CUNY

James “Jim” Millstein, el principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein & Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA, reconoce que la Junta de Control Fiscal puede tomar decisiones que serán rechazadas por algunos sectores.

Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.

Uno de los retos que enfrenta la cobertura sobre la crisis fiscal es la falta de información sobre los poseedores de la deuda y la evasiva de las fuentes del gobierno para ofrecer información.