El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo
La declaración de culpabilidad de Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, el amigo del gobernador Pedro Pierluisi, anticipa otras posibles convicciones de donantes y coordinadores mencionados en los documentos del caso, coincidieron varios abogados conocedores de derecho electoral.
En el Residencial José A. Aponte en Aguadilla todo es incertidumbre. Mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) lo tiene en su lista para una posible demolición por estar en zona inundable, los residentes no conocen los pormenores o a dónde irán a vivir.
Ana María Esteves, quien vive en este residencial hace 58 años, asegura que se enteró de la posible demolición por comentarios de los vecinos, pero que al momento la compañía American Management, que administra el proyecto de vivienda que ha sido su hogar por toda “una vida”, no le ha dicho nada sobre estos planes.
Con ella coincidió Wilfredo Benejan Acevedo. Él escuchó de las intenciones del Gobierno por comentarios de la gente y por la radio. Está preocupado, aseguró, ya que lleva 40 años viviendo allí, junto a su madre. Otros familiares también viven en el residencial.
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
El Centro de Periodismo Investigativo y el medio feminista Todas estrenaron un nuevo proyecto colaborativo, la Unidad Investigativa de Género, que busca producir investigaciones y reportajes a profundidad dirigidos a cambiar la realidad de la violencia de género sistémica en Puerto Rico y a la vez capacitar a periodistas del país para hacer una mejor cobertura de estos asuntos.
Al buscar alojamientos de corto plazo en la costa norte de Puerto Rico, en el pueblo de Manatí, por ejemplo, aparecen 45 alternativas en la plataforma Airbnb. En Clasificados Online sólo aparecen siete propiedades para alquiler a largo plazo y dos anuncios en los que se busca una renta asequible, en la que acepten vouchers de vivienda subsidiada. La falta de inventario de rentas a largo plazo es un problema que afecta a muchas personas en Puerto Rico, donde el 32% de las casas ocupadas son alquiladas, de acuerdo a datos del Censo para el 2020. Sin embargo, las poblaciones vulnerables, como las víctimas sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja, se ven aún más impactadas por este problema. Cuando una sobreviviente llega a un albergue de emergencia, se le crea un plan individualizado en el que se determinan los servicios que necesita para estabilizar su vida, luego de una experiencia traumática de violencia.
Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.
El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.
El área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur, que provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada hace cuatro meses, en diciembre de 2021. Así estaba pautado en el plan de trabajo original con el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accederá a $10.7 mil millones en fondos federales de recuperación. Pero, tras la entrada de LUMA en junio de 2021 para administrar el sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), revisados por el Centro de Periodismo Investigativo.
Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022
Las labores de recuperación en Costa Sur, Guayanilla, incluían reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios, porque ya cumplieron su vida útil y están obsoletos.
A las 10:07 a.m. comienza la procesión. Y aunque estamos en cuaresma, la caminata nada tiene que ver con la Semana Santa y sus ritos. Un grupo de legisladores, directivos y empleados de agencias del Gobierno de Puerto Rico quiere ver de primera mano los estragos del crimen ambiental que por años ocurrió en la Reserva Nacional Estuarina Bahía Jobos en Salinas.
Una flota de carros oficiales ocupa la entrada del Camino del Indio, que está en la comunidad Las Mareas y la Reserva. No falta el despliegue de policías. Los políticos cambiaron la corbata y la chaqueta por camisas impermeables marca Columbia, sombreros de playa y gorras.
Se le acabó el tiempo a la maestra. Sonó el timbre y los estudiantes van a entrar al salón. Los 50 minutos de capacitación se fueron hoy llamando a padres y madres que no le han dado seguimiento al desempeño de sus hijos en la escuela y en completar referidos a la trabajadora social. Esos 50 minutos que se fueron eran el tiempo que tiene disponible a diario para, en teoría, organizar el material de sus clases, subir información de sus estudiantes a los archivos digitales del Departamento de Educación (DE) o completar otras tareas.
Pero son cinco grupos los que atiende la educadora, que prefiere no compartir su nombre; al menos 125 estudiantes en total. El papeleo y la información que resta por documentar hoy se van con ella para la casa.
Oficialmente, el Departamento de Educación (DE) asigna los presupuestos escolares tomando en cuenta el tamaño de la matrícula, el nivel de pobreza de la comunidad escolar, el programa académico que ofrece la escuela y las necesidades de los estudiantes, así como el cumplimiento con la Ley federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés). Pero la mayoría de los directores escolares no entiende el proceso de la agencia a la hora de definir el costo por estudiante. Así se desprende de las entrevistas realizadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a una docena de directores. Si busca el costo por estudiante de la Escuela Alianza Vimenti School en la página del Perfil Escolar del DE para el año 2020, le indica que es de $6,112. Si pregunta a la Oficina de Presupuesto de la agencia cuál es el costo por alumno de esa misma escuela para el mismo año, le dirán que es de $3,241.
Desde que en agosto de 2021 Mayda Velasco Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los miembros de este cuerpo rector nunca han votado para aprobar las contrataciones que suman $1.2 millones en lo que va de año fiscal para cubrir las operaciones de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), encargada de implementar el Plan Fiscal de la institución. El reglamento de la JG establece que dichos contratos deben ser aprobados por sus miembros, quienes tampoco fueron consultados para escoger a los integrantes del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM). El Comité fue creado con el objetivo de “identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el RCM”, según se desprende de un contrato entre la Junta de Gobierno y Cedrela Consulting Group, empresa que analizaría las recomendaciones que hagan los integrantes del Comité.
Cedrela y Bluhaus Capital fueron las primeras compañías en beneficiarse de contratos relacionados con la OTI. Antes de ser contratada por la JG por $350,000, Bluhaus tuvo contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el desarrollo del Plan Fiscal y reformas estructurales de la UPR, mientras que Cederela fue contratada por la JG por $50,400 para asesorar en el manejo de proyectos que pudieran impactar dicho Plan.
Los miembros del Comité de Colaboradores Externos fueron escogidos por Velasco Bonilla, quien informó a la JG sobre las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo y que le han costado a la UPR $60,884.
“En la reunión del 24 de febrero la presidenta Mayda Velasco compartió una presentación oral y proyectada con los miembros de la Junta sobre el Comité de Colaboradores Externos, de la que no se nos ha hecho llegar copia. Sólo se proyectó un listado de asistencia a la última reunión presencial de los miembros del Comité.
Ocho estudiantes de duodécimo grado forman un círculo con sus pupitres debajo de una carpa en el patio interior de una escuela del municipio de Guaynabo. Fuera de la carpa, salpica una llovizna; adentro, llueven realidades.
Comenzaron el cuarto año de escuela superior dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo. Hay tres chicas jóvenes en el grupo: una trabaja de mesera, otra de niñera, y la tercera es madre y técnica de uñas. Entre los chicos, uno trabaja en Subway, el otro es barbero, un tercero es empleado en El Mesón, el cuarto trabaja como electricista en la construcción “o en cualquier cosa que aparezca” y otro es empleado en una pizzería. Todos son menores de 18 años y dijeron que aspiran a continuar estudios técnicos o universitarios cuando se gradúen de la escuela superior.
“Yo soy contratista”, aclara el que trabaja en construcción, a minutos de que suene el último timbre.
More than two years ago, laws were passed to ensure the availability of specific data generated by public agencies and to establish procedures to access government information. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found that the government has appointed 98% of the Public Records Officers and only 36% of the Data Officers in the agencies, while the contact information for the majority of these appointed officials has not been made available to the public. Approximately 20% of both types of officers’ appointments occurred after the CPI sent public information requests in January. In an exercise to oversee the implementation of Act 122 of 2019, “Puerto Rico Open Government Data Act,” and Act 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Public Records Access Act,” the CPI sent information requests on the compliance of these statutes to La Fortaleza (the Governor’s Office), the Office of Management and Budget (OGP, in Spanish), and the Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). In light of the information received in response to these requests, it is clear that there is duplicity, and even confusion, with regards to the appointments of Public Records Officers and Data Officers.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro.
La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI.
El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.
Con jóvenes de la Escuela Belén Blanco de Zequeira en Loíza inició hace unas semanas el proyecto Medioscopio, una iniciativa para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación, impulsada por el Centro de Periodismo Investigativo con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo y su programa MAC en el Barrio, y ASPIRA de Puerto Rico.
Los encuentros comenzaron en la sede del Centro Comunitario Gregorio Lanzó Cirino, en el sector Parcelas Suárez, y llevarán a los jóvenes en recorridos y ejercicios por el Bosque de Piñones y la Universidad de Puerto Rico. En esta edición piloto, coordinada por la periodista Laura Moscoso, se busca además fomentar destrezas para que los participantes puedan crear sus propias historias como reporteros ciudadanos.
“Iniciamos Medioscopio en Loíza con una participación extraordinaria de jóvenes y maestras que nos llenó de inspiración. Nuestro objetivo con este esfuerzo es desarrollar jóvenes activos en su comunidad ofreciéndoles estrategias para combatir la desinformación y herramientas para contar sus historias”, explicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “Con este proyecto ampliamos nuestras iniciativas comunitarias en Loíza, donde desde hace tres años implementamos nuestro programa MAC en el Barrio. Medioscopio nutre el proyecto Reporteros Ciudadanos del MAC, una iniciativa que brinda herramientas a miembros de las comunidades loiceñas, a los fines de que tanto jóvenes como adultos se conviertan en investigadores y portavoces de lo que acontece en sus espacios además de rescatar el legado de los miembros más longevos de la comunidad a través de la recopilación y difusión de historia oral”, comentó Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva y Jefe del MAC.
Veintisiete ejecutivos de reconocidos medios internacionales y locales fueron becados este año para participar del prestigioso programa de liderazgo Media Transformation Challenge (MTC) del Poynter Institute, y Rígel Lugo, la directora de Operaciones y Desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), es parte del grupo. Como resultado, Lugo participará por un año en un programa educativo intensivo junto a profesionales de medios tales como Prensa Asociada, CNN, ABC News, BBC, NPR, Reuters y The Atlantic. Los participantes del programa identifican el desafío más importante que enfrentan en sus medios y generan respuestas reales, echando mano de las herramientas, los conceptos, los coaches, sus pares y la red de ex alumnos del MTC. Este año, Lugo es la única puertorriqueña en ser becada para participar del programa fundado en el 2007, el cual ha beneficiado a más de 300 profesionales de la comunicación.
Lugo es socióloga e investigadora graduada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Cuenta con estudios doctorales de la Universidad Complutense de Madrid y con estudios realizados en el Instituto Internacional Oñati ubicado en el País Vasco.
Por las características inherentes de interés público que tiene su trabajo y a la definición legal que se le ha dado a la función que realizan.
¿Hasta cuándo tendremos que esperar para atender este tema tan apremiante fuera de las conferencias de prensa donde solo permiten hacer una o dos preguntas a la carrera?
“La mejor investigación es la que una hace con calma, y que cuando sale, tiene consecuencias”, dijo la periodista Carmen Enid Acevedo en el conversatorio Investigaciones periodísticas de corrupción en el Departamento de Educación, al recordar su experiencia como reportera cubriendo el caso de corrupción en esa agencia bajo la jefatura de Víctor Fajardo. En el 2001, Acevedo tuvo acceso a la prueba de la fiscalía que mostraba que Fajardo era el líder de un esquema en el Partido Nuevo Progresista (PNP) de solicitar sobornos a contratistas de la agencia que se usarían para subvencionar la campaña política del 1996. Durante el taller, la periodista Carmen Enid Acevedo compartió su experiencia de la cobertura del caso de corrupción del exsecretario de Educación, el convicto Víctor Fajardo.Foto por Ricardo Rodríguez | Centro de Periodismo Investigativo
El público, compuesto por miembros del Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), escuchó las presentaciones de Acevedo y de Aiola Virella y Marisol Seda, periodistas que han investigado asuntos relacionados a la corrupción dentro del Departamento de Educación en Puerto Rico, quienes reflexionaron sobre las lecciones aprendidas en estas investigaciones. El panel se enfocó en los casos de corrupción incoados contra los exsecretarios de Educación Víctor Fajardo y Julia Keleher. El primero, que ocupó el cargo durante la gobernación de Pedro Roselló, cumplió 13 años de cárcel por apropiación de $4.3 millones de dólares de fondos federales que debían ser destinados a la educación de los niños del País.
San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití.
“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.
