Estudió economía en Pennsylvania State University. Comenzó su experiencia periodística en el semanario Caribbean Business donde laboró por siete años. Allí fungió como corrector y editor mientras cursaba sus estudios en derecho en la Universidad de Puerto Rico. Tras obtener su juris doctor en el 2014, comenzó a cubrir temas relacionados al manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la crisis de la deuda pública de la Isla. Por su cobertura del tema ganó en el 2016 el premio “Laura Rivera al Periodista Joven del Año” que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En el 2018 comenzó a trabajar para el CPI, donde continúa su cobertura especializada de la deuda de Puerto Rico, la ley federal PROMESA, la junta de control fiscal y el proceso de quiebra que enfrenta la Isla.
The Fiscal Control Board turned to the United States Supreme Court this Wednesday seeking the reversal of a recent decision by the U.S. Court of Appeals for the First Circuit that orders the delivery of the information.
En un nuevo intento por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta de Control Fiscal acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando que se revoque una decisión reciente del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones que le ordena la entrega de información. “La decisión, que sostiene que la Junta no tiene inmunidad frente a una reclamación bajo el derecho territorial, para divulgar una amplia gama de documentos internos y sensitivos, creará graves dificultades a la Junta para llevar a cabo su misión estatutaria”, lee el recurso legal presentado por Proskauer Rose, el bufete principal de la Junta.
La entidad creada bajo la ley federal PROMESA dice que la divulgación de las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos, “interferirá con la recuperación de Puerto Rico” y evitará la toma de “decisiones sensitivas”, por miedo a poner por escrito sus discusiones y que estas sean publicadas.
Como principal defensa, los abogados de la Junta intentan argumentar — sin éxito hasta el momento — que la entidad goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE.UU., por lo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales. Esto incluye reclamos en su contra bajo el derecho de acceso a información pública reconocido en la Constitución de Puerto Rico, como la demanda que el CPI presentó contra la Junta en junio del 2017.
Durante los pasados cinco años, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito rechazaron los argumentos de la Junta y decidieron en su contra en este caso.
“El CPI ha solicitado los documentos cruciales para entender el proceso de formación de la Junta, fiscalizar las decisiones que ha tomado y tener detalles de su relación con el Gobierno, que hasta ahora han estado fuera del ojo público. El que hayan acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos es prueba contundente de que hay información ahí que el pueblo de Puerto Rico necesita y tiene derecho a conocer”, dijo Judith Berkan, abogada del CPI. En el 2018, el juez federal Jay García Gregory ordenó la entrega de los documentos solicitados, al decidir que la Junta — una entidad creada dentro del “gobierno territorial” y que se financia con dinero público del Gobierno de Puerto Rico — está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.
El PRNow Summit 2022, un evento que promociona a Puerto Rico como lugar para invertir y hacer negocios entre inversionistas, tuvo un costo de más de $150,000, estimó el Gobierno.
Ya son cuatro jueces que ordenan la entrega al Centro de Periodismo Investigativo de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley 22.
Four judges have ordered the handing over to the Center for Investigative Journalism of the annual reports submitted by the beneficiaries of Act 22, which is now part of the Incentives Code.
Este primer episodio del podcast DE CERCA se adentra en las razones detrás del aumento alarmante en la cantidad de sargazo que ha estado llegando a las costas de la isla en los últimos años. El periodista Rafael Díaz Torres presenta las implicaciones del exceso del alga para el medio ambiente, la economía y las comunidades.
Los Pandora Papers — una nueva filtración de más de 11.9 millones de documentos de compañías offshore obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ en inglés) — incluyen al puertorriqueño Élmer Figueroa, mejor conocido como Chayanne, entre los artistas que han tenido este tipo de negocios.
El cantante figura como dueño de una offshore llamada Fentress International, S.A., reveló El País de España como parte de la investigación internacional. Un poder notarial de 2001 autorizó a Chayanne a representar, cobrar, pedir préstamos y firmar contratos a nombre de Fentress. La entidad fue disuelta en el 2013. De la filtración también surge cómo se utilizó una firma panameña, Overseas Management Corp. (OMC), para abrir una compañía en Florida llamada Eloisa Investments LLC.
Desde una oficina en San Juan, Blue Ocean International Bank brinda un “expertise suizo” a sus clientes. Ofrece servicios bancarios a extranjeros que no sean residentes de Puerto Rico: recibe depósitos, abre cuentas bancarias offshore y realiza transacciones en cualquier tipo de moneda.
Su página web destaca que son discretos. También dice que cumplen con la ley y que están comprometidos con una cultura de cumplimiento. Es decir, verifican la identidad de sus clientes y cuestionan sobre la procedencia del dinero, “cuando es apropiado”.
El dueño de Blue Ocean International Holding LLC — la empresa matriz del banco — es Gilles Rollet, un banquero francés que vive en Miami. Su LinkedIn menciona que preside la Junta de Directores de International Rollet Capital y ExPAM Capital, fundó un banco en Dubai llamado La Trésorerie y trabajó en Goldman Sachs.
