Es presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha trabajado durante los últimos 20 años en medios de comunicación como NotiUno, Boricua 740am y Radio Isla, y en agencias de noticias como Prensa Asociada, cubriendo Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos. Actualmente, es reportera en el periódico digital NotiCel y modera el espacio de análisis radial “Damaris Suárez Ahora” en Radio Isla 1320. Su trabajo ha sido reconocido por entidades como el Overseas Press Club, así como por el Departamento de Estado, la Universidad del Sagrado Corazón, la Asociación Internacional de Clubes de Leones de PR y la Unión Americana de Mujeres de Puerto Rico.
La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros. Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA?
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes.
Little has been said about what will happen when LUMA Energy starts managing part of the electric power system, which is an essential service. Will the contracts signed be published? Will the meetings and minutes of such meetings in which LUMA participates be public? Will we know how public money is spent by the company? Who is the press going to call in times of emergency to get details of the situation and how it’s being handled? PREPA’s or LUMA’s management?
Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?
La pandemia por el coronavirus nos ha marcado trayendo consigo una nueva realidad social acompañada de grandes retos de salud pública y repercusiones económicas globales. Mientras para el resto de la humanidad la batalla se centra en contener la pandemia con la vacuna como un primer escalón para regresar a una “nueva normalidad”, en Puerto Rico representa, además, el más reciente reto a nuestra resistencia social que ha sido puesta a prueba en los pasados años en que hemos enfrentado desastres naturales y otros provocados por el Gobierno. Cumplido un año desde que se declarara un cierre total por el coronavirus no me quedan dudas de que, el denominador común que ha agravado la respuesta pública a la pandemia es la cultura de opacidad y la falta de transparencia de los responsables de tomar las decisiones de política pública para atender cada una de estas situaciones. Es como si el Gobierno no hubiera aprendido. La palabra transparencia se ha convertido en una moda entre los funcionarios.
Desde el momento en que con su firma la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La Ley 58 del 20 de junio de 2020 le otorgó al presidente de la entidad, en aquel momento Juan Ernesto Dávila, nombrado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas sin que tengan que ser confirmados por el voto mayoritario de los comisionados electorales, por ser ahora considerados “funcionarios de confianza” del presidente. Además, el estatuto perpetúa al PNP en la presidencia de la CEE ya que dispone que la nominación a ese cargo recae en el partido de mayoría, redefinido en la nueva ley como el partido que más votos íntegros saque en las elecciones generales. Hasta la aprobación del nuevo Código Electoral, se consideraba partido de mayoría aquel cuyo candidato a gobernador obtuviera el mayor número de votos.
“Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente”, lee el artículo 3.7 del nuevo Código Electoral. Desde su creación en 1967 y su primera participación en las elecciones generales de 1968, el PNP ha logrado obtener la mayor cantidad de votos íntegros en 10 de los 14 eventos electorales, constató el CPI. La última vez que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo más votos íntegros que el PNP fue en las elecciones generales de 2000 en las que prevaleció Sila María Calderón.
Machines that did not recognize the electronic key to get the process going at the polling stations; others that did not read or in which the ballots got stuck; some that shut off in the middle of the voting process; and many that were unable to transmit the results. In other polling stations, memory cards were damaged during the voting process or simply never worked. This was the type of failure that was repeated in almost all polling stations during the 2020 election process, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) confirmed with more than 20 sources. When the State Elections Commission (SEC) was asked for a record of reported equipment failures in polling stations, the agency did not release the information. The CPI learned that to this date, there isn’t a complete report of how many machines experienced malfunctioning or information about how many of those cases were related to a lack of maintenance, because the SEC does not have a formal, agile and consolidated procedure to collect this information.
Máquinas que no reconocían la llave electrónica para iniciar el proceso en los colegios de votación, otras que no leían o en las que se atascaban las papeletas, algunas que se apagaban en medio del proceso de votación, muchas que no pudieron transmitir los resultados. En otros colegios, se dañaron las tarjetas de memoria durante el proceso de votación o simplemente nunca funcionaron. Este fue el tipo de falla que se repitió en casi todos los colegios durante el proceso eleccionario del 2020, según constató el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) con más de 20 fuentes. Al solicitar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) un registro de las fallas de los equipos reportadas en los colegios, la agencia no dio la información. El CPI supo que no hay, a esta fecha, un récord completo de cuántas máquinas tuvieron problemas ni se puede identificar en qué casos se debió a la falta de mantenimiento, porque la CEE no tiene un procedimiento formal, ágil y centralizado para recopilar esta información.
