El caso de varias propiedades en la costa de Arecibo es una muestra de lo que ocurre en otras áreas del país, pero el Municipio ni Recursos Naturales toman acción, mientras se permiten construcciones en la zona afectada por la erosión.
La experiencia de comunidades en Isabela y en Vega Baja muestra que el Gobierno de Puerto Rico actúa en contra de las recomendaciones de expertos y de su propia política pública, que se supone proteja los recursos costeros.
Pese a las vacunas y a la disponibilidad de medicamentos para el COVID-19, en 2022 murieron 35,400 personas en la Isla, la mayor cifra de los últimos 20 años.
Tras meses de negociaciones, directivos de AES Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica acordaron negociar contratos adicionales para rescatar financieramente a la corporación privada.
Ante la negativa de la Compañía de Turismo a entregar la lista de los negocios de alquiler a corto plazo en Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo presentó un recurso especial.
El Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud sufrieron una derrota judicial en su intento de detener la demanda por daños y perjuicios que presentó la familia de Jaideliz Moreno Ventura tras la muerte de la adolescente, de 13 años, en la isla municipio de Vieques, por falta de servicios médicos.
La Escuela Josefina Quiñones, en Río Grande, fue cerrada por el Gobierno en 1997. Es una joya arquitectónica y quedó abandonada por años hasta que se convirtió en el escenario de una experiencia musical transformadora. Acompaña a los periodistas Nore Feliciano y José Encarnación, y descubre cómo la Banda de Río Grande, enfrentándose a la falta de recursos y apoyo, decidió rescatar esta escuela olvidada.
Universal Properties Realty, que manejaba los estorbos públicos en 22 municipios, no depositó en una cuenta de plica el dinero de los compradores y ahora no les responde.
Tras el proceso eleccionario con más candidatos de su historia, los miembros del Institute for Nonprofit News (INN) seleccionaron a la periodista y directora ejecutiva de Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico, Carla Minet, como una de las nuevas integrantes de su Junta de Directores.
Un suplemento del Gobierno incluye información engañosa sobre la cantidad de escuelas.
En 2023 la Isla ha experimentado índices de calor por encima de los 115 grados Fahrenheit, y el mes de septiembre cerró como el más caluroso desde 1899.
Las operaciones fueran paralizadas por el Municipio de San Juan por incumplir con los permisos requeridos.
Los educadores de las islas municipio hicieron un llamado a la legislatura y a la secretaria interina.
Los datos incompletos sobre las defunciones de los últimos dos años entregados por el Registro Demográfico al Centro de Periodismo Investigativo causaron que esta organización volviera a demandar al secretario de Salud, Carlos Mellado López, y a la directora de dicha agencia, Wanda Llovet Díaz.
El Centro de Periodismo Investigativo demandó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, para que cumpla con su deber de entregar información pública sobre expedientes en su poder relacionados a tres querellas ambientales.
Los periodistas becados forman la mayor representación de países del Caribe que se unen en proyectos colaborativos con el CPI.
San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el medio feminista Todas recurrieron hoy al Tribunal de Primera Instancia en contra del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y su rector Agustín Rullán Toro para que entregue un desglose de los datos de hostigamiento sexual en dicho campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El caso se radica en momentos que Puerto Rico lleva casi dos años oficialmente bajo una declaración de emergencia por violencia de género para concentrar los recursos del Estado en la prevención y atención especial a la alta incidencia de estos delitos, que se suelen manifestar como violencia física y sexual, maltrato emocional y psicológico, acecho y acoso sexual.
“Desde esta perspectiva, el derecho al acceso a la información pública es la herramienta desde la cual la ciudadanía, representada aquí por dos entidades dedicadas a la divulgación rigurosa y crítica de información noticiosa, puede no sólo fiscalizar el caminar de sus gobiernos, sino insertarse e incidir sobre él”, plantea el recurso de mandamus radicado desde la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en la Sala Superior de Mayagüez.
El CPI y Todas denunciaron que han pasado once meses desde que hicieran la solicitud original de información a la oficina de prensa del RUM y solo han recibido una lista agregada de 16 casos sin detallar género, tipo de persona que hizo la querella de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente), ni año académico en que se registró, entre el 2011 al 2022.
Las universidades de Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con la ley federal conocida como el Título IX del Education Amendments of 1972 que protege a las personas de discriminación por razones de sexo en programas o actividades de enseñanza que reciben ayuda económica federal.
Los datos que recopila la Oficina Título IX del RUM son necesarios para examinar la atención de las instituciones universitarias a las sobrevivientes de violencia sexual, los esfuerzos de prevención y las garantías que ofrecen de un ambiente libre de discrimen por razón de género.
Además, con esta información se busca una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones que reciben ayuda económica federal.
“La información solicitada por el CPI y Todas es información pública y de alto interés público para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “El abuso sexual es común entre estudiantes mujeres de todas las edades y razas. En Puerto Rico, varios medios, incluyendo Todas, han reportado sobre este tema y las víctimas y sobrevivientes han denunciado falta de diligencia de las universidades ante este problema”, apuntó Cristina del Mar Quiles, cofundadora y editora de Todas.
Ambos medios noticiosos, que tienen en conjunto una Unidad Investigativa de Género para la publicación de reportajes especializados en este tema, plantearon que luego de agotar todos los remedios administrativos disponibles sin obtener resultados positivos la única alternativa restante en ley era pedir al tribunal este mandamus. La negativa del Recinto a proveer la información pública según solicitada, alegan, lacera su derecho al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.
La periodista María Cristina Muñoz Vega inició la gestión el 12 de septiembre de 2022 mediante un correo electrónico a la Dra. Mariam Ludim Rosa Vélez, directora de la Oficina de Prensa de la UPR-RUM.
El 17 de noviembre, UPR-RUM remitió a la periodista un documento con respuestas parciales e incompletas a las preguntas, junto con declaraciones escritas del Dr. Gustavo Cortina, director de la Oficina de Calidad de Vida y Oficial del Título IX del recinto y del rector Rullán Toro.
En los meses siguientes, en 2023, Muñoz Vega dio seguimiento a su pedido y reiteró el reclamo del desglose estadístico. Inclusive, la periodista inquirió sobre si el recinto de Mayagüez tenía alguna tabla de inventario de casos atendidos similar a la que publica el Recinto de Río Piedras de la UPR.
El recurso pide al tribunal que ordene al rector cumplir su deber ministerial de entregar cuántas quejas recibió la oficina, fueron desestimadas, resueltas mediante procedimientos formal e informal, la determinación final de cada una, las que no han resuelto y por qué, y cuántos casos de reincidencia se han reportado. Y todo lo anterior de forma desglosada por género; el tipo de persona que hizo la queja de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente); y año académico desde el 2011-2012 hasta el 2021-2022.
Además, se solicitó al Tribunal que ordene a la institución a divulgar esta información de forma prospectiva cuando le sea solicitada, en los mismos términos, cumpliendo con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm.
Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas de gobierno.
El 2022 fue el año más caliente en récord de nuestro planeta con una temperatura promedio de 1.55 grados Fahrenheit, superando al 2021, según informó este mes el Centro de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos.
Con música de bomba y una exhibición fotográfica, veinte jóvenes de Arroyo, Patillas, Guayama, Salinas y Santa Isabel celebraron el cierre de la segunda edición de Medioscopio, el proyecto de alfabetización mediática y desarrollo de reporteros ciudadanos que impulsa el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La actividad de clausura — realizada en la Casa Comunitaria de Medios, en Salinas — fungió como un espacio de exhibición de los proyectos finales de los jóvenes. Mediante la presentación de imágenes de la comunidad de Aguirre, textos descriptivos, un podcast y un videorreportaje, los invitados del evento apreciaron la evolución del trabajo realizado por los participantes. El grupo Bomba Cunyabe amenizó con la interpretación de siete canciones que propiciaron el baile entre los jóvenes.
A través de Medioscopio, los jóvenes recibieron capacitación sobre cómo consumir información de manera crítica y producir sus propias historias, y las de sus comunidades, durante 11 sábados en la sede de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), en Aguirre. Aprendieron sobre el periodismo ciudadano, acceso a la información pública, racismo ambiental, creación de contenido no sexista, fotografía y dicción, entre otros.
Tres ingenieros expertos en políticas públicas energéticas señalaron, durante su participación en el Caribe Fest, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo, que aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un sistema eléctrico resistente a huracanes debido a la falta de fondos y organización, a pesar de la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático. Las plantas de generación eléctrica ni siquiera se encuentran en un estado óptimo para enfrentar la temporada de huracanes que comienza el próximo mes, según la subdirectora ejecutiva de Operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary C. Zapata Acosta.
La Isla se encuentra en un proceso de transformación energética que busca hacer frente a la vulnerabilidad de su red eléctrica ante los huracanes, promoviendo la utilización de energías renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Para lograrlo, organizaciones comunitarias como Cambio y Queremos Sol, así como un estudio auspiciado por el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés), proponen la instalación de paneles solares en los techos de las casas y baterías que cubran las necesidades energéticas de los más desfavorecidos.
La ingeniera Zapata Acosta expresó que la red enfrenta desafíos para integrar la creciente cantidad de energía renovable disponible.
“Es necesario mejorar el equipo y los transformadores, y LUMA Energy debe implementar proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales para mejorar las líneas y subestaciones existentes”, dijo Zapata Acosta. LUMA está a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. La AEE opera la generación, una tarea que la nueva empresa privada Genera asumirá a partir de este verano.
Cuando se habla de resiliencia a huracanes, también es importante la preparación de la infraestructura de generación.
