A pesar de que contra Universal Properties se han presentado decenas de demandas de parte de municipios e individuos por cobro de dinero e incumplimiento de contratos, cinco alcaldes dieron nuevos contratos a una empresa conectada con la gerencia de Universal.
Asesores legislativos que también han sido miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático son consultores de la empresa referida al Departamento de Justicia por el manejo de sus negocios con los municipios.
En Puerto Rico, 22 municipios han contratado los servicios de Universal Properties Realty Government Services para el manejo de estorbos públicos.
Ciudadanos quedan indefensos ante un patrón en el que alcaldes dieron rienda suelta a un grupo de compañías para que gestionen las declaraciones de estorbos públicos.
