La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.

A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta. 

Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón. 

“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.