrival in June 2021, as operator of the transmission and distribution system, the processes were delayed. The completion date for the repairs at the plant was postponed to February 2023, according to documents from the Puerto Rico Energy Bureau and the Federal Emergency Management Agency (FEMA), that the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) reviewed.
Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022
The recovery work in Costa Sur, Guayanilla, included replacing four switches of the 230-kilowatt transmission lines because they have already completed their useful life and are obsolete.
El área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur, que provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada hace cuatro meses, en diciembre de 2021. Así estaba pautado en el plan de trabajo original con el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accederá a $10.7 mil millones en fondos federales de recuperación. Pero, tras la entrada de LUMA en junio de 2021 para administrar el sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), revisados por el Centro de Periodismo Investigativo.
Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022
Las labores de recuperación en Costa Sur, Guayanilla, incluían reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios, porque ya cumplieron su vida útil y están obsoletos.
The Department of Health, responsible for inspecting and approving the emergency evacuation plans of all the island’s hospitals, only keeps them for the three hospitals that it runs. The agency’s Deputy Secretary’s Office for the Regulation and Accreditation of Health Facilities (SARAFS, in Spanish) does not keep a copy of the evacuation plans that it is supposed to have previously evaluated, and that could mean the difference between life and death for patients and employees. The information surfaced as part of a lawsuit in which the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) asked the DH for several documents and protocols related to emergency events. “As part of the inspections, SARAFS personnel check that said plans comply with all the established requirements. However, a physical copy, on paper, digital or in any other way stored in an electronic device(s) of these plans is not delivered to SARAFS personnel, nor is it received by said personnel, nor is it retained in the record of the facilities that work in the SARAFS, so the Department of Health does not have them,” according to the certification that the DH submitted to the San Juan Superior Court as part of the case.
El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.
La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan.
Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau.
“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia.
Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias
Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.
La maleza que sigue apoderándose de las verjas y las paredes de lo que era el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno (CDT) en la isla municipio de Vieques son la señal de que el tiempo pasa y allí nada pasa. Mientras tanto, las fechas anunciadas para la construcción del CDT están retrasadas, y los costos aumentan.
El director de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, estimó que el proyecto estará completado en 2025. El Gobierno de Puerto Rico deberá financiar los gastos adicionales de entre $7 y $11 millones sobre el estimado de $49 millones de hace dos años, cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) hizo la asignación de fondos. La consideración de códigos de construcción actualizados, el aumento en los costos de mano de obra y materiales, y la incorporación de más espacio para nuevos servicios se mencionan por AFI y el municipio de Vieques como las razones para el aumento. Fue el 19 de agosto de 2021 cuando el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el CDT estaría listo para mediados de 2024.
“Antes de final de año [2021] vamos a comenzar la demolición y ya se deben tener los planos finales de construcción.
Buenos días. Valoro la oportunidad de hablar en esta sesión informativa pública de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos sobre las implicaciones de la asistencia en casos de desastres en los derechos civiles, a partir de la experiencia del huracán María en Puerto Rico. Espero que este sea un foro productivo en el que no solo se nos escuche, sino que pueda canalizar soluciones a los problemas e injusticias que se les traerán a su atención. Mi nombre es Carla Minet y soy la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI es una organización sin fines de lucro que celebra 15 años de hacer periodismo de investigación incisivo, de capacitar a periodistas en Puerto Rico y el Caribe, y de litigar por el acceso a documentos públicos.
