En una conferencia virtual en la cual se presentan los nuevos hallazgos sobre el sargazo, coordinada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, inesperadamente surge que en el municipio de Cataño se ubica un centro de investigación y producción que trabaja con esta alga marina. Vía Zoom, Jason Cole, vicepresidente ejecutivo de Innovaciones de la empresa C-Combinator, explica cómo desarrollan productos derivados del sargazo desde octubre del 2020 en la Isla. Pero en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el director de Investigación y Desarrollo, Benjamin Jelen, aclara que la mayoría de su materia prima no proviene de las costas de Puerto Rico, que están saturadas del alga marrón, sino del estado costero de Quintana Roo, en México. Al entrar en las oficinas de la empresa en Cataño, se observa un equipo de investigación que analiza muestras de sargazo. Frascos de biocombustibles derivados de esta alga pueden verse en las mesas del laboratorio.

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití. 

“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. 

Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.

En la calle Alfonso XII de la comunidad Punta Santiago en Humacao, Bermuda Vázquez, de 62 años, señala hacia la playa alfombrada con algas marinas color marrón, conocidas como sargazo. A pesar de que era un día libre en pleno verano para conmemorar la emancipación de la esclavitud en Estados Unidos, los bañistas brillaban por su ausencia. “Lo que pasa es que uno tiene miedo a contaminarse en esa agua con el sargazo que apesta. Llevo toda una vida viviendo en esta comunidad y recuerdo cuando días como hoy, venía mucha gente a la playa. Con esto del sargazo hay que adaptarse”, comentó Vázquez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

San Juan, Puerto Rico – Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información. 

La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales. Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. “Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades.

Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.

Los pasillos están en silencio absoluto. El Centro de Salud Mental de Bayamón, la única unidad pública especializada en psiquiatría para menores de edad y con tratamiento extendido para los casos más graves, cerró totalmente en marzo de 2020, sin que se anunciara a la ciudadanía y sin que hubiera un plan para atender la necesidad de servicios de hospitalización de más de siete días. Hasta allí llegan menores de edad en busca de tratamiento de emergencia y encuentran las puertas cerradas, comprobó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ha sido el peor momento para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) clausurara estas instalaciones, en vista de que la pandemia ha exacerbado las condiciones de salud mental de niños y adolescentes, según confirmaron por separado la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y el Colegio de Médicos Cirujanos. Las instalaciones del Centro de Salud Mental de Bayamón lucen abandonadas.

Un mes después de juramentar como gobernador, Pedro Pierluisi, compartió las prioridades presupuestarias de su administración para el 2021-22 prometiendo una asignación de $5.5 millones para combatir la pobreza infantil. Tres meses más tarde, esa partida se redujo a $1.2 millones para un “proyecto piloto”, según se desprende de la resolución de presupuesto para el año fiscal. Para sorpresa de nadie, La Fortaleza responsabilizó a la Junta de Control Fiscal por el recorte, sin que fuera retado en el presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Legislatura. En una carta del 10 de mayo, la entidad aprobó la solicitud del Gobernador para reconsiderar la asignación para el proyecto por $1.2 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha hecho público el tracto de las enmiendas que Pierluisi hizo a su presupuesto para saber si el Gobierno protestó en contra de esta reducción.

Invitaciones a tríos sexuales por parte de jefes, comentarios no solicitados sobre la vestimenta, órganos sexuales y sobre portación de armas de fuego, e incluso besos a la fuerza en el lugar de trabajo son algunos tipos de violencia de género que han experimentado empleadas puertorriqueñas por parte de supervisores y compañeros de trabajo en la oficina de Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), desde donde se atiende el proceso de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió y confirmó estas confidencias por medio de 13 testimonios de personas que trabajan o han trabajado para FEMA en Puerto Rico y que decidieron contar sus historias tras la publicación en marzo de una investigación de este medio que reveló un patrón de hostigamiento laboral en la Oficina Asuntos Externos de la agencia federal, con al menos seis casos denunciados oficialmente. En total, ahora suman 16 los casos que ha documentado el CPI, la mayoría de mujeres, quienes han presentado denuncias de manera oficial contra diversos trabajadores de FEMA en Puerto Rico por presuntas situaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral, persecución, intimidación o discrimen por edad y género al momento de otorgar plazas de trabajo. Algunos de estos casos, ocurridos entre 2018 y 2020, permanecen sin atenderse desde hace más de tres años y en ciertas ocasiones el patrono mantiene a las personas que hicieron la denuncia cerca de sus presuntos agresores y no les han dado remedios. El CPI solicitó reacciones y entrevistas sobre este asunto a todas las instancias de FEMA, tanto local, regional como a la oficina central de la agencia, pero todas rechazaron ser entrevistadas y enviaron declaraciones generales que no atienden las preguntas formuladas y los asuntos denunciados.