Las medidas federales frenan los pocos avances en políticas de diversidad en la Universidad al detener un censo de afrodescendientes y eliminar baños inclusivos ante la amenaza de recorte de fondos. Sobre 25 universitarios advierten que estas políticas agravarán la marginación de sectores históricamente excluidos.
Organizaciones y abogados de inmigración denuncian constantes violaciones de derechos a inmigrantes que son detenidos por el fichaje racial que ejercen tanto las autoridades locales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas federal (ICE en inglés).
Se desconoce cuántas personas trans están en el mercado laboral formal en Puerto Rico, lo que dificulta la identificación de las necesidades específicas de esta población y obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas.
SAN JUAN – Las enmiendas propuestas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información (Ley 141 de 2019) y la Ley del Registro Demográfico (Ley 24 de 1931) representarían un retroceso para la posición de Puerto Rico en la Calificación Global del Derecho a la Información, según un análisis realizado por el Center for Law and Democracy. Así lo reveló, este martes, la directora ejecutiva de Sembrando Sentido, Issel Masses, durante el segundo día de las vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), para discutir el efecto de dos proyectos del Senado — el P. del S. 63 y el P. del S. 331 — que limitarían el acceso a la información. La organización Sembrando Sentido encomendó este análisis al doctor Toby Mendel, fundador y director ejecutivo del Center for Law and Democracy. “Nos posicionaríamos en el número 106 de un total de 140 países. De aprobarse las enmiendas, Puerto Rico descendería en el renglón de procedimientos de solicitudes de información pública, con países como Irán, Bolivia y Guyana por encima de nosotros”, indicó Masses.
La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, dijo que confía en que el recorte de fondos federales será menor del propuesto, que la Legislatura de Puerto Rico aumentará el presupuesto de su oficina y que los ciudadanos apoyarán con donativos a las organizaciones que sirven a las sobrevivientes de violencia de género.
Aunque su nombramiento fue aprobado sin vistas públicas ni el respaldo de organizaciones feministas, Astrid Piñeiro Vázquez, asegura que mantendrá su independencia de la gobernadora Jenniffer González Colón, a quien tendrá que fiscalizar como parte de la función del cargo que tiene un término de 10 años.
San Juan, Puerto Rico – Una diversidad de organizaciones defensoras de la salud, las mujeres, los derechos humanos y los animales se opusieron, este lunes, a dos proyectos de ley que limitarían el acceso a la información pública y cuya aprobación advirtieron que perjudicará la salud pública y la participación democrática. Las expresiones se hicieron durante unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR). El proyecto del Senado 331 — de la autoría del senador Juan Oscar Morales — busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico (de defunciones y natalidad), mientras que el proyecto del Senado 63 — de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz — impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019). El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas, pese a que ya el P. del S. 331 pasó la semana pasada con un informe positivo a la Comisión de Reglas y Calendario. Los cambios propuestos a la Ley de Transparencia no sólo aumentan a dos meses — el doble de tiempo — el plazo para entregar la información, sino que imponen el requisito de notificar a jefes de agencia cada solicitud, eliminan la posibilidad de solicitar información en formatos digitales accesibles, y exigen incluir la dirección postal y correo electrónico en las solicitudes, lo que afecta a ciudadanos sin acceso a estos recursos.
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A menos de quince días del inicio de la temporada de huracanes, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este viernes el comienzo de una nueva fase de impermeabilización en la Biblioteca José M. Lázaro, un mes y medio después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelara que, desde el paso del huracán María en 2017, las filtraciones y la proliferación de hongos en el edificio han empeorado, y que hay siete salas de estudio fuera de servicio. Aunque la rectora del Recinto, Angélica Varela Llavona, aseguró en marzo mediante una carta circular que los trabajos habían comenzado el día 6 de ese mes, las reparaciones del techo de la biblioteca no arrancaron hasta mediados de mayo, con un costo estimado de $3,158,000. “Con el inicio de estos trabajos reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación, conservación y modernización de las instalaciones universitarias, garantizando entornos seguros y adecuados para la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad”, dijo Varela Llavona el viernes por medio de un comunicado.
Esta es la segunda vez que se atiende el problema de filtración de la biblioteca, que fue diseñada por el arquitecto Henry Klumb e inaugurada en 1953. En el 2021, la administración universitaria anunció que había culminado la impermeabilización del techo mediante una solución temporera a cargo de la empresa Tropitech Inc. para parar las filtraciones, a un costo de $545,229. El espacio se volvió a afectar tras los estragos de las tormentas Fiona, en septiembre de 2022, y Ernesto, en agosto de 2024, dijeron al CPI las arquitectas Mayra Jiménez Montano, ayudante especial en Asuntos de Infraestructura; y Jomarly Cruz Galarza, directora de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico del Recinto.
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Fue estudiante de un Head Start y conoce de primera mano los beneficios que alumnos como ella obtienen de ese programa federal que, en los pasados seis años, atendió en Puerto Rico a un promedio de 28,137 niños y niñas menores de cinco años. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, echó atrás su amenaza de no asignar fondos al programa, su operación ya se ha afectado debido a los recortes y despidos en el Departamento de Salud federal. “Estos centros están mucho mejor que una escuela privada”, dice la alcaldesa por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, al abogar por la permanencia de este programa federal. “Aquí hay psicólogos, nutricionistas, está la inclusión de la familia completa en el programa. Desde que el niño llega… atendemos también a la madre embarazada.
Filtraciones, libros con hongos y siete salas de estudio cerradas desde el paso del huracán María en 2017 se ven en la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde se preservan libros y documentos patrimoniales del país. Completar todas las fases de mejoras tomará otros tres años más, dice la administración.
San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) invitó al público en general a participar de las vistas públicas ciudadanas sobre transparencia gubernamental que celebrará el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) el lunes 19 y martes 20 de mayo en la sede de la institución en Miramar.
“Ya han solicitado turno una decena de organizaciones y personas preocupadas por el impacto negativo de los proyectos senatoriales número 63 y 331 relacionados al acceso a información pública. Instamos al público en general a solicitar turno para opinar sobre estas medidas que impactarán la manera en que la ciudadanía obtiene información del gobierno”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. El Proyecto del Senado 63, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). Mientras que el Proyecto del Senado 331 persigue modificar la Ley del Registro Demográfico (Ley 24-1931), que regula el acceso a registros vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones.
Ambas propuestas tendrán impacto en la transparencia y la rendición de cuentas, y restringirán aún más el acceso a datos esenciales, mencionó la Directora Ejecutiva de la organización periodística. Las vistas son convocadas por las comisiones de jóvenes y de derechos humanos, civiles y constitucionales del CAAPR.
San Juan, Puerto Rico – Un nuevo libro, que relata los dramáticos testimonios de familiares de las víctimas del huracán María fallecidas por el apagón más largo en la historia de Puerto Rico y Estados Unidos, ya está disponible bajo el sello de editorial del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Los estragos del apagón” es una crónica del periodista Eliván Martínez Mercado, que formó parte del equipo del CPI que publicó las historias de cientos de fallecidos tras el paso del potente huracán que arrasó la Isla en 2017, así como los daños causados en el sistema eléctrico. Con sus reportajes investigativos, premiados por prestigiosas instituciones periodísticas, el CPI presentó pruebas que contradecían la historia oficial del Gobierno sobre la cantidad de víctimas del desastre. Un estudio independiente comisionado por el Gobierno confirmó luego la proyección del CPI de que unas 3,000 personas perdieron la vida por el desastre socioambiental.
“Para la mayoría de los pacientes que sobrevivían conectados a equipos eléctricos, el desastre comenzó después del huracán María. Empezaron a morir paulatinamente, durante el angustioso apagón que se extendió por casi un año en Puerto Rico”, destacó Martínez Mercado.
Jóvenes de Lares, Jayuya y Adjuntas recibieron adiestramientos sobre cómo consumir información de manera crítica.
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La Junta de Directores del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió a tres nuevos miembros que traen una diversidad de experiencias y trasfondos para aportar a la dirección de la organización dedicada a impulsar el periodismo de investigación, la educación de periodistas y ciudadanos, y la transparencia. “Con la trayectoria social y profesional que aportan los tres nuevos integrantes a la Junta de Directores estamos convencidos de que se abren nuevas vías de crecimiento al trabajo del CPI”, afirmó la directora ejecutiva, Carla Minet. “Cada uno se ha destacado en sus respectivos campos de conocimiento y acción, y tienen un gran compromiso con nuestro país y su diáspora. Nos entusiasman mucho las nuevas oportunidades que abren en la dirección que seguirá el Centro”, agregó. Se une a la Junta de Directores la comunicadora y escritora afropuertorriqueña Gloriann Sacha Antonetty, quien es fundadora de la Revista étnica y tiene una amplia experiencia como estratega de comunicación, profesora y emprendedora.
Estamos a punto de ir a las urnas en medio de la peor crisis en la historia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Una crisis de gobernanza, anclada en la aprobación, con una aplanadora, de un Código Electoral que ha favorecido de manera desproporcionada al Partido Nuevo Progresista ya en dos elecciones consecutivas. Ese nuevo código, combinado con el nombramiento de presidentes de la CEE que no han sabido prepararse para manejar la implementación de nueva tecnología y hacer a tiempo el trabajo de fondo para darnos un proceso limpio y confiable, nos han traído a un punto muy desdichado de nuestra historia electoral. Un momento en que muchos hemos llegado a temer si podremos ejercer nuestro derecho al voto, esencial en los países con aspiraciones democráticas.
Y es que da miedo no saber si aceptaron tu cambio de dirección, porque nadie te avisa si la plataforma funcionó cuando hiciste el trámite y ya cerraron el proceso. Da miedo que te recusen y no poder defenderte porque no te avisan la fecha para la única vista en la que puedes impugnar esa exclusión del Registro Electoral.
“Quien llega tarde ni oye misa ni come carne”, dice un viejo dicho. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, no puede demorar más para demostrar que tiene la capacidad y el interés de llevar un proceso electoral limpio si quiere mantener la confianza de los electores en esa entidad. Como enseña el citado refrán, la desidia puede hacer perder lo que con diligencia se ganaría. La CEE, acostumbrada a declarar ganadores y perdedores, parece que en estas elecciones generales podría ser la gran perdedora del proceso electoral. Pero con su fracaso perderíamos quienes apostamos y valoramos el principio democrático de que cada ciudadano tiene derecho a un voto y todos valemos igual en este proceso de elegir a quiénes administran el Gobierno.
Adriana Gutiérrez Colón, representante de La Alianza entre el Partido Independentista de Puerto Rico y el Movimiento Victoria Ciudadana, fue la única en asistir al conversatorio sobre la agenda de los partidos en cuanto a asuntos de género y diversidad sexual que organizó el CPI.
Cultivar fuentes y mantener una relación cercana entre periodistas jóvenes y veteranos, son parte de las claves de éxito para lograr informar al pueblo sobre el proceso electoral.
