Una auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encontró irregularidades en el pago de $17.1 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) desembolsó a organizaciones sin fines de lucro por trabajos posdesastre en Puerto Rico, entre ellas, varias entidades que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que se marcharon de la Isla sin resolver de manera satisfactoria la mayoría de los casos de sobrevivientes a su cargo. 

Para el Disaster Case Management Program, que estuvo vigente durante un año y medio a partir de agosto de 2018, FEMA reclutó nueve organizaciones sin fines de lucro que debían servir de enlace entre los sobrevivientes del huracán María y las ayudas gubernamentales y filantrópicas disponibles para encaminar su recuperación. Pero, según la auditoría — que revisó los pagos a ocho de las nueve organizaciones — la agencia federal no implementó los sistemas de supervisión y fiscalización requeridos por ley, y esto “aumentó el riesgo de fraude, desperdicio y abuso” de los fondos públicos.

FEMA pagó $17.1 millones a organizaciones sin fines de lucro sin saber si cumplieron con los damnificados en la Isla tras María

“FEMA no tiene ninguna seguridad de que el desembolso de esos $17.1 millones a ocho proveedores estuviera relacionado con el programa de manejo de casos y que fuera necesario para actividades relacionadas con el desempeño del programa”, indica Joseph V. Cuffari, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en el informe de auditoría publicado el 29 de septiembre.

En octubre de 2020, una investigación del CPI reveló el pobre desempeño del Disaster Case Management Program en Puerto Rico. Con un presupuesto de $73 millones, el programa otorgó asignaciones millonarias a organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos que no tenían experiencia previa ofreciendo esos servicios y sin arraigo en Puerto Rico, y dejó sin resolver a cabalidad más de la mitad de los casi 25,000 casos que abrió.

Para los solicitantes, este pobre desempeño significó meses de espera hasta que finalmente llegó la asistencia para reparar sus casas, que quedaron inhabitables tras el huracán María en 2017. En algunos casos, las fallas del programa llevaron a la desesperanza de ver cómo nunca llegó esa ayuda tan necesaria para retomar su vida con cierta normalidad.

En Canóvanas, Mercedes Milagros Peña murió con 62 años y esperando a que regresaran a su casa las personas que se identificaron como de una de las organizaciones contratadas para este programa. Le dijeron que desistiera de sus reclamaciones a FEMA porque ellos le procurarían la ayuda necesaria para reparar su casa, donde el huracán arrancó las ventanas y lo inundó todo.

La auditoría de la Oficina del Inspector General, que inició en agosto de 2020, se centra en el desempeño de FEMA como supervisor de un programa que, desde su creación en 2009, suelen ofrecerlo los gobiernos locales en vez de entidades no gubernamentales, como ocurrió en Puerto Rico.

La Oficina del Inspector General advirtió en el informe que, durante el año fiscal 2023, continuará su evaluación sobre el desempeño de FEMA en Puerto Rico durante los cinco años desde el paso del huracán María y que también revisará cómo el Gobierno de Puerto Rico ha utilizado los fondos federales asignados para prepararse para futuros eventos climatológicos.

Según el informe, al que FEMA debe responder con un plan de acción remediativo dentro de los 90 días tras su publicación, la agencia federal tenía a una sola persona a cargo de supervisar las actividades del programa de manejo de casos y de aprobar y procesar los pagos y solicitudes de reembolsos, contrario a los estándares federales.

“FEMA implementó la solicitud de adelantos [de pagos] y de reembolsos como una medida interna de control para prevenir el fraude, el desperdicio y el abuso [en el uso de los fondos]… Sin embargo, ese proceso de aprobación no puede estar bajo el control de una sola persona”, indica el informe.

El Inspector General no identifica a la persona, pero dice que, bajo su nombre, hay al menos 15 aprobaciones de pagos que suman $2.9 millones. Cuffari tampoco identificó las organizaciones sin fines de lucro que recibieron pagos sin ofrecer documentación, evidencia o justificantes de su trabajo y gastos. El informe no indica si se tomarán acciones contra estas personas o entidades.

Durante más de un año, el CPI investigó y documentó cómo bajo el programa de manejo de casos las organizaciones subvencionadas reclutaron trabajadores que no contaban con el perfil profesional ni académico, o las disposiciones para ejercer sus funciones.

La investigación del CPI reveló que, desde el inicio del programa, FEMA fue laxa en la selección de los proveedores y otorgó acuerdos de colaboración a las nueve organizaciones que solicitaron y sometieron los documentos requeridos. Las únicas dos que no fueron seleccionadas fue porque su solicitud estaba incompleta.

Entre las nueve entidades a las que FEMA reclutó, estaban Family Endeavors, una organización con sede en San Antonio, Texas, y Disaster Services Corporation, que se había incorporado meses antes del huracán María en Irving, Texas. Ninguna tenía presencia en Puerto Rico.

A Endeavors, como se le conoce, FEMA le asignó una subvención de $29.5 millones para atender casos en 49 municipios, y solo 39% de sus 11,229 casos cerraron habiendo cumplido con el plan de recuperación que sus manejadores trazaron para cada sobreviviente. Disaster Services Corporation tuvo un desempeño incluso peor. Con una subvención de FEMA de $11.6 millones, subcontrataron a una tercera entidad sin experiencia para ofrecer parte de los servicios en Puerto Rico, y solo el 23% de sus 4,868 casos fueron resueltos a cabalidad, según la información recopilada en una base de datos provista por FEMA a la que el CPI tuvo acceso como parte de su investigación y que ya no está pública.

Estas dos organizaciones estadounidenses tuvieron a su cargo el 65% de los 24,648 casos abiertos como parte del Disaster Case Management Program, según los datos provistos a FEMA, al 17 de agosto de 2020, por las entidades participantes.

En su informe del 29 de septiembre pasado, el inspector general indica que FEMA rechazó los señalamientos y recomendaciones cuando todavía estaban en la etapa de borrador. En declaraciones escritas al CPI, el secretario de Prensa de FEMA, Jeremy Edwards, indicó el martes que la agencia siempre intenta “incorporar las lecciones aprendidas” tras los desastres “para satisfacer mejor las necesidades de las comunidades”.

“Continuaremos aprovechando las mejores prácticas e implementando acciones correctivas cuando sea necesario después de cualquier desastre”, añadió el funcionario federal.

En su respuesta oficial al borrador del informe del inspector general, FEMA indicó que, como era consciente de que varias de las organizaciones seleccionadas no estaban acostumbradas a manejar el sistema de pago utilizado en subvenciones de este tipo, implementó requisitos adicionales, como la necesidad de someter evidencia de los gastos incurridos, para evitar posibles fraudes.

“Esta acción demostró ser prudente cuando FEMA detectó pagos potencialmente impropios y fraudulentos de parte de una de las organizaciones subvencionadas y refirió el asunto a la Unidad de Fraude de la Oficina del Inspector General”, indica el memorando de respuesta de FEMA, con fecha del 31 de agosto de 2022. FEMA y el Inspector General no mencionan a esta entidad por su nombre.

En julio de 2019, la organización The Facilitators-Camp Ironhorse, con sede en Oklahoma, denunció públicamente que la agencia federal le debía pagos desde mayo de ese año por este programa. Eventualmente, Camp Ironhorse quedó fuera del Disaster Case Management Program en Puerto Rico habiendo reportado solo el 19% de sus 110 casos como resueltos satisfactoriamente.

No todas las organizaciones que obtuvieron subvenciones para el Disaster Case Management Program reportaron malos desempeños. La organización REHACE, de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, cerró el 90% de sus 2,140 casos habiendo cumplido con el plan de recuperación establecido entre sus manejadores de casos y los sobrevivientes participantes, y la Corporación de Desarrollo Económico, Vivienda y Salud, una entidad sin fines de lucro con sede en Arecibo, cerró con éxito el 67% de sus 2,828 casos.