El centro comunal de la urbanización Santa Juana en Caguas era uno de los espacios de encuentro para los más de 1,700 residentes de esta comunidad. Reuniones, festejos, charlas de diversos temas ocurrían en esta instalación que se construyó en la década del ochenta y que hace cinco años el huracán María afectó trastocando esta dinámica social. 

En el interior del centro, 10 zafacones y tres cubos todavía recogen el agua que se filtra desde el techo. Charcos en el piso evidencian que necesita repararse. Las puertas blancas de aluminio aún lucen golpeadas por los vientos sostenidos del huracán María que allí alcanzaron las 120 millas por hora. Una oficina se transformó en una covacha oscura para almacenar un escritorio, archivos, decoración navideña, una impresora y el monitor de las cámaras de seguridad que se dañaron tras el temporal.

Cinco años más tarde, la precipitación de hasta 25 pulgadas del huracán Fiona en algunas zonas de Puerto Rico empeoró incluso más el centro comunal Santa Juana, causando huecos más grandes en su techo de metal, indicó Ángel Quiles Vega, tesorero de la Asociación de Residentes de Santa Juana.

Afuera, un rótulo todavía advierte del peligro del asbesto a la salud. Aunque ya se removió ese material del techo y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales así lo certificó en junio, los vecinos  esperan desde finales de abril por los demás trabajos de reparación, según Marie Torres González, presidenta de la asociación.

Los residentes de esta urbanización no son los únicos que aguardan por la acción gubernamental. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que, a lo largo del archipiélago, otros centros comunales continúan en desuso tras el huracán María por falta de liquidez de los municipios para comenzar su reparaciones así como por escollos burocráticos federales y locales. La investigación también halló municipios que, por las misma razones, tardaron más de cuatro años en hacer reparaciones aun en aquellas instalaciones que solo requerían obras menores y una pequeña inversión. 

Dispersa la administración de los centros comunales

De acuerdo con el Archivo de la Fundación Sila M. Calderón, 122 centros comunales se construyeron o se repararon bajo el programa de Comunidades Especiales a principios de los 2000. Según Foundation for Puerto Rico, al menos 243 comunidades especiales tienen centros comunales. Algunos de estos ya existían cuando inició el programa gubernamental promovido por la exgobernadora Sila M. Calderón. 

Pero la responsabilidad de mantener y administrar estos centros comunales, y por lo tanto, a quién le correspondía solicitar fondos para su reparación, está en un limbo.

Al menos otros 59 centros comunitarios están bajo el Departamento de Recreación y Deportes con reclamaciones ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA).

Tras la creación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) en el 2017, el Departamento de la Vivienda (DV) le transfirió los centros comunales que estaban bajo el Programa de Comunidades Especiales, dijo a preguntas el oficial de prensa de Vivienda, Rafael Josué Vega.

No obstante, cuando el CPI solicitó a ODSEC una lista de los centros comunales bajo su administración, la oficial de prensa Wilmelis Márquez Montalvo dijo que esta oficina no tiene centros comunales y espacios recreativos o deportivos bajo su jurisdicción, como tampoco la tiene el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales.

“Las instalaciones que se edificaron o repararon bajo el Programa de Comunidades Especiales estaban bajo la titularidad del Departamento de Transportación y de Obras Públicas o de municipios, respectivamente”, dijo Márquez Montalvo. “En algunos casos, las mismas son administradas y mantenidas bajo la misma comunidad y en otras son mantenidas por los municipios. La ODSEC sí ha colaborado con materiales de reparación cuando la comunidad organizada así lo ha pedido, lo mismo con las canchas y los parques de pelota”, agregó.

Márquez Montalvo explicó que los títulos de propiedad de los centros comunales que se construyeron con fondos del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales están en su mayoría bajo el DTOP o el DV, y los que se remodelaron se encuentran bajo la administración de los municipios.

Sin embargo, DTOP dijo al CPI que “prácticamente todas” sus instalaciones recreativas – entre ellas, los centros comunales – están en proceso de ser transferidas a la ODSEC. El DTOP no proveyó un inventario de esas instalaciones según se le solicitó.  

Hay otros 303 centros comunales en residenciales públicos bajo la tutela de la Administración de Vivienda Pública, según datos enviados al CPI por esta agencia.

Se pierde el centro y la convivencia

La pérdida de estos espacios afecta el bienestar de los jóvenes, la convivencia social, así como el poder organizativo y participativo de las comunidades, coincidieron expertas en asuntos comunitarios que hablaron con el CPI.

Los eventos que se organizan en estas instalaciones tienden a beneficiar la salud mental de los individuos, mencionó Dolores S. Miranda Gierbolini, psicóloga social-comunitaria y catedrática del Departamento de Psicología, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). 

Además, las familias de escasos recursos económicos alquilan estas instalaciones para celebrar bodas, quinceañeros o cumpleaños debido a su bajo costo, añadió. 

Por lo tanto, su pérdida afecta principalmente a las comunidades vulnerables.

“Si el Estado no las repone, es muy poco lo que pueden reparar [las comunidades de clase baja] en términos de sus propios ingresos”, mencionó Miranda Gierbolini.

Hace 32 años, Torres González llegó a la urbanización de Santa Juana junto a su esposo y a sus dos primeras hijas. Los vecinos de la urbanización se convirtieron en su familia tras mudarse de Nueva York. El centro comunal, fundado bajo el nombre “Centro Cultural Santa Juana”, de cierto modo, fortaleció esa relación. 

Allí celebró el quinceañero de su hija menor junto a sus vecinos. Fue una experiencia inolvidable que anhelaba repetir con su nieta. Sin embargo, el deterioro se lo impidió y la obligó a organizarlo en el centro comunal de la urbanización San Antonio, en Caguas, a 15 minutos en auto de su comunidad.

Como presidenta, Torres González realizaba las reuniones de la junta directiva en el centro comunal. Ahora se reúnen al aire libre.

El alquiler de la instalación servía como fuente de ingresos para costear gastos como la jardinería del propio centro. “Nosotros hemos tenido que vender bizcochos, hacer mallorcas, cualquier actividad fuera del centro para poder pagar nuestros gastos”, agregó. 

Gilberto Rodríguez Muñiz, cajero retirado y residente de la comunidad hace 20 años, reconoció que la demora en la reparación ha distanciado incluso más a los residentes de la comunidad.

“Ese [centro comunal] es el punto donde va a converger la gente que no se ve en las casas, pero se ven ahí, comparten ahí”, expresó Rodríguez Muñiz.  “Crea una seguridad porque te sientes más en familia”, añadió.

Agendas pendientes

Se supone que el centro comunal de Santa Juana esté reparado en verano del 2023, dijo el asesor principal de la Oficina Municipal de Recuperación y Reconstrucción, en Caguas, Juan F. Alicea Flores.

Al preguntarle por la demora en la reparación, Alicea Flores lo atribuyó a que el centro comunal, así como el parque de béisbol, el parque pasivo y la cancha de baloncesto adyacentes, están en área inundable. Esto requirió, dijo, un estudio de la FEMA para saber cuánto costaría mitigar la inundación. 

Aunque el centro comunal no está incluido en el contrato otorgado a la compañía que hizo el estudio, Alicea Flores dijo en una segunda entrevista que — en lugar de reparar el centro comunal por separado — todas las instalaciones se repararán simultáneamente.

Los hallazgos del estudio hecho por H-H Ingenieros Consultores C.S.P. a un costo de $13 mil  se entregarán a la Junta de Planificación en septiembre, y luego se discutirán con el municipio, Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y FEMA, según Alicea Flores. 

Según el portal del COR3, desde mayo del 2021 FEMA obligó $448,588 para la reparación de la cancha de baloncesto, la pista de caminar, el parque pasivo, el gazebo y el centro comunal de Santa Juana, así como otras instalaciones en la urbanización Santa Elvira en Caguas. Han pasado 17 meses y nada se ha hecho allí.

Sin dinero en la caja

Funcionarios de los municipios de Arecibo, Vieques y Loíza explicaron al CPI que la reconstrucción de los centros comunales se retrasó porque no había dinero en las arcas municipales para asumir los costos y luego recibir un reembolso de parte de FEMA. 

A pesar de que los $750 millones del Fondo Rotativo para la Reconstrucción (FOR) se anunciaron en abril de 2021, la oficial de prensa de COR3, Maura Ríos Poll, indicó que solo seis municipios solicitaron estos fondos, y de estos, a tres se les desembolsó: Caguas, Las Piedras y Yabucoa. 

No fue hasta mayo de este año que FEMA anunció que autorizaría al COR3 adelantar el 25% del dinero obligado a través del programa piloto Working Capital Advance (WCA) a los ayuntamientos para los proyectos de reconstrucción que no habían iniciado su desarrollo por falta de dinero.

La directora de la Oficina de Planificación de Arecibo, Leslie Orama, dijo al CPI que ese municipio comenzó la reparación de los proyectos grandes tras ese adelanto. 

En la Villa del Capitán Correa uno de los centros comunales sin arreglar es el de Abra San Francisco, a pesar que desde enero del 2020 el COR3 desembolsó casi $7 mil para su reparación. La Directora de Planificación del ayuntamiento dijo que esos fondos están en una cuenta del Departamento de Finanzas y que se utilizarán para la rehabilitación de la instalación. No precisó cuándo se comenzará.

La comunidad no ha podido utilizar el centro comunal tras los daños que le ocasionó María. Tras las lluvias de Fiona también hubo filtraciones de agua, dijo José Hernández Colón, portavoz del centro comunal.

En tanto, en Vieques, el centro comunal Punta Mulas continúa sin reparar a pesar de FEMA haber anunciado en septiembre de 2020 la asignación de $461 mil para su reparación.

La líder comunitaria Alexandra Z. Connelly Reyes buscaba dónde organizar un campamento de arte para niños en la isla municipio cuando el alcalde José Corcino Acevedo le recomendó el centro comunal Punta Mula, en el barrio Isabel Segunda. La instalación, cerrada desde el huracán María, tenía los cristales rotos y está sin servicio eléctrico, dijo Connelly Reyes.  

“Estábamos buscando un lugar desesperadamente para los niños y cuando nos ofrecen este lugar, no estaba apto para tener a niños corriendo libremente y pintando”, relató Conelly Reyes. 

El vicealcalde de Vieques, Adolfo Rosa Miranda, explicó que la reconstrucción se retrasó en parte porque el Municipio “no tenía dinero suficiente en caja para sufragar los gastos que conllevan estos procesos”. 

El Grupo Atabaya LLC es el administrador de este y otros proyectos por casi $138 mil. El municipio no ha contestado a qué compañía otorgó el contrato de construcción o cuándo adjudicará el contrato de inspección del proyecto.

Para Morayma Correa Rivera, residente del sector Miñi-Miñi en el barrio Medianía Alta de Loíza, el centro comunal era cómodo porque no había que salir fuera de la comunidad para utilizarlo. “Casi todo Loíza donde hacía las actividades era ahí porque es tranquilo y hay parking”.

El centro comunal fue donde celebró el baby shower de su hija hace ocho años. Luego del huracán María, Correa Rivera recordó cómo las paredes comenzaron a filtrar agua, y se dañaron las cortinas acordeón y las ventanas en su interior.

La subasta de construcción del centro comunal se publicó en mayo del 2022 debido al volumen de proyectos en ejecución y a la limitación económica del municipio, explicó el oficial de prensa Israel Morales Alicea. En julio, el COR3 desembolsó casi $77 millones para ese proyecto, que incluye otros dos centros comunales en El Cabo y Villas de Loíza. Ya se adjudicó el contrato a la compañía AKA Electrical Engineering and Contractors Inc. por $225 mil.

Hasta la fecha, el WCA ha desembolsado $72.5 millones a 38 municipios para un total de 220 proyectos, de acuerdo con datos provistos al CPI por COR3. 

Además de la falta de liquidez, municipios como Arecibo y Vieques también tuvieron otras dificultades que han atrasado la recuperación. 

“Entiendo que la duplicidad de esfuerzos entre FEMA y COR3 dilata todas las acciones”, expresó la directora de planificación de Arecibo. “De haber tenido una comunicación más directa, tal vez avanzábamos un poquito más”.  

Ante la falta de personal diestro, la pasada administración de Arecibo delegó el trabajo de la recuperación a consultores externos de la compañía Redline Global. Por un año, esta empresa recibió $400,000 por servicios de representación y de consultoría. ​

Algunos municipios han adjudicado los atrasos en proyectos de recuperación a las litigaciones en los tribunales a donde recurrieron inconformes con los desembolsos ofrecidos por sus aseguradoras. El vicealcalde de Vieques indicó, por ejemplo, que su Municipio demandó por incumplimiento a la aseguradora MAPFRE y mencionó eso como un factor que atrasó la reparación del centro comunal Punta Mula y otras instalaciones en la Isla Nena. Tras la acción judicial, al centro de actividades se le asignó casi $256 mil para su reparación. Para los 16 proyectos de reconstrucción en el municipio, se acordó el pago de $8,584,927.

Activos cuando se reparan

Residentes del barrio Hato Viejo, en Arecibo, recordaron este mes vivencias de su comunidad y, para eso, el centro comunal de ese barrio se convirtió en una galería donde se exhibió un puñado de fotos de antaño de sus compueblanos. Bajo el título de “Recuerdos del Hato Viejo del ayer”, se escribieron los nombres de los negocios, policías, conductores, músicos y curanderas, entre otros, para recordarles principalmente a los jóvenes quiénes “echaron el barrio pa’lante”.

Esta actividad es un ejemplo de lo que sucede en el centro comunal que se reparó este año. Christopher Borrero Joseín, residente de Hato Viejo, mencionó que el huracán María arrancó la pintura, dañó las ventanas y múltiples enseres del centro comunal, entre ellos el aire acondicionado. 

El Municipio de Arecibo contrató a la compañía T & P por $26,744 para reparar el centro comunal. De esa cantidad, el seguro pagó ​​$11,120; y COR3, $7,544.    

Además de ser puntos de encuentros culturales, los centros comunales son también espacios que facilitan la gestión pública, como clínicas de vacunación. El centro comunal Guayabota de Yabucoa, reparado el año pasado, fue el sitio adonde acudieron los residentes del barrio del mismo nombre a vacunarse contra el COVID-19 en mayo.

Tras casi cinco años del paso del huracán Maria, la instalación fue reparada a un costo de $61,900. Las ráfagas de hasta 155 millas por hora en Yabucoa arrancaron las planchas de zinc del techo del centro comunal Guayabota, narró Ángel Luis Santana Flores, presidente del comité Guayabota Para Todos, a cargo de su administración. 

La compañía E.C.F.I.L. Services estuvo a cargo de los trabajos de reconstrucción que demoraron tres meses y se estimaron en $61,900, informó Pedro A. Crespo Ortiz, director de la Oficina de Finanzas y encargado de los proyectos de recuperación de Yabucoa.

El costo del proyecto de construcción del centro comunal, así como del Edificio Multifabril, en Yabucoa, es de $1,037,766, según COR3. 

Viva la autogestión comunitaria

Los residentes del barrio Sonadora de Aguas Buenas tomaron acción para la reparación de su centro comunal.  

En el transcurso de un año y medio, la comunidad, con sus recursos y los de otros barrios, reparó la instalación “poniendo una puerta hoy y una ventana mañana” inmediatamente tras el huracán, recordó Wilfredo López Montañez, presidente de la Junta Comunitaria del Barrio Sonadora de Aguas Buenas (conocida como “Sonadora en Acción”).

Para los vecinos, el centro comunal es más que una estructura de cemento. Cuando ocurrió el huracán María, la instalación se convirtió en el centro de apoyo y de comunicación de la comunidad donde además se distribuía alimentos y agua.

Actividades culturales, clínicas de salud y vacunación, entre otras, actualmente se llevan a cabo en el centro. El año pasado, el centro comunal fue sede de una reunión de líderes comunitarios del pueblo para la creación de una coalición comunitaria.

Todavía queda trabajo por hacer. López Montañez indicó que aspiran a reemplazar las ventanas por unas más resistentes e instalar energía solar.

Otro sector donde la recuperación comenzó por esfuerzo de sus líderes fue Las Calandrias, en el barrio Maguayo, de Dorado. 

Margarita Oyola Morales ya no vive ahí, pero aún es líder comunitaria de Las Calandrias. Nació y se crió en esa comunidad. 

Las paredes del centro comunal fueron afectadas por el huracán María y empeoradas por los temblores cotidianos. Oyola Morales solicitó $195,000 al exdirector del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales y ODSEC, Jesús A. Vélez Vargas, para repararlo. 

El centro comunal se reparó con una asignación de $134,707. Vélez, en representación de ODSEC, contrató en el 2019 a la corporación Friends Quality Group para reparar el centro comunal y la cancha bajo techo, ubicada en un terreno aledaño. Sin embargo, los fondos no fueron suficientes para la cancha, dijo Oyola.

Larga historia en Puerto Rico

Los primeros centros comunales en Puerto Rico se construyeron entre 1935 y 1942 bajo la Administración de Reconstrucción de Puerto Rico (PRRA, en inglés), según Geoff Burrows, historiador y autor de The New Deal in Puerto Rico: Public Works, Public Health, and the Puerto Rico Reconstruction Administration. 

Con manos puertorriqueñas y fondos federales, se levantaron centros comunales en madera, ladrillo y barro en casi todos los municipios de Puerto Rico, especialmente en los suburbios y en la ruralía, menciona el historiador. 

Puerto Rico había sufrido los embates de los huracanes San Felipe II en 1928 y San Ciprián en 1932. La PRRA buscaba rehabilitar la economía agrícola de la Isla a través de proyectos de vivienda, plantas hidroeléctricas, préstamos y cooperativas agrícolas. 

Agricultores, en su mayoría, recibieron clases de higiene y finanzas, entre otras, en estos centros comunales, indicó Burrows al CPI. Algunos eran administrados por los gobiernos municipales, y otros, por sus asociaciones de residentes.

“Los centros comunales se diseñaron para empoderar a los puertorriqueños”, dijo.

Luis Joel Méndez González es integrante de Report for America.