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Los ‘strikes’ de los nominados al Supremo

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El Tribunal Supremo ha revocado más de la mitad de las opiniones acogidas para revisión del juez de apelaciones Rafael Luis Martínez Torres, una de las tres designaciones que el Gobernador Luis Fortuño realizó para ocupar las vacantes en el Alto Foro.  

Cuando el Supremo revoca, se entiende que el juez revisado aplicó incorrectamente el derecho o que partió de una apreciación incorrecta de los hechos. El ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, David Helfeld, indicó en referencia al proceso de evaluación de los candidatos a nuestro tribunal de mayor jerarquía que “la mejor prueba de su capacidad es su ejecutoria como jueces”. Esa proporción de opiniones revocadas de Martínez, 21 de 40, es mayor a la que refleja la otra designada, y también jueza de apelaciones, Mildred Gail Pabón Charneco. El récord de revocaciones de Pabón Charneco es un poco menor al de Mafrtínez con un 44% de sus opiniones dadas al traste por el Supremo, pero esta lleva menos tiempo ejerciendo como juez.

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Los designados uno a uno y caso a caso

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Encuentre aquí el historial académico y profesional de los designados así como una recopilación de algunas de las decisiones en las que el Tribunal Supremo los ha confirmado o revocado.  

 

Hon. Rafael Luis Martínez Torres
50 años (20 años de servicio potencial en el Supremo)
Abogado desde 1984
Graduado de la Universidad de Puerto Rico
Trabajó en el Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo
Trabajó en el Bufete Fiddler González & Rodríguez P S C hasta el 1993
Trabajó en la Cámara de Representantes como asesor por contrato 1993-1995
Nombrado por el Hon. Pedro Roselló González
Nombramiento al Tribunal de Apelaciones – 28 de febrero de 1995

Algunas de sus revisiones por el Supremo:
-Revocado al permitir que un compañero juez de apelaciones interviniera como juez de instancia en un caso aunque ya estaba sirviendo en el Tribunal de Apelaciones. (Luis F. Cosme v. Hogar Crea.

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Madero contraataca

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Después de obtener una decisión favorable de parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la compañía desarrolladora del proyecto Paseo Caribe contraatacó con una demanda federal en la que solicitan $38 millones en compensación por los daños que tres funcionarios supuestamente le provocaron durante el controvertible proceso administrativo que incluyó la paralización temporera de la obra. San Gerónimo Caribe Project (SGCP) radicó su demanda el 24 de octubre pasado, en contra del Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, el secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos, y el jefe de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) Luis Vélez Roche por supuesta violación a los derechos de debido proceso de ley e igual protección de las leyes contenidos en la Constitución de los Estados Unidos y por daños. La reclamación de $38 millones se hace en el carácter personal de los funcionarios y se desglosa de la siguiente manera: $1,023,419 millón en intereses de los préstamos de construcción; $86,000 en costos de “movilización y desmovilización de los contratistas”; $753,900 por aumento en la proyección original de costos de los contratistas; $407,400 por aumento en la proyección original de costos de SGCP; $89,750 en costos de mantenimiento a las estructuras; $139,949 en gastos de seguridad; $1.5 millones en costos por atraso; $3,037,405 por concepto de renta perdida; $11,055,000 en pérdida de ventas por el atraso; y $20 millones en pérdida de reputación y buena voluntad comercial. Además de estos $38 millones, SGCP se reservó determinar una cantidad adicional en aumento de costos de construcción. Según SGCP, el Gobierno de Puerto Rico obstaculizó por 70 días su derecho legal de construir el proyecto luego de las decisiones que tomó ARPE de paralizar la construcción para realizar investigaciones sobre la naturaleza de los permisos concedidos y su legitimidad.