El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto.

El DV pagó $5,817,382 por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María.

Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.

Como Oversight Manager de Tu Hogar Renace figuró la empresa Hage & Integra, mientras que la compañía Adjusters International fue el Program Manager. Adjusters es una de las compañías que está bajo la matriz de Rising Phoenix Holdings Corporation, cuyo contrato ha sido uno de los más cuantiosos con fondos de recuperación en Puerto Rico, con más de $207 millones. El contrato de Adjusters fue cancelado por el DV bajo alegaciones de que no tenía capacidad económica, pero el Tribunal de Apelaciones emitió un fallo donde prevaleció la contratación.

La evaluación también reveló que las personas que recibían el servicio bajo Tu Hogar Renace desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían en sus hogares, lo que les impidió corroborar si los trabajos hechos eran a los que tenían derecho.

A pesar de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este informe de la OCPR desde el 2019, el mismo fue entregado dos años más tarde, cuando la contralora Yesmín Valdivieso está de salida en la OCPR tras vencerse su término. En el 2019, Valdivieso dijo al CPI que los resultados del informe fueron usados como guía para conocer y revisar las denuncias de ciudadanos en contra del programa, pero que no existía un documento final para entregar y que no se lo entregó a nadie.

La secretividad de este documento también fue uno de los motivos para que se solicitara un Fiscal Especial Independiente (FEI) para Valdivieso, un caso que comenzó por una querella anónima sometida por un grupo denominado Auditores Unidos. Pero el Panel acogió una determinación de la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, de no hacer la designación.

Al entregar el informe al CPI, Lisandra Rivera, directora de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la la OCPR, recalcó que no fue una auditoría formal pero que los resultados sí fueron discutidos con la persona a cargo de Vivienda en ese entonces, que era Fernando Gil Enseñat. Rivera sostuvo que el documento también fue discutido por la Contralora con el entonces gobernador Ricardo Rosselló en una reunión del Grupo Anticorrupción.

Sin embargo, el documento entregado al CPI indica que es un borrador que fue entregado a Luis Carlos Fernández Trinchet el 24 de febrero de 2020. Fernández Trinchet entró a dirigir Vivienda en enero de 2020, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced le pidiera la renuncia a Gil Enseñat.

Para hacer la evaluación, la OCPR visitó 1,000 casas que fueron seleccionadas mediante la metodología estadística del muestreo estratificado, luego de que el DV le entregó los datos de 5,411 casos cuyos servicios habían sido pagados a los contratistas al 30 de junio de 2018. De esas 1,000 casas, solo 949 cualificaron para el programa. Y de esas, el DV pagó por “todos los trabajos incluidos en las órdenes, aun cuando hubo trabajos sin realizar o deficientes” en 633 casas.

Las siete compañías contratadas para el programa, 4 Contractors JV, Caribe Tecno, CRL, Excel Contractors, Inc., FR-BLDM JV, James W. Turner Construction, Ltd.,  SLS Co. LTD y Yates Bird LLC/JV, dejaron trabajos sin hacer o los hicieron de forma deficiente. Sin embargo, las tres empresas con más trabajos sin terminar fueron SLS Co. LTD, James W. Turner Construction, Ltd. y FR-BLDM JV.

Las compañías SLS y FR-BLDM figuran entre la lista de las que más contratos de recuperación tienen en Puerto Rico. Cada una recibió $250 millones para hacer trabajos del programa Tu Hogar Renace. Ambas compañías mantienen un contrato vigente hasta el 2022 con Vivienda por $50 millones, cada una, como gerentes de construcción bajo el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3).

SLS fue una de las compañías, al igual que Yates Bird, que fueron contratadas para la construcción del controversial muro que Donald Trump intentó hacer en la frontera sur de los Estados Unidos.

Con motivo de la evaluación, la OCPR agrupó los trabajos que hacía el programa Tu Hogar Renace en áreas como seguridad, impermeabilidad, limpieza, sistema eléctrico, estructura, sanitario y muebles de cocina.

En seguridad, la evaluación encontró que la mayoría de las situaciones de incumplimiento estaban relacionadas con el reemplazo de las ventanas de aluminio.

“Encontramos que, en algunos casos, en lugar de instalar la ventana, se instalaban los operadores de las mismas. También observamos que en otras, las terminaciones eran deficientes”, dice el documento.

Las querellas

La OCPR también evalúo 12 querellas de personas insatisfechas con el programa.

Sin embargo, la Oficina menciona como “la situación más relevante” el caso de una residencia de Morovis que recibió reparaciones que ascendieron a $18,557, pero fueron tan deficientes que los residentes tuvieron que mudarse de la casa.

“En comunicación escrita al secretario de la Vivienda el 20 de julio de 2018, la dueña de la residencia indicó que no quedó conforme con los trabajos realizados. Colocaron el techo sobre madera vieja y deteriorada. Además, cambiaron las losetas del piso por pedazos de madera no resistentes al peso de su hijo enfermo, el cual está encamado. También indicó que el personal del Programa no ha vuelto a visitarla y la residencia no está en condiciones para vivirla. Esto provocó que ella y su hijo se mudaran a la residencia de un familiar”, dice el documento.

Según la evaluación, la OCPR visitó la residencia el 4 de septiembre de 2018. Allí la dueña indicó que primero le habían informado que no cualificaba, pero luego regresaron y le dijeron que sí “porque en la residencia vivía una persona con impedimentos”.

Durante la visita, observaron que los trabajos no se completaron de acuerdo con la inspección inicial y las órdenes de cambio. Entre los trabajos que no se completaron figura que no se reemplazaron las ventanas, no instalaron todos los gabinetes de cocina descritos en la orden, y los que colocaron no parecen nuevos, y que la madera sobre la cual se colocó el nuevo techo se veía deteriorada e inestable para sostener el mismo. Además, había clavos, tornillos y cables eléctricos expuestos.

La encuesta

La OCPR también realizó una encuesta en los 970 hogares visitados, y en cuanto al tiempo transcurrido desde que llenaron la solicitud hasta la visita inicial, el 65% de los participantes respondió que se demoró entre uno y 30 días, el 27% de 31 a 61 días, y un 8% tardó 61 días o más.

Aunque el 96% de los residentes indicaron en la encuesta que fueron orientados respecto a los trabajos que se realizarían en sus hogares, durante la entrevista con los encuestadores dijeron, sin embargo, que desconocían cuáles eran los trabajos que se realizarían, ya que no se les proveyó documento alguno donde se detallaran, dice el documento.

El 67% de los encuestados dijo que Tu Hogar Renace atendió sus necesidades y el 33% dijo que no.

Además, el 94% aseguró que los contratistas del Gobierno mostraron una conducta profesional mientras que el 6% dijo que no.

Las recomendaciones

La OCPR hizo recomendaciones directamente al secretario de la Vivienda, entre ellas “recordar que, ante el Gobierno Federal, él es el único responsable del buen uso de los fondos asignados”.

Además, le pidió requerir al Program Manager que recomendara para pago solo los casos cuyos trabajos estuvieran realizados e inspeccionados, y requerir a la Oficina de Auditoría Interna del Departamento que realizara auditorías periódicas de los trabajos contratados, y de las operaciones relacionadas con el Oversight Manager (Hage & Integra)  y el Program Manager (Adjusters International).

La OCPR también le recomendó al DV revaluar las solicitudes de Tu Hogar Renace que no fueron aceptadas debido a la magnitud de los daños y remitirlas al Programa de Mejoras Permanentes bajo los fondos CDBG-DR. De igual forma, sugirió remitir a ese mismo programa las solicitudes de reparación de viviendas que, aunque fueron aprobadas, tenían condiciones que requerían mejoras sustanciales.

Omar Marrero, pasado director de la Oficina Central de Recuperación (COR3), había indicado al CPI que las personas que se beneficiaron de Tu Hogar Renace tendrían prioridad en el programa de Reconstrucción, Reparación y Reubicación de Vivienda (R3) que dio inicio el 30 de junio de 2019. Este programa, no obstante, ha ido a paso lento. De las más de 20 mil solicitudes que recibió, a febrero de 2021 había solo 613 casas terminadas y 1,277 en proceso de construcción, diseño o permisos.

Otra recomendación de la Contralora en el informe fue que, para próximos proyectos de este tipo, la agencia establezca un mecanismo para orientar e informar por escrito a los participantes sobre los trabajos que se van a realizar en las residencias, con el fin de que estos puedan asegurarse de que los contratistas cumplan con lo requerido.

A preguntas del CPI sobre si la OCPR cotejó que Vivienda siguiera las recomendaciones hechas, la directora de Comunicaciones de la OCPR indicó que: “no habíamos auditado a Vivienda desde entonces, y esto no fue una auditoría”.

En torno a por qué no se hizo una auditoría formal al programa, ya que la OCPR hizo una inversión de recursos, tiempo y fondos públicos en los más de 200 auditores que participaron en la auditoría, Rivera sostuvo que, aunque no fue una auditoría, la Contralora “tomó la decisión de ser la OCPR los que supiéramos de primera mano si todas las querellas que se reportaban en los medios, eran ciertas y teníamos que hacerlo lo antes posible para poder ver de primera mano lo que estaba pasando”.

Sin embargo, dijo que, al ser fondos federales, las autoridades federales tienen responsabilidad primaria de auditar. “También pudimos ofrecerle toda la información a los auditores de la OIG [Oficina del Inspector General] y de HUD [Departamento de Vivienda de Estados Unidos] cuando estuvieron en Puerto Rico”, agregó.