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EL SEÑOR SARGAZO

Este primer episodio del podcast DE CERCA se adentra en las razones detrás del aumento alarmante en la cantidad de sargazo que ha estado llegando a las costas de la isla en los últimos años. El periodista Rafael Díaz Torres presenta las implicaciones del exceso del alga para el medio ambiente, la economía y las comunidades.

Medioscopio desarrolla jóvenes con mirada crítica hacia los medios de comunicación

Ser portavoces de su comunidad y analizar las noticias con pensamiento crítico son las principales lecciones de un grupo de jóvenes de Loíza, que participaron durante cuatro meses en talleres con un abogado, un fotógrafo, una educadora antirracista, bibliotecarios, líderes comunitarios y, sobre todo, muchos periodistas. “Sé cómo contar mi verdad”. “Conozco herramientas para identificar las noticias falsas”. “Veo perspectivas diferentes”. Estos fueron algunos de los planteamientos que los estudiantes entre las edades de 14 a 19 años expusieron durante la evaluación final de Medioscopio, un proyecto de alfabetización mediática y desarrollo de reporteros ciudadanos.

Discrimen y hostigamiento: rivales de las mujeres en la cancha del deporte puertorriqueño

Claribel Millán jugó con la Selección Nacional de Puerto Rico de sóftbol durante la década de 1970 y representó al país en el Mundial de 1974 celebrado en Connecticut. Su entrega a los colores patrios estuvo en constante tensión con lo que ella nombra como el discrimen por ser lesbiana. Recuerda que los dirigentes y directivos federativos del deporte que practicaba les pedían a las jugadoras que no hablaran ni manifestaran ningún tipo de afecto que sacara a relucir su orientación sexual como lesbianas. Era el comienzo de la denominada época dorada del sóftbol femenino en Puerto Rico, cuando la Selección Nacional era dirigida por el también exalcalde de Guaynabo, Alejandro “Junior” Cruz. “Nos reunieron a todas para decirnos eso del lesbianismo.

Reabre pesquisa del Contralor Electoral sobre posible coordinación del Comité Pierluisi con Salvemos a Puerto Rico

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) reabrió el viernes la investigación por alegada coordinación entre el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Pedro Pierluisi y le ha concedido a la parte querellada un término de quince (15) días para que se expresen sobre la reapertura de la pesquisa, según documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI supo que la Oficina del Contralor Electoral obtuvo declaraciones de personas con conocimiento directo de hechos que podrían apuntar a una posible coordinación entre vinculados a la campaña del hoy gobernador y entonces candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. “La OCE advino en conocimiento de información, sobre alegados gastos coordinados, con comités sujetos al cumplimiento con las regulaciones de la Ley 222-2011, según enmendada. La información obtenida por la OCE no estaba disponible cuando atendió la querella OCE-Q-2020-005 y no estuvo ante su consideración cuando realizó la auditoría al Comité Pedro Pierluisi, Inc. Por lo cual, se le notifica que, a tenor con los términos de la determinación tomada en la querella OCE-Q-2020-005, la OCE reabrió la investigación de la querella para determinar si ocurrieron violaciones a la Ley 222-2011, según enmendada”, dice la carta en poder del CPI. La querella por presunta coordinación entre el comité de Pierluisi y el Súper Pac había sido radicada por el director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila.

CPI logra victoria federal contra la Junta de Control Fiscal y a favor del acceso a la información

El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo

Los documentos oficiales del caso del amigo de Pierluisi demuestran que otros también eran parte del esquema

La declaración de culpabilidad de Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, el amigo del gobernador Pedro Pierluisi, anticipa otras posibles convicciones de donantes y coordinadores mencionados en los documentos del caso, coincidieron varios abogados conocedores de derecho electoral.

Cada vez más incierto el tener techo en el residencial público

En el Residencial José A. Aponte en Aguadilla todo es incertidumbre. Mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) lo tiene en su lista para una posible demolición por estar en zona inundable, los residentes no conocen los pormenores o a dónde irán a vivir. 

Ana María Esteves, quien vive en este residencial hace 58 años, asegura que se enteró de la posible demolición por comentarios de los vecinos, pero que al momento la compañía American Management, que administra el proyecto de vivienda que ha sido su hogar por toda “una vida”, no le ha dicho nada sobre estos planes. 

Con ella coincidió Wilfredo Benejan Acevedo. Él escuchó de las intenciones del Gobierno por comentarios de la gente y por la radio. Está preocupado, aseguró, ya que lleva 40 años viviendo allí, junto a su madre. Otros familiares también viven en el residencial.

Educación

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Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy. 

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.

Maestros se ahogan entre la burocracia y la mala planificación

Se le acabó el tiempo a la maestra. Sonó el timbre y los estudiantes van a entrar al salón. Los 50 minutos de capacitación se fueron hoy llamando a padres y madres que no le han dado seguimiento al desempeño de sus hijos en la escuela y en completar referidos a la trabajadora social. Esos 50 minutos que se fueron eran el tiempo que tiene disponible a diario para, en teoría, organizar el material de sus clases, subir información de sus estudiantes a los archivos digitales del Departamento de Educación (DE) o completar otras tareas. 

Pero son cinco grupos los que atiende la educadora, que prefiere no compartir su nombre; al menos 125 estudiantes en total. El papeleo y la información que resta por documentar hoy se van con ella para la casa.

Noticias CPI

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CPI y Todas lanzan Unidad Investigativa de Género

El Centro de Periodismo Investigativo y el medio feminista Todas estrenaron un nuevo proyecto colaborativo, la Unidad Investigativa de Género, que busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de la violencia de género sistémica en Puerto Rico y a la vez capacitar a periodistas del país para hacer una mejor cobertura de estos asuntos.

Puerto Rico’s Government has Problems Complying With its Transparency and Open Data Laws

More than two years ago, laws were passed to ensure the availability of specific data generated by public agencies and to establish procedures to access government information. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found that the government has appointed 98% of the Public Records Officers and only 36% of the Data Officers in the agencies, while the contact information for the majority of these appointed officials has not been made available to the public. Approximately 20% of both types of officers’ appointments occurred after the CPI sent public information requests in January. In an exercise to oversee the implementation of Act 122 of 2019, “Puerto Rico Open Government Data Act,” and Act 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Public Records Access Act,” the CPI sent information requests on the compliance of these statutes to La Fortaleza (the Governor’s Office), the Office of Management and Budget (OGP, in Spanish), and the Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). In light of the information received in response to these requests, it is clear that there is duplicity, and even confusion, with regards to the appointments of Public Records Officers and Data Officers.

CPI pide al Tribunal Supremo ser amigo de la corte para proteger a las fuentes periodísticas

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. 

La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI. 

El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.

Estrena el proyecto Medioscopio con jóvenes de Loíza

Con jóvenes de la Escuela Belén Blanco de Zequeira en Loíza inició hace unas semanas el proyecto Medioscopio, una iniciativa para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación, impulsada por el Centro de Periodismo Investigativo con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo y su programa MAC en el Barrio, y ASPIRA de Puerto Rico. 

Los encuentros comenzaron en la sede del Centro Comunitario Gregorio Lanzó Cirino, en el sector Parcelas Suárez, y llevarán a los jóvenes en recorridos y ejercicios por el Bosque de Piñones y la Universidad de Puerto Rico. En esta edición piloto, coordinada por la periodista Laura Moscoso, se busca además fomentar destrezas para que los participantes puedan crear sus propias historias como reporteros ciudadanos.    

“Iniciamos Medioscopio en Loíza con una participación extraordinaria de jóvenes y maestras que nos llenó de inspiración. Nuestro objetivo con este esfuerzo es desarrollar jóvenes activos en su comunidad ofreciéndoles estrategias para combatir la desinformación y herramientas para contar sus historias”, explicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “Con este proyecto ampliamos nuestras iniciativas comunitarias en Loíza, donde desde hace tres años implementamos nuestro programa MAC en el Barrio. Medioscopio nutre el proyecto Reporteros Ciudadanos del MAC, una iniciativa que brinda herramientas a miembros de las comunidades loiceñas, a los fines de que tanto jóvenes como adultos se conviertan en investigadores y portavoces de lo que acontece en sus espacios además de rescatar el legado de los miembros más longevos de la comunidad a través de la recopilación y difusión de historia oral”, comentó Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva y Jefe del MAC.

Opinión De la libreta del periodista

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El determinismo como excusa para la negligencia gubernamental

A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta. 

Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón. 

“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.

Instituto de formación periodística

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Lección magistral para periodistas sobre el Departamento de Educación y su historial de corrupción

“La mejor investigación es la que una hace con calma, y que cuando sale, tiene consecuencias”, dijo la periodista Carmen Enid Acevedo en el conversatorio Investigaciones periodísticas de corrupción en el Departamento de Educación, al recordar su experiencia como reportera cubriendo el caso de corrupción en esa agencia bajo la jefatura de Víctor Fajardo. En el 2001, Acevedo tuvo acceso a la prueba de la fiscalía que mostraba que Fajardo era el líder de un esquema en el Partido Nuevo Progresista (PNP) de solicitar sobornos a contratistas de la agencia que se usarían para subvencionar la campaña política del 1996. Durante el taller, la periodista Carmen Enid Acevedo compartió su experiencia de la cobertura del caso de corrupción del exsecretario de Educación, el convicto Víctor Fajardo.Foto por Ricardo Rodríguez | Centro de Periodismo Investigativo

El público, compuesto por miembros del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), escuchó las presentaciones de Acevedo y de Aiola Virella y Marisol Seda, periodistas que han investigado asuntos relacionados a la corrupción dentro del Departamento de Educación en Puerto Rico, quienes reflexionaron sobre las lecciones aprendidas en estas investigaciones. El panel se enfocó en los casos de corrupción incoados contra los exsecretarios de Educación Víctor Fajardo y Julia Keleher. El primero, que ocupó el cargo durante la gobernación de Pedro Roselló, cumplió 13 años de cárcel por apropiación de $4.3 millones de dólares de fondos federales que debían ser destinados a la educación de los niños del País.

Anuncian seis ganadores de becas para proyectos caribeños de investigación periodística

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití. 

“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. 

Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.