Procesión sobre los estragos de un crimen ambiental en el Camino del Indio

A las 10:07 a.m. comienza la procesión. Y aunque estamos en cuaresma, la caminata nada tiene que ver con la Semana Santa y sus ritos. Un grupo de legisladores, directivos y empleados de agencias del Gobierno de Puerto Rico quiere ver de primera mano los estragos del crimen ambiental que por años ocurrió en la Reserva Nacional Estuarina Bahía Jobos en Salinas. 

Una flota de carros oficiales ocupa la entrada del Camino del Indio, que está en la comunidad Las Mareas y la Reserva. No falta el despliegue de policías. Los políticos cambiaron la corbata y la chaqueta por camisas impermeables marca Columbia, sombreros de playa y gorras.

Local and Federal Negligence Enables Environmental Crime in the Bahía Jobos Reserve in Salinas

For decades, an environmental crime has been taking place in the Bahía Jobos Reserve in Salinas before the eyes of many and implicates multiple branches of the government of Puerto Rico and the federal government that have been consistently negligent in carrying out their duties, an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) revelead. 

The matter at hand is the illegal occupation and construction, the deforestation of mangroves, the filling of wetlands and the sanitary discharges to the sea in an area of the high ecological value of the terrestrial maritime zone. There is a conflict over the land ownership where the reserve is located. To date, there is no study related to the title for the land, where there are occupants with deeds that refer to the 1898 Treaty of Paris, Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) Secretary Rafael Machargo confirmed in an interview with the CPI. The Jobos Bay National Estuarine Research Reserve, whose 2,800 acres belong mainly to the DRNA, was acquired with funds from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and has been managed with federal money since 1981, so there is joint jurisdiction over it. It is the only one of its kind in the Caribbean and one of only 29 in the United States and its territories.

Negligencia local y federal propicia crimen ambiental en la Bahía de Jobos en Salinas

Por décadas, un crimen ambiental ha estado ocurriendo en la Reserva Bahía Jobos en Salinas ante los ojos de muchos e implica a múltiples ramas del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno federal que han sido consistentemente negligentes en el descargo de sus funciones, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Se trata de la ocupación y construcción ilegal, la deforestación de mangles, el relleno de humedales y las descargas sanitarias al mar en un área de alto valor ecológico de la zona marítimo terrestre. 

Existe un conflicto por la titularidad de las tierras donde se ubica la reserva y al día de hoy no existe un estudio de título de los terrenos, donde hay ocupantes con escrituras que remiten al Tratado de París de 1898, confirmó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en entrevista con el CPI. 

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos, cuyos 2,800 acres pertenecen en su mayoría a DRNA, fue adquirida con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y es manejada con dinero federal desde 1981, por lo que hay jurisdicción conjunta sobre ella. Es única en su tipo en el Caribe y una de tan solo 29 en todo Estados Unidos y sus territorios. El daño ambiental en el área de la Reserva comenzó por lo menos a partir de los años 1970, aumentó en la década del 2000, y aceleró sin control entre 2017 y 2020, según fotos aéreas y testimonios obtenidos por el CPI. 

Cuando se le preguntó a Machargo por qué él y sus antecesores en el DRNA no activaron a la Policía de Puerto Rico para detener la tala, los rellenos de terrenos y las construcciones ilegales, se justificó diciendo que las actividades ocurrían en altas horas de la tarde, noche y madrugada. La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien aceptó tener conocimiento desde que entró funciones en 2013, dijo que no tiene jurisdicción y que hacía los referidos al DRNA.