A una semana de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara una investigación que expuso la inacción del Gobierno para atender a las personas sin hogar durante la pandemia, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) emitió un comunicado de prensa en el que dicen haber utilizado más de $100,000 de los fondos federales del Coronavirus Aid, Relief, Economic and Security Act (CARES Act) para suplir productos de limpieza y equipo protector contra el COVID-19 a organizaciones que atienden a esta población. Según el comunicado, se movieron “con agilidad” para conseguir los materiales, a pesar de que la entrega del equipo se dio más de diez meses después de iniciada la pandemia. La agencia no quiso informar al CPI desde cuándo tuvo acceso a estos fondos, pero la entrega se realizó la primera semana de enero del 2021. “Esta es la primera de una serie de entregas que realizará la agencia para esta población. La entrega se dio en las oficinas centrales de la agencia.

Nahir cursaba el décimo grado cuando los vientos del huracán María arrancaron las puertas de su casa. Un deslizamiento de terreno provocó, además, que la terraza de la parte de atrás de su hogar cayera risco abajo y debilitara la estructura a la que, tres años más tarde, no ha podido regresar. 

“Todas las cosas que teníamos se nos mojaron y estuvimos viviendo hasta diciembre de 2017 en casa de mi mamá” explicó Inés López Serrano, madre de Nahir y de otros dos niños de 12 y 14 años. Aunque hay diferencia en las cifras de menores sin hogar en los últimos tres años académicos que se informan por el DE y por la agencia homóloga federal, en lo que sí coinciden las cifras en general es en que hay más de 4,000. En el año 2019-2020, para el que no hay datos federales disponibles, el Programa Educativo para Niños y Jóvenes Sin Hogar Fijo del Departamento de Educación que dirige Norma Rivera, informó 4,333 menores sin hogar fijo. “Sin hogar”, según la definición del Departamento de Educación federal, incluye a los estudiantes cuyas familias se quedan en casas de parientes o amigos, en moteles, en refugios o residen en viviendas consideradas “vivienda deficiente” al carecer de algún servicio básico.

Hace ya casi diez meses, dos días después de que se estableciera un periodo de cuarentena, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que pretendía atender las necesidades de las personas sin techo durante la pandemia. Mientras la mayoría de los puertorriqueños debían permanecer en sus hogares, las personas sin hogar requerían especial atención. 

La orden establecía que los secretarios de Vivienda, Salud y Familia deberían trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias para crear centros de asistencia que fueran espacios seguros, donde las personas sin hogar pudieran hacer cuarentena, recibir servicios de apoyo y realizarse las pruebas de COVID-19. Para esto, el Departamento de la Vivienda federal asignó $12.4 millones del Emergency Solutions Grant Program (ESGP) el pasado mes de abril. Un mes después de firmada la orden, el plan sobre papel era crear un centro de asistencia en Santurce. 

A punto de finalizar el año, el plan que aseguraban tener casi listo, ya no existe. Según el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, la orden para que se detuviera el proceso vino del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ya que, a su parecer, los hospitales darían abasto para que las personas sin techo que dieran positivo a COVID-19 pudieran tratarse y hacer cuarentena en los mismos. 

González Feliciano no ha atendido durante más de un mes una petición de entrevista del CPI para explicar por qué no se cumplió la orden ejecutiva, cómo se atendió a esta población y qué se hizo con los fondos asignados.

Dos de los proyectos de envergadura luego del huracán María, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE UU (USACE), conllevarían rellenar con arena periódicamente las famosas playas capitalinas de Condado y Ocean Park, junto con un rompeolas. La entidad federal propone además colocar piedras a lo largo de una milla de costa en Rincón, entre el balneario de Córcega y la desembocadura de la quebrada Los Ramos. 

Los proyectos buscan proteger las propiedades y la infraestructura de San Juan y Rincón del oleaje, las inundaciones y la erosión que causan las tormentas y el aumento del nivel del mar en un periodo de 50 años. El periodo para enviar preguntas y comentarios públicos, en medio de la temporada navideña y de la pandemia, abrió apenas el 20 de noviembre de 2020 y vence el 6 de enero de 2021. Dos oceanógrafos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una geóloga oceanográfica del Recinto de Río Piedras entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anticiparon que el proyecto de Rincón afectaría la posibilidad de recuperar las ya erosionadas playas de ese municipio y que compromete el futuro de su turismo. 

El objetivo secundario de esta propuesta es mantener espacios naturales, recreativos y turísticos, según el USACE. 

Mínimo el tiempo para comentarios públicos

Miguel Canals Silander, director del Centro de Ciencias Oceánicas Aplicadas e Ingeniería del RUM; Aurelio Mercado, profesor de Oceanografía Física en esa misma institución; y Maritza Barreto, directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, advirtieron que siendo este un proyecto crítico para las costas de la capital y de Rincón, debería tener más promoción, análisis y discusión pública. El CPI le preguntó al USACE por qué el periodo de comentarios públicos vence el 6 de enero de 2021, tomando en cuenta los señalamientos de los tres investigadores, la pandemia y la temporada festiva de la Navidad. 

Una portavoz del USACE indicó que han llevado a cabo dos webinars públicos, adquirido publicidad en un medio de circulación general, publicado un comunicado de prensa y hecho anuncios en las redes sociales, además de enviar cartas a residentes de las zonas aledañas a los lugares en los que se harán las intervenciones.

El segundo intento para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en una especie de limbo. Para sacarlo de allí, la Junta de Control Fiscal (JCF), que manda sobre las finanzas de la Isla, modificará los términos de la negociación que hizo antes de la pandemia con los bonistas de la corporación pública. Estas enmiendas podrían conllevar cambios sustanciales a la luz de los efectos del COVID-19 en la maltrecha economía de la Isla y de los nuevos nombramientos a la JCF. La nueva Legislatura que comenzará en 2021, con una mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que evaluar este acuerdo revisado o Restructuring Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés) y dar su aprobación o rechazo. Los líderes de todos los partidos políticos habían expresado durante la pasada campaña electoral desde reservas hasta su repudio al RSA que estaba sobre la mesa.

El Gobierno de Puerto Rico ha incumplido con la ley que le obliga, desde el año fiscal 2018-2019, a adquirir solo vehículos híbridos o de fuentes que no dependan del combustible fósil. El mandato está incluido en la Ley Núm. 33 del año 2019, llamada Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico, un estatuto que entró en vigor en mayo de 2019, tras la firma del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. En el Artículo 18 de la ley se establece que la política pública de la compra de estos vehículos seguirá las guías que establezca la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico (ASG). Pero, tras 19 meses desde que comenzó su vigencia, la ASG todavía no ha elaborado el reglamento con las normas y guías para la compra de vehículos que funcionen con fuentes alternativas al combustible fósil.

Juliana Ortiz, una funcionaria de colegio por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) que también trabajó haciendo una ruta de voto a domicilio en el municipio de San Germán, conoce de primera mano las múltiples irregularidades que se produjeron en el voto a domicilio durante el pasado proceso electoral del 2020. Si la persona que iba a visitar para voto adelantado ya había votado en una primera visita, su firma debía aparecer en la lista al lado de su nombre y no debían ser visitados por segunda vez. Pero durante su ruta, Ortiz encontró electores que le indicaron que ya habían votado y su firma no aparecía en la lista. Al cuestionar en su Junta de Inscripción Permanente (JIP) el por qué de la situación, le dijeron que había varias copias de la misma lista. “Si las personas que nos tocaron no hubiesen sido honestas, podrían haber votado dos veces”, sostuvo Ortiz.

COLUMNA