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PFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Miranda

Mientras que el Departamento de Justicia recomendó investigar al abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte solamente bajo dos posibles delitos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) identificó la posibilidad de ilegalidades más serias de parte del también exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. En su investigación, Justicia solamente identificó como posibles delitos cometidos por Sánchez Sifonte imputaciones relacionadas a los artículos del Código Penal de aprovechamiento ilegal de trabajos públicos (252) y el de incumplimiento del deber (262), este último siendo uno menos grave. El PFEI enumera artículos más severos, como el de intervención indebida en las operaciones del Gobierno (254) y el de influencia indebida (261), ambos delitos conllevan cárcel de hasta ocho años, según la gravedad. Al igual que Justicia, el PFEI también vio aprovechamiento ilegal.   

Un caso similar ocurre con el publicista Edwin Miranda Reyes, a quien Justicia le identificó posibles delitos de fraude (202) e incumplimiento del deber (262), pero el PFEI añadió influencia (261) e intervención indebida (254), ambos con penas de cárcel de hasta ocho años. Tanto Justicia como el PFEI identificaron falsedad ideológica (212) — dar declaraciones falsas en un documento público — y aprovechamiento ilícito (252) como posibles delitos cometidos por Miranda Reyes.

Gobierno se opone en el tribunal a divulgar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce

El informe sometido por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros en Ponce es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced. No obstante, el Gobierno reclama dos excepciones que evitarían que se divulgue si el tribunal las estima válidas: que el informe alegadamente constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido. 

Durante la vista judicial en el caso de acceso a información presentado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Gobernadora entregue el documento, los abogados del Gobierno solicitaron a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desestime la demanda invocando inicialmente la teoría legal de que la investigación realizada por el NIE es parte de la pesquisa del Departamento de Justicia. 

El informe del NIE fue encomendado por la Gobernadora para hacer la evaluación en un periodo de 48 horas de lo ocurrido en el almacén de suministros en Ponce, y una vez recibido, fue referido a Justicia por Vázquez Garced.  

El NIE ya no es parte del Departamento de Justicia (DJ) desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. El Gobierno trató de hacer ver que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que trabajan en coordinación. Una moción de solicitud de desestimación de la solicitud de información fue recibida una hora antes de la cita en el tribunal. Durante la vista, los abogados del Departamento de Justicia (representando al Gobierno), Tania L. Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodóvar, intentaron demostrar que tanto la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, como la ley orgánica del Departamento de Justicia sostienen que el documento es confidencial hasta tanto culmine la investigación de Justicia. 

La jueza Roques Arroyo insistió en varias ocasiones en que los abogados del Gobierno explicaran de dónde surge tal apreciación.

Exsubsecretaria de HUD trabaja en empresa contratada para la recuperación en Puerto Rico

Pamela H. Patenaude ayudó a conseguir una cantidad récord de fondos de recuperación para la isla. Tras su renuncia del Departamento de Vivienda federal, se fue a laborar con la compañía IEM, la cual obtuvo un contrato millonario con la primera asignación de ese dinero que ella misma gestionó.

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La cultura de corrupción y la impunidad se convierten en eje de discusión de la Conferencia Magistral a cargo del periodista argentino Hugo Alconada Mon

“Existe un sistema que trabaja en muchos países de América Latina que para la corrupción y para la impunidad… Un sistema, incluso, donde la sociedad a menudo no quiere ver. Prefiere no saber. Prefiere olvidar que es su dinero el que termina en el bolsillo de los funcionarios y los empresarios corruptos. Que el dinero de sus impuestos directos e indirectos es el que termina financiando yates, mansiones de lujo, fiestas, champagne, joyas y, en última instancia, impunidad,” dijo el periodista argentino Hugo Alconada Mon, quien invitado por el Centro de Periodismo Investigativo dictó el jueves en la noche la Conferencia Magistral El dinero de la gente en el bolsillo de los políticos en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico.

El CPI comparte su trabajo más reciente con la comunidad de Nueva York

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) conversará en la ciudad de Nueva York sobre sus investigaciones más recientes: el chat de Telegram, que fue acompañado de la historia sobre la corrupción sistémica en la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, y la iniciativa de fiscalización del proceso de recuperación de Puerto Rico tras los huracanes de 2017, que se accede en la página web loschavosdemaria.com. El evento será el sábado, 26 de octubre a las 6:00 pm en el Julia de Burgos Performance and Arts Center, en el 1680 de Lexington Avenue e incluirá música del galardonado saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y la pieza Bravata, de la actriz y performera puertorriqueña Teresa Hernández. Los periodistas del CPI conversarán con la antropóloga Rima Brusi y el periodista Juan González, ambos puertorriqueños radicados en Nueva York. “Para el CPI es importante este contacto con la comunidad puertorriqueña en Nueva York, que ha seguido muy de cerca los temas de la deuda pública, y que tanto ha tenido que ver con el proceso de recuperación tras el paso del huracán María, no sólo por los vínculos naturales que existen, sino también por la forma tan extraordinaria en que esta comunidad se ha involucrado históricamente en ayudar de diversas maneras para que nuestro país, que es el de ellos también, salga adelante”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. “Invitamos a toda la comunidad de Nueva York, a todas las organizaciones aliadas, como las universidades de la ciudad, y muy en especial a los boricuas que quieran apoyar el periodismo independiente y sin fines de lucro del CPI, a que nos acompañen este día para compartir nuestro trabajo y nuestros planes”, concluyó Carla Minet.

CPI a paso firme con casos de acceso a la información

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó ayer una nueva demanda federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF) debido a que esa entidad, impuesta por el Congreso pero perteneciente al Gobierno de Puerto Rico, se negó nuevamente a dar acceso a los intercambios que ha tenido con el gobierno del país en su encomienda de regular las finanzas públicas. La solicitud del CPI incluye los récords relacionados con las comunicaciones, consultas o solicitudes de información, documentos, informes o datos cursados por cualquier miembro de la Junta o su personal a cualquier agencia del Gobierno federal o funcionario del Gobierno federal, o por el Gobierno federal, sus agencias o personal a la Junta, desde el 30 de abril de 2018, incluyendo mensajes de email y de texto mediante cualquier sistema de mensajería digital. Así mismo, el CPI solicitó las comunicaciones, informes, consultas, actualizaciones, documentos o información proporcionada por cualquier miembro de la Junta o su personal a La Fortaleza, sus funcionarios, o cualquier otra agencia o funcionario del Gobierno de Puerto Rico, o por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta, sus miembros o personal, desde el 30 de abril de 2018. Cuando el CPI solicitó esta información, el representante legal del ente fiscal, Lcdo. Guy Brenner, indicó que “el derecho de acceso a documentos bajo la Constitución de Puerto Rico no le aplica a la Junta”.

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Una herramienta útil para periodistas la nueva publicación sobre el calentamiento global

La investigación sobre los temas relacionados al cambio climático y el calentamiento global ya no es una gestión exclusiva de profesionales que trabajan alguna rama de la ciencia. El impacto que estos procesos tienen en nuestras vidas y entornos de convivencia, hacen que la educación ciudadana sobre estos temas sea indispensable. De igual forma, quienes ejercen el periodismo deben tener una comprensión holística sobre los cambios acelerados que el planeta ha experimentado en las pasadas décadas, así como las proyecciones para los próximos años. Solo así se podrá informar al público sobre las implicaciones de estas dinámicas atmosféricas y el rol del ser humano en estos procesos. Asimismo, el periodista podrá contar con las herramientas para ejercer una labor fiscalizadora de los grupos de poder que, de alguna manera u otra, podrían desarrollar e implementar estrategias de mitigación ante la realidad de que las temperaturas promedio del planeta Tierra podrían continuar aumentando en los próximos años.