Unidad Investigativa de Género
Cuando la geografía determina tu acceso a servicios maternos
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La geografía determina el acceso a servicios para embarazadas
A Marinelis Acevedo Cordero le preocupaba que algo anduviera mal en su embarazo, pero no encontraba ginecólogos obstetras en la zona oeste dispuestos a atenderle. “Yo había llamado a varios ginecólogos del área y ninguno cogía el plan”, detalló frustrada la joven de 27 años, residente en Moca.
Era diciembre de 2024 y solo un obstetra del pueblo de Mayagüez le dijo que podía atenderla, pero que cada cita le costaría $100 y, además, se le cobraría el parto. A ella, no le pareció factible.
La embarazada procedió a sacar una cita con su endocrinóloga, quien le consiguió un médico que atendía en Mayagüez y Sabana Grande. Ese ginecólogo tampoco aceptaba MCS Life, que era su plan médico.
“Cuando yo llamé al plan para saber si había algún ginecólogo que cogiera el plan en el área oeste, me dijeron que el más cerca estaba en el sur”. Debido a esas circunstancias, Acevedo Cordero prefirió solicitar el Plan Vital, que solo tardó “unas semanas” en ser aprobado y pudo atenderse con el ginecólogo que le había recomendado su endocrinóloga.
Llegar a sus citas en Sabana Grande le tomaba cerca de una hora. “A veces, pasábamos todo el día allí”, recordó. Y las veces que le tocaba acudir a la oficina de Mayagüez, llegar le tomaba entre 40 minutos y una hora.
La experiencia de Acevedo Cordero no es aislada. Parir en Puerto Rico se ha convertido en un desafío marcado por la falta de servicios de ginecólogos obstetras cercanos y el cierre de salas de parto. En la mayoría de los pueblos del centro de la Isla, esa realidad se acentúa.
Entre las principales razones para los cierres de salas de parto en Puerto Rico están la reducción de obstetras, en parte porque los planes médicos no les pagan lo suficiente; las costosas demandas en el área de obstetricia; y la reducción en nacimientos, coincidieron el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, y el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez.
El 20% de los municipios de Puerto Rico se catalogan como “desiertos de cuidado materno", según un informe realizado por la organización March of Dimes, una organización estadounidense dedicada a la salud de las madres y sus crías.
Los desiertos de cuidado materno son zonas que carecen de hospitales o centros de parto con atención obstétrica y de proveedores especializados. La literatura médica los ha vinculado a peores resultados de salud materna, incluidas mayores complicaciones al parir y a travesías más largas para acceder a servicios.
El Departamento de Salud mantiene registro de 468 médicos con especialidad en ginecología y obstetricia y licencia vigente para ejercer en Puerto Rico. De estos, 408 aparecen trabajando en Puerto Rico. Sin embargo, la agencia no tiene el detalle de cuántos ofrecen servicios a embarazadas hasta el momento del parto.
La Unidad Investigativa de Género buscó los números de contacto de cada uno y les llamó como lo haría cualquier persona en gestación en busca de un ginecólogo obstetra. Logró respuesta de las oficinas de 220 médicos. Muchas llamadas resultaron ser a números que aparecían desconectados, tenían sistemas de grabación sin que fuera posible contactar con un ser humano o simplemente sonó el teléfono sin que hubiera respuesta. Entre quienes respondieron, solo se identificaron 63 que atienden embarazos hasta el momento del parto. Otros nueve atienden embarazadas, pero solo como parte de subespecialidades o para orientaciones iniciales.
De los 63 obstetras, 56 están aceptando nuevas pacientes. De esos 56, unos 47 aceptan Plan Vital, el plan de salud del Gobierno de Puerto Rico.
Del total que respondieron, 145, es decir, el 66%, confirmó que no atienden a embarazadas. “Ya no”, fue una de las respuestas más repetidas.
“Ya no”, fue una de las respuestas más repetidas.
Los municipios en los que trabajan los 63 médicos que atienden embarazos hasta el momento del parto son 24, lo que significa que siete de cada 10 no tienen ni una sola oficina de servicios ginecológicos que la Unidad Investigativa de Género pudiera contactar tras varias llamadas en diferentes días.
Las zonas oeste, centro y este, incluidas las islas municipio, son las que principalmente están desprovistas de servicios.
Algunos de los médicos que sí atienden a embarazadas hasta el alumbramiento lo hacen en dos y hasta tres municipios. San Juan y Caguas son los pueblos que tienen la mayor cantidad.
Entre 2021 y 2022, los datos del Departamento de Salud revelaron un aumento de 21.4% en hipertensión durante el embarazo, así como un incremento en problemas cardíacos, de tiroides y ansiedad.
Además, para 2023 aumentaron los nacimientos con bajo peso y la mortalidad fetal. A su vez, la depresión posparto subió de un 10.8% a 17.7% en solo cuatro años.
La doula y partera Paloma del Mar Hernández Quiñones destacó que la mayoría de las embarazadas en Puerto Rico comienzan a recibir cuidado en su primer trimestre, pero los datos apuntan a que el 8% y el 11% desarrollan diabetes gestacional e hipertensión, respectivamente. Hernández Quiñones destaca que esto ocurre aun cuando muchas son jóvenes y sin condiciones preexistentes.
Las complicaciones durante el embarazo en Puerto Rico generan “preocupación” a pesar de que el 85% de las embarazadas comienza sus cuidados prenatales en el primer trimestre, según surge de una solicitud de fondos que realizó el DS en 2024 al programa federal Title V Maternal and Child Health Services Block Grant. Las complicaciones más prevalentes durante el embarazo en la Isla son: anemia, ansiedad, alta presión, depresión y diabetes gestacional.
La doula y partera Paloma del Mar Hernández Quiñones.
Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas | todaspr.com
Hernández Quiñones cuestionó si realmente las embarazadas reciben información educativa y seguimiento de manera oportuna para prevenir complicaciones: “¿Qué herramientas tú estás recibiendo para reducir esos riesgos?”.
La experta detalló que una persona de alto riesgo que vive en Vieques, Culebra o Río Grande tiene que perder todo un día de trabajo, a veces viajando en transportación pública hasta hospitales en Carolina o San Juan, lo que empeora las brechas de acceso, una carga asociada con desigualdades raciales y económicas en el acceso a la salud materna.
Esa realidad se traduce a números. En el 2016, el 100% de las embarazadas que residían en Culebra recibieron cuidado prenatal en el primer trimestre de embarazo, según el Índice Integral de la Salud Materna e Infantil de Puerto Rico. Sin embargo, para el 2023 Culebra fue el municipio con menos acceso a cuidado prenatal temprano en toda la Isla, con solo un 53.3% de las embarazadas recibiendo cuidados durante su primer trimestre.
Vieques, que comparte la realidad de depender de traslados hacia la isla grande para recibir servicios, también se ubicó entre los municipios con mayores dificultades de acceso a cuidado prenatal. Además, obtuvo algunas de las cifras más altas de muertes fetales en 2023, bebés que nacieron bajo peso y partos prematuros.
Municipios como Cabo Rojo, Yauco, Cataño y Quebradillas se repitieron entre los que registraron los porcentajes más altos tanto de partos prematuros y muertes fetales.
Ana Elisa Pérez Quintero es una madre viequense que sólo consiguió servicios ginecológicos en el pueblo de Juncos. Para llegar a sus citas, debía transportar su auto en ferry desde Vieques hasta Ceiba y pasar la noche previa en casa de su mamá en Río Piedras. Al día siguiente, se despertaba temprano y conducía cerca de 50 minutos hasta Juncos. De ida y vuelta, eran alrededor de $30 solo en el ferry, sin contar la gasolina de su auto. A medida que su parto se acercaba, sus viajes se hacían más frecuentes.
“Por suerte y por la vida, nosotros lográbamos cruzar un carrito que yo tengo”, recordó sobre el proceso de llegar a cada una de sus citas prenatales haciendo el sacrificio de ahorrar dinero para transportar el carro. “Hay gente que viaja en carro público, a veces preñada”, añadió.
Cada vez más cesáreas e intervenciones
Un estudio reciente en Carolina del Norte vinculó los desiertos de cuidado maternos —incluida la falta de salas de parto y de servicios asociados— a mayores tasas de cesáreas, complicaciones durante el embarazo, partos prematuros y diabetes gestacional.
Los profesionales de la salud reconocen que Puerto Rico tiene una de las tasas de cesáreas más elevadas del mundo, con más de la mitad de los partos siendo intervenidos por este procedimiento, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda, desde 1985, que la tasa de cesáreas en cada país permanezca entre 10% y 15% de los partos.
En Puerto Rico, las cifras del Informe Anual de Estadísticas Vitales apuntan a un aumento en cesáreas. Entre 2021 y 2023, el porcentaje de cesáreas aumentó de 49.6% a 50.6%.
Incluso, las puertorriqueñas que viven en Estados Unidos tienen tasas de cesáreas más bajas que en Puerto Rico, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés).
Según el ginecólogo obstetra y especialista en infertilidad Nabal Bracero Serrano, muchas de las cesáreas se hacen tratando de solucionar complicaciones que ocurren durante el embarazo.
“Estamos conscientes de esa tasa alta. Estamos todo el tiempo educándonos, buscando cuáles son las mejores herramientas tanto […] en tecnología en los hospitales como en el manejo clínico”, dijo el especialista que anualmente organiza el Maternal Safety and Health Symposium para discutir con otros profesionales temas de salud materna en Puerto Rico y cómo se pueden evitar cesáreas.
Aumento preliminar en muertes maternas
Bracero Serrano comenzó a coordinar esos simposios como una forma de prevención de mortalidad y morbilidad maternas, asuntos para los cuales no ha observado una disminución como la que esperaba en el país.
En el 2023, el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna del Departamento de Salud identificó ocho muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. En 2024, los números preliminares ofrecidos en marzo a la Unidad Investigativa de Género ya apuntaban a 22 muertes.
“No todos los casos están relacionados al embarazo, porque hay muertes por choque de vehículo de motor o por asesinato, y son causas no relacionadas al embarazo… Las relacionadas al embarazo son las que estamos mirando ahora”, destacó el evaluador de programas de la División de Salud Familiar e Infantil, Sixto Javier Merced Rolón.
Limitada recopilación de cifras
El Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna del Departamento de Salud es un equipo compuesto por analistas y profesionales de la salud que identifican los casos de muertes maternas, realizan entrevistas, llaman a los médicos y siguen un protocolo dirigido por los CDC. Entre estos, hay siete enfermeras en cada región, una psicóloga clínica, una epidemióloga, una ginecóloga y un comité de funcionarios de agencias que deben revisar los casos de mortalidad y emitir recomendaciones para reducirlos. Aunque la prioridad del equipo es “prevenir las muertes maternas”, su consolidación ha sido muy interrumpida.
Merced Rolón fue quien comenzó con el conteo de muertes maternas en 2005. Aunque para los años siguientes había logrado formar un equipo para el recogido estadístico de muertes maternas, este se desintegró cuando ocurrieron los despidos de empleados públicos entre 2009 y 2010 tras la ejecución de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009. De ahí, que Merced Rolón impulsara la Ley del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna, que se firmó en 2016, pero no se asignaron fondos para el proyecto. No fue hasta el 2023 —siete años más tarde— que lograron la aprobación de una propuesta por parte de los CDC y se les otorgaron los fondos con los que operan actualmente hasta el 2029.
Una vez otorgados los fondos, el CDC les requirió un protocolo para el recogido estadístico que ofrecía uniformidad con estados de Estados Unidos también recipientes de fondos. Por tanto, los números de muertes maternas antes de 2023, explicó, no pueden compararse con los actuales.
“[El nuevo protocolo] nos ha ayudado mucho no solamente a estandarizar el proceso y a tener un proceso más estructurado, sino también a mejorar las estadísticas, porque la certeza de las muertes maternas es mucho mejor que en años anteriores”, destacó Merced Rolón. Apuntó que sería prematuro hablar de un aumento en muertes maternas en el país, pues las cifras actuales no son comparables con las de años anteriores debido a diferencias en las metodologías de recopilación de datos. Subrayó que ha observado fluctuaciones de aumentos y disminuciones a través de los años. Sin embargo, desconoce la causa.
“No hemos tenido la oportunidad hasta ahora de tener un buen sistema de recopilación de datos y de análisis. Apenas empezamos en 2023… Necesitamos más tiempo para poder responder por qué fluctúa [la cifra de muertes]”, expresó.
Aun así, las muertes maternas son la parte más importante de observar en un sistema de salud materna en decadencia, porque la mayoría de las muertes por esta causa son prevenibles, según la investigadora y partera de la Universidad Texas A&M, Jacquelyn Alvarado.
“La ubicación geográfica no debería determinar si una mujer merece atención o no. Y creo que, en un país con tantos recursos y conocimientos especializados, el lugar donde vive una mujer no debería determinar si sobrevive al embarazo o no”, expresó desde una conferencia virtual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
Aunque su experiencia está relacionada con las zonas rurales de Estados Unidos, Puerto Rico comparte muchos de los retos de travesías y desiertos de cuidado materno que mencionó la investigadora.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico catalogó los desiertos de servicios en el país como una “crisis” propiciada por una reducción en nacimientos y éxodo de especialistas hacia Estados Unidos. Además, criticó la falta de voluntad por parte del Gobierno para atenderla.
“El diagnóstico (de la crisis) está hecho, pero no hay voluntad de parte del Gobierno (para atenderla)... No sale de la voluntad de los legisladores ni del Ejecutivo establecer aquí que hay una emergencia, una crisis de salud”, expresó el cardiólogo.
Argumentó que —ya sea por medio de un estado de emergencia o por medio de legislación— el Gobierno debe establecer que existe una crisis de salud y detallar un plan para atenderla en los próximos cinco a 10 años. Según el galeno, este plan debe incluir incentivos para que especialistas permanezcan en el país, acortar el tiempo que un médico debe esperar por su licencia final y la fiscalización de las aseguradoras en torno a la contratación de médicos y sus tarifas.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Carlos Díaz Vélez.
Foto por Vanessa Serra Díaz | Centro de Periodismo Investigativo
“El Colegio de Médicos, por su parte, ha estado en una campaña […] de establecer claro dónde están las necesidades de los médicos y nosotros hemos estado luchando con el Gobierno porque no está siendo proactivo en esto”, comentó.
Por otra parte, el secretario de Salud Ramos Otero catalogó como falsas las declaraciones de que el Gobierno no está siendo proactivo con la crisis de salud del país.
“Eso es totalmente falso. Definitivamente nosotros tenemos un plan”, argumentó para luego detallar que ese plan incluye incentivos para especialistas, acceso a la telemedicina, promover residencias médicas dentro del país y propiciar centros de excelencia para retener a los profesionales de salud en Puerto Rico.
Aunque subrayó que la necesidad de mayores servicios obstétricos “es un reto”, afirmó su intención de consolidar cerca de 30 leyes en un solo código de profesionales de la salud que establezca reglas claras para las juntas de licenciamiento de profesionales que pertenecen a Salud. Además, dijo que trabajaría para agilizar la credencialización de médicos con planes médicos, tramitar repagos de los préstamos estudiantiles, y que se encuentra en negociaciones con la Junta de Control Fiscal para promover más incentivos contributivos para los profesionales de salud.
“Una sola cosa no va a resolver el problema”, mencionó.
El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.
Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo
Cuando se le abordó en torno al cierre de las salas de parto en Puerto Rico, Ramos Otero aseguró que se le tiene que pedir permiso al momento de cerrar una sala.
“Yo soy bien reacio a autorizarlo [el cierre de salas de parto], pero algunos ha habido que autorizarlos… Pero ha habido varios cierres adicionales que yo no he autorizado”, y mencionó como ejemplo la sala de partos del Hospital Pavía de Arecibo.
Entre 2025 y 2026, el Senado de Puerto Rico ha presentado al menos tres informes negativos hacia medidas dirigidas a investigar el cierre de las salas de parto, facilitar el acceso a estadísticas de cesáreas y promover acciones contra la violencia obstétrica.
Los tres proyectos fueron presentados en 2025 por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. La senadora Ada Álvarez Conde, del Partido Popular Democrático, fungió como coautora en la medida que atendía la violencia obstétrica junto con el senador del PIP, Adrián González Costa, quien también figura en la medida sobre estadísticas de cesáreas.
Acevedo Cordero, la joven de Moca, agradece que su embarazo y parto se desarrollaron sin complicaciones. Describió la sensación de tener a su bebé en brazos como “la experiencia más maravillosa de la vida”, a la vez que reclamó más servicios cercanos para atender embarazos y partos en el país.
“Me encantaría que para una próxima ocasión, si Dios me da la bendición de tener otro hijo o hija, que hubiera ginecólogos más cerca, que hubieran salas de parto abiertas más cerca, que no tenga que viajar tan lejos”, expresó.
En su caso, no tuvo que dejar a su bebé en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (NICU), pero aseguró que tiene amistades que viajaban todos los días desde pueblos del oeste hasta la sala de partos de San Germán para visitar y lactar a sus hijos.
“Sería superconveniente que hubieran salas de parto más cerca”, puntualizó.
En este reportaje colaboraron las periodistas Cristina del Mar Quiles, Génesis López Cruz, Camila Cobo Ortiz, Gabriela Dávila, Marta de Jesús, Mariela Fullana Acosta y el periodista Víctor Rodríguez Velázquez.
