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Reabre pesquisa del Contralor Electoral sobre posible coordinación del Comité Pierluisi con Salvemos a Puerto Rico

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La Oficina del Contralor Electoral (OCE) reabrió el viernes la investigación por alegada coordinación entre el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Pedro Pierluisi y le ha concedido a la parte querellada un término de quince (15) días para que se expresen sobre la reapertura de la pesquisa, según documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El CPI supo que la Oficina del Contralor Electoral obtuvo declaraciones de personas con conocimiento directo de hechos que podrían apuntar a una posible coordinación entre vinculados a la campaña del hoy gobernador y entonces candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. “La OCE advino en conocimiento de información, sobre alegados gastos coordinados, con comités sujetos al cumplimiento con las regulaciones de la Ley 222-2011, según enmendada. La información obtenida por la OCE no estaba disponible cuando atendió la querella OCE-Q-2020-005 y no estuvo ante su consideración cuando realizó la auditoría al Comité Pedro Pierluisi, Inc. Por lo cual, se le notifica que, a tenor con los términos de la determinación tomada en la querella OCE-Q-2020-005, la OCE reabrió la investigación de la querella para determinar si ocurrieron violaciones a la Ley 222-2011, según enmendada”, dice la carta en poder del CPI. La querella por presunta coordinación entre el comité de Pierluisi y el Súper Pac había sido radicada por el director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila.

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Inician cambios a los mapas de redistribución electoral

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Solo en tres de los ocho distritos senatoriales del país se harán cambios a la composición actual del mapa electoral debido a las fluctuaciones de su población, acordaron los dos miembros asociados de la Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Electorales Senatoriales y Representativos de Puerto Rico. La determinación fue tomada en las primeras reuniones del grupo que rediseña los distritos senatoriales, compuesto por Edwin Mundo y Ferdinand Mercado, miembros de esa junta en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) respectivamente.  

La redistribución electoral es un proceso que se hace cada 10 años luego del Censo para determinar la composición de los distritos senatoriales y representativos de manera que tengan una cantidad similar de habitantes, garantizando que cada voto tenga el mismo valor y se cumpla con el principio de “una persona, un voto”. Este principio, en el ámbito electoral, supone que el voto de los ciudadanos, independientemente de su raza, profesión o clase social, tiene el mismo valor. De ahí que la esencia de toda distribución electoral sea la mayor igualdad numérica poblacional en cada uno de los distritos. Por ejemplo, el ciudadano que vota en San Juan tiene el mismo valor que quien ejerza ese derecho en Juan Díaz porque todos los distritos representativos y senatoriales tienen una población similar.

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LUMA no quiere que se le fiscalice

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La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros. Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA? 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes.

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LUMA: How will it be scrutinized?

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Little has been said about what will happen when LUMA Energy starts managing part of the electric power system, which is an essential service.  Will the contracts signed be published? Will the meetings and minutes of such meetings in which LUMA participates be public? Will we know how public money is spent by the company? Who is the press going to call in times of emergency to get details of the situation and how it’s being handled? PREPA’s or LUMA’s management?

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LUMA: ¿Ahora cómo se fiscaliza?

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Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?

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La peregrinación por la transparencia durante el año de la pandemia

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La pandemia por el coronavirus nos ha marcado trayendo consigo una nueva realidad social acompañada de grandes retos de salud pública y repercusiones económicas globales. Mientras para el resto de la humanidad la batalla se centra en contener la pandemia con la vacuna como un primer escalón para regresar a una “nueva normalidad”, en Puerto Rico representa, además, el más reciente reto a nuestra resistencia social que ha sido puesta a prueba en los pasados años en que hemos enfrentado desastres naturales y otros provocados por el Gobierno. Cumplido un año desde que se declarara un cierre total por el coronavirus no me quedan dudas de que, el denominador común que ha agravado la respuesta pública a la pandemia es la cultura de opacidad y la falta de transparencia de los responsables de tomar las decisiones de política pública para atender cada una de estas situaciones. Es como si el Gobierno no hubiera aprendido. La palabra transparencia se ha convertido en una moda entre los funcionarios.