Las trabas para garantizar los servicios a pacientes renales siguen vigentes, pues LUMA no les da máxima prioridad a la hora de restablecer energía a los centros de diálisis ni se ha creado un registro de pacientes o un plan abarcador que atienda a la población que más muertes vio tras el huracán María.
Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que este asesor y sus socios utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de Mongolia. El gigante tecnológico Apple estaba buscando un paraíso fiscal para depositar su montaña de dinero en efectivo en el exterior.
¿Qué son los Pandora Papers? Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades. ¿Qué es el ICIJ? Es una entidad sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, producto de una alianza de reporteros de investigación de todo el mundo.
Las agencias comprometidas bajo un programa de beneficios para compensar a quienes demandaron al Gobierno por las condiciones carcelarias en Puerto Rico se amparan en el desconocimiento y la falta de fondos para incumplir el acuerdo que cerró el pleito.
El primer informe de confiabilidad que entregó la compañía confirma que tardó casi el doble del tiempo en restaurar la luz a los clientes en su primer trimestre de operaciones, en comparación con la Autoridad de Energía Eléctrica.
El Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) “puso en riesgo” la vida de los puertorriqueños al no implantar de forma efectiva un protocolo de preparación y respuesta durante el huracán María, indica una auditoría del gobierno federal.
La investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG en inglés), publicada en julio de 2021, sostiene que el DS incumplió con un acuerdo colaborativo para atender emergencias.
Una sucesión de errores y omisiones del DS causó que esta fuera la única de las agencias de algún estado o territorio en ser auditada por el gobierno federal. El DS no llevó a cabo iniciativas de preparación y respuesta específicas para las personas más vulnerables, como niños, ancianos, enfermos, con impedimentos, los aislados geográficamente y quienes tienen una barrera cultural o de lenguaje, según se lo exigía el acuerdo colaborativo. El DS tampoco consultó con el público su Plan Operacional de Emergencia, lo que era un requisito del acuerdo. La agencia puertorriqueña hizo todo lo contrario: alegó que era confidencial. Precisamente por que ocultaba ese documento público, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que ir a los tribunales a exigirlo.
“La falta de participación de las partes con interés pudo haber limitado la preparación, respuesta y esfuerzos de recuperación del DS”, según el informe federal.
El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, habla sin tapujos. En mayo, les dijo a los principales funcionarios a cargo de la recuperación de Puerto Rico que deben “darle machete” al contrato de la compañía estadounidense ICF Incorporated. Su envalentonamiento tiene un fundamento de gran peso, o mejor dicho, de muchos dólares. Con $250 millones federales asignados, Jayuya es el municipio con más fondos disponibles para reconstruir edificios, carreteras y puentes. Le sigue San Juan, con $96 millones.
Los residentes de la Urbanización El Álamo de Guaynabo, donde ubica la quebrada Los Frailes, viven con problemas históricos de inundaciones. Luego del huracán María, la situación allí empeoró. A raíz de estas inundaciones, el municipio, por dictamen judicial luego de que los vecinos demandaran, tiene que tener una excavadora lista en el área cada vez que llueve, dijo el alcalde Ángel Pérez Otero. Unas 10 casas en el sector Meliá León, que están aledañas a la quebrada, también se han visto afectadas con las inundaciones desde hace más de tres décadas, según aseguró la residente Maritza Rosas, quien lleva 62 años viviendo en este lugar. El municipio mantiene un proyecto de mitigación ante la consideración de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para hacer un puente nuevo en esta zona, que resolvería los problemas que causan las inundaciones.
