Una ley que entró en vigor a principios de 2023 obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a preparar un plan de mitigación para manejar las acumulaciones extremas de sargazo. La agencia dice que el poco tiempo para cumplir con lo ordenado, así como algunas lagunas legales en el ámbito federal, representan un reto para hacer el plan.
Entre la música de fondo, el ruido de los comensales y el tintineo que producían al chocar sus dos vasos de whisky Macallan a las rocas, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, a quien se le conoce en los medios como Sixto George, narra en el restaurante Musa, en Santurce, al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, la estrategia mediática que propone. Repite el playbook que, alega, ya había usado antes para favorecer a la administración de Luis Fortuño. Maceira graba la conversación sin advertirle a Díaz Colón. La grabación, hecha por iniciativa propia, según Maceira, fue utilizada parcialmente en el juicio contra el productor. La defensa de Sixto George hizo pública la transcripción de esta reunión en una moción al tribunal en la que el productor pide que se le permita divulgar evidencia y se opone a la petición de la Fiscalía de que la prueba del caso sea destruída.
Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataformas web de trabajo y enmiendas del Gobierno a las guías del programa, son las principales razones del retraso en los proyectos del PRC, a juicio de funcionarios de 10 municipios entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo.
Tres proyectos que se encuentran en etapa de diseño para la zona portuaria en San Juan forman parte de una visión de desarrollo que comprende Viejo San Juan, Puerta de Tierra, Isla Grande, Miramar y Condado y que cambiaría no solo la geografía del área sino también su composición poblacional. El geógrafo y planificador urbano Carlos Guilbe López sostuvo que los proyectos en la zona portuaria cambiarán la geografía de la capital más allá del Viejo San Juan porque son parte de una visión de desarrollo que incluye desde el frente marítimo hasta el Distrito de Convenciones. “Estamos hablando de un gran cambio en el patrón de uso de terrenos. Estamos hablando de lo que es un terreno de cruceros para que sea ahora de usos múltiples, como viviendas, yates, corredores peatonales, comercio al detal especializado. Eso que se está cocinando para San Juan”, expresó Guilbe López.
El catedrático Carlos Guilbe Lopez, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.Foto por Ricardo Arduengo | Centro de Periodismo Investigativo
Según el catedrático del Recinto de Río Piedras de la UPR, las propuestas en la zona de Bahía Urbana, así como en otros muelles de Puerta de Tierra, vienen a completar proyectos que fueron construidos en la primera década de este siglo, como el caso del complejo de apartamentos de lujo Paseo Caribe.
La construcción de un paseo marítimo, un parque de aventuras ecológico, una playa urbana, artesanías, arte callejero, y una “oferta de comida auténticamente chinchorrera” (authentic chinchorro dining offering) son parte de lo que se propone construir en los muelles 6, 7 y 8 de la Bahía de San Juan, que están en zona inundable, según los mapas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
El arrendamiento de los muelles 6, 7 y 8 — conocidos como Bahía Urbana — que el Gobierno de Puerto Rico otorgó a la compañía Funco LLC por al menos 20 años no solo dejará en manos privadas todos los muelles de la Bahía de San Juan, sino que también alterará el paisaje, la infraestructura y la narrativa cultural del área portuaria, según se evidencia en los documentos producidos por IDEAS, la firma de diseño estadounidense contratada para trabajar los cambios propuestos.
“Estamos seguros que este desarrollo establecerá un nuevo estándar dorado sobre lo que son las narrativas culturales, al tiempo que redefine lo que un destino portuario puede llegar a ser”, expresó la empresa a través de un comunicado redactado por Bob Allen, Chief Storytelling Officer de IDEAS, quien trabajó en Disneylandia y ahora se encarga de desarrollar narrativas que capten la atención y provoquen fascinación sobre los negocios de los clientes de esta compañía.
Además de los muelles 6, 7 y 8, hay otros dos proyectos que implican profundos cambios a la infraestructura del Viejo San Juan: la construcción de un hotel Hard Rock de cara a la bahía, detrás del Departamento de Hacienda; y la remodelación de los muelles 9 y 10 para yates de lujo. Asimismo, el Gobierno anunció en agosto de 2022 una alianza público privada por 30 años con el fin de modernizar los muelles 1, 3, 4, 11 al 14 y Panamericanos I y II. El propulsor del proyecto en los muelles 6, 7 y 8 y presidente de Funco LLC, Jacobo Ortiz Blanes, indicó que la atracción está dirigida principalmente a los turistas que llegan en cruceros y que no tienen mucho tiempo para conocer lugares icónicos de Puerto Rico como El Yunque, las playas y las plazas de mercado. La inversión privada para este proyecto será de $118 millones. El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi y la directora ejecutiva de la Autoridad del Centro de Convenciones, Mariela Vallines Fernández, anuncian junto a un grupo de empresarios el desarrollo de la nueva Bahía Urbana.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.
El 2022 fue el año más caliente en récord de nuestro planeta con una temperatura promedio de 1.55 grados Fahrenheit, superando al 2021, según informó este mes el Centro de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos.
También bautizadas como redes de mercadeo, o network marketing, estas empresas necesitan del constante reclutamiento de nuevas representantes y consultoras, cuyas ventas alimentan las comisiones de otras personas en niveles más altos de la organización y aportan ingresos a la compañía. Su objetivo principal son las mujeres. Según un estudio realizado por AARP en 2018, el 60% de las personas que trabajaban en este tipo de empresas en Estados Unidos son mujeres.
Un testimonio que no desfiló en corte durante el juicio criminal contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón es el del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien dio una versión de los hechos al Negociado Federal de Investigaciones distinta a la ofrecida en corte por su exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Control Fiscal sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública.
¿Cuándo será la vista? La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/
¿Cuál es el asunto esencial por discutirse? Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.
La terminación del acuerdo ocurrió luego de que la Oficina del Inspector General ordenó a la agencia “a mostrar causa sobre la otorgación del contrato”, 20 días después de que el CPI revelara que esa charter tuvo señalamientos de la Oficina del Contralor de Nueva York y que un incorporador de la Neighborhood Association For Inter-Cultural Affairs – Puerto Rico, Richard Izquierdo Arroyo, se declaró culpable por malversar fondos en otra organización sin fines de lucro que presidió en Nueva York. NAICA-PR sería la organización sin fines de lucro que administraría la EPACIAD.
En Vieques residen aproximadamente 600 adolescentes entre las edades de 15 y 19 años, pero hoy Eddie es el único adolecente en este parque, que es el único que cuenta con alumbrado en todo el territorio que fue ocupado durante décadas por la Marina de Guerra de EE. UU. para realizar ejercicios militares.
Ernesto Del Rosario Camareno, estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tuvo que esperar más de siete meses y acudir al tribunal de Humacao para lograr acceso a información pública en poder del Municipio de Las Piedras, donde reside.
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe este próximo miércoles 11 de enero el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública aquilatará los argumentos de más de 30 entidades y 19 profesores de derecho que manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte.
La Junta de Control Fiscal (JCF) alega que, como entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana” y no tiene que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el CPI. Sin embargo, ningún foro le ha dado la razón hasta ahora y el Tribunal Supremo federal nunca ha decidido que el territorio de Puerto Rico tiene inmunidad como la de un estado. Entre las entidades que comparecieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigos de la corte o amicus a favor del CPI están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; y Clemente Properties. “La petición de información del CPI se ha convertido en un reclamo del país entero y de importantes instituciones y personas que rechazan el comportamiento prepotente de la Junta en Puerto Rico. Intentar estar por encima de todo, de manera que nadie les pueda fiscalizar, es inaceptable”, dijo la directora del CPI, Carla Minet.
Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez.
Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.
A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Uno de los principales retos que enfrenta la prensa en la cobertura de personas trans y no binaries es la falta de conocimiento y sensibilización. Es muy común leer, en las noticias, el uso incorrecto de pronombres y escuchar en la radio o en la televisión el nombre muerto o asignado al nacer, entre otras manifestaciones de discrimen y revictimización.
Kimberly Figueroa Calderón, organizadora comunitaria del Colectivo Ilé, impartió un taller a periodistas sobre buenas prácticas para informar responsablemente sobre las comunidades negras y racializadas en Puerto Rico.
