Estudió economía en Pennsylvania State University. Comenzó su experiencia periodística en el semanario Caribbean Business donde laboró por siete años. Allí fungió como corrector y editor mientras cursaba sus estudios en derecho en la Universidad de Puerto Rico. Tras obtener su juris doctor en el 2014, comenzó a cubrir temas relacionados al manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la crisis de la deuda pública de la Isla. Por su cobertura del tema ganó en el 2016 el premio “Laura Rivera al Periodista Joven del Año” que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En el 2018 comenzó a trabajar para el CPI, donde continúa su cobertura especializada de la deuda de Puerto Rico, la ley federal PROMESA, la junta de control fiscal y el proceso de quiebra que enfrenta la Isla.
El PRNow Summit 2022, un evento que promociona a Puerto Rico como lugar para invertir y hacer negocios entre inversionistas, tuvo un costo de más de $150,000, estimó el Gobierno.
Four judges have ordered the handing over to the Center for Investigative Journalism of the annual reports submitted by the beneficiaries of Act 22, which is now part of the Incentives Code.
Este primer episodio del podcast DE CERCA se adentra en las razones detrás del aumento alarmante en la cantidad de sargazo que ha estado llegando a las costas de la isla en los últimos años. El periodista Rafael Díaz Torres presenta las implicaciones del exceso del alga para el medio ambiente, la economía y las comunidades.
Los Pandora Papers — una nueva filtración de más de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés) — incluyen al puertorriqueño Élmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, entre los artistas que han tenido este tipo de negocios.
El cantante figura como dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A., reveló El País de España como parte de la investigación internacional. Un poder notarial de 2001 autorizó a Chayanne a representar, cobrar, pedir préstamos y firmar contratos a nombre de Fentress. La entidad fue disuelta en el 2013. De la filtración también surge cómo se utilizó una firma panameña, Overseas Management Corp. (OMC), para abrir una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC.
Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs.
A company owned by Hamed R. Wardak was investigated by the U.S. Congress in 2010 for allegedly paying Taliban insurgents with money from a contract with the U.S. Department of Defense. The contractor denied the allegation made in an investigative report. In 2015, Wardak moved to Dorado and took advantage of Act 22. The incentive exempts foreigners from paying capital gains taxes — the law calls them “resident investors” — who move their main residence to the island. That is, 0% taxes on these people’s wealth.
Una compañía de Hamed R. Wardak fue investigada por el Congreso en el 2010 por presuntamente pagar a insurgentes del Talibán con dinero de un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El contratista negó la imputación en un reportaje periodístico. En el 2015, Wardak se mudó a Puerto Rico y se acogió a la Ley 22. El incentivo exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la Isla. Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.