Llega al CPI nueva Directora Editorial
El Centro de Periodismo Investigativo ampliará su trabajo e impacto con la llegada de la veterana periodista Wilma Maldonado Arrigoitía como Directora Editorial de la organización.
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Celebran jornada que enlaza el periodismo investigativo con la perspectiva de género
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La alta incidencia de asesinatos y agresiones a mujeres, los intentos de restringir el derecho al aborto y el asedio contra personas de géneros diversos serán los temas centrales de una jornada organizada por el Centro de Periodismo Investigativo del 10 al 12 de agosto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
[CHEQUEO DE DATOS] Miguel Romero: “Estarán iniciando trabajos de reparaciones en seis CDT con una inversión de más de $23 millones provenientes de fondos de FEMA”
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Al momento, en solo dos CDT han comenzado algunos trabajos, y están retrasados. Para empezar las reparaciones, estos proyectos deben pasar por los procesos de diseño, permisos y subastas.
Sin materiales para la educación antirracista en las escuelas públicas
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Desde agosto de 2021 existe la Ley 24 en Puerto Rico, que ordena a siete agencias — incluido el Departamento de Educación — a tomar “todas las acciones y medidas necesarias” para concienciar sobre el racismo y afirmar la afrodescendencia. Pero en el salón de clase, las maestras todavía no tienen los materiales necesarios para impartir una enseñanza antirracista.
Junta de Control Fiscal va al Supremo de EE.UU. a pelear su alegada ‘inmunidad soberana’
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En un nuevo intento por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta de Control Fiscal acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando que se revoque una decisión reciente del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones que le ordena la entrega de información. “La decisión, que sostiene que la Junta no tiene inmunidad frente a una reclamación bajo el derecho territorial, para divulgar una amplia gama de documentos internos y sensitivos, creará graves dificultades a la Junta para llevar a cabo su misión estatutaria”, lee el recurso legal presentado por Proskauer Rose, el bufete principal de la Junta.
La entidad creada bajo la ley federal PROMESA dice que la divulgación de las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos, “interferirá con la recuperación de Puerto Rico” y evitará la toma de “decisiones sensitivas”, por miedo a poner por escrito sus discusiones y que estas sean publicadas.
Como principal defensa, los abogados de la Junta intentan argumentar — sin éxito hasta el momento — que la entidad goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE.UU., por lo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales. Esto incluye reclamos en su contra bajo el derecho de acceso a información pública reconocido en la Constitución de Puerto Rico, como la demanda que el CPI presentó contra la Junta en junio del 2017.
Durante los pasados cinco años, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito rechazaron los argumentos de la Junta y decidieron en su contra en este caso.
“El CPI ha solicitado los documentos cruciales para entender el proceso de formación de la Junta, fiscalizar las decisiones que ha tomado y tener detalles de su relación con el Gobierno, que hasta ahora han estado fuera del ojo público. El que hayan acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos es prueba contundente de que hay información ahí que el pueblo de Puerto Rico necesita y tiene derecho a conocer”, dijo Judith Berkan, abogada del CPI. En el 2018, el juez federal Jay García Gregory ordenó la entrega de los documentos solicitados, al decidir que la Junta — una entidad creada dentro del “gobierno territorial” y que se financia con dinero público del Gobierno de Puerto Rico — está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.
Enfrentan trabas los acueductos comunitarios para recuperarse del huracán María
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Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
[CHEQUEO DE DATOS] Ramón González Beiró: “Tenemos un compromiso con nuestros pescadores y los recursos estarán a su disponibilidad”.
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Debido a la dilación y las complicaciones en el desembolso de los fondos federales para los pescadores, las expresiones del secretario de Agricultura González Beiró de que tienen un compromiso con los pescadores queda bajo el veredicto de “Engañoso”, porque es una afirmación confirmada parcialmente y se observa algún grado de manipulación de los datos en su uso.
CPI recurre al Tribunal por falta de información pública del desempeño de los planes médicos
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Un recurso especial de acceso a información pública fue presentado este miércoles en el Tribunal Superior de San Juan contra la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por incumplir con una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo sobre el plan médico del Gobierno.
LUMA cambia alumbrado costero por uno que no es apropiado para las tortugas marinas
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Ante denuncias de grupos ambientales, la empresa comenzó hoy a cambiarlas nuevamente por unas rojas LED, que son las que no afectan a la especie en peligro de extinción.
Educación
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Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia
Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.
El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.
Maestros se ahogan entre la burocracia y la mala planificación
Se le acabó el tiempo a la maestra. Sonó el timbre y los estudiantes van a entrar al salón. Los 50 minutos de capacitación se fueron hoy llamando a padres y madres que no le han dado seguimiento al desempeño de sus hijos en la escuela y en completar referidos a la trabajadora social. Esos 50 minutos que se fueron eran el tiempo que tiene disponible a diario para, en teoría, organizar el material de sus clases, subir información de sus estudiantes a los archivos digitales del Departamento de Educación (DE) o completar otras tareas.
Pero son cinco grupos los que atiende la educadora, que prefiere no compartir su nombre; al menos 125 estudiantes en total. El papeleo y la información que resta por documentar hoy se van con ella para la casa.
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CPI logra victoria federal contra la Junta de Control Fiscal y a favor del acceso a la información
El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo
Centro de Periodismo Investigativo
CPI y Todas lanzan Unidad Investigativa de Género
El Centro de Periodismo Investigativo y el medio feminista Todas estrenaron un nuevo proyecto colaborativo, la Unidad Investigativa de Género, que busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de la violencia de género sistémica en Puerto Rico y a la vez capacitar a periodistas del país para hacer una mejor cobertura de estos asuntos.
Actualidad
Puerto Rico’s Government has Problems Complying With its Transparency and Open Data Laws
More than two years ago, laws were passed to ensure the availability of specific data generated by public agencies and to establish procedures to access government information. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found that the government has appointed 98% of the Public Records Officers and only 36% of the Data Officers in the agencies, while the contact information for the majority of these appointed officials has not been made available to the public. Approximately 20% of both types of officers’ appointments occurred after the CPI sent public information requests in January. In an exercise to oversee the implementation of Act 122 of 2019, “Puerto Rico Open Government Data Act,” and Act 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Public Records Access Act,” the CPI sent information requests on the compliance of these statutes to La Fortaleza (the Governor’s Office), the Office of Management and Budget (OGP, in Spanish), and the Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). In light of the information received in response to these requests, it is clear that there is duplicity, and even confusion, with regards to the appointments of Public Records Officers and Data Officers.
Actualidad
CPI pide al Tribunal Supremo ser amigo de la corte para proteger a las fuentes periodísticas
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.
La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI.
El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.
Opinión De la libreta del periodista
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El determinismo como excusa para la negligencia gubernamental
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A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Apelativo califica a los cabilderos “figuras públicas” para efectos de reclamos por difamación
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Por las características inherentes de interés público que tiene su trabajo y a la definición legal que se le ha dado a la función que realizan.
Instituto de formación periodística
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Lección magistral para periodistas sobre el Departamento de Educación y su historial de corrupción
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“La mejor investigación es la que una hace con calma, y que cuando sale, tiene consecuencias”, dijo la periodista Carmen Enid Acevedo en el conversatorio Investigaciones periodísticas de corrupción en el Departamento de Educación, al recordar su experiencia como reportera cubriendo el caso de corrupción en esa agencia bajo la jefatura de Víctor Fajardo. En el 2001, Acevedo tuvo acceso a la prueba de la fiscalía que mostraba que Fajardo era el líder de un esquema en el Partido Nuevo Progresista (PNP) de solicitar sobornos a contratistas de la agencia que se usarían para subvencionar la campaña política del 1996. Durante el taller, la periodista Carmen Enid Acevedo compartió su experiencia de la cobertura del caso de corrupción del exsecretario de Educación, el convicto Víctor Fajardo.Foto por Ricardo Rodríguez | Centro de Periodismo Investigativo
El público, compuesto por miembros del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), escuchó las presentaciones de Acevedo y de Aiola Virella y Marisol Seda, periodistas que han investigado asuntos relacionados a la corrupción dentro del Departamento de Educación en Puerto Rico, quienes reflexionaron sobre las lecciones aprendidas en estas investigaciones. El panel se enfocó en los casos de corrupción incoados contra los exsecretarios de Educación Víctor Fajardo y Julia Keleher. El primero, que ocupó el cargo durante la gobernación de Pedro Roselló, cumplió 13 años de cárcel por apropiación de $4.3 millones de dólares de fondos federales que debían ser destinados a la educación de los niños del País.
Anuncian seis ganadores de becas para proyectos caribeños de investigación periodística
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San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití.
“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.
