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La trayectoria no conocida del Task Force Económico

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¿Quiénes componen el Task Force Económico encargado de asesorar al Gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo fueron designados o qué mecanismo y datos se utilizaron para proponer y apoyar una reapertura gradual del sector económico tras seis semanas de toque de queda por el COVID-19? Estas son preguntas que surgen ante la rápida acogida que ha proyectado dar el Gobierno a su propuesta. El Task Force Económico, según la lista oficial enviada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), está compuesto por cerca de 50 empresarios, tres economistas y un líder sindical. El grupo empresarial es un derivado de una organización privada sin fines de lucro incorporada en junio de 2018, el Puerto Rico Business Emergency Operation Center (BEOC). 

Nuevos integrantes fueron convocados en las últimas tres semanas para unirse al Task Force, luego de que surgieran críticas de entidades que representan a sectores que no figuraban en el grupo y estas pidieran ser incluidas, como es el caso de la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Economistas, la Asociación de Detallistas de Gasolina y grupos sindicales entre otros.

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Gobierno se opone en el tribunal a divulgar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce

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El informe sometido por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros en Ponce es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced. No obstante, el Gobierno reclama dos excepciones que evitarían que se divulgue si el tribunal las estima válidas: que el informe alegadamente constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido. 

Durante la vista judicial en el caso de acceso a información presentado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Gobernadora entregue el documento, los abogados del Gobierno solicitaron a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desestime la demanda invocando inicialmente la teoría legal de que la investigación realizada por el NIE es parte de la pesquisa del Departamento de Justicia. 

El informe del NIE fue encomendado por la Gobernadora para hacer la evaluación en un periodo de 48 horas de lo ocurrido en el almacén de suministros en Ponce, y una vez recibido, fue referido a Justicia por Vázquez Garced.  

El NIE ya no es parte del Departamento de Justicia (DJ) desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. El Gobierno trató de hacer ver que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que trabajan en coordinación. Una moción de solicitud de desestimación de la solicitud de información fue recibida una hora antes de la cita en el tribunal. Durante la vista, los abogados del Departamento de Justicia (representando al Gobierno), Tania L. Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodóvar, intentaron demostrar que tanto la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, como la ley orgánica del Departamento de Justicia sostienen que el documento es confidencial hasta tanto culmine la investigación de Justicia. 

La jueza Roques Arroyo insistió en varias ocasiones en que los abogados del Gobierno explicaran de dónde surge tal apreciación.

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Levantan voz de alerta debido al poder otorgado a funcionarios federales para arrestar en Puerto Rico

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Los primeros 54 funcionarios de seguridad de Nueva Jersey recién llegados a Puerto Rico para pertenecer al recién creado “Cuerpo de Oficiales de Paz” que tendrá funciones de vigilancia y seguridad tras los terremotos al sur del País, fueron juramentados este domingo por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer. 

Sin embargo, la creación de este “Cuerpo de Oficiales de Paz”, que le confiere autoridad a oficiales de orden público federales para hacer intervenciones y arrestos a civiles, pone en peligro las garantías que tienen los ciudadanos al amparo de la Constitución de Puerto Rico, alertó el director legal de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en la isla, el Lcdo. Fermín Arraiza. “Una vez juramentados, comenzaron sus funciones en apoyo a los oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico en la gestión de vigilancia, tránsito y seguridad”, confirmó Janer. Hasta el momento, el Gobierno no ha solicitado efectivos adicionales a este grupo de 54, añadió Janer. Estos oficiales no recibieron adiestramiento formal sobre la Reforma de la Policía, sino una orientación sobre los protocolos de intervención, y comenzaron hoy mismo a asistir a la Policía ofreciendo asistencia en el manejo del tránsito y otros aspectos de seguridad en los campamentos ubicados en Guánica, Guayanilla, Peñuelas Ponce y Yauco. 

“Se discutió con ellos la forma en que los miembros de la Policía de Puerto Rico utilizan la fuerza.

#RickyLeaks

Publicist Edwin Miranda tried to conceal his propaganda work, but reports say otherwise

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Although after the publication of the Telegram chat, Publicist Edwin Miranda-Reyes claimed that the political work discussed in those conversations was billed and paid for by the Ricardo Rosselló political committee, during the period included in the 889 published pages there were no checks made out or bills issued by the committee on behalf of his advertising agency, the Center for Investigative Journalism (CPI in Spanish) found. Miranda is one of the 14 people who were referred last Friday by the Justice Department to the Office of the Special Independent Prosecutor Panel (SIP) to investigate whether they committed crimes during those conversations. The CPI had access to the income and expense reports submitted by Ricardo Rosselló’s political committee to the Electoral Comptroller in which every candidate is legally required to — on a quarterly basis — disclose the money collected by their committee through donations or political activities, as well as all expenses for services received that have been paid or are pending payment. Miranda-Reyes said in written statements on July 12, 2019: “The FP+1 agency is responsible for providing advertising services to Ricardo Rosselló’s Committee for tasks related to promoting political affairs. That company handles social media.