Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?

Un niño de tres años falleció la noche del miércoles en Vieques por complicaciones de salud antes de que fuera transportado en avión al Hospital HIMA San Pablo de Fajardo, donde debía recibir la atención médica que no estaba disponible en la isla municipio. El alcalde de Vieques, José Corcino, quien es también amigo de la familia, contó que el niño, Jahn Hill Rivera, había estado hospitalizado en Fajardo la noche antes y había sido dado de alta el miércoles en la mañana. En la tarde, su mamá, Francheska Rivera, vio que el estado del menor empeoraba y lo llevó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques, que desde 2018, es una clínica temporal ubicada en un refugio. De acuerdo con el informe de la Policía, los doctores que lo atendieron ordenaron su traslado a la isla grande, pero, al salir hacia el aeropuerto, la condición del niño se complicó aún más, por lo que los paramédicos tuvieron que regresar al CDT. Allí, los médicos identificados como Dr. Cruz y Dra.

El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.

Es viernes y es día de cobro. Abuelo dice que de vez en cuando es bueno apostar unos pesitos “para probar la suerte”. Por eso estamos en una agencia hípica preparando un cuadrito, con mascarilla puesta, las manos pegajosas por el hand sanitizer y unas cuantas “orejitas” sobre la mesa. Quiero jugarle a un caballo que hace cinco años no corre. Se llama Cachupito y es el número once de la sexta carrera.

Pedazos de cemento, piedras, desperdicios de construcción y algunos escombros separan la costa elevada en la comunidad Barrio Obrero de Arecibo del car wash con vista al mar en el cual trabaja Christian. El hombre, quien lleva toda su vida residiendo en esta comunidad, explica cómo han sido los vecinos quienes han intentado buscar opciones para enfrentar la erosión costera acelerada de los últimos años. El resultado ha sido una especie de relleno hecho con desechos de construcción, como para ganar terreno al mar. Con tono de resignación, dice que los políticos municipales se asoman por allí en pocas ocasiones, y que esas visitas esporádicas casi siempre ocurren durante el período de campañas electorales. “Como esto es un barrio pequeño, a casi nadie le importa”, dice al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), mientras busca el líquido de brillar gomas de carro.

Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

En tiempos recientes, y cada vez más, he escuchado en medios de comunicación y de la boca de funcionarios las frases: “los datos son los datos” y “el dato objetivo es…”. Quienes pronuncian estas frases lo hacen como si fueran argumentos reveladores, como si decirlas les diera noción absoluta y verdadera sobre cualquier problema. Como si dijeran “esta es la única realidad” para agarrar la verdad por el mango y acabar la discusión. Escucho estas frases y me preocupa que quienes las enuncian no sólo no entienden la definición de la palabra dato, sino que también ignoran la historia y las prácticas de las ciencias — sociales y naturales — que han acercado el periodismo a la metodología, la precisión y el detalle, razón por la que hace décadas se practica el periodismo de datos. Empecemos por definir el término.

El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto. El DV pagó $5,817,382 por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María. Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.