Decenas de contratistas del Gobierno que viven en Estados Unidos hicieron donaciones a favor del Gobernador. La única relación evidente que la mayoría de ellos tiene con Puerto Rico es trabajar para una compañía con contrato con el Gobierno.
Salud sólo ha logrado vacunar a 19 niñas y niños, está sin suficientes materiales y recursos, y sus equipos e instalaciones están obsoletas para enfrentar el aumento sostenido de casos.
“Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.
—Silvia Federici, activista feminista italiana
Cuando Wanda García, de 57 años, se enteró de que su hijo Christian, hoy de 24, tenía perlesía cerebral, tomó una difícil decisión: dejó su trabajo como secretaria médica para dedicarse completamente a cuidarlo. Las dos semanas que estuvo hospitalizada por preeclampsia antes de dar a luz — a la semana 33 de embarazo — y los 40 días que Christian pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales eran solo una pizca de lo que esta familia del Municipio de Florida atravesaría.
A los días de nacido, Christian se infectó con una bacteria en el hospital que se le alojó en la sangre. Tras dos semanas de recibir el alta, Wanda y su esposo tuvieron que llevar a Christian nuevamente al hospital donde le diagnosticaron una infección de orina. A partir de ahí, le recomendaron varios estudios y análisis que derivaron en el diagnóstico.
“El médico nos dijo que el nene no iba a hablar ni a caminar, que iba a estar como un vegetal, pero yo no le creí eso”, contó Wanda en una llamada telefónica. “Uno tiene que limpiarse la cara y echar pa’lante. Dejé el trabajo pa’ meterle pecho a eso”.
Wanda lleva más de 20 años fuera de lo que el Gobierno llama la fuerza trabajadora, pero no ha descansado prácticamente ni un solo día. Su vida ha girado en torno a llevar a su hijo a las citas que tiene con 12 especialistas distintos y a sus múltiples terapias e intervenciones médicas. A veces tiene hasta tres citas por día, por lo que Wanda se levanta temprano, cocina para toda la familia, prepara un bulto con comida y ropa para Christian, y pasa el día de cita en cita.
“Desde hace un año para acá, me dedico a controlar todo eso porque me canso demasiado. En mi situación, me canso más”, mencionó y explicó que, naturalmente, ya no tiene las mismas energías que disfrutaba cuando su hijo era pequeño.
Wanda sacó a su hijo de la escuela a los 15 años por la frustración que tenía con el sistema de educación pública que falló en proveer una asistente educativa estable para Christian mientras estuvo matriculado.
“Le di homeschooling cinco años en casa. Me aprendió a leer, que las maestras decían que nunca iba a leer. Aprendió las tablas de multiplicar. Sabe escribir su nombre, apellido, dirección y seguro social. Brega con el celular y con la laptop”, contó Wanda con orgullo por haber retado lo que ese primer médico le auguró.
En la falda del cerro Mime en Orocovis, Lillian Figueroa, de 58 años, se acerca a una cama de posiciones y arropa con ternura a su papá Juan, de 88 y paciente de Alzhéimer. Piensa en la merienda y la cena que le tiene que preparar a su mamá, María, de 80, paciente de diabetes, y en que pronto le tiene que poner la tercera inyección de insulina del día.
Hace dos años que Lillian vive con sus papás para poder ser su cuidadora a tiempo completo. Fue una decisión que tomó luego de sentirse demasiado abrumada por viajar cada día de su casa a la de sus padres para cuidarlos. “Yo vivía cerca, pero el sube y baja me tenía agotada”, contó sentada en el sofá de su sala frente a una imagen de la Sagrada Familia y otra de Jesucristo con rostro sereno.
“Esto es un maratón. No es fácil, pero no es imposible”, dice Lillian mientras cruza sus manos y se escucha el sonido de una quebrada de fondo. “Cuando tengo internet en la tablet, busco información. Me gusta buscar mucha información de cómo progresa la enfermedad de Alzhéimer, cómo nos tenemos que cuidar los cuidadores, aunque a veces te digo que no hay tiempo, no me acuerdo ni de comer. No tengo chance”, relató.
Wanda y Lillian no se conocen, pero algo las une: realizan trabajos domésticos y de cuidado sin paga. Son tareas que hacen millones de personas — sobre todo mujeres y niñas — en el mundo, pero que no se consideran dentro de la economía formal y no son remuneradas. Sin embargo, estas labores diarias sostienen la vida misma porque ¿qué sería de estas personas si no tuvieran sus cuidados? ¿En quién recaería la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién pagaría por esos servicios? ¿Cuánto costaría pagar por estas tareas?
El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado comprende dos tipos de actividades por las que una persona no recibe compensación económica: el cuidado directo a bebés, niños, adultos y personas con diversidad funcional o alguna enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto, como limpiar, cocinar o hacer trámites.
Esta labor, sin embargo, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en ninguna parte del mundo, aunque sostiene la economía global, ya que este cálculo (el PIB) generalmente solo incluye actividades que involucran transacciones monetarias.
La jornada de Lillian Figueroa, encargada del cuidado de sus padres, inicia todos los días a las 6:00 a.m. Las primeras tareas que asume son preparar el desayuno y administrar la insulina a su mamá, paciente de diabetes.
Fotos por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
En Puerto Rico, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 223 (P del S 223) que buscaba cuantificar el trabajo no remunerado, pero el gobernador Pedro Pierluisi lo vetó en enero de 2023. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad entre géneros de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.
Según la secretaria de Prensa del Gobernador, Sheila Angleró Mojica, Pierluisi “se vio imposibilitado” de firmar la medida por recomendación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ya “hace una encuesta relacionada que se paga con fondos federales y cuyos temas no se pueden cambiar sin autorización”.
En declaraciones escritas, Angleró dijo a Todas y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “no hay fondos para una encuesta local” y que los fondos federales no se pueden usar para otros propósitos que los asignados. Argumentó que la propuesta de ley trataba de labores “fuera de los lugares de trabajo o por personas que no pertenecen a la fuerza trabajadora” e indagaba sobre la “vida privada de los encuestados”.
No obstante, la Encuesta del Grupo Trabajador que se publica por el DTRH apenas menciona qué porcentaje trabaja en "oficios domésticos" y no incluye el cuidado no pago, lo que es un “factor estructural de la desigualdad de género”, según la ONU Mujeres.
Las estadísticas oficiales sobre la productividad laboral no integran preguntas que sirvan para saber cuántas trabajadoras tienen prole, ni de cómo la maternidad, la paternidad o los cuidados reducen el tiempo disponible para mantener un trabajo con paga. Por el contrario, el único análisis dedicado a este asunto es sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico. En el 2022, la publicación dio a entender que la baja participación laboral de la mujer, en comparación con el hombre, se debía a la disponibilidad de la mujer cuando dice que: “A pesar de que constituyen más de la mitad de la población en edad de trabajar, menos del 50% de ellas participa o está disponible para la producción de bienes y servicios en la economía”.
Lillian Figueroa se ocupa de administrar las medicinas que debe tomar cada uno de sus progenitores. Entre la cocina y la atención a sus padres, realiza algunas tareas de aseo.
Fotos por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Estas tareas domésticas y de cuidado no remuneradas pueden redundar, además, en que las mujeres tengan menos tiempo para aprender, divertirse, participar de la política o dedicarse a su autocuidado. También inciden en su inserción y crecimiento en el ámbito laboral formal y las deja relegadas al trabajo informal.
En el caso de Wanda, una de las protagonistas de esta historia, siempre tuvo la esperanza de volver al trabajo formal. “Mi esposo me dijo que el nene iba a mejorar y que yo iba a volver a trabajar. Pero eso nunca se dio”.
En América Latina, estos trabajos no remunerados representan entre el 15% y el 26% del PIB, según el estudio Valorización económica del trabajo no remunerado de los hogares de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Mientras, en Estados Unidos, se estima que el PIB aumentaría en un 26% si se incluyeran estas labores, de acuerdo con un estudio citado por el Instituto de Investigación de Políticas para la Mujer. En algunos países, la cifra podría alcanzar el 40% del PIB, informó la Organización Internacional del Trabajo.
Teniendo estas cifras en cuenta, si se estimara el valor del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Puerto Rico, la economista Martha Quiñones Domínguez dijo que este podría representar uno de los sectores de mayor aporte al PIB, que la Junta de Planificación estimó en un total de $113,567 millones en 2022. Incluso proyectó que podría tratarse de más de $15,000 millones aportados a la economía, por lo cual sería un sector superado únicamente por la manufactura, que representa un 46% en el PIB (o $52,392 millones). Estaría por encima de sectores como el de bienes raíces y renta (16%) o el comercio al detal (6%).
En el mundo, el valor del trabajo de cuidado no remunerado que realizan las mujeres mayores de 15 años representa unos $10.8 billones cada año, lo que equivale a tres veces el tamaño de la industria tecnológica mundial, según un estudio de Oxfam hecho en el 2020.
Entre 9:00 a.m. y 11:00 a.m., Lillian le prepara la merienda a su mamá y se ocupa de atender a su papá, que está encamado y es paciente de Alzhéimer.
Fotos por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
El PIB es una medida macroeconómica que toma en cuenta el valor total de los bienes y servicios que un país produce en determinado tiempo. Si bien se utiliza para observar la evolución económica de un país, deja de lado un aspecto fundamental: el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
“Hay muchas opresiones hacia las mujeres que no se visibilizan ni se entienden porque solamente se ve que lo único importante es el trabajo que se paga y no el trabajo que no se paga”, dijo Quiñones Domínguez. “Si lo visibilizas, se le causa un problema al capitalismo que se alimenta de ese trabajo invisible porque, si fueran a pagarles ese trabajo a las mujeres, entonces saldría más caro y las ganancias serían menos para el sistema capitalista”, añadió.
Para la economista, en Puerto Rico hay una “crisis de cuidado” – que también se ha reportado en Estados Unidos – por los altos costos de los centros de cuido para niños y adultos, por la quemazón que pueden sufrir algunos cuidadores al no tener un descanso de esas labores, por la falta de apoyo social y gubernamental, y por la invisibilización de estas tareas, que afectan más a las mujeres por ser una labor feminizada.
“El Gobierno es lo más difícil”, consideró Wanda sobre las mayores dificultades que enfrenta como cuidadora. “No tienen nada para ellos [personas con diversidad funcional], no te dan nada. Dejas el trabajo para dedicarte a tiempo completo a ellos, pero tampoco ayudan a mamá. Es como si te pusieran en una página negra. Los echan a una esquina y se olvidan de ellos”.
Sostiene que aunque intentó ser la asistente de su hijo, en el Departamento de Educación (DE) le dijeron que eso era un conflicto de interés.
Jorge Salcedo, oficial de prensa del DE, indicó que “hay casos excepcionales” en los que una madre puede ser asistente cuando el diagnóstico del menor requiere de un cuidado prioritario que le provee su madre.
Wanda también ha estado frustrada con la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV), agencia encargada de integrar a las personas con diversidad funcional a la fuerza laboral. Dice que le prometieron una nueva silla de ruedas, pero todo quedó en la nada. Tampoco consiguieron ayuda para un empleo para Christian.
“Ese es el problema aquí. Después de los 21 años, estos jóvenes quedan en el aire. No hay nada. No hay trabajo. No los buscan. No podemos conseguir equipo”, agregó la madre. La directora de la Oficina de Servicios de la ARV, María Benítez, no proporcionó al CPI una respuesta concreta sobre este caso, pero se comprometió a revisarlo.
Wanda no sale sola. Pocas veces hace actividades para ella misma. Hace las compras por internet. Y las pocas veces que va al beauty, es solo a cortarse el pelo para no incurrir en más gastos. No tiene amistades, y su red de apoyo la componen su esposo, su familia y la iglesia a la que asiste.
Lillian tampoco hace muchas actividades por su cuenta y, desde que vive con sus padres hace dos años, nunca más se ha ido de vacaciones. Solo sale a citas médicas para su tratamiento de salud mental y para las clases de zumba gratuitas que ofrecen en el Coliseo Jesús M. “Tito” Colón en Orocovis, a unos 20 minutos en carro desde donde ella vive. Esta actividad física es su terapia, donde se transforma de una mujer calmada y callada, a una que hace chistes y se ríe a carcajadas. Cuando se le daña el carro, no tiene alternativas de transporte público ni taxis disponibles, algo común en pueblos de la montaña.
Para Lillian, lo más difícil de cuidar a sus padres es ver cómo se van deteriorando, cómo les cuesta más hacer cosas que antes podían. También le cuesta lidiar con los roces familiares que enfermedades como el Alzhéimer pueden causar.
Además de los apagones constantes o los cortes de agua, otra dificultad en el sector de Orocovis donde viven es la interrupción continua del internet y el servicio telefónico. Allí de repente no hay conexión a internet ni señal de celular. Semanas antes de entrevistarla, su papá se había caído y había tenido que correr hasta la casa de su tío, uno de sus vecinos, para que llamara a dos de sus cinco hermanas para ayudarle.
“Ellas dos bregaron con la ambulancia. Se fueron con él al hospital y yo me quedé con mami”, recordó. Ninguno de sus padres puede quedarse sin vigilancia.
Lillian se mudó a la casa de sus papás en Orocovis para poder cuidarlos mejor. Tiene un cuarto en el que solo ubica sus pertenencias, pues tiene que dormir en la misma habitación que su papá, paciente de Alzhéimer, para poder atenderlo durante las noches y tener la capacidad de responder rápido ante cualquier necesidad que surja.
Fotos por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Tanto la definición del PIB – y su uso para medir el desarrollo económico y el bienestar – como la forma en que se contabiliza la fuerza trabajadora son algunos de los mitos de la economía, dijeron las economistas feministas Cristina Carrasco (Chile) y Corina Rodríguez (Argentina) en la charla “La economía siempre nos mintió. Desarmemos mitos para la revolución”, realizada en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias celebrado en Bariloche, Argentina, en octubre del año pasado.
Según Carrasco, “la economía es pura ideología”, pues no cuenta con una ley o una teoría que demuestre un acercamiento empírico. Más bien, “se inventan una definición” que se ajuste a lo que un grupo determinado de economistas quiera impulsar. Por ejemplo, decir que el PIB es la producción de un país “es un mito”, ya que no incluye otro tipo de producciones como el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el trabajo campesino o las labores de voluntariado. Este indicador tampoco toma en cuenta las desigualdades en la población, el impacto en los recursos naturales o el daño ambiental, algo que se ha criticado por años.
Rodríguez explicó que, en el caso de Argentina, se difunde la narrativa de que primero hay que crecer el PIB y luego ese crecimiento se va a distribuir entre los distintos renglones sociales. Sin embargo, en la década de 1990 la economía argentina crecía, pero también lo hacía el desempleo. “La economía crece a costa de peores condiciones de vida de las personas. (...) Me parece que, como feministas, tenemos que enfrentar estas narrativas y revelarlas. Develar que esto es un mito”, sostuvo.
“El PIB puede aumentar, pero no quiere decir que con eso la población tenga mayor bienestar”, insistió Carrasco.
En Puerto Rico, el PIB creció un 7% de 2021 a 2022 (de $106,426 millones a $113,567 millones), indicó la Junta de Planificación. No obstante, en ese periodo también aumentó la pobreza en la población general de 40.5% a 41.7%, mientras que en los menores de 18 años fue de 54.9% a 57.6%, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Entre 2021 y 2022, el porcentaje de mujeres bajo el nivel de pobreza aumentó de 42.6% a 43.8%, mientras que el de hombres subió de 38.2% a 39.4%.
En contraste, entre 2021 y 2022 la tasa de desempleo en Puerto Rico se redujo de 7.9% a 6% y la tasa de participación laboral subió de 42.6% a 43.4%, de acuerdo con el estudio Participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico.
Este estudio también indica que, para el 2022, las mujeres representaban el 45.1% del grupo trabajador (537,000 de 1,191,000), es decir, de las personas empleadas y desempleadas buscando trabajo. Esto es un aumento de 28.2% con respecto al 1990, cuando había 419,000 mujeres en la fuerza trabajadora. Mientras tanto, la tasa de participación de las mujeres se ubicó en 36.6%, 5.2 puntos porcentuales más que en 1990.
En el 2022, 932,000 de las mujeres estaba “fuera del grupo trabajador” y de estas, el 50.2% (casi 468,000) realizaba “oficios domésticos”. En 1990, en comparación, 919,000 de las mujeres se encontraba fuera del grupo trabajador, de las que el 83.5% (767,000) eran amas de casa.
“Son amas de casa. Se considera que están fuera de la fuerza laboral, pero están trabajando. Están dentro del grupo trabajador, pero la definición las excluyó”, analizó Quiñones Domínguez.
En el caso de los hombres, en 2022 había 619,000 (48.61%) fuera del grupo trabajador y de ellos el 3% (20,000) se dedicaban a “oficios domésticos”.
Asimismo, en Puerto Rico los hogares con jefas de familias representan el 42% del total, y de estos, el 57% se encuentra por debajo de los índices de pobreza, según datos del Censo del 2019.
A esto hay que sumarle el hecho de que las mujeres dedican en promedio más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado sin paga. Aunque en Puerto Rico no hay datos publicados al respecto, en Estados Unidos se estimó que las mujeres dedicaban en promedio 4.5 horas diarias a trabajos no pagados, mientras que los hombres dedicaban 2.78 horas, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“En el país no se reconoce el trabajo de cuidados como trabajo, tampoco se le otorga importancia por el gobierno y por la comunidad en general”, indica el informe “Políticas Públicas y el Trabajo de Cuidados en Puerto Rico”, realizado por la organización sin fines de lucro Inter-Mujerse.
Este informe, creado por las abogadas Marilucy González Báez, Patricia Otón Olivieri, Yanira Reyes Gil y Esther Vicente, analiza las políticas públicas aprobadas hasta el momento en materia de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
El documento dice que el Gobierno “no recopila los datos necesarios” para revisar el cumplimiento de las políticas públicas relacionadas al trabajo de cuidados remunerado. Tampoco atiende “la necesidad de redistribuir las tareas de cuidado” de forma equitativa en las familias, comunidades y sector gubernamental.
De igual forma, las leyes aprobadas sobre el cuidado dejan desprovistas de derechos laborales a las personas que realizan estos cuidados de manera ocasional o informal, e ignora casi por completo a quienes lo hacen sin paga. “Esto provoca que estas personas, en su mayoría mujeres, no cuenten con protección en caso de enfermedad, salario mínimo, jornada laboral de ocho horas, protección en el desempleo, licencias de lactancia o maternidad, protección en la vejez (retiro) o vacaciones”, indica el informe.
La situación se empeora por “las medidas de austeridad impuestas por políticas neoliberales impulsadas por la Junta de Supervisión Fiscal y adoptadas por el gobierno”. Estas han tenido el efecto de encarecer o empeorar los servicios de energía, agua potable, transportación y recogido de basura, afectando “de manera particular a las personas que ofrecen servicios de cuidado”, añade el informe.
La peor situación la tienen quienes realizan tareas domésticas y de cuidado con un estatus migratorio irregular, pues están más expuestas a abusos y mala compensación, y casi completamente desprovistas del cuidado de la ley, según el informe.
En el caso de Wanda y de Lillian, ambas reciben ciertas ayudas gubernamentales pero que son insuficientes y no relacionadas a las labores de cuidado que prestan diariamente. Wanda recibe cupones de alimentos por la condición de Christian, pero nunca solicitó el seguro social, aunque trabajó por más de una década como secretaria. Tiene acceso al plan gubernamental de salud Vital, pero si su esposo suma mayores horas en su trabajo de construcción, les amenazan con quitárselo.
Mientras tanto, los padres de Lillian reciben cupones de alimentos, y los tres reciben el seguro social, ya que la cuidadora trabajó por años como supervisora de alimentos en un centro Head Start. Su mamá lo recibe por su esposo, ya que fue ama de casa por años y también cuidó a sus nietos. Además, tiene la visita de una ama de llaves — provista por el municipio de Orocovis — por cuatro horas dos veces por semana. Esta persona ayuda con tareas de limpieza y otras labores, pero es Lillian quien se encarga de su papá. Si no fuera por la ayuda económica de sus hermanas, estarían en una situación de mayor dificultad.
Wanda reconoció que el Municipio de Florida le ha dado algunas horas de trabajo a Christian con su programa de verano, mientras que Lillian resaltó la importancia del apoyo con las clases de zumba y lo que representa una ama de llaves para su situación, ambos servicios provistos por el Municipio de Orocovis. También recibe medicamentos y la visita de un médico internista a domicilio.
Hay una política pública sobre el cuidado informal en el País: la Ley 82 de 2023. Crea la Carta de Derechos del Cuidador Informal, el Registro de Cuidadores Informales en Puerto Rico y la posibilidad de que los cuidadores soliciten un ajuste en su itinerario laboral sin ser penalizados.
El Departamento de la Familia (DF), a cargo de hacer cumplir la Ley 82, está en “la fase de diseño e implementación” del Registro de Cuidadores Informales, “que entrará en función a mediados del mes de mayo de 2024”, indicó la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena Ríos, en declaraciones escritas.
Según Gerena Ríos, un portal electrónico servirá como “un punto de acceso centralizado para los cuidadores informales, donde puedan registrarse para recibir información, acceder a recursos y conectarse con servicios de apoyo”, como un directorio de asistencia al cuidador, servicios de respiro, asesoramiento y grupos de apoyo.
También contará con módulos de capacitación y talleres educativos para los cuidadores informales y cursos ofrecidos por la Pontificia Universidad Católica, sostuvo Gerena Ríos.
La funcionaria indicó, además, que la división legal de Adfan, adscrita al DF, “se encuentra trabajando” en la redacción del reglamento de las “responsabilidades y derechos del programa de apoyo a cuidadores informales”, el cual definirá las normas y procedimientos relacionados con la ley. Asimismo, confirmó que ya han recibido solicitudes de orientación por parte de cuidadores informales.
Al concluir la entrevista, doña María, mamá de Lillian, sirve café con queso y se sienta a conversar. Es una mujer alta de ojos azules y una sonrisa encantadora. Lillian dice que le da energía verla alegre, saber que ella está bien.
“Yo digo que somos los tres mosqueteros, estamos siempre juntitos y ellos son bien apegados a mí y yo a ellos. Siento que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer en estos momentos. No desviarme a otro lado porque se me derrumban ellos”, dice Lillian desde el sofá. Sabe que no puede dejar su tratamiento de salud mental y hará lo posible por mantenerse haciendo ejercicios. Sabe que, con enfermedades como el Alzhéimer, hay que tomarlo un día a la vez.
Doña María, madre de Lillian, observa a sus santos, a quienes les prende velas cada día. A las 5:00 p.m., cuando tiene señal, ve la misa desde la sala de su casa en Orocovis.
Fotos por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
En las montañas del pueblo de Florida, Wanda suspira. “¿Qué va a pasar cuando mamá cumpla cierta edad?”, se pregunta, y se oye a Christian decir algo que es ininteligible. Wanda quiere que haya alternativas para que su hijo trabaje y socialice con otros jóvenes. Le está enseñando a leer mejor para que tome el examen de conducir y aprenda a guiar. Desea con ansias que sea independiente.
“Yo sé que, si a él se le consigue un trabajito, y no estoy diciendo que le den un trabajo de lunes a viernes de ocho horas, cuatro horitas, aunque sea tres días, algo que yo lo lleve y él vaya echando pa’lante”, dice Wanda con voz cansada. Con su esposo, luchan para ampliar la casa que han ido construyendo poco a poco. Quieren añadirle un baño al cuarto de Christian para que tenga mayor independencia, y también adecuarlo para una silla de ruedas.
Pulsa sobre las ventanas en blanco para ingresar la cantidad de horas que dedica semanalmente a cada tarea.
Cuando se estrenó como senadora del Estado de Illinois, en 2020, la educadora criada en los barrios boricuas de Chicago presentó la legislación que su comunidad diseñó como medida de protección contra la gentrificación, cautivó el interés de sus compañeros y consiguió su aprobación.
Tras correr y ganar el Distrito 26 para los demócratas en Chicago, mantiene el escepticismo ante ese partido y las botas bien ancladas en su comunidad.
Llegó a ser concejala de su barrio gracias a la organización de trabajadores, inmigrantes y de los residentes más vulnerables de su zona, y posicionándose en contra del poder de los desarrolladores. Sus propuestas de vivienda asequible van de la mano con iniciativas de prevención de violencia y de salud pública.
Jessie Fuentes y Cristina Pacione Zayas son dos políticas puertorriqueñas en Chicago que han vivido el abandono gubernamental en múltiples facetas de sus vidas, pero que también han atestiguado el poder de la organización comunitaria que logró una legislación contra la gentrificación.
Una investigación de la Universidad de Miami encontró un contaminante carcinógeno en la sangre en el 86% de la muestra de personas que participaron de su estudio. Es, además, la primera confirmación de que el químico se encuentra en el aire.
El CPI lanzó la plataforma “El Buscador de la Junta” como una respuesta a la falta de transparencia del organismo impuesto por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Como parte de la presentación, el jueves se realizó el foro “Los archivos de la Junta al descubierto”.
Mientras el Gobernador minimizó la renuncia de casi una decena de expertos que había convocado para descentralizar y despolitizar la agencia, el gobierno federal le pidió que coloque las necesidades de la comunidad al frente de la iniciativa y se asegure de que las voces correctas estén en la mesa.
Recursos limitados, maestros sobrecargados de trabajo y espacios recreativos abandonados son parte de los retos que enfrenta un programa académico que por años ha sido cantera de talentos y medallas para Puerto Rico.
Se espera que el documento sea aprobado antes del 30 de junio cuando termina la única sesión legislativa de este año electoral.
Los indicadores del cambio climático y sus efectos en la vida y la salud de las poblaciones siguen siendo ignorados por muchos gobiernos, alertó Luciana Blanco Villafuerte, investigadora de Lancet Countdown Latinoamérica.
Los partidos que se presentan como opción en las próximas elecciones prefirieron evadir su responsabilidad de presentar sus propuestas sobre la crisis climática.
La burocracia gubernamental representa uno de los mayores retos para el activismo ambiental quienes se ven obligados a atender varios frentes de lucha de manera simultánea.
La pregunta me vino a la mente hace cinco años: ¿cuántos puertorriqueños están encarcelados en Estados Unidos? En ese momento, en 2018, estaba investigando el intento fallido del Gobierno de Puerto Rico para trasladar a personas encarceladas bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación a una cárcel privada en Mississippi.
Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas de gobierno.
Con música de bomba y una exhibición fotográfica, veinte jóvenes de Arroyo, Patillas, Guayama, Salinas y Santa Isabel celebraron el cierre de la segunda edición de Medioscopio, el proyecto de alfabetización mediática y desarrollo de reporteros ciudadanos que impulsa el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La actividad de clausura — realizada en la Casa Comunitaria de Medios, en Salinas — fungió como un espacio de exhibición de los proyectos finales de los jóvenes. Mediante la presentación de imágenes de la comunidad de Aguirre, textos descriptivos, un podcast y un videorreportaje, los invitados del evento apreciaron la evolución del trabajo realizado por los participantes. El grupo Bomba Cunyabe amenizó con la interpretación de siete canciones que propiciaron el baile entre los jóvenes.
A través de Medioscopio, los jóvenes recibieron capacitación sobre cómo consumir información de manera crítica y producir sus propias historias, y las de sus comunidades, durante 11 sábados en la sede de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), en Aguirre. Aprendieron sobre el periodismo ciudadano, acceso a la información pública, racismo ambiental, creación de contenido no sexista, fotografía y dicción, entre otros.
Tres ingenieros expertos en políticas públicas energéticas señalaron, durante su participación en el Caribe Fest, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo, que aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un sistema eléctrico resistente a huracanes debido a la falta de fondos y organización, a pesar de la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático. Las plantas de generación eléctrica ni siquiera se encuentran en un estado óptimo para enfrentar la temporada de huracanes que comienza el próximo mes, según la subdirectora ejecutiva de Operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary C. Zapata Acosta.
La Isla se encuentra en un proceso de transformación energética que busca hacer frente a la vulnerabilidad de su red eléctrica ante los huracanes, promoviendo la utilización de energías renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Para lograrlo, organizaciones comunitarias como Cambio y Queremos Sol, así como un estudio auspiciado por el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés), proponen la instalación de paneles solares en los techos de las casas y baterías que cubran las necesidades energéticas de los más desfavorecidos.
La ingeniera Zapata Acosta expresó que la red enfrenta desafíos para integrar la creciente cantidad de energía renovable disponible.
“Es necesario mejorar el equipo y los transformadores, y LUMA Energy debe implementar proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales para mejorar las líneas y subestaciones existentes”, dijo Zapata Acosta. LUMA está a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. La AEE opera la generación, una tarea que la nueva empresa privada Genera asumirá a partir de este verano.
Cuando se habla de resiliencia a huracanes, también es importante la preparación de la infraestructura de generación.
