Al momento, en solo dos CDT han comenzado algunos trabajos, y están retrasados. Para empezar las reparaciones, estos proyectos deben pasar por los procesos de diseño, permisos y subastas.

Desde agosto de 2021 existe la Ley 24 en Puerto Rico, que ordena a siete agencias — incluido el Departamento de Educación — a tomar “todas las acciones y medidas necesarias” para concienciar sobre el racismo y afirmar la afrodescendencia. Pero en el salón de clase, las maestras todavía no tienen los materiales necesarios para impartir una enseñanza antirracista.

En un nuevo intento por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta de Control Fiscal acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando que se revoque una decisión reciente del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones que le ordena la entrega de información. “La decisión, que sostiene que la Junta no tiene inmunidad frente a una reclamación bajo el derecho territorial, para divulgar una amplia gama de documentos internos y sensitivos, creará graves dificultades a la Junta para llevar a cabo su misión estatutaria”, lee el recurso legal presentado por Proskauer Rose, el bufete principal de la Junta. 

La entidad creada bajo la ley federal PROMESA dice que la divulgación de las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos, “interferirá con la recuperación de Puerto Rico” y evitará la toma de “decisiones sensitivas”, por miedo a poner por escrito sus discusiones y que estas sean publicadas. 

Como principal defensa, los abogados de la Junta intentan argumentar — sin éxito hasta el momento — que la entidad goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE.UU., por lo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales. Esto incluye reclamos en su contra bajo el derecho de acceso a información pública reconocido en la Constitución de Puerto Rico, como la demanda que el CPI presentó contra la Junta en junio del 2017. 

Durante los pasados cinco años, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito rechazaron los argumentos de la Junta y decidieron en su contra en este caso. 

“El CPI ha solicitado los documentos cruciales para entender el proceso de formación de la Junta, fiscalizar las decisiones que ha tomado y tener detalles de su relación con el Gobierno, que hasta ahora han estado fuera del ojo público. El que hayan acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos es prueba contundente de que hay información ahí que el pueblo de Puerto Rico necesita y tiene derecho a conocer”, dijo Judith Berkan, abogada del CPI. En el 2018, el juez federal Jay García Gregory ordenó la entrega de los documentos solicitados, al decidir que la Junta — una entidad creada dentro del “gobierno territorial” y que se financia con dinero público del Gobierno de Puerto Rico — está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.

Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

Debido a la dilación y las complicaciones en el desembolso de los fondos federales para los pescadores, las expresiones del secretario de Agricultura González Beiró de que tienen un compromiso con los pescadores queda bajo el veredicto de “Engañoso”, porque es una afirmación confirmada parcialmente y se observa algún grado de manipulación de los datos en su uso.

Un recurso especial de acceso a información pública fue presentado este miércoles en el Tribunal Superior de San Juan contra la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por incumplir con una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo sobre el plan médico del Gobierno.

Ante denuncias de grupos ambientales, la empresa comenzó hoy a cambiarlas nuevamente por unas rojas LED, que son las que no afectan a la especie en peligro de extinción.

La periodista Cristina del Mar Quiles se adentra en las fallas del sistema de justicia al atender casos de violencia machista en Puerto Rico. El episodio presenta cómo las sobrevivientes y víctimas enfrentan este proceso, y qué cambios debe haber en los tribunales.