Contralora ocultó los problemas de Tu Hogar Renace

El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto. Evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a Tu Hogar RenaceDownload

El DV pagó $5,817,382 por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María. Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.

El Gobierno nunca hizo las pruebas que establecía el protocolo para el regreso a la escuela

A pesar de que el Departamento de Salud (DS) reconoce que las pruebas de antígenos tienen grandes limitaciones al momento de diagnosticar COVID-19, ya que pueden dejar escapar hasta el 67% de los casos, esa agencia decidió utilizar únicamente esta forma de cernimiento para los niños y niñas ante su regreso a la escuela. Aún así, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que ni el DS ni el Departamento de Educación hicieron las pruebas de COVID-19 antes de la apertura en abril ni durante la clases presenciales como dicta el Protocolo para la Vigilancia de COVID- 19 del Sistema educativo de Puerto Rico hecho por el DS, dejando a los menores a su suerte y derrochando recursos públicos durante el mes en que se reanudaron las clases parcialmente  en las aulas. La información fue confirmada la semana pasada por una fuente interna del DS que habló bajo condición de anonimato y por Danilo T. Pérez Rivera, coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Además, la colgada secretaria de Educación, Elba Aponte, ya lo había dejado ver durante su vista de confirmación el pasado 5 de abril. “Nosotros, si tenemos casos sospechosos, se les coordina la prueba con la epidemióloga del municipio y con el Departamento de Salud”, sostuvo Aponte a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago.

Los enchufados tienen acceso a la vacuna de COVID-19, mientras los más vulnerables quedan atrás

Waleska Mariani López está tratando de ayudar hace dos semanas a cuatro adultos mayores que están encamados en el barrio Sonadora y en el pueblo de Aguas Buenas para que sean vacunados contra el COVID-19. Llevan meses anotados en la lista del Departamento de Salud (DS) y nadie los ha llamado. “Yo no sé qué mecanismos utiliza el Gobierno o cuáles son sus órdenes de prioridad porque para la vacunación normal, hay muchos proveedores, muchos lugares, pero la de encamados no se menciona”, expresó Mariani López. Se supone que la tarea de atender estos casos está a cargo de DS desde enero. Una de las encamadas que espera por la vacuna es Guillermina Escribano, de 89 años, quien fue anotada por su hijo, José Colorado, en la lista del DS y del Colegio de Médicos Cirujanos desde que se anunció la vacunación para personas de más de 75 años el 10 de enero.

Estudio científico valida subestimación de muertes por COVID-19 en Puerto Rico

En los primeros meses de la pandemia en Puerto Rico pudieron haber muerto por COVID-19 hasta tres veces más la cantidad de personas que fueron oficialmente documentadas, concluyó un estudio de exceso de muertes durante ese periodo publicado por el Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La investigación sostiene que las tendencias encontradas en los datos de exceso de mortalidad de la Isla de marzo a julio de 2020 se alejan de la curva epidemiológica de muertes por COVID-19 reportada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Los investigadores sostienen que el descuadre entre su curva y la curva original del DS pudo haber surgido del retraso, que puede ser de hasta ocho semanas, en la entrega y procesamiento de certificados de defunción. El estudio, hecho por profesionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto Rico para la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública, valida los hallazgos de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada en septiembre de 2020, tanto en términos de las tendencias de exceso de muertes en Puerto Rico por causa de un posible subregistro de muertes por COVID-19, como en cuanto a las posibles causas de este subregistro. Entre las razones de este subregistro están la falta de pruebas diagnósticas y limitaciones para hacerse la prueba que detecta el virus durante esos meses, así como la exacerbación de condiciones de salud por la falta de atención médica causada por el miedo al virus.

Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué. Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.  
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El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus.

Gobierno no implanta su propia estrategia de vacunación contra COVID-19

El Departamento de Salud de Puerto Rico no ha dado prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a las personas más vulnerables a morir por la pandemia, los adultos mayores, quienes esperan en fila por sus dosis mientras decenas de personas, sino cientos o miles, se saltan el turno y se vacunan fuera de fase, según ha documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de confidencias, documentos y evidencia colgada en las redes sociales. Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos, a allegados a hospitales y a médicos que no tienen contacto con pacientes y trabajan remoto, a periodistas, a empleados de la empresa privada y a otras personas que no cualifican para las fases en proceso, la 1A y el primer inciso de la 1B, pese a que no hay suficientes dosis llegando a la Isla para los 600,000 residentes mayores de 65 años. Entre los vacunados hay jóvenes y adultos de 20, 30 y 40 años que no están en escenarios de exposición directa al virus. Entre los empleados públicos vacunados a destiempo figuró personal del Municipio de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y de la Comisión Estatal de Elecciones, según trascendió en los medios. El CPI también recibió evidencia de que el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, se colocó en el primer lugar de prioridad de vacunación junto a los ex rectores de la institución, a pesar de estos no estar necesariamente en contacto con pacientes, e incluyó a estudiantes y miembros de la facultad “seleccionados para representar a su escuela” para ser vacunados el pasado 28 de diciembre.

Puerto Rico Excluded From Trump’s White House COVID-19 Task Force Reports

The White House COVID Task Force has been conducting state-by-state weekly analyses of the status of the pandemic and has issued reports with specific recommendations to all state governments for more than six months but has left Puerto Rico out. Apparently, the White House also forgot about the other US territories: Virgin Islands, Guam, Samoa and Mariana Islands. When combined, 3.6 million people live in the four territories. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) detected the omission during a review of the reports, obtained and published by The Center for Public Integrity. In the case of Puerto Rico, the exclusion was also confirmed by the Puerto Rico Health Secretary under the prior administration, and with new Gov. Pedro Pierluisi.

Puerto Rico quedó fuera de los informes del Task Force sobre COVID-19 de la Casa Blanca de Trump

El COVID Task Force de la Casa Blanca ha estado haciendo análisis semanales del estado de situación de la pandemia y emite un informe con recomendaciones a cada uno de los gobiernos estatales hace más de seis meses, pero ha dejado afuera a Puerto Rico. Al parecer, la Casa Blanca también se olvidó de sus demás territorios: Islas Vírgenes, Guam, Samoa e Islas Marianas. Entre los cuatro territorios, viven 3.6 millones de personas. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) detectó la omisión en una revisión de los informes, obtenidos y publicados por The Center for Public Integrity, y en el caso de Puerto Rico, confirmó la exclusión con el secretario de Salud de la pasada administración, el Dr. Lorenzo González Feliciano, y con el nuevo gobernador Pedro Pierluisi. Ambos indicaron a través de sus portavoces que no habían recibido informe o comunicación alguna de parte del COVID Task Force de la Casa Blanca.