Es presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha trabajado durante los últimos 20 años en medios de comunicación como NotiUno, Boricua 740am y Radio Isla, y en agencias de noticias como Prensa Asociada, cubriendo Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos. Actualmente, es reportera en el periódico digital NotiCel y modera el espacio de análisis radial “Damaris Suárez Ahora” en Radio Isla 1320. Su trabajo ha sido reconocido por entidades como el Overseas Press Club, así como por el Departamento de Estado, la Universidad del Sagrado Corazón, la Asociación Internacional de Clubes de Leones de PR y la Unión Americana de Mujeres de Puerto Rico.
La Legislatura Municipal de Cataño aprobó que su Alcalde inicie el proceso de expropiación de ocho propiedades, a pesar de que no se consultó a los residentes en el sector La Puntilla, quienes además están preocupados porque sus casas aparecen bajo nombres ajenos en el CRIM.
Cataño’s Municipal Legislature approved a measure allowing its mayor to begin the expropriation process for eight properties, even though residents of the La Puntilla sector were not consulted. Many are also worried because their homes appear under other people’s names in public records.
A pesar de que contra Universal Properties se han presentado decenas de demandas de parte de municipios e individuos por cobro de dinero e incumplimiento de contratos, cinco alcaldes dieron nuevos contratos a una empresa conectada con la gerencia de Universal.
La presencia militar en el cielo viequense revive un pasado de angustia entre los residentes en la Isla Nena.
A new wave of military activity revives the island’s long struggle with years of U.S. occupation and its human toll.
Organizaciones y abogados de inmigración denuncian constantes violaciones de derechos a inmigrantes que son detenidos por el fichaje racial que ejercen tanto las autoridades locales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas federal (ICE en inglés).
Immigration lawyers and advocacy groups are sounding the alarm over widespread violations of immigrant rights in Puerto Rico, driven by racial profiling practices carried out by both local law enforcement and federal immigration agents.
La agencia pagó casi $1.3 millones a Dominion Voting Systems para actualizar el equipo con módems de tecnología 4G que permitieran transmitir los resultados, y otros $23,379 a Claro para las tarjetas que permitirían la conexión.
