Salud

El abogado y administrador de servicios de salud bajo los gobiernos de Vázquez y Pierluisi cuestionó las cifras financieras que el plan médico ha presentado ante la Oficina de la Comisionada de Seguros e indicó que urge determinar la situación financiera real de la compañía.

En este año, la ASES ha emitido dos multas contra First Medical, una por $1.8 millones por el incumplimiento en el pago a proveedores y otra de $1.4 millones por no entregar las métricas sobre su centro de llamadas. En 2024, se le impusieron tres multas que sumaron más de $1.5 millones por incumplir con pagos de reclamaciones a proveedores.

Las cifras de la Oficina del Comisionado de Seguros revelan que las primas mensuales han aumentado en promedio entre 100%, y hasta 1,400% en el caso de los retirados del Gobierno en los pasados 10 años. Los costos se han vuelto inaccesibles para muchas personas.

Médicos y proveedores han dejado de aceptar el plan por problemas de pago y dicen estar preocupados por el futuro del seguro médico que cubre las necesidades de salud de medio millón de personas en Puerto Rico.

Una investigación del CPI en torno al repentino cierre del hospital a menos de dos años de su apertura revela que, desde antes de comenzar operaciones, había serios problemas económicos y entuertos legales.

Pese a los altos costos de los tratamientos de enfermedades complejas y la enorme necesidad económica de la población, el Gobierno reparte los fondos de manera arbitraria y opaca.

La Oficina del Inspector General señaló que de manera inusual el DCR adquirió los servicios profesionales de esta compañía mediante órdenes de compra, en algunas ocasiones no le hizo las retenciones contributivas y pagó facturas que no detallaron los servicios prestados.

Sin haber sido confirmado al puesto, y con una nutrida lista de imputaciones de corrupción, el nominado Secretario de Salud ya ha contratado en la agencia a un grupo cercano de médicos que lo han estado defendiendo públicamente.

La mayoría de las “nuevas plazas” para especialistas anunciadas por el saliente Secretario de Salud son en realidad internados para generalistas y plazas existentes, en lugar de espacios para nuevos médicos especialistas en formación, que es lo que hace falta para atender la crisis de servicios en la Isla.

Salud sólo ha logrado vacunar a 19 niñas y niños, está sin suficientes materiales y recursos, y sus equipos e instalaciones están obsoletas para enfrentar el aumento sostenido de casos.

La quiebra que radicó el grupo hospitalario bajo el Capítulo 11 de reorganización ronda los $500 millones. Mientras crecían las deudas gubernamentales, también se daba la contratación de líderes políticos o de sus familiares.

Pese a las vacunas y a la disponibilidad de medicamentos para el COVID-19, en 2022 murieron 35,400 personas en la Isla, la mayor cifra de los últimos 20 años.

Una pequeña compañía de tecnología llamada SupportPR, de un donante y colaborador del gobernador Pedro Pierluisi, ha dominado y establecido pautas de contratación en los trabajos de tecnología en el Departamento de Salud desde la pandemia y que superan los $144 millones.

De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico lleva más de dos años sin publicar un informe que exige anualmente la Ley federal de Presupuesto Equilibrado de 1997 sobre la calidad de los servicios prestados por las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del Gobierno. 

Los pocos planes que sí están abiertos a la evaluación y permiten que los datos sean públicos obtuvieron pobres calificaciones por los servicios que ofrecen a los ciudadanos, sobre todo en los renglones de prevención de enfermedades y de tratamiento de condiciones de salud mental.