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FEMA evade atender situaciones de acoso sexual y hostigamiento laboral en su oficina de Puerto Rico

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Invitaciones a tríos sexuales por parte de jefes, comentarios no solicitados sobre la vestimenta, órganos sexuales y sobre portación de armas de fuego, e incluso besos a la fuerza en el lugar de trabajo son algunos tipos de violencia de género que han experimentado empleadas puertorriqueñas por parte de supervisores y compañeros de trabajo en la oficina de Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), desde donde se atiende el proceso de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) recibió y confirmó estas confidencias por medio de 13 testimonios de personas que trabajan o han trabajado para FEMA en Puerto Rico y que decidieron contar sus historias tras la publicación en marzo de una investigación de este medio que reveló un patrón de hostigamiento laboral en la Oficina Asuntos Externos de la agencia federal, con al menos seis casos denunciados oficialmente. En total, ahora suman 16 los casos que ha documentado el CPI, la mayoría de mujeres, quienes han presentado denuncias de manera oficial contra diversos trabajadores de FEMA en Puerto Rico por presuntas situaciones de acoso sexual, hostigamiento laboral, persecución, intimidación o discrimen por edad y género al momento de otorgar plazas de trabajo. Algunos de estos casos, ocurridos entre 2018 y 2020, permanecen sin atenderse desde hace más de tres años y en ciertas ocasiones el patrono mantiene a las personas que hicieron la denuncia cerca de sus presuntos agresores y no les han dado remedios. El CPI solicitó reacciones y entrevistas sobre este asunto a todas las instancias de FEMA, tanto local, regional como a la oficina central de la agencia, pero todas rechazaron ser entrevistadas y enviaron declaraciones generales que no atienden las preguntas formuladas y los asuntos denunciados.

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Patrón de hostigamiento laboral campea en la oficina de Asuntos Externos de FEMA en Puerto Rico

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Un ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento laboral, persecución, intimidación y discrimen por edad y género parece reinar en la oficina de Asuntos Externos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) en Puerto Rico, según hechos documentados desde 2019 por al menos diez empleados, en su mayoría, mujeres. La denuncia llegó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de dos fuentes por separado, que señalan a los directivos de esta oficina, Juan Andrés Muñoz Torres y Ricardo Agosto Castro, director y subdirector de Asuntos Externos, respectivamente, como presuntos responsables de estas situaciones de acoso que han conllevado la renuncia de empleados, relevo de funciones, asignación de tareas no relacionadas y la obstaculización en el progreso laboral dentro de FEMA. El CPI supo que al menos cuatro de estos empleados se querellaron formalmente ante la Oficina de Igualdad de Derechos Civiles (OER, en inglés) de FEMA, guiados por la Ley sobre Notificaciones y contra la Discriminación y Represalias para Empleados Federales (No FEAR, en inglés), las protecciones de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEO, en inglés), y la declaración de política contra el discrimen de la Oficina para Derechos y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al que está adscrito FEMA. “Tengo la obligación de denunciar que mis compañeras de trabajo y yo hemos sido perseguidas, presionadas, acosadas, degradadas como profesionales por estar aisladas y sin acceso a la información y por estar totalmente asignadas a tareas irrelevantes y tratadas de manera insultante”, informó una de las querellantes de esa oficina a un superior en FEMA en un documento al que el CPI tuvo acceso. 

No obstante, a casi dos años de haber sido sometidas algunas de estas denuncias, la agencia federal mantiene a ambos funcionarios en sus puestos sin ninguna penalización y no ha ofrecido remedio o protección a las personas que han denunciado estas conductas, confirmaron las dos fuentes del CPI, quienes prefirieron hablar en condición de anonimato por temor a represalias. El CPI buscó conocer el estatus de esas querellas, si fueron desestimadas o hubo sanciones, pero ni Muñoz Torres ni Agosto Castro respondieron a una solicitud de entrevista o reacción.