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Trauma recurrente: las consecuencias del cambio climático en la salud mental en Puerto Rico

Los traumas relacionados con los desastres naturales seguirán repitiéndose según el calentamiento global propicia el desarrollo de tormentas y huracanes con un potencial de destrucción cada vez mayor.

Tras seis meses de pandemia, el Gobierno todavía compra suplidos bajo la declaración de emergencia

Antes de que se reportaran los primeros casos de COVID-19, las contrataciones públicas ya representaban uno de los mayores riesgos para cometer corrupción, dijo Nicolás Penagos, jefe de Programas en Latinoamérica para Open Contracting Partnership, una organización dedicada a implementar procesos de contrataciones abiertas en colaboración con gobiernos, compañías y entidades de la sociedad civil. La pandemia ha demostrado además, que los problemas de la contratación van más allá de la corrupción. “Hay ineficacia, falta de coordinación e ineptitud, que no necesariamente es querer robarse la plata. [En Puerto Rico], un país que recibe huracanes casi todos los años, no se puede pretender que las contrataciones siempre sean de emergencia”, añadió Penagos. El COVID-19 aumentó la demanda en los suplidos médicos y afectó las cadenas de suministros, provocando que comenzara una competencia feroz a la vez que se flexibilizaban los procedimientos para comprar artículos de emergencia.

Gobernadora presentó plan para atender erosión costera que ignora al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático

En el anuncio del Gobierno de Puerto Rico esta semana sobre el plan de acción para atender el impacto de la erosión costera se ignoró el rol que por mandato de ley tienen los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para manejar este asunto que afecta los municipios costeros del país. Más allá de no haber ningún miembro científico de ese Comité presente en el anuncio, no se les consultó sobre el plan presentado, confirmó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El pasado 2 de septiembre, La Fortaleza anunció que ese día se reunió un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción para atender la erosión costera. El encuentro, que incluyó jefes de agencia de Puerto Rico y representantes del Gobierno federal, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar. El CPI tuvo comunicación con cinco de los nueve integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y aunque todos informaron haber recibido una invitación para la reunión, al menos cuatro miembros de los seis integrantes científicos dijeron desconocer de qué se trata el plan de acción anunciado y mostraron preocupación de que el Gobierno no haga valer la Ley 33, que entró en vigor el 1 de julio de 2019.

El uso de un 2% del dinero disponible refleja la lentitud del Gobierno de Puerto Rico en el gasto de fondos CDBG-DR

De los $20.2 mil millones asignados en fondos de recuperación luego del huracán María mediante el programa Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés), Puerto Rico tiene la aprobación para utilizar apenas un 16%, es decir, $3.2 mil millones. De ese dinero disponible, el Gobierno solo ha usado 2%, al cierre del año fiscal 2020. El proceso burocrático y las restricciones del Departamento de Vivienda federal, sumados a los cambios continuos de personal, y de planes del Gobierno de Puerto Rico, inciden en la demora del desembolso del dinero, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Al cierre del año fiscal, el 30 de junio, se habían desembolsado $67 millones, según la oficina interagencial federal Recovery Support Function Leadership Group (RSFLG), es decir, un 76% de lo proyectado por el Plan Fiscal 2020 certificado por la Junta de Control Fiscal. Algunos de los proyectos de recuperación han cambiado de agencia responsable; otros han sido cancelados.

Diez semáforos de Bayamón dañados desde el huracán María

En el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, con 169,269 habitantes, al menos 10 semáforos continúan inoperantes desde que fueron impactados por el huracán María en septiembre 2017, y el gobierno municipal de Bayamón y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se responsabilizan mutuamente por la lentitud del proceso de reparación. No fue hasta julio del 2020, más de dos años y medio después del huracán, cuando finalmente ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que le permitirá al DTOP solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fondos de recuperación dirigidos a la reparación de los semáforos. La firma del acuerdo se dio justamente una semana después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitara al municipio de Bayamón la lista de los semáforos que continúan inoperantes desde el huracán María. En un recorrido en carro, que incluyó entrevistas con residentes y comerciantes de Bayamón, el CPI identificó 10 semáforos que continúan inoperantes desde el paso del ciclón el 20 de septiembre de 2017, en las intersecciones: avenida Betances y calle Tomasa Lozada; avenida Betances y calle F; calle Comerío y calle Tomasa Lozada; carretera 830 y calle 2; carretera 199 y carretera 831; calle 37 y calle España; carretera 167 y carretera 855; avenida Principal Oeste y calle II 44; avenida Orquídea y carretera 862; carretera 862 y carretera 863. De estas 10 intersecciones, tres son de jurisdicción municipal, tres están en carreteras del gobierno central exclusivamente y cuatro están ordenadas por el cruce de una vía municipal con una estatal.

Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

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Center for Investigative Journalism gets $100,000 from Facebook Journalism Project

The Facebook Journalism Project announced today it is awarding $16 million in funds to support the operations of more than 200 news organizations in the United States and the territories. Among those selected is the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish), which will receive a contribution of $100,000 for its coverage related to the coronavirus pandemic through investigations, fact checking and litigation. The CPI was chosen among 2,000 news outlets that competed for the COVID-19 Local News Relief Fund Grant Program. Almost 40% of the media outlets selected are digital publications and just over one-third are nonprofit entities. Campbell Brown, vice president of global news partnerships at Facebook, said about the staff of the selected entities that: “Not only are these journalists working tirelessly to serve people right now, but they’re focused on transformation, building innovative local news businesses that can continue to serve communities beyond the current pandemic.”

In keeping with the goal of the funding program, which aims to lay the foundation for the selected media outlet’s sustainability, in the CPI’s case, it will be invested in journalists, photojournalists, analysts and data experts, litigation expenses, equipment, publication in social networks, as well as in the general administration of the organization’s operations, among other areas.

Gobierno entrega base de datos de mortalidad al Centro de Periodismo Investigativo, pero está incompleta

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió este viernes de parte del Departamento de Justicia la Base de Datos de Mortalidad en Puerto Rico desde el 2007 hasta el 6 de mayo de 2020, como resultado de la demanda incoada por la organización el pasado 28 de abril. Una revisión preliminar de los datos recibidos revela que la información está incompleta. Entre las deficiencias detectadas figura que el mes de abril de 2020 refleja menos de 2,000 muertes, cuando por los pasados seis años las muertes mensuales en Puerto Rico de enero a abril han excedido las 2,200. En lo que va del 2020, no ha habido un mes en que las muertes mensuales en Puerto Rico hayan sido menos de 2,500 lo cual representaría una diferencia de sobre 600 muertes menos en abril con respecto a enero, febrero, e incluso marzo, cuando Puerto Rico ya vivía una cuarentena. Otros indicadores de que la Base de Datos entregada está incompleta para el año 2020 son el hecho de que la principal causa de muerte está en blanco en el 15% (1,495) de las 9,771 muertes incluidas para 2020, y que para el 6 de mayo solo se incluyen tres muertes cuando en Puerto Rico mueren en promedio de 50 a 60 personas al día.

Opinión De la libreta del periodista

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Loopland: la exclusión que se repite

En terrenos de lo que fue la base de la Marina de Guerra de Estados Unidos Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, las casas que fueron habitadas por militares de comandos de operaciones especiales del ejército serán transformadas en villas con sistemas de energía solar y de recolección de agua de lluvia para los jardines. Sus ocupantes ya no serán militares, ni tampoco gente de las comunidades aledañas, sino turistas de la generación milenial. 

Esa es la propuesta del más reciente complejo hotelero de lujo en una isla caribeña en donde más de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza. La nueva versión de la fantasía colonial se llama “Loopland”. Son 750 viviendas en línea, como en una urbanización, que colindan al norte con tierras de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, al sur y al este con aguas del océano Atlántico, y al oeste con terrenos protegidos propiedad del Departamento de Recursos Naturales administrados por la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Loopland fue presentado por el Gobierno con una ceremonia de colocación de la primera piedra: una imagen repetida y desgastada, un photo op para Wanda Vázquez, la gobernadora no electa, en plena campaña electoral, en medio de una pandemia.

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La cultura de corrupción y la impunidad se convierten en eje de discusión de la Conferencia Magistral a cargo del periodista argentino Hugo Alconada Mon

“Existe un sistema que trabaja en muchos países de América Latina que para la corrupción y para la impunidad… Un sistema, incluso, donde la sociedad a menudo no quiere ver. Prefiere no saber. Prefiere olvidar que es su dinero el que termina en el bolsillo de los funcionarios y los empresarios corruptos. Que el dinero de sus impuestos directos e indirectos es el que termina financiando yates, mansiones de lujo, fiestas, champagne, joyas y, en última instancia, impunidad,” dijo el periodista argentino Hugo Alconada Mon, quien invitado por el Centro de Periodismo Investigativo dictó el jueves en la noche la Conferencia Magistral El dinero de la gente en el bolsillo de los políticos en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico.

Una herramienta útil para periodistas la nueva publicación sobre el calentamiento global

La investigación sobre los temas relacionados al cambio climático y el calentamiento global ya no es una gestión exclusiva de profesionales que trabajan alguna rama de la ciencia. El impacto que estos procesos tienen en nuestras vidas y entornos de convivencia, hacen que la educación ciudadana sobre estos temas sea indispensable. De igual forma, quienes ejercen el periodismo deben tener una comprensión holística sobre los cambios acelerados que el planeta ha experimentado en las pasadas décadas, así como las proyecciones para los próximos años. Solo así se podrá informar al público sobre las implicaciones de estas dinámicas atmosféricas y el rol del ser humano en estos procesos. Asimismo, el periodista podrá contar con las herramientas para ejercer una labor fiscalizadora de los grupos de poder que, de alguna manera u otra, podrían desarrollar e implementar estrategias de mitigación ante la realidad de que las temperaturas promedio del planeta Tierra podrían continuar aumentando en los próximos años.