El 2022 fue el año más caliente en récord de nuestro planeta con una temperatura promedio de 1.55 grados Fahrenheit, superando al 2021, según informó este mes el Centro de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos.
También bautizadas como redes de mercadeo, o network marketing, estas empresas necesitan del constante reclutamiento de nuevas representantes y consultoras, cuyas ventas alimentan las comisiones de otras personas en niveles más altos de la organización y aportan ingresos a la compañía. Su objetivo principal son las mujeres. Según un estudio realizado por AARP en 2018, el 60% de las personas que trabajaban en este tipo de empresas en Estados Unidos son mujeres.
Un testimonio que no desfiló en corte durante el juicio criminal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón es el del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien dio una versión de los hechos al Negociado Federal de Investigaciones distinta a la ofrecida en corte por su exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Control Fiscal sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública.
¿Cuándo será la vista? La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/
¿Cuál es el asunto esencial por discutirse? Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe este próximo miércoles 11 de enero el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública aquilatará los argumentos de más de 30 entidades y 19 profesores de derecho que manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte.
La Junta de Control Fiscal (JCF) alega que, como entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana” y no tiene que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el CPI. Sin embargo, ningún foro le ha dado la razón hasta ahora y el Tribunal Supremo federal nunca ha decidido que el territorio de Puerto Rico tiene inmunidad como la de un estado. Entre las entidades que comparecieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigos de la corte o amicus a favor del CPI están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; y Clemente Properties. “La petición de información del CPI se ha convertido en un reclamo del país entero y de importantes instituciones y personas que rechazan el comportamiento prepotente de la Junta en Puerto Rico. Intentar estar por encima de todo, de manera que nadie les pueda fiscalizar, es inaceptable”, dijo la directora del CPI, Carla Minet.
Luquillo — En la calle Fernández García, en el casco urbano de Luquillo, Gloria Escobar Skerett, de 87 años, se niega a vender su casa de esquina donde nació y creció su madre, se crió y vive ella, y donde, también, se criaron sus hijas. Su abuela llegó a Luquillo en el siglo 19 y desde entonces este espacio “es de la familia y para la familia”. Una de sus hijas, Gloria Ramírez Escobar, la acompañaba en la residencia cuando el Centro de Periodismo Investigativo la entrevistó. Dijo que tras el paso del huracán María, las ofertas para comprar esta esquina son como un aguacero. “Llueven y no escampan”, sostuvo.
“Han venido muchas personas, pero mami los espanta rápido”, aseguró mirando a su madre, quien se reía, pero no hablaba durante la entrevista.
“Es una misión imposible buscar casa en Puerto Rico”. Así la pediatra Cynthia Miguel resumió su experiencia al intentar encontrar una propiedad donde vivir con sus tres hijos en San Juan. “Vi como 10 propiedades en San Juan, siete u ocho walkups y apartamentos. Me topé con listas de espera de hasta 15 personas para verlos. Hubo ‘realtors’ que me dijeron que me llamarían para avisarme cuándo podrían mostrarme la propiedad.
De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) emitió hoy dos resoluciones en las que ordena a la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) que muestre causa de por qué no debe recomendar al Pleno del Comité su suspensión o desafiliación, lo que pondría en peligro la participación de la Selección Nacional de Puerto Rico en el fútbol femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2023.
Esta advertencia del Comité fue anticipada en un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el pasado mes, luego que la FPF llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la cual se enmendaron varios estatutos de su Constitución. Una de las enmiendas aprobadas elimina el reconocimiento de la FPF al Tribunal de Apelaciones y Arbitraje Deportivo (TAAD) del Copur, en violación a los requisitos de afiliación que el Copur les pide a sus federaciones miembro. La primera resolución, firmada hoy por el secretario general del Copur, Carlos Beltrán Svelti, compara la actual Constitución de la FPF con la que estuvo vigente hasta la aprobada el pasado 5 de noviembre, y advierte que el nuevo estatuto deja de reconocer al TAAD, como el organismo donde se resolverán las disputas. La nueva constitución establece que las disputas se atenderán en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) de Suiza y que los miembros de la Federación solo tiene que observar “los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones” de la FIFA, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y de la propia Federación, pero deja afuera al Copur, que es el ente que rige el olimpismo puertorriqueño.
El documento firmado por Beltrán Svelti advierte a la FPF que estos cambios estatutarios entran en conflicto con la Constitución vigente del Copur que establece que las federaciones tienen que someterse a los mecanismos de resolución de conflictos dispuestos en la constitución del Comité Olímpico, así como cumplir con los reglamentos, y decisiones de este ente rector. La segunda resolución hace referencia al incumplimiento de la FPF en las determinaciones del TAAD para reinstalar al entrenador Miguel Cornejo, quien fue suspendido de sus posiciones, incluyendo su silla en el Comité Ejecutivo de la FPF.
La terminación del acuerdo ocurrió luego de que la Oficina del Inspector General ordenó a la agencia “a mostrar causa sobre la otorgación del contrato”, 20 días después de que el CPI revelara que esa charter tuvo señalamientos de la Oficina del Contralor de Nueva York y que un incorporador de la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Richard Izquierdo Arroyo, se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en Nueva York. NAICA-PR sería la organización sin fines de lucro que administraría la EPACIAD.
En Vieques residen aproximadamente 600 adolescentes entre las edades de 15 y 19 años, pero hoy Eddie es el único adolecente en este parque, que es el único que cuenta con alumbrado en todo el territorio que fue ocupado durante décadas por la Marina de Guerra de EE. UU. para realizar ejercicios militares.
El Departamento de Educación (DE) incrementó hasta 25 veces más el monto original de contratos otorgados a centros de evaluación y terapias para estudiantes del Programa de Educación Especial sin que las enmiendas expliquen la razón para aumentar los acuerdos de servicios.
Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez.
Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.
A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger este lunes un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública.
Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000.
“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución.
El Centro de Periodismo Investigativo ampliará su trabajo e impacto con la llegada de la veterana periodista Wilma Maldonado Arrigoitía como Directora Editorial de la organización.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Uno de los principales retos que enfrenta la prensa en la cobertura de personas trans y no binaries es la falta de conocimiento y sensibilización. Es muy común leer, en las noticias, el uso incorrecto de pronombres y escuchar en la radio o en la televisión el nombre muerto o asignado al nacer, entre otras manifestaciones de discrimen y revictimización.
Kimberly Figueroa Calderón, organizadora comunitaria del Colectivo Ilé, impartió un taller a periodistas sobre buenas prácticas para informar responsablemente sobre las comunidades negras y racializadas en Puerto Rico.
