Varios días han pasado desde que un sinnúmero de funcionarios y sectores de la población le hayan pedido la renuncia a Juan E. Dávila Rivera. Él aún se mantiene en su puesto, mientras en Puerto Rico reina la incertidumbre electoral.
El último 26 de abril, la ciudadana peruana Miriam Grace presentó los primeros síntomas de COVID-19: dolor de garganta, acompañada de tos y fiebre. La alerta se encendió cuando, el 2 de mayo, su hermana María del Carmen y sus sobrinos Santiago y Antonella también registraron sus primeros síntomas, que iban desde las náuseas y vómitos hasta la pérdida del gusto y del olfato, según los informes oficiales del Ministerio de Salud del Perú y las entrevistas que el Centro de Periodismo Investigativo y Ojo Público realizaron a la familia. El 4 de mayo, Juan Francisco, padre de Miriam y María del Carmen, cayó enfermo con una tos recurrente, y el sábado, 9 de ese mes, el virus cobró la única víctima mortal de esta familia, que compartía un mismo hogar en la región de Piura, al norte del Perú. Edith, quien era la matriarca de esta familia piurana, falleció en su casa a causa de una infección por COVID-19, según el certificado de defunción. A causa de este deceso, el Ministerio de Salud de Perú acudió al hogar de Edith para realizar una prueba rápida de anticuerpos a las cinco personas que tuvieron contacto directo con ella durante los últimos días de su vida.
En terrenos de lo que fue la base de la Marina de Guerra de Estados Unidos Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, las casas que fueron habitadas por militares de comandos de operaciones especiales del ejército serán transformadas en villas con sistemas de energía solar y de recolección de agua de lluvia para los jardines. Sus ocupantes ya no serán militares, ni tampoco gente de las comunidades aledañas, sino turistas de la generación milenial.
Esa es la propuesta del más reciente complejo hotelero de lujo en una isla caribeña en donde más de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza. La nueva versión de la fantasía colonial se llama “Loopland”. Son 750 viviendas en línea, como en una urbanización, que colindan al norte con tierras de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, al sur y al este con aguas del océano Atlántico, y al oeste con terrenos protegidos propiedad del Departamento de Recursos Naturales administrados por la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Loopland fue presentado por el Gobierno con una ceremonia de colocación de la primera piedra: una imagen repetida y desgastada, un photo op para Wanda Vázquez, la gobernadora no electa, en plena campaña electoral, en medio de una pandemia.
Las deficiencias estructurales de los sistemas de enseñanza, la desigualdad social entre estudiantes y maestros, la brecha digital y la ausencia de procesos que integraran a las comunidades escolares en el diseño de los planes educativos, son dilemas no resueltos de cara al regreso a clases, sin que la amenaza de contagio por COVID-19 se haya disipado.
Ambas “fundaciones” serían declaradas nulas y ya aparecen como canceladas desde este martes a las 7:49 de la noche en el Registro de Corporaciones.
La ineficiencia administrativa bajo el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, la falta de fondos y la oposición del sector de las aseguradoras contribuyeron al retraso del funcionamiento del PRHIN.
COR3 asegura que no desembolsará fondos pendientes a las agencias hasta que no certifiquen que han resuelto todos los señalamientos encontrados en auditorías de la Oficina del Inspector General de EE UU.
Las restricciones adoptadas por plataformas como Facebook e Instagram para la compra de anuncios políticos en sus redes sociales en busca de mayor transparencia durante este ciclo electoral se quedan cortas ante la proliferación de cuentas creadas en las redes sociales por grupos que buscan hacer campaña o atacar a un candidato sin que se conozca quiénes las manejan o de dónde sale el dinero que las financia.
Algunos de estos grupos han pagado anuncios en las redes, televisión y vallas publicitarias sin estar registrados en la Oficina del Contralor Electoral por ser Súper Comités de Acción Política (Súper Pacs) inscritos en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Al igual que otros que sí están registrados en Puerto Rico, pueden gastar grandes sumas de dinero, sin límite.
Un Súper Pac de reciente creación en Puerto Rico recibió dos transferencias de $250,000 de dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas registradas el mismo día con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.
De momento irrumpe en la pantalla del televisor una imagen en blanco y negro de la gobernadora, Wanda Vázquez. Inmediatamente se escucha la voz de un locutor que dice “hay gente que tiene grandes habilidades para mentir y engañar”, seguido de extractos de varias entrevistas a la mandataria luego de juramentar como gobernadora en las que aseguraba no tener aspiraciones políticas. El anuncio termina con el estribillo “En Wanda Vázquez no se puede creer”, palabras que también aparecen en la portada de la página de Facebook de Salvemos a Puerto Rico creada el 19 de junio de este año. Con apenas unos cientos de seguidores, esta página administrada desde Virginia ha gastado hasta $10,496 en publicidad en Facebook e Instagram para promocionar vídeos contra la Gobernadora con el potencial de alcanzar a millones de personas, de acuerdo con la información que publica Facebook.
Salvemos a Puerto Rico es un Súper Comité de Acción Política que se dedica a hacer campañas independientes a favor o en contra de candidatos o partidos políticos que fue registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con sede en Virginia, por el CPA Joseph Fuentes, conocido como Joey Fuentes Fernández quien ha estado vinculado al candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. El pasado 25 de junio, este Súper Pac recibió dos donativos de $175,000 y $75,000 de Fundación Pro Igualdad, Inc.y Foundation For Progress, Inc., respectivamente.
Durante el pasado ciclo electoral, Fuentes Fernández registró en la FEC el Súper Pac PRP, INC. PAC.
Entre abril y el 30 de junio la Guardia Nacional desembolsó $4.3 millones en compras relacionadas a la emergencia.
El deteriorado y fragmentado sistema de salud de Puerto Rico representa un riesgo para la vida y la salud de los puertorriqueños, lo que se ha demostrado en los pasados años durante las emergencias del huracán María, los terremotos y ahora con la pandemia del COVID-19.
Son más los peloteros que firman con una organización profesional luego de completar su cuarto año de escuela superior que los que lo hacen con un grado académico superior.
El jurado escogió dos propuesta de crónicas: una sobre las problemáticas raciales y el acoso en el sistema público de enseñanza, y otra sobre el destino de un grupo de jóvenes de escuela superior que dedicaron su vida al deporte.
La jueza Roques Arroyo estableció el jueves en la noche un término de 10 días al secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, para mostrar causa por la cual no deba entregarse la información solicitada por el CPI.
The Facebook Journalism Project announced today it is awarding $16 million in funds to support the operations of more than 200 news organizations in the United States and the territories. Among those selected is the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish), which will receive a contribution of $100,000 for its coverage related to the coronavirus pandemic through investigations, fact checking and litigation. The CPI was chosen among 2,000 news outlets that competed for the COVID-19 Local News Relief Fund Grant Program. Almost 40% of the media outlets selected are digital publications and just over one-third are nonprofit entities. Campbell Brown, vice president of global news partnerships at Facebook, said about the staff of the selected entities that: “Not only are these journalists working tirelessly to serve people right now, but they’re focused on transformation, building innovative local news businesses that can continue to serve communities beyond the current pandemic.”
In keeping with the goal of the funding program, which aims to lay the foundation for the selected media outlet’s sustainability, in the CPI’s case, it will be invested in journalists, photojournalists, analysts and data experts, litigation expenses, equipment, publication in social networks, as well as in the general administration of the organization’s operations, among other areas.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió este viernes de parte del Departamento de Justicia la Base de Datos de Mortalidad en Puerto Rico desde el 2007 hasta el 6 de mayo de 2020, como resultado de la demanda incoada por la organización el pasado 28 de abril. Una revisión preliminar de los datos recibidos revela que la información está incompleta. Entre las deficiencias detectadas figura que el mes de abril de 2020 refleja menos de 2,000 muertes, cuando por los pasados seis años las muertes mensuales en Puerto Rico de enero a abril han excedido las 2,200. En lo que va del 2020, no ha habido un mes en que las muertes mensuales en Puerto Rico hayan sido menos de 2,500 lo cual representaría una diferencia de sobre 600 muertes menos en abril con respecto a enero, febrero, e incluso marzo, cuando Puerto Rico ya vivía una cuarentena. Otros indicadores de que la Base de Datos entregada está incompleta para el año 2020 son el hecho de que la principal causa de muerte está en blanco en el 15% (1,495) de las 9,771 muertes incluidas para 2020, y que para el 6 de mayo solo se incluyen tres muertes cuando en Puerto Rico mueren en promedio de 50 a 60 personas al día.
Los papelones de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en el caso de acceso a la información que presentaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo para obtener informe de la investigación sobre el almacén de suministros en Ponce, deben parar. Son demasiados. Como si no fuera suficiente con el acto mismo de que el Gobierno dejara sin distribuir oportunamente los suministros disponibles a la gente que los necesitaba. Se siguen usando recursos del Estado para ocultar un documento que a todas luces la ciudadanía tiene el derecho a conocer. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe.
El informe sometido por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros en Ponce es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced. No obstante, el Gobierno reclama dos excepciones que evitarían que se divulgue si el tribunal las estima válidas: que el informe alegadamente constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido.
Durante la vista judicial en el caso de acceso a información presentado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Gobernadora entregue el documento, los abogados del Gobierno solicitaron a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desestime la demanda invocando inicialmente la teoría legal de que la investigación realizada por el NIE es parte de la pesquisa del Departamento de Justicia.
El informe del NIE fue encomendado por la Gobernadora para hacer la evaluación en un periodo de 48 horas de lo ocurrido en el almacén de suministros en Ponce, y una vez recibido, fue referido a Justicia por Vázquez Garced.
El NIE ya no es parte del Departamento de Justicia (DJ) desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. El Gobierno trató de hacer ver que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que trabajan en coordinación. Una moción de solicitud de desestimación de la solicitud de información fue recibida una hora antes de la cita en el tribunal. Durante la vista, los abogados del Departamento de Justicia (representando al Gobierno), Tania L. Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodóvar, intentaron demostrar que tanto la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, como la ley orgánica del Departamento de Justicia sostienen que el documento es confidencial hasta tanto culmine la investigación de Justicia.
La jueza Roques Arroyo insistió en varias ocasiones en que los abogados del Gobierno explicaran de dónde surge tal apreciación.
“Existe un sistema que trabaja en muchos países de América Latina que para la corrupción y para la impunidad… Un sistema, incluso, donde la sociedad a menudo no quiere ver. Prefiere no saber. Prefiere olvidar que es su dinero el que termina en el bolsillo de los funcionarios y los empresarios corruptos. Que el dinero de sus impuestos directos e indirectos es el que termina financiando yates, mansiones de lujo, fiestas, champagne, joyas y, en última instancia, impunidad,” dijo el periodista argentino Hugo Alconada Mon, quien invitado por el Centro de Periodismo Investigativo dictó el jueves en la noche la Conferencia Magistral El dinero de la gente en el bolsillo de los políticos en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico.
La investigación sobre los temas relacionados al cambio climático y el calentamiento global ya no es una gestión exclusiva de profesionales que trabajan alguna rama de la ciencia. El impacto que estos procesos tienen en nuestras vidas y entornos de convivencia, hacen que la educación ciudadana sobre estos temas sea indispensable. De igual forma, quienes ejercen el periodismo deben tener una comprensión holística sobre los cambios acelerados que el planeta ha experimentado en las pasadas décadas, así como las proyecciones para los próximos años. Solo así se podrá informar al público sobre las implicaciones de estas dinámicas atmosféricas y el rol del ser humano en estos procesos. Asimismo, el periodista podrá contar con las herramientas para ejercer una labor fiscalizadora de los grupos de poder que, de alguna manera u otra, podrían desarrollar e implementar estrategias de mitigación ante la realidad de que las temperaturas promedio del planeta Tierra podrían continuar aumentando en los próximos años.
