Los traumas relacionados con los desastres naturales seguirán repitiéndose según el calentamiento global propicia el desarrollo de tormentas y huracanes con un potencial de destrucción cada vez mayor.

Antes de que se reportaran los primeros casos de COVID-19, las contrataciones públicas ya representaban uno de los mayores riesgos para cometer corrupción, dijo Nicolás Penagos, jefe de Programas en Latinoamérica para Open Contracting Partnership, una organización dedicada a implementar procesos de contrataciones abiertas en colaboración con gobiernos, compañías y entidades de la sociedad civil. La pandemia ha demostrado además, que los problemas de la contratación van más allá de la corrupción. “Hay ineficacia, falta de coordinación e ineptitud, que no necesariamente es querer robarse la plata. [En Puerto Rico], un país que recibe huracanes casi todos los años, no se puede pretender que las contrataciones siempre sean de emergencia”, añadió Penagos. El COVID-19 aumentó la demanda en los suplidos médicos y afectó las cadenas de suministros, provocando que comenzara una competencia feroz a la vez que se flexibilizaban los procedimientos para comprar artículos de emergencia.

En el anuncio del Gobierno de Puerto Rico esta semana sobre el plan de acción para atender el impacto de la erosión costera se ignoró el rol que por mandato de ley tienen los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para manejar este asunto que afecta los municipios costeros del país. Más allá de no haber ningún miembro científico de ese Comité presente en el anuncio, no se les consultó sobre el plan presentado, confirmó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El pasado 2 de septiembre, La Fortaleza anunció que ese día se reunió un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción para atender la erosión costera. El encuentro, que incluyó jefes de agencia de Puerto Rico y representantes del Gobierno federal, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar. El CPI tuvo comunicación con cinco de los nueve integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y aunque todos informaron haber recibido una invitación para la reunión, al menos cuatro miembros de los seis integrantes científicos dijeron desconocer de qué se trata el plan de acción anunciado y mostraron preocupación de que el Gobierno no haga valer la Ley 33, que entró en vigor el 1 de julio de 2019.

De los $20.2 mil millones asignados en fondos de recuperación luego del huracán María mediante el programa Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), Puerto Rico tiene la aprobación para utilizar apenas un 16%, es decir, $3.2 mil millones. De ese dinero disponible, el Gobierno solo ha usado 2%, al cierre del año fiscal 2020. El proceso burocrático y las restricciones del Departamento de Vivienda federal, sumados a los cambios continuos de personal, y de planes del Gobierno de Puerto Rico, inciden en la demora del desembolso del dinero, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Al cierre del año fiscal, el 30 de junio, se habían desembolsado $67 millones, según la oficina interagencial federal Recovery Support Function Leadership Group (RSFLG), es decir, un 76% de lo proyectado por el Plan Fiscal 2020 certificado por la Junta de Control Fiscal. Algunos de los proyectos de recuperación han cambiado de agencia responsable; otros han sido cancelados.

En el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, con 169,269 habitantes, al menos 10 semáforos continúan inoperantes desde que fueron impactados por el huracán María en septiembre 2017, y el gobierno municipal de Bayamón y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se responsabilizan mutuamente por la lentitud del proceso de reparación. No fue hasta julio del 2020, más de dos años y medio después del huracán, cuando finalmente ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que le permitirá al DTOP solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fondos de recuperación dirigidos a la reparación de los semáforos. La firma del acuerdo se dio justamente una semana después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitara al municipio de Bayamón la lista de los semáforos que continúan inoperantes desde el huracán María. En un recorrido en carro, que incluyó entrevistas con residentes y comerciantes de Bayamón, el CPI identificó 10 semáforos que continúan inoperantes desde el paso del ciclón el 20 de septiembre de 2017, en las intersecciones: avenida Betances y calle Tomasa Lozada; avenida Betances y calle F; calle Comerío y calle Tomasa Lozada; carretera 830 y calle 2; carretera 199 y carretera 831; calle 37 y calle España; carretera 167 y carretera 855; avenida Principal Oeste y calle II 44; avenida Orquídea y carretera 862; carretera 862 y carretera 863. De estas 10 intersecciones, tres son de jurisdicción municipal, tres están en carreteras del gobierno central exclusivamente y cuatro están ordenadas por el cruce de una vía municipal con una estatal.

CRÓNICA

Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

La burocracia en el manejo de los fondos y la dejadez de las agencias responsables han sido la traba para el acceso al dinero