Foto por Joel Cintrón Arbasetti.
Walmart en la Parada 18 en Santurce.
Walmart tendrá que entregar documentos de su investigación interna sobre un esquema de sobornos perpetrado por gerentes de su cadena en México, tras la decisión del Tribunal Supremo de Delaware relacionada con una demanda de un grupo de accionistas de la multinacional.
El grupo de accionistas solicitó los documentos para establecer si ejecutivos de Walmart cumplieron o no su responsabilidad de supervisar a Walmart de México, donde se pagaron alrededor de 24 millones de dólares en sobornos para obtener permisos de construcción y alterar zonificaciones a favor de la empresa.
El esquema fue coordinado por altos ejecutivos que intentaron encubrir los actos de corrupción a las oficinas centrales de la corporación en Bentonville, Arkansas. Al conocer el caso, jefes de Walmart en Estados Unidos trataron de obstaculizar las investigaciones internas y controlar la información generada por abogados internos de la corporación.
La conspiración fue dada a conocer en 2012 por una serie investigativa de los periodistas David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab para The New York Times (NYT) que ganó el premio Pulitzer de investigación en 2013.
Walmart ante la justicia por las prácticas ilícitas en México
Tras los reportajes del NYT, la corporación se vio obligada a reabrir la investigación interna e informar sobre el esquema de sobornos a la U.S Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula la industria de valores, y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDJ en inglés). Hoy día, el caso es investigado en el ámbito federal por violaciones a la “Ley de prácticas corruptas en el extranjero” (Foreign Corrupt Practices Act), por el USDJ y la SEC.
Parte de los documentos de esa investigación interna llegaron al NYT a través de un whistleblower o informante anónimo. Luego, el Indiana Electrical Workers Pension Trust, accionista de la multinacional, demandó a Walmart solicitando la totalidad de los documentos. Pero la empresa se negó, amparándose en el privilegio abogado-cliente.
El privilegio, que es parte del código de ética de la abogacía, establece que entre un abogado y su cliente existe un acuerdo de confidencialidad que protege la comunicación entre ambos. De esa manera, se busca crear la confianza de que la información que compartan no sea revelada a terceros.
Pero el Tribunal Supremo de Delaware decidió el pasado 23 de julio no aplicar el privilegio en este caso, estableciendo que las acusaciones contra Walmart implican conducta criminal y que existe una excepción al privilegio abogado-cliente para los accionistas. Parte de los documentos solicitados en la demanda ya habían sido publicados en la investigación del NYT, y esto parece haber debilitado la intención de la corporación de proteger la información bajo el privilegio abogado-cliente. Al menos así lo entiende la abogada puertorriqueña Maritza I. Munich, quien fue consejera general de Walmart International durante el periodo de la investigación y conversó con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Munich explicó que el cliente de un abogado corporativo interno no es ningún empleado en específico: “Tú eres abogado de la corporación. Pero la corporación actúa por medio de sus representantes, por ejemplo, de los miembros de la Junta de Directores, los oficiales de la corporación, y otros empleados. El privilegio (abogado-cliente) es aplicable a conversaciones que yo tenga con la junta de directores y con los oficiales de la corporación, siempre y cuando ellos estén actuando en pro de los mejores intereses de la compañía”, dijo Munich, a quien le preocupa que la decisión de Delaware, que ella entiende es el resultado de una situación de hechos muy particulares, pueda utilizarse para intentar erosionar el privilegio abogado-cliente.
“Es importante proteger esa comunicación confidencial entre un abogado y su cliente. Esta decisión tiene que ser motivo de mucho estudio, particularmente sobre el impacto que la misma pueda tener para la profesión”, opinó.
Para el abogado Enrique Vélez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el impacto de la decisión de Delaware en este caso sería muy limitado y no sentaría un precedente.
“El Tribunal de Delaware lo que hizo fue aplicar un precedente, la doctrina Garner, a una acción de un grupo minoritario, los accionistas, contra una corporación, y en Estados Unidos, con 50 Estados, esa decisión es muy limitada porque los privilegios se ven caso a caso”, opinó.
En cuanto a Puerto Rico, el caso de Delaware tampoco establecería un precedente ya que en la isla el privilegio se basa en la regla 513 de evidencia, en cuya enmienda trabajó Vélez como parte del Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia para el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Vélez añadió que a Walmart le queda la opción acudir al Tribunal Supremo de Estados Unidos para apelar la decisión de Delaware, en otro intento de no entregar los documentos a su grupo de accionistas.
Por su parte, el profesor de derecho de la Universidad de Berkeley en California, Steven Davidoff Solomon, opinó en una columna del NYT que el privilegio de abogado-cliente es importante porque permite a las personas discutir libremente sobre asuntos confidenciales y recibir un buen asesoramiento legal. Pero, argumentó que el silencio que se exige a los abogados y abogadas internas de las corporaciones a nombre de ese privilegio podría encubrir prácticas empresariales corruptas.
Los periodistas que pusieron a Walmart de México al descubierto, David Barstow y Alejandra Xanic von Bertrab, estarán en Puerto Rico el próximo miércoles, 15 de octubre para dictar la conferencia magistral Corrupción corporativa: Cómo The New York Times expuso a la multinacional Walmart, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. También ofrecerán varios talleres de formación sobre periodismo investigativo a periodistas del país.
