Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela.
Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja, Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.
