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Junta de Control Fiscal: un gobierno paralelo de consultores y abogados

Además de los jugosos salarios devengados por los funcionarios de la Junta, de las arcas públicas de Puerto Rico también salen millones de dólares para pagar por un andamiaje de cientos de contratistas, que en su mayoría están fuera de la Isla. Contratados para asistir a la Junta, estos ejecutivos participan directamente en la confección de planes fiscales y presupuestos, el manejo de la chequera, la reestructuración de la deuda, los casos de quiebra, y la operación y venta de la Autoridad de Energía Eléctrica.

1 agosto, 2018

Martin Bienenstock mira su tableta. Lleva traje azul marino, corbata verde, pierna derecha cruzada y está sentado en la audiencia. En medio del libreto que sigue la duodécima reunión pública de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, alza la vista, ajusta sus espejuelos, frunce el ceño y presta atención a la discusión. Aparenta que nada pasa y centra nuevamente su mirada en el aparato electrónico.

Bienenstock es un reconocido abogado en el exclusivo mundo de quiebras. Con casi 40 años de experiencia, ha estado en las principales quiebras corporativas en Estados Unidos. Jugó un papel central en la reestructuración de las compañías automotrices General Motors y Chrysler. También representó en su quiebra a la ya difunta del sector energético, Enron. Su biografía menciona que por los pasados 10 años, ha sido un fijo en la lista de los 100 abogados de quiebra más influyentes de Estados Unidos del National Law Journal. Un “MVP” entre los abogados de quiebra según Law 360, un medio especializado en temas legales.

Desde finales de 2016, Bienenstock y el bufete para el que trabaja, Proskauer Rose, son el principal asesor legal de la Junta de Control Fiscal, particularmente en los casos de quiebra bajo el Título III de PROMESA. Entre mayo de 2017 y junio de 2018, dedicó sobre 1,500 horas de su vida a la quiebra de Puerto Rico. Cada minuto de trabajo de Bienenstock cuesta $12.65 al erario y ya facturó más de $1.3 millones en tan solo un año. Una solicitud de reacción a Bienenstock no fue atendida al cierre de esta edición.

Bienenstock y su equipo de Proskauer son solo parte del andamiaje de cientos de contratistas que trabajan para la Junta. Más de 200 abogados, consultores y otros profesionales — ejecutivos de la quiebra — constituyen la “mano de obra” del ente impuesto por el gobierno federal a través de la ley PROMESA, según los contratos y la facturación que examinó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los contribuyentes puertorriqueños han pagado a esta fecha, por lo menos, $80 millones en gastos de la Junta. El presupuesto de la entidad para el nuevo año fiscal añade sobre $60 millones a la cuenta.

A juicio de la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, la Junta es cuidadosa, selectiva y hace “lo mejor posible” para controlar el gasto en servicios profesionales “de calibre mundial”, según lo califica. “Los problemas de Puerto Rico son muy complejos, únicos. Requieren las mejores soluciones posibles. Cuando miras el plan fiscal ves que no fue escrito por alguien con un par de ideas…”, sostuvo durante una entrevista con el CPI, al justificar el gasto incurrido en las firmas contratadas, luego de resaltar el carácter temporero de la Junta.

Sin embargo, Jaresko contestó que “no sabría decir” sobre hasta cuándo permanecerá en funciones la Junta, y con ella, el gasto de fondos públicos relacionado a la entidad. “Necesitamos por lo menos cuatro años de balance fiscal y no hemos llegado a eso. Por lo que, mínimo, cuatro años más”, añadió.

Como ocurre con muchas de las firmas y bufetes relacionados a la quiebra de Puerto Rico, Proskauer conoce bien a su cliente. En el 2014, el bufete con sede en Nueva York fue contratado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla. Bienenstock fue el autor intelectual de la Ley de Quiebra criolla, un intento legislativo del gobierno de Puerto Rico para tener acceso a un régimen de quiebra dentro de los confines de un tribunal. No tuvo éxito. En el verano de 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en contra del Gobierno e invalidó la controversial pieza legislativa por entender que es un campo del Derecho que le corresponde regular exclusivamente al Gobierno federal. El Congreso de Estados Unidos actuó y aprobó PROMESA, una ley experimental que se pone a prueba cada día. Dos años después, Bienenstock lidera la consultoría y representación legal de la Junta.

Para el ex juez de quiebra federal, Gerardo Carlo Altieri, la reestructuración de la deuda de Puerto Rico es única en la historia de Estados Unidos; un “mega caso” al nivel de Detroit, Argentina, Grecia, Jefferson County (Alabama), Orange County y San Bernardino (California). También comparte muchos de los abogados y consultores que han trabajado estas quiebras.

“Este es un grupo de abogados súper especializados que se dedica a ir alrededor del mundo a atender estos asuntos de insolvencia de Gobierno y cobran muchísimo. Eso se sabía”, apuntó Carlo Altieri.

Superan los pronósticos de facturación

Lo que no se sabía, según el ex juez de quiebra, era el nivel de duplicidad que existiría en consultoría y asesoría legal. Lejos de compartir servicios legales y de consultoría, la Junta y el Gobierno contratan sus propios abogados y consultores para trabajar cada tarea fiscal.

“No puedo hablar sobre lo que hace o no el Gobierno con sus consultores o si utiliza servidores públicos”, dijo Jaresko a preguntas sobre qué hace la Junta frente al gasto del Gobierno en estos servicios. Apuntó a que en algunos casos, ha sido el Tribunal Federal quien requiere al Gobierno utilizar sus propios abogados y consultores. La Junta asegura que PROMESA faculta a la entidad como único representante del Gobierno en el proceso de quiebra.

Jaresko continuó: “La Junta fue creada para ser independiente y necesitas una mirada independiente. No creo que aquellos que en el pasado — y no estoy nombrando una institución — fueron responsables de no financiar suficientemente los sistemas de pensiones deben estar escribiendo el plan para los sistemas de pensiones. Eso sería insensible. Necesitas perspectivas diferentes…”.

Entonces, ¿debería la Junta permanecer lejos de los mismos asesores que participaron en la toma de decisiones pasadas del Gobierno?

“No, no puedo decir eso… Quieres personas con experiencia en la mesa. No quieres solamente personas que nunca hayan mirado a Puerto Rico y vengan de otro lado. Es la mezcla de ideas, la combinación de experiencias, de dentro y fuera de Puerto Rico, lo que nos llevará a las mejores soluciones posibles”, contestó la directora ejecutiva de la entidad.

En total, la Junta mantiene bajo contrato a casi una decena de bufetes, que se suman a otras 12 firmas de consultoría y asesoría financiera. Las tarifas de estos “profesionales” fluctúan en su mayoría los $700 por hora. En Puerto Rico, un país en quiebra, el salario semanal promedio apenas supera los $500, según datos recientes del Buró de Estadísticas Laborales federal.

Para el economista y profesor Heriberto Martínez Otero existe una duplicidad “o triplicidad, si es que esa palabra existe”, en el gasto de abogados y consultores, mientras que la mayoría de estos salarios van a parar fuera de la Isla y no al sector privado local. “Reducen nómina y servicios sociales, pero la compra de servicios [profesionales] la tienen explotá”, opinó Martínez Otero.

Como parte del proceso legislativo federal para considerar la ley PROMESA, la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO en inglés) publicó un informe con los gastos estimados que tendría la Junta para el Gobierno de Puerto Rico. Entonces, proyectó la cifra en unos $370 millones durante un periodo de diez años, hasta el 2026. Se equivocó, y por mucho.

Tanto el Gobierno como la Junta proyectan que la cuenta en servicios profesionales relacionados a la quiebra ascenderá a casi $1,400 millones en los próximos seis años. Esta cantidad es mayor que el presupuesto para el próximo año fiscal en el Departamento de Salud, de $935 millones.

El CPI cuestionó al CBO si le preocupa el desfase entre sus proyecciones y el gasto incurrido hasta el momento, a lo que la agencia federal contestó de manera evasiva que no tenía información adicional al informe que publicó en el 2016 sobre el proyecto de ley PROMESA.

Casi un gobierno paralelo

En conjunto con Proskauer, las firmas de consultoría McKinsey, Ernst & Young y Citi Global Markets influencian directamente la toma de decisiones más importantes de la Junta: proveen, desarrollan y ejecutan las “soluciones” a la crisis fiscal y la reestructuración de la deuda; asesoran en las proyecciones macroeconómicas y de la caja del Gobierno; en la confección y el manejo del presupuesto y planes fiscales; y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Por estas cuatro firmas, el pueblo de Puerto Rico pagaría más de $60 millones en un año de quiebra.

Las tareas de McKinsey, una firma de consultoría con sede en Nueva York, abarcan hacer las proyecciones económicas y financieras de Puerto Rico; el desarrollo, revisión y ejecución de los planes fiscales; el manejo de liquidez antes y después del huracán María; los casos de quiebra en el Tribunal Federal; la coordinación de las vistas públicas que sostiene la Junta; la supervisión del Gobierno en materia fiscal; conversaciones con el Tesoro federal y los acreedores; y evaluar las propuestas fiscales del Gobierno; entre otras.

McKinsey también coordina el calendario de trabajo de la Junta, asesora sobre los recortes propuestos para el Departamento de Corrección y el Negociado de la Policía, el proceso de consolidación de agencias gubernamentales y la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En los días post-Irma y María, la firma entrevistó a viajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para obtener información sobre la cantidad de personas que abandonaban la Isla tras los huracanes de septiembre.

En el área de educación, McKinsey trabajó en el plan de cierre de escuelas públicas. La facturación examinada por el CPI también muestra asesoría similar a la Junta en torno a la consolidación de agencias y cambios al sistema de salud público que impulsa el gobernador Rosselló Nevares.

En el caso de Citi Global Markets, una subsidiaria del banco que fungió como suscriptor o “underwriter” de varias emisiones de deuda realizadas por el Gobierno, esta asesora sobre la reestructuración de la deuda pública y lidera la privatización de la AEE. La institución financiera recibiría $24 millones una vez se dé la concesión de los sistemas de distribución y transmisión al sector privado, así como la privatización de los activos de generación.

A preguntas del CPI sobre si consultoras como McKinsey y Citi trabajan directamente en la operación de entidades públicas como la AEE, Jaresko contestó que “trabajan en el plan fiscal, punto”, tras insistir en que el documento incluye por necesidad aspectos operacionales de entidades públicas.

Aumenta su tamaño y sus gastos

La Junta gastará más en el nuevo año fiscal que comenzó el pasado 1 de julio. Su presupuesto suma ahora $64.5 millones, un aumento de 8% en comparación al anterior, que fue de $60 millones. Esta vez, se triplican los gastos de transportación, al igual que los de compras de equipo.

“Este es el comienzo de un año completo de monitoreo e implementación de las medidas fiscales y las reformas estructurales, y sí, estamos añadiendo personal. Con el nuevo plan fiscal, que refleja el ambiente post-María, estamos más activos en las negociaciones sobre la deuda. Cuando dices gastos de viajes, gran parte de las negociaciones, para bien o para mal, ocurren en Nueva York”, justificó Jaresko durante la entrevista, en las oficinas de la Junta en el 288 Muñoz Rivera de la Milla de Oro en Hato Rey.

Allí en el piso 11, todavía hay espacios vacíos y rastros de remodelación, al igual que materiales y muebles aún en cajas. Una pancarta de piso frente a una de las oficinas lee, “Puerto Rico brillará otra vez”, en inglés. La entidad alquila ese espacio al Gobierno de Puerto Rico. La Junta también tiene oficinas en el 26 Federal Plaza del edificio federal Jacob Javits en el barrio neoyorquino de Manhattan.

En las dos oficinas, la Junta cuenta con 18 empleados, confirmó por escrito un portavoz de la entidad. Añadió que la oficina que el año pasado dijo que abriría en Washington, D.C., está fuera de los planes por el momento.

Pero el presupuesto actual sí incluye la apertura de una tercera sede de la Junta en la capital federal, al igual que 11 nuevos puestos fijos, para un total de 29. Los gastos en nómina suman este año unos $4.1 millones, un 40% más que el año anterior ($2.9 millones). Jaresko ($625,000 anuales), el coordinador de revitalización, Noel Zamot ($325,000) y el abogado de la casa, Jaime El Koury ($225,000) son los más altos en la nómina de la Junta.

Una lista de empleados publicada en noviembre del 2017 incluye como chief of staff a Rosemarie “Maí” Vizcarrondo Carrión ($120,000), quien fue directora de la oficina del pasado comisionado residente, Pedro Pierluisi y es familia de su esposa, María Elena Carrión, y del presidente de la Junta, José Carrión. Otros que forman parte del equipo son el director de reestructuración, Armando Silva ($150,000), quien trabajó hasta diciembre en la Junta y anteriormente estuvo en Citi; Miguel Tulla ($150,000), director fiscal y de implementación, y exempleado de V2A, firma que asesora al Gobierno; y el segundo abogado de la casa, Kyle Rifkind ($100,000). Según la red social LinkedIn, se añaden otros nombres tales como Alejandro Figueroa, quien se identifica como director de transformación de la AEE, fue principal abogado de la Comisión de Energía hasta el pasado mes de junio y pieza fundamental en la demanda del regulador en contra de la Junta. Edgar Arroyo (asociado de reestructuración), Sergio Rodríguez (analista financiero), Jean Carlos Rodríguez (asociado de reestructuración) y Sebastián Negrón Reichard (subdirector de oficina) también nombran a la Junta como su patrono en sus perfiles.

Una versión actualizada de la nómina de la Junta no fue provista al cierre de esta edición.

Viejos conocidos

Bienenstock, el abogado de Proskauer, no es el único viejo conocido en la duodécima reunión pública de la Junta. En la parte posterior del salón, a la izquierda, en las últimas filas, está Pedro Pierluisi, ex comisionado residente que actualmente trabaja en O’Neill & Borges, el bufete local que contrató la Junta.

Según las facturas presentadas por la firma, el otrora secretario de Justicia y ex comisionado residente — quien fue instrumental en la aprobación de PROMESA — participa activamente de las negociaciones con los acreedores del Gobierno. Asimismo, asesora sobre el plan fiscal, incluyendo la reforma laboral que pidió la Junta, al igual que en torno a la “transformación” de la AEE. Pierluisi también ha pasado juicio sobre algunas de las propuestas fiscales de Rosselló Nevares, tales como la reforma contributiva cuya aprobación que aún espera.

Como miembro de O’Neill & Borges, Pierluisi cobra $390 la hora; en ocho horas de trabajo son $3,120. El CPI intentó contactar a Pierluisi para pedir una reacción, pero este no respondió.

Otro que trabaja de cerca la crisis fiscal de la Isla desde antes de la firma de PROMESA y está inmerso en el proceso de bancarrota es Adam Chepenik, un socio de Ernst & Young. Hace tan solo cuatro años, Chepenik fungía como uno de los oficiales federales principales en el Departamento del Tesoro que trabajaba el tema de Puerto Rico, bajo la dirección del secretario Jacob Lew y el presidente Barack Obama. Ahora, como empleado de Ernst & Young, es uno de los principales consultores de la Junta, facturando por esa vía más de $500,000 en el periodo de un año. En la misma firma consultora trabaja Kent Hiteshew, otro ex empleado del Tesoro federal y pieza clave en el camino hacia la aprobación de PROMESA.

Como economista consultor de la Junta está Andrew Wolfe, un ex empleado del Fondo Monetario Internacional que trabajó junto a Anne Krueger el famoso Informe Krueger, que ha sido un mapa de ruta para muchas de las decisiones de política pública de las administraciones García Padilla y Rosselló Nevares, al igual que la propia Junta. La publicación del documento en el verano del 2016 fue una de las primeras instancias en las que el Gobierno habló de su insolvencia e intentó trazar un futuro fiscal y económico para la Isla, anclado en las políticas de austeridad.

El CPI mantiene una demanda en curso en contra de la Junta para lograr acceso a documentos intercambiados entre la entidad y el gobierno de Puerto Rico, así como el gobierno federal.

 

Nota de la editora: primera entrega de una serie de tres.

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