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Madero contraataca
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Después de obtener una decisión favorable de parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la compañía desarrolladora del proyecto Paseo Caribe contraatacó con una demanda federal en la que solicitan $38 millones en compensación por los daños que tres funcionarios supuestamente le provocaron durante el controvertible proceso administrativo que incluyó la paralización temporera de la obra. San Gerónimo Caribe Project (SGCP) radicó su demanda el 24 de octubre pasado, en contra del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos, y el jefe de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) Luis Vélez Roche por supuesta violación a los derechos de debido proceso de ley e igual protección de las leyes contenidos en la Constitución de los Estados Unidos y por daños. La reclamación de $38 millones se hace en el carácter personal de los funcionarios y se desglosa de la siguiente manera: $1,023,419 millón en intereses de los préstamos de construcción; $86,000 en costos de “movilización y desmovilización de los contratistas”; $753,900 por aumento en la proyección original de costos de los contratistas; $407,400 por aumento en la proyección original de costos de SGCP; $89,750 en costos de mantenimiento a las estructuras; $139,949 en gastos de seguridad; $1.5 millones en costos por atraso; $3,037,405 por concepto de renta perdida; $11,055,000 en pérdida de ventas por el atraso; y $20 millones en pérdida de reputación y buena voluntad comercial. Además de estos $38 millones, SGCP se reservó determinar una cantidad adicional en aumento de costos de construcción. Según SGCP, el Gobierno de Puerto Rico obstaculizó por 70 días su derecho legal de construir el proyecto luego de las decisiones que tomó ARPE de paralizar la construcción para realizar investigaciones sobre la naturaleza de los permisos concedidos y su legitimidad.
