A pesar de que la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha recibido señalamientos para evitar daños estructurales en sus recintos en caso de terremotos, el presidente de la institución Jorge Haddock no tiene un plan ni un estimado de costos para corregir las fallas, que por falta de mantenimiento y vicios de construcción, hacen vulnerables algunos edificios ante posibles sismos.
Un grupo de ingenieros estructurales — que inspeccionó los 11 recintos de la universidad en enero de este año — dio el visto bueno al uso de la mayor parte de sus instalaciones, pero identificó al menos 92 fallas preexistentes, algunas que datan de inspecciones hechas en 2017. Hasta el 11 de febrero, la UPR solo había resuelto cinco señalamientos identificados, seis estaban en proceso de reparación y había mitigado a medias 12 de los desperfectos reportados, según una lista enviada por la administración universitaria al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Del resto, en 37 ya se definió lo que se hará y están por atenderse y 17 no se han atendido. La lista enviada al CPI por la UPR dejó fuera 15 señalamientos hechos por los ingenieros que se desconoce si serán atendidos.
Un mes después de que se entregara este informe, el presidente de la institución reconoció al CPI que la UPR no cuenta con un plan detallado para atender todos esos señalamientos. Aceptó que tampoco se ha elaborado un estimado de los costos que se requerirían para afrontar todas esas mejoras.
Despachó el tema al indicar que se trata de recomendaciones que no limitan el acceso a las instalaciones.
“Los ingenieros recomiendan que esto [las fallas preexistentes] se rectifique, pero esto no compromete la estabilidad de los edificios en los sismos. Esto no compromete la seguridad del edificio, si no, no hubiéramos abierto”, dijo Haddock.
Los recintos actualmente trabajan en sus respectivos planes para atender los daños preexistentes, aclaró Jennifer Lugo, coordinadora de proyectos de la Oficina de Desarrollo Físico de Administración Central. “Incluso, algunos [recintos] venían trabajando algunas de estas fallas como parte de [las] mejoras permanentes”, añadió sin especificar cuáles recintos y qué fallas se habían atendido. No obstante, la funcionaria también reconoció que estos planes aún están en proceso y que en Administración Central no existe un documento que trace la ruta de acción para atender todos los señalamientos. Tras hablar con varios funcionarios, queda la impresión de que se están atendiendo las cosas “día a día”, pero no hay un plan establecido para todo el sistema UPR.
La coordinadora de proyectos de la Oficina de Desarrollo Físico de Administración Central dijo que algunas de las fallas identificadas por los ingenieros luego de los sismos corresponden a daños ocurridos tras el huracán María.
El Programa de Mejoras Permanentes de la UPR tiene aprobados 75 proyectos en diferentes etapas de desarrollo (planificación, diseño, subasta, construcción y liquidación) que ascienden a $154 millones, de los cuales se han utilizado solo $24 millones, indagó el CPI.
Según Haddock, la razón por las que se ha desembolsado apenas un 15% de ese dinero asignado este año fiscal para los proyectos de mejoras permanentes se debe a que la universidad debe cumplir con una estructura rigurosa de planificación, diseño y aprobación antes de entregar los fondos en totalidad.
“El dinero está asignado y hay proyectos en línea que sobrepasan los dineros disponibles. Así que no solamente este dinero va a ser utilizado para proyectos que están en proceso, sino también para [parear] otros proyectos que tenemos en línea cuando surjan fondos adicionales”, explicó.
Pero Haddock prefiere enfocarse en la falta de fondos y los procesos burocráticos para el uso del dinero en la UPR como factores que limitan los trabajos de mejoras en la infraestructura.
Alegó que los recortes que ha recibido la institución en su presupuesto no dan margen para invertir en estas mejoras. En comparación con el 2018, este año la UPR recibió $291,864 millones menos de la asignación del Fondo General debido ajustes exigidos por la Junta de Control Fiscal (JCF). Esta reducción incrementaría con un recorte de otros $71 millones contemplados para el próximo año fiscal 2020-2021, según el Plan Fiscal de la institución que aprobó la JCF en junio de 2019.
El funcionario dijo que la falta de fondos para estas correcciones también se debe a la lentitud del reembolso de los fondos aprobados y obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) correspondientes a los daños ocasionados por el huracán María. En diciembre de 2019, el CPI reportó que, dos años después del ciclón, la universidad pública solo ha recibido menos del 1% de los fondos solicitados para su recuperación. Dos meses después de esa publicación, la situación con los fondos asignados por FEMA no ha cambiado. Según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), hasta el 24 de febrero de 2020, la UPR solo ha recibido $4,020,236 millones de los $88,051,938 millones obligados por FEMA.
El CPI preguntó a FEMA si la UPR debe reenviar las solicitudes de reembolso y las propuestas para proyectos de mejoras permanentes de infraestructura que se haya afectado luego de los sismos. La agencia federal aclaró que en 2018 el Gobierno de Puerto Rico actualizó en el Código de Construcción de Puerto Rico en el que se adoptaron las regulaciones del Código Internacional de Construcción del Consejo Internacional de Códigos, por lo que todas las solicitudes de fondos de asistencia pública en Puerto Rico ya habían certificado que cumplían con el Código. Según FEMA, esta directriz es parte de los lineamientos que exige la Guía de Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (Sección 428 de la Ley Stanford).
En diciembre del año pasado, la gobernadora Wanda Vázquez anunció que la UPR recibiría parte de los $100 millones que se separaron como parte de los Fondos Estatales para la Recuperación y que estarían bajo la supervisión de COR3, como un medio de liquidez para que las agencias, municipios y entidades elegibles puedan comenzar sus proyectos pequeños o small projects, cuyo costo no sobrepase los $123,100.
Pero dos meses después, la UPR todavía no tiene ningún proyecto aprobado bajo la categoría small projects, dijo el director interino de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura de la Administración Central, Adrián López Nunci. Es decir, tampoco se conoce cuánto dinero recibirá la institución de la partida anunciada por la Gobernadora.
El miércoles, 12 de febrero, una estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) grabó con su celular una cascada de agua que caía desde una lámpara del salón Q-243 del Edificio de Química. Hace más de un año que en la estructura se removieron los plafones de los tres pisos, dejando a estudiantes y profesores a merced de las filtraciones de agua cada vez que llueve.
En noviembre, el rector del RUM, Agustín Rullán Toro, dijo al CPI que la situación en el edificio de Química correspondía al deterioro previo que empeoró luego del paso del huracán María en 2017. Esta situación provocó que se tuviera que revisar el diseño para reemplazar todo el sistema mecánico de acondicionador de aire — hecho por la firma CMA Architects & Engineers —, lo que atrasó el proceso para convocar una subasta para los trabajos. A pesar de que el rector dijo al CPI que esperaba que las mejoras en este edificio terminaran a finales de 2020, la subasta para estos trabajos aún no se ha publicado. Ante la situación reportada en el salón Q-243, Rullán Toro ajustó la fecha y alertó que los trabajos podrían tomar hasta un año y medio. En declaraciones escritas, Haddock indicó que la Administración Central asignó $6.4 millones para adelantar los trabajos en el edificio de Química del RUM.
Pero ese no es el único edificio que presenta deterioro o alguna falla en el recinto de Mayagüez. Este campus, inaugurado en 1911, registró un total de 37 señalamientos dentro de las inspecciones que hiciera un grupo de profesores de ingeniería de ese campus liderado por Ismael Pagán, director del Departamento de Ingeniería Civil del RUM. Para las inspecciones de este recinto también se contrató al ingeniero Luis Manuel Cid, quien evaluó además los campus de Arecibo, Cayey, Ciencias Médicas, Utuado y la Administración Central en San Juan.
En Mayagüez, las estructuras que presentaron mayores señalamientos fueron la biblioteca, el edificio Luis Stefani, el Edificio de Biología, el Natatorio y el Centro de Estudiantes.
En en el caso del Natatorio, durante el recorrido de los ingenieros el 12 de enero se encontraron tres grietas verticales extensas en las uniones de dos paredes que si bien existían previamente, aumentaron luego de los sismos recientes. Recomendaron limitar el acceso al área.
Otra área a la que también se recomendó cerrar el paso fue a la cafetería y el merendero del Centro de Estudiantes. En estos espacios, los ingenieros encontraron que el sistema del piso de la cafetería está completamente oxidado, por lo que instaron a que se realice una evaluación mucho más detallada del lugar. Rullán Toro dijo al CPI que ya se limitó el acceso a las zonas identificadas por los ingenieros.
A pesar de estas y otras situaciones identificadas en este campus, el rector del RUM coincidió con el presidente de la UPR en que estos señalamientos son recomendaciones que la universidad no tiene porqué acoger en su totalidad.
“[Todas las fallas] no se tendrían para reparación inmediata. Lo inmediato son las grietas en paredes. Pero no hay reparaciones en el recinto que sean urgentes”, justificó Rullán Toro.
Estas fallas comprometerían las estructuras en varios años, ¿no sería mejor atenderlas ahora para evitar que se agrave la situación en los edificios?, preguntó el CPI al rector de Mayagüez.
“Muy bien podríamos atenderlas, pero no comprometen la estructura. No hay un peligro de que las cosas colapsen o vayan a causar daño a las personas que están adentro”, vaticinó.
La opinión de los ingenieros que hicieron el informe es que un mantenimiento inadecuado junto con la actividad sísmica que se ha estado registrando en Puerto Rico podrían comprometer los edificios a largo plazo.
Las fallas en los edificios de la UPR no son nuevas y la mayoría de estas se han advertido previo a los sismos de enero de 2020. En noviembre de 2019 el ingeniero Luis Manuel Cid enumeró una serie de desperfectos de preocupación en el edificio Arturo Morales Carrión — edificio principal del recinto — y el Centro de Estudiantes de la UPR de Cayey.
En ambas estructuras, se trata de problemas de erosión y socavación de terreno que impactan algunas paredes y pisos.
En el edificio Arturo Morales Carrión, esta situación se puede observar “en los salones donde el piso está claramente separado de las paredes”. Además, según Cid, las paredes de estos salones están colgando del techo, lo que “representa un peligro en caso de sismo, pues esta pared se encuentra completamente suelta en su base”. Añadió que, en los pasillos de la estructura, las paredes han bajado junto con la losa de piso, lo que “representa un peligro en caso de sismo o huracán pues esta pared se encuentra completamente suelta arriba y podría volcarse”.
De igual manera, el experto recomendó remover de inmediato una serie de elementos arquitectónicos construidos en cemento que sirven para que entre el sol y el viento, pues están completamente sueltos y representan “peligro inminente”.
En el Edificio de Neurobiología del Recinto de Ciencias Médicas ubicado en la Calle Norzagaray en el Viejo San Juan, una inspección realizada el 6 de febrero de 2019 mostró que la estructura presenta problemas de corrosión severos en las varillas de las columnas, vigas, losas y paredes que ha causado desprendimiento del recubrimiento del hormigón y múltiples grietas mayores a través del edificio, indicó el ingeniero Cid.
Aunque indicó que la estructura todavía aparenta estar estable, su condición de corrosión debe ser atendida con premura pues, según pasa el tiempo, empeorará y la estabilidad podría verse afectada. Añadió que, ante el estado de deterioro del espacio, algunos pedazos sueltos podrían caer, con o sin sismos, produciendo una situación de peligro.
La coordinadora de proyectos la Oficina de Desarrollo Físico de Administración Central explicó que para arreglar este edificio, la UPR recibió una subvención federal que atenderá, entre otras cosas, la reparación de grietas, paredes y pintura. Pero se desconoce cuándo comenzarán los trabajos y el costo al que ascenderán, pues, según la administración universitaria, desde el 2019 todavía este proyecto se encuentra en proceso de identificar las especificaciones de los trabajos para entonces proceder a abrir a subasta.
La arquitecta no contestó la pregunta del CPI sobre por qué ha tardado un año en comenzar a trazar el plan de reparación de ese edificio. Se limitó a responder que se trata de un proyecto “bien particular” cuyos daños se han acelerado debido a la ubicación de la estructura que se encuentra muy cerca del mar.
En el caso del Recinto de Río Piedras, también se habían hecho al menos dos advertencias previas sobre fallas preexistentes que pudieran comprometer los edificios del Complejo Deportivo y del comedor de la UHS (Escuela Secundaria de la UPR).
De acuerdo con la ingeniera Mónica Santos, de Enterprise IGC Group, parte del problema en el comedor de la UHS es que se añadió un área a esta estructura que se construyó mayormente con bloques y pocos elementos estructurales.
“Si desean realizar una solución duradera y más segura para el personal que labora se sugiere demoler esa área y reconstruirla debidamente preparando bien el terreno para darle una base de fundación más sólida, con una estructura y construcción mejor diseñados”, recomendó Santos.
Pero el recinto no ha identificado los fondos necesarios para corregir este problema. Aunque se negó a dar una entrevista al CPI, el rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado, indicó en declaraciones escritas que el comedor está clausurado, pues requiere una inversión de $3,000,000 que esperan recibir desde Administración Central como parte de los proyectos de mejoras permanentes. Informó que el plazo para comenzar a ejecutar este proyecto es dentro de 12 meses.
Ante el cierre de la cocina del comedor, la administración de la UHS se ha visto obligada a traer el desayuno y el almuerzo para los estudiantes desde otros comedores, explicó Roberto Guzmán, representante estudiantil ante la Junta Universitaria. Sin embargo, el alumno indicó que en ocasiones la administración les anuncia el día antes que ese servicio no estará disponible y les insta a llevar dinero para que compren alimentos en la cafetería de la escuela o en un carrito de hotdogs ubicado al frente de la UHS.
En el caso del Complejo Deportivo, se trata de un problema estructural en una de las columnas del baño de mujeres debido a la presencia severa de corrosión de las varillas de acero. De acuerdo con Ferrao Delgado, para esta obra se requiere una inversión de $661,000 de fondos de mejoras permanentes y esperan comenzar los trabajos en seis meses.
En el campus de Río Piedras — inaugurado en 1903 — también se identificaron problemas que por falta de mantenimiento adecuado y vicios de construcción a lo largo de los años han comprometido algunas estructuras. Luego de los sismos, incluso algunos de estos espacios — como el cuarto de almacén de Arqueología o el primer nivel al almacén de utilería del Departamento de Drama en el edificio Eugenio María de Hostos — han tenido que ser clausurados por representar peligro para la comunidad universitaria.
Problemas similares también fueron identificadas por la ingeniera Santos en el edificio de biología durante su recorrido en enero de este año. La experta resaltó que la estructura presenta asentamiento del suelo que ha provocado deformaciones y varias grietas en gran parte del piso del pasillo que comunica a los salones del primer nivel.
La falta de mantenimiento también afecta el edificio Resi-Campus, la única residencia que actualmente opera en el recinto, pues la de Torre Norte se mantiene cerrada por estar en reconstrucción desde el paso del huracán María en 2017. En Resi-Campus, la ingeniera Santos advirtió que encontró áreas de acumulación de humedad ocasionada por filtraciones. Detalló que a largo plazo la humedad puede provocar problemas de oxidación de las varillas “causando posteriormente el desarrollo de fisuras, grietas y desprendimientos en el concreto hasta llegar finalmente a la pérdida de la integridad de los elementos estructurales, los que puede provocar daños irrespirables con posibles colapsos localizados en el edificio”.
El CPI cuestionó al presidente de la UPR las razones por las que varias estructuras del recinto de Río Piedras llegaron a puntos extremos de deterioro.
Sin embargo, Haddock se lavó las manos y remitió los cuestionamientos al rector de Río Piedras.
“Estas son situaciones preexistentes a mi llegada [a la presidencia]. Estamos trabajando con los recintos para manejar estas situaciones de mantenimiento. Si quiere algo inmediato, recomiendo que se comunique con el doctor Ferrao [rector de Río Piedras]”, dijo.
El CPI insistió en una entrevista con Ferrao Delgado, pero el ayudante especial del rector en Asuntos de Prensa y Comunicaciones, Mario Alegre Barrios, indicó que el funcionario “no tiene ninguna otra expresión” adicional a los datos enviados por escrito.
Por su parte, en una entrevista previa con el CPI, el presidente del Sindicato de Trabajadores, David Muñoz Hernández, que representa a 1,200 empleados de limpieza y mantenimiento de los once recintos, dijo que la actual administración de la UPR no provee los materiales y equipos necesarios que se requieren para dar mantenimiento a la infraestructura de los recintos. Según el líder sindical, esta escasez de equipo ha empeorado en los últimos años.
Víctor Rodríguez Velázquez es miembro de Report for America
Periodista con 10 años de experiencia. Integrante de Report For America. Profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Egresado del programa de maestría en comunicación de la Universidad de Puerto Rico.