Sin los correos electrónicos de estos funcionarios, las solicitudes de información podrían ser denegadas, según las enmiendas firmadas por la propia Gobernadora a la Ley de Transparencia.
Entre careos, muecas, señalamientos de censura, una petición de destitución de la Presidenta de la Universidad, enredos y tecnicismos parlamentarios, la más reciente reunión de la Junta de Gobierno del sistema universitario incumplió con lo esencial: ejercer con seriedad, respeto y responsabilidad el rol público que le fue delegado.
A principios de año, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio reclamó como un logro la cancelación de 23 decretos en el 2025, tras auditar a casi 2,000 beneficiarios bajo el Código de Incentivos. Pero no revocó el decreto de este inversionista residente, que había sido hallado culpable de fraude en California desde el verano pasado.
Además de eliminar los baños inclusivos en el Recinto de Río Piedras, el sistema universitario anuló garantías de acceso y no discriminación a estudiantes transgénero y modificó el Protocolo de Nombre Escogido, como resultado de las medidas del Gobierno de Trump en contra de los programas de diversidad, equidad e inclusión.
La emigración masiva y el envejecimiento acelerado han transformado el cuidado de los adultos mayores puertorriqueños. Hoy, miles de familias dividen ese cuidado entre Puerto Rico y la diáspora en Estados Unidos, con ciudades como Chicago convertidas en extensiones emocionales y logísticas de la Isla.
La Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno federal para procurar la disciplina fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, lleva casi más de un año sin publicar los informes financieros de sus miembros, según requiere la ley federal PROMESA. Tampoco ha publicado los informes financieros de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien también debe cumplir con esta obligación como miembro ex officio, o sin voto, de la Junta.
A casi tres meses de la solicitud inicial, cuatro agencias no han entregado al Centro de Periodismo Investigativo las comunicaciones, los expedientes de investigaciones ni designaciones de funcionarios conforme estableció un memorando de la Secretaría de la Gobernación.
Historias de corrupción, fiscalización gubernamental y más.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes sendas acciones legales contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.
Una investigación del CPI en torno al repentino cierre del hospital a menos de dos años de su apertura revela que, desde antes de comenzar operaciones, había serios problemas económicos y entuertos legales.
“Una batalla tras otra”, así se titula una de las películas favoritas a ganar el Óscar este próximo año, y así también se siente el trabajo de abogacía y educación que hemos hecho durante los pasados meses en contra del Proyecto del Senado 63, ahora Ley 156-2025, que enmendó la Ley de Transparencia.
El establecimiento de la oficina surge tras la aprobación en abril de la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa.
El Departamento de Educación pierde estudiantes, en parte, por un patrón de cambios continuos de escuela para los alumnos, planteles deteriorados y horarios de 12 pm a 5 pm, que resultan ser parchos para el problema de fondo: una infraestructura sin reparar, aunque hay dinero disponible.
Una amplia coalición de más de 50 organizaciones cívicas, comunitarias, periodísticas y de derechos humanos lanzó este miércoles una campaña pública para pedir a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, que vete el Proyecto del Senado 63 (PS 63), una medida que advirtieron representa un grave retroceso para el acceso a la información pública en Puerto Rico.
Pese a que los documentos existen y fueron sometidos a una entidad gubernamental, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) no entregó la información al Centro de Periodismo Investigativo.
Ante los reclamos de organizaciones periodísticas, activistas y comunitarias por el trámite atropellado que se le ha dado a la medida que obstaculizaría aún más el acceso a la información pública, Carlos “Johnny” Méndez aseguró que se atenderán las preocupaciones sobre la medida sin prisa.
A pesar del rechazo inequívoco de la sociedad civil, líderes comunitarios, medios de comunicación, la academia y los gremios periodísticos, el Proyecto del Senado 63 (PS63) —una medida que obstaculiza el derecho constitucional de acceso a la información pública— podría ser llevado a votación esta misma semana en la Cámara de Representantes, sin que se escuche a todas las organizaciones que lo han rechazado.
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Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos.
El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó.
El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.
Zayira Jordán Conde fue elegida presidenta de la UPR este sábado, sin el respaldo de los senados académicos, en un proceso politizado y falto de transparencia. ¿Por qué se eligió a la persona que mostró más debilidades ante la comunidad universitaria?
Para contrarrestar la propaganda de los funcionarios y los gobernantes, el licenciado Luis José Torres Asencio instó en su conferencia magistral a la prensa y a la ciudadanía a ejercer el derecho al acceso a la información con más frecuencia y vehemencia.
Adriana Gutiérrez Colón, representante de La Alianza entre el Partido Independentista de Puerto Rico y el Movimiento Victoria Ciudadana, fue la única en asistir al conversatorio sobre la agenda de los partidos en cuanto a asuntos de género y diversidad sexual que organizó el CPI.
