La construcción propuesta del proyecto de lujo en Cabo Rojo coincide con un incremento en el costo de las viviendas en ese municipio y en la cantidad de casas vendidas, mientras sus residentes luchan por conseguir un techo propio a bajo costo.
La Legislatura Municipal de Cataño aprobó que su Alcalde inicie el proceso de expropiación de ocho propiedades, a pesar de que no se consultó a los residentes en el sector La Puntilla, quienes además están preocupados porque sus casas aparecen bajo nombres ajenos en el CRIM.
Exigir a los periodistas una certificación del Departamento de Estado para acceder a las conferencias del Gobierno de Puerto Rico viola la libertad de prensa al limitar sustancialmente las funciones periodísticas, y por esto, la administración de Jenniffer González Colón debe cesar esta práctica contra el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), determinó hoy la jueza superior Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Desde las mortales inundaciones del huracán Melissa en octubre de 2025 hasta las recurrentes sequías en la zona norte, Haití sufre eventos climáticos extremos que han impulsado a los agricultores a construir una red de riego ante la inacción del Gobierno.
Familias en Kensington y en otras áreas de la ciudad con una amplia presencia de puertorriqueños enfrentan una crisis marcada por la emigración, la desinversión y una respuesta de salud pública que, según denuncian, no ha estado a la altura.
A pesar de que contra Universal Properties se han presentado decenas de demandas de parte de municipios e individuos por cobro de dinero e incumplimiento de contratos, cinco alcaldes dieron nuevos contratos a una empresa conectada con la gerencia de Universal.
Sin los correos electrónicos de estos funcionarios, las solicitudes de información podrían ser denegadas, según las enmiendas firmadas por la propia Gobernadora a la Ley de Transparencia.
Entre careos, muecas, señalamientos de censura, una petición de destitución de la Presidenta de la Universidad, enredos y tecnicismos parlamentarios, la más reciente reunión de la Junta de Gobierno del sistema universitario incumplió con lo esencial: ejercer con seriedad, respeto y responsabilidad el rol público que le fue delegado.
Además de eliminar los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras, el sistema universitario anuló garantías de acceso y no discriminación a estudiantes transgénero y modificó el Protocolo de Nombre Escogido, como resultado de las medidas del Gobierno de Trump en contra de los programas de diversidad, equidad e inclusión.
La emigración masiva y el envejecimiento acelerado han transformado el cuidado de los adultos mayores puertorriqueños. Hoy, miles de familias dividen ese cuidado entre Puerto Rico y la diáspora en Estados Unidos, con ciudades como Chicago convertidas en extensiones emocionales y logísticas de la Isla.
La Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno federal para procurar la disciplina fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, lleva casi más de un año sin publicar los informes financieros de sus miembros, según requiere la ley federal PROMESA. Tampoco ha publicado los informes financieros de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien también debe cumplir con esta obligación como miembro ex officio, o sin voto, de la Junta.
El establecimiento de la oficina surge tras la aprobación en abril de la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa.
El Departamento de Educación pierde estudiantes, en parte, por un patrón de cambios continuos de escuela para los alumnos, planteles deteriorados y horarios de 12 pm a 5 pm, que resultan ser parchos para el problema de fondo: una infraestructura sin reparar, aunque hay dinero disponible.
A casi tres meses de la solicitud inicial, cuatro agencias no han entregado al Centro de Periodismo Investigativo las comunicaciones, los expedientes de investigaciones ni designaciones de funcionarios conforme estableció un memorando de la Secretaría de la Gobernación.
Historias de corrupción, fiscalización gubernamental y más.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes sendas acciones legales contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.
Una amplia coalición de más de 50 organizaciones cívicas, comunitarias, periodísticas y de derechos humanos lanzó este miércoles una campaña pública para pedir a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que vete el Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida que advirtieron representa un grave retroceso para el acceso a la información pública en Puerto Rico.
Read in English
Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos.
El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó.
El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.
Zayira Jordán Conde fue elegida presidenta de la UPR este sábado, sin el respaldo de los senados académicos, en un proceso politizado y falto de transparencia. ¿Por qué se eligió a la persona que mostró más debilidades ante la comunidad universitaria?
Para contrarrestar la propaganda de los funcionarios y los gobernantes, el licenciado Luis José Torres Asencio instó en su conferencia magistral a la prensa y a la ciudadanía a ejercer el derecho al acceso a la información con más frecuencia y vehemencia.
Adriana Gutiérrez Colón, representante de La Alianza entre el Partido Independentista de Puerto Rico y el Movimiento Victoria Ciudadana, fue la única en asistir al conversatorio sobre la agenda de los partidos en cuanto a asuntos de género y diversidad sexual que organizó el CPI.
