De los 11 recintos, Río Piedras sufrió el mayor aumento en el gasto por electricidad, al quedar corto por más de $4 millones del dinero presupuestado para este servicio.
Ni en el proceso judicial contra Sixto Díaz Colón ni en la auditoría de la Oficina del Contralor Electoral se desveló que de los $200,000 que facturó D.R. Consulting al Comité de Ricardo Rossello por asesoría durante el Verano 2019.
La principal recomendación del informe aprobado el pasado miércoles es legislar para que sea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la agencia que reciba, maneje e investigue las querellas de violencia de género que involucren a miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico para que luego sean consultadas con un fiscal ajeno a la región en la cual trabaja el querellado.
A la empresa se le imputa haber retenido indebidamente $1.5 millones en sus operaciones en Caguas, hacer representación falsa del Municipio e inflar sus facturas.
El recorrido por las montañas ofrece las vistas naturales más emblemáticas de Puerto Rico, mientras refleja el abandono gubernamental, la lentitud de la reconstrucción poshuracán María y la urgencia de fondos para un nuevo plan de manejo.
Una pequeña compañía de tecnología llamada SupportPR, de un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi, ha dominado y establecido pautas de contratación en los trabajos de tecnología en el Departamento de Salud desde la pandemia y que superan los $144 millones.
Tres ingenieros expertos en políticas públicas energéticas señalaron, durante su participación en el Caribe Fest, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo, que aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un sistema eléctrico resistente a huracanes debido a la falta de fondos y organización, a pesar de la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático. Las plantas de generación eléctrica ni siquiera se encuentran en un estado óptimo para enfrentar la temporada de huracanes que comienza el próximo mes, según la subdirectora ejecutiva de Operaciones en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary C. Zapata Acosta.
La Isla se encuentra en un proceso de transformación energética que busca hacer frente a la vulnerabilidad de su red eléctrica ante los huracanes, promoviendo la utilización de energías renovables y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles. Para lograrlo, organizaciones comunitarias como Cambio y Queremos Sol, así como un estudio auspiciado por el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés), proponen la instalación de paneles solares en los techos de las casas y baterías que cubran las necesidades energéticas de los más desfavorecidos.
La ingeniera Zapata Acosta expresó que la red enfrenta desafíos para integrar la creciente cantidad de energía renovable disponible.
“Es necesario mejorar el equipo y los transformadores, y LUMA Energy debe implementar proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales para mejorar las líneas y subestaciones existentes”, dijo Zapata Acosta. LUMA está a cargo del sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica. La AEE opera la generación, una tarea que la nueva empresa privada Genera asumirá a partir de este verano.
Cuando se habla de resiliencia a huracanes, también es importante la preparación de la infraestructura de generación.
La decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno. Esto es algo sin precedentes hasta para el Gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.
“El tema del cambio climático está atravesado por el capitalismo, el colonialismo y el racismo”. Así lo afirmó Gloriann Sacha Antonetty Lebrón, fundadora y editora de Revista étnica, durante su participación en el panel Intersecciones de pobreza, raza, género y crisis climática, como parte de las actividades del Caribe Fest que se llevó a cabo del 4 al 6 de mayo en el Viejo San Juan.
Antonetty Lebrón estuvo acompañada en el panel por Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (Idebajo), en una mesa moderada por los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) José Encarnación y Cristina del Mar Quiles — también cofundadora del medio de periodismo feminista Todas.
Explicaron que existe una intersección entre la crisis climática y la pobreza, las personas racializadas y el género, que se percibe, por ejemplo, en los eventos de desplazamiento de comunidades vulnerables en Puerto Rico.
Antonetty Lebrón evocó el aspecto histórico del racismo y las personas esclavizadas para mostrar las experiencias que han atravesado comunidades vulnerables en el sur de Puerto Rico, la población histórica de la Calle Loíza en Santurce, así como residentes de las islas municipio de Vieques y Culebra.
“El racismo, la trata, la esclavitud… lo que hizo fue deshumanizarnos y dar la razón para explotarnos; quebrantar nuestro espíritu, explotar nuestras tierras, hacernos trabajar de manera forzosa la tierra y, pues, una vez llegamos a gozar un poco de los recursos naturales, sabemos que son recursos que están constantemente en amenaza: los saquean, nos desplazan”, comentó la editora de la Revista étnica.
Los periodistas José M. Encarnación Martínez y Cristina del Mar Quiles moderaron el panel que contó con Roberto Thomas (Idebajo) y Gloriann Sacha Antonetty Lebrón (Revista étnica).Foto por Joan Camille Cruz | Centro de Periodismo Investigativo
Añadió que el racismo y la esclavitud son un “aspecto histórico y personal”, pues son traumas que se pasan de “generación en generación”. Thomas, por su parte, comentó que la crisis climática no sólo está vinculada al capitalismo, sino que se debe también al colonialismo. Mencionó que históricamente, en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, se observa que la cultura puertorriqueña es considerada inferior, y esto se manifiesta en la afirmación continua de que los puertorriqueños no son capaces de autogobernarse. Desarrollo a expensas del desplazamiento
El desarrollo del turismo a través de la construcción de hoteles, edificios de lujo y el uso de propiedades para alquileres a corto plazo por medio de plataformas como Airbnb han sido a costa del desplazamiento de comunidades que históricamente han vivido en ciertas áreas de Puerto Rico, dijeron los panelistas.
“La perspectiva para las islas no es fácil”, dijo al referirse a la experiencia de las Islas Marshall en el Pacífico la experta en gobernanza climática Rueanna Haynes, durante la conferencia magistral Retos principales de la crisis climática global para el Caribe, ofrecida en el marco del Caribe Fest, un evento organizado en Puerto Rico por el Centro de Periodismo Investigativo. Haynes mencionó que allí se ha tenido que proteger todo el litoral costero de la pérdida de corales porque si estos desaparecen — como podría pasar — también desaparecerá una de sus islas. A nivel global, se estima que con un aumento en temperatura de 2℃ (35.6°F) no quedarán arrecifes de coral. Actualmente, la temperatura es de 1.1℃ (33.98°F), pero para 2030 habremos perdido la oportunidad de mantenerla bajo control.
“Todos los que viven hoy experimentarán el impacto de tener un planeta más caliente”, expresó Haynes.
Las islas caribeñas como Puerto Rico, antes de llegar a este punto dramático de desaparecer, podrían ver como consecuencia que el agua dulce se volverá demasiado salada para beber, las comunidades costeras desaparecerán y las temperaturas serán tan elevadas que será difícil o incluso, imposible, la supervivencia. También se complicarán las condiciones para la agricultura y, por ende, la capacidad del país para producir alimentos.
Este panorama especialmente “catastrófico” que enfrenta Puerto Rico y las islas del Caribe se debe a la falta de acción y planificación para enfrentar el impacto de la crisis climática.
Durante una video entrevista sobre crisis climática como parte de la celebración en Puerto Rico del Caribe Fest, el asesor de políticas para el financiamiento climático David Eckstein explicó a la audiencia que se presentó a El Bastión, en el Viejo San Juan, los indicadores de vulnerabilidad climática que han caracterizado a países caribeños como Puerto Rico y Haití de 2000 a 2019. La entrevista contó con la presentación, por David Eckstein, de textos, mapas y tablas de los datos. El coautor del “Índice de Riesgo Climático Global 2021″ recordó en entrevista con la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa Pascual, que Puerto Rico encabezó esta lista entre el 2000 al 2019 seguido por Myanmar y Haití. Dichos países fueron azotados por “eventos excepcionalmente devastadores”, en este caso huracanes: Puerto Rico por María, en 2017; Haití por Jeanne, en 2004, y Sandy, en 2012; y Myanmar por Nargis, en 2008, indica el informe. El estudio sobre países en riesgo por el cambio climático se basa en indicadores de vulnerabilidad por “fenómenos climáticos extremos” o asoladores con repercusiones directas, como los huracanes que producen muertes por inundaciones o deslizamientos de tierras.
Organizaciones sin fines de lucro que rescataron escuelas cerradas reclaman la titularidad de los espacios para continuar proyectos en sus comunidades, pero el Gobierno se mueve en dirección contraria.
El Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico (UPR) nunca ha tenido una residencia estudiantil, sin embargo, datos de la Administración Central de la UPR señalan que el 40.4% de sus 2,634 alumnos viven hospedados mientras se espera por la construcción de una vivienda para estudiantes de 40 unidades, diseñada hace tres años y cuya subasta todavía está pendiente de adjudicarse.
En el Recinto Río Piedras, los contratos para el diseño de la remodelación de los hospedajes Torre Norte y Resi Campus se otorgaron hace tres y cuatro años. Solo para ResiCampus se abrió una subasta en febrero para su rehabilitación.
Entretanto, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el contrato para la remodelación del Hotel Colegial del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) al tiempo que una alianza público privada propuesta hace seis años ni siquiera cuenta con un comité para negociar el acuerdo para la construcción de residencias en los predios del campus.
En ausencia de una respuesta institucional ante la falta de residencias estudiantiles y la escasez generalizada de vivienda accesible, estudiantes de la UPR se ven en la obligación de pagar apartamentos cada día más caros, constató el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en entrevistas con universitarios de estos tres recintos, así como administradores de hospedajes en Humacao.
“La situación de vulnerabilidad entre el estudiantado es bien tangible. Hay estudiantes pagando unas rentas absurdas de mil y pico de dólares en un espacio que ciertamente no vale eso. Hay menos hospedajes y más caros. Sé que hay inflación y todo lo demás, pero hay veces que es abusivo”, señaló el presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Humacao, Luis Onel González, quien destacó que la mayoría de los huracanes llegan al país por la zona Este, lo que hace aún más frágil la situación del estudiantado de este recinto.
Además de las emergencias del último lustro, provocadas por huracanes y terremotos, la JCF recortó $445 millones del presupuesto de la UPR proveniente del Fondo General e impuso un aumento de entre $56 y $157 por crédito subgraduado a través del Plan Fiscal de la institución.
Puerto Rico comparte con las islas del Caribe y América Latina la urgencia de fiscalizar a los responsables de la crisis climática y a la vez buscar soluciones a este problema que nos afecta cada día más. La región es la más castigada por el aumento dramático de las temperaturas, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. La entidad alerta sobre el impacto a la salud, la vida, los recursos naturales y el desarrollo económico que surgen como consecuencia de los fenómenos meteorológicos.
Puerto Rico encabeza la lista de países con el Índice de Vulnerabilidad Climática más alto en un período de 20 años, según la organización GermanWatch. Esta realidad motivó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a dedicar la primera edición del Caribe Fest al tema del cambio climático. El evento inició el jueves en el Viejo San Juan con una serie de talleres para periodistas y continúa este sábado con talleres, charlas y paneles que contarán con la participación de más de 60 periodistas y expertos locales y caribeños, así como el público general. El público puede adquirir su boleto aquí.
Los periodistas Bárbara Maseda, Jetry Dumont, Octavio Enríquez y Joseph Poliszuk relataron las diversas manifestaciones de acoso y violaciones a los derechos de los periodistas y la prensa en sus respectivos países durante sus presentaciones, hoy, en un panel del Caribe Fest en El Bastión, en el Viejo San Juan. En el panel “Asedio a la libertad de prensa en el Caribe: cambios políticos y criminalización de periodistas”, moderado por la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa, se discutió la falta de acceso a la información y los riesgos de periodistas a sufrir abusos e incluso ser encarcelados, lo que ha obligado a muchos periodistas a exiliarse.
Joseph Poliszuk, periodista venezolano y fundador del medio de comunicación Armando.info, señaló que en su país “no hay información básica como los índices de inflación” ni de COVID. Mientras, las “fake news” o noticias falsas son publicadas en redes sociales, destacó. Poliszuk fue el primer panelista en explicar los retos de los medios en su país.Foto por Claudia S. Ortega | Centro de Periodismo Investigativo
Para el evento, Octavio Enríquez, de Confidencial, se conectó vía Zoom desde Costa Rica, donde reside luego de que fuese exiliado, en 2021, por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Enríquez es uno de los 185 periodistas que, desde 2018, se han visto obligados a abandonar Nicaragua.
Durante su intervención, Enríquez destacó el alto nivel de acoso que sufre la prensa en su país.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inició hoy el Caribe Fest con una convocatoria de su directora ejecutiva, Carla Minet, a promover las investigaciones colaborativas particularmente entre periodistas del Caribe, una región a la que le unen problemas y vivencias comunes como la crisis climática, que es el tema central de este evento que se realiza hasta este sábado en el Viejo San Juan.
Durante el taller Cómo trabajar investigaciones colaborativas entre medios, Minet explicó que los escritos en colaboración suelen ser de temas que requieran una gran cantidad de recursos y experiencia. El CPI, con sede en Puerto Rico, tiene una importante trayectoria en la publicación de investigaciones periodísticas en colaboración con medios de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
La experiencia de Minet en este tipo de proyectos colaborativos le ha demostrado que suelen ser más eficientes porque permite distribuir los costos y los recursos, hay una mayor transparencia en los hallazgos y la validación de la información. “El periodismo de red lo que hace es que amplía el alcance de las investigaciones y la posibilidad de tener un mayor impacto”, destacó la periodista puertorriqueña.
La Directora Ejecutiva del CPI explicó que, cuando esta organización decide trabajar en algún proyecto tipo red, establece acuerdos claros de confidencialidad y métodos de comunicación en equipo que ofrezcan la mayor protección posible a la información que se comparte. También suelen hacer análisis de riesgo para garantizar la seguridad de los periodistas y de las fuentes.
La directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet, conversó sobre la importancia de las investigaciones colaborativas.
Del 5 al 6 de mayo, más de 60 periodistas y expertos locales y del Caribe, así como el público general, tendrán la oportunidad de participar de talleres, paneles y recorridos guiados dirigidos a presentar las diversas caras de la crisis climática, un problema global que se manifiesta en la vida diaria de las personas.
El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
La lucha que la organización Casa Pueblo lideró contra la construcción de un gasoducto que atravesaría parte de la isla de Puerto Rico no solo interrumpió permanentemente la ruta de esa infraestructura, sino que encaminó un esfuerzo monumental para promover la energía verde, analizó su fundador, Alexis Massol González. A juicio de Massol González, su arresto y el de su hijo Arturo A. Massol Deyá, en 2011, mientras hacían desobediencia civil frente a la Casa Blanca en Washington D.C. para denunciar el impacto ambiental y comunitario que representaba el proyecto, fue un detonante en la concienciación sobre el uso de energías renovables.
Massol González y Massol Deyá, quien es el director ejecutivo de Casa Pueblo, participaron en el conversatorio Casa Pueblo, Modelo Mundial, como parte de las actividades del segundo día del Caribe Fest, un evento entre periodistas del Caribe organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y cuyo tema principal fue la crisis climática. Hoy día, Casa Pueblo, que es un proyecto de autogestión comunitaria con sede en Adjuntas 一 aunque sus fincas se extiende a Utuado, Lares y Jayuya, es reconocida por su esfuerzo en mostrar a ese municipio como un ejemplo de que utiliza el sol para la generación de energía en residencias y comercios.
“[El arresto] Tuvo un efecto bien importante en la gente y el pueblo porque pudimos romper esa ruta”, dijo Massol González. “Impulsaban un gasoducto para depender más del gas, del petróleo y el carbón”, añadió el líder ambientalista, quien destacó que mientras el gobierno insistía en la producción de energía con fuentes no renovables, Casa Pueblo logró service 100% de energía solar. El Fundador de Casa Pueblo dijo que la desobediencia civil que hicieron en la Capital Federal “tuvo un efecto bien grande en la decisión que se tomó en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos porque, como saben todos, vivimos en una colonia donde el poder imperial es el que decide por Puerto Rico”.
Old San Juan is the historic district of the capital of Puerto Rico, recognized worldwide for its colorful buildings from the Spanish colonial era, cobblestone streets, and historic sites such as El Morro and La Fortaleza. Art galleries, museums, bars, restaurants, and shops converge in this city that dates to the 16th century and, which is also home to a community that claims its space in the face of excessive tourism and displacement. The “Walled City,” (“Ciudad Amurallada”) as it’s also known, is located on the islet of San Juan, where the Atlantic Ocean and San Juan Bay meet. For Puerto Ricans, it is a symbol of identity and a sample of cultural heritage par excellence. The Caribe Fest will take place from May 4 to 6 at several historic buildings in Old San Juan, such as Casa Blanca, El Bastión, El Cuartel Ballajá, and the Institute of Puerto Rican Culture’s headquarters.
