Es presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Ha trabajado durante los últimos 20 años en medios de comunicación como NotiUno, Boricua 740am y Radio Isla, y en agencias de noticias como Prensa Asociada, cubriendo Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos. Actualmente, es reportera en el periódico digital NotiCel y modera el espacio de análisis radial “Damaris Suárez Ahora” en Radio Isla 1320. Su trabajo ha sido reconocido por entidades como el Overseas Press Club, así como por el Departamento de Estado, la Universidad del Sagrado Corazón, la Asociación Internacional de Clubes de Leones de PR y la Unión Americana de Mujeres de Puerto Rico.
A mediados de agosto, solo uno de cada diez hogares había completado el cuestionario del Censo 2020 en Barrio Obrero Marina en Santurce según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Doña Carmen quiso corroborar este dato preguntando en su sector: “¿Llenaste el Censo?”
Con el sol de mediodía encima y su mascarilla bien puesta, Carmen Febres Alméstica, la líder comunitaria que preside la organización de residentes G-8 del Caño Martín Peña, comenzó por la calle Argentina.
Desde el balcón de una casa en esa calle, con su perro ladrando sin descanso detrás del portón de la entrada, Raquel Pérez saludó a doña Carmen y le contestó que sí, que su hija llenó el formulario por ella. Aseguró que varios de sus vecinos también lo llenaron y que recibió dos visitas de encuestadores después de haber contestado. De allí, Febres Alméstica pasó a la calle 5, luego subió por la Avenida Rexach hasta la calle 14, su “querida calle 14”, donde vive hace aproximadamente 65 años. En el trayecto, un señor que barría frente a su barra, clausurada por la pandemia, dijo que lo llenó por internet.
In Barrio Obrero Marina, a working class neighborhood of San Juan, the U.S. Census Bureau said that fewer than one in 10 households had answered the 2020 census by mid-August. Community leader Carmen Febres Alméstica set out to see if the government was right. Wearing a face mask under the midday sun, Febres Alméstica, who chairs a local residents’ organization, began on Argentina Street. A woman named Raquel Pérez, her dog barking non-stop behind her small entrance gate, greeted Febres Alméstica from a balcony. Pérez said her daughter filled out a census form for her.
Una auditoría para revisar que todas las corporaciones inscritas en el Registro de Corporaciones en línea del Departamento de Estado cumplan con los requisitos de la Ley General de Corporaciones y que sean entidades legítimas ha sido encomendada por el secretario de esa agencia, Elmer Román.
Varios días han pasado desde que un sinnúmero de funcionarios y sectores de la población le hayan pedido la renuncia a Juan E. Dávila Rivera. Él aún se mantiene en su puesto, mientras en Puerto Rico reina la incertidumbre electoral.
Las restricciones adoptadas por plataformas como Facebook e Instagram para la compra de anuncios políticos en sus redes sociales en busca de mayor transparencia durante este ciclo electoral se quedan cortas ante la proliferación de cuentas creadas en las redes sociales por grupos que buscan hacer campaña o atacar a un candidato sin que se conozca quiénes las manejan o de dónde sale el dinero que las financia.
Algunos de estos grupos han pagado anuncios en las redes, televisión y vallas publicitarias sin estar registrados en la Oficina del Contralor Electoral por ser Súper Comités de Acción Política (Súper Pacs) inscritos en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Al igual que otros que sí están registrados en Puerto Rico, pueden gastar grandes sumas de dinero, sin límite.
Un Súper Pac de reciente creación en Puerto Rico recibió dos transferencias de $250,000 de dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas registradas el mismo día con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.
De momento irrumpe en la pantalla del televisor una imagen en blanco y negro de la gobernadora, Wanda Vázquez. Inmediatamente se escucha la voz de un locutor que dice “hay gente que tiene grandes habilidades para mentir y engañar”, seguido de extractos de varias entrevistas a la mandataria luego de juramentar como gobernadora en las que aseguraba no tener aspiraciones políticas. El anuncio termina con el estribillo “En Wanda Vázquez no se puede creer”, palabras que también aparecen en la portada de la página de Facebook de Salvemos a Puerto Rico creada el 19 de junio de este año. Con apenas unos cientos de seguidores, esta página administrada desde Virginia ha gastado hasta $10,496 en publicidad en Facebook e Instagram para promocionar vídeos contra la Gobernadora con el potencial de alcanzar a millones de personas, de acuerdo con la información que publica Facebook.
Salvemos a Puerto Rico es un Súper Comité de Acción Política que se dedica a hacer campañas independientes a favor o en contra de candidatos o partidos políticos que fue registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con sede en Virginia, por el CPA Joseph Fuentes, conocido como Joey Fuentes Fernández quien ha estado vinculado al candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. El pasado 25 de junio, este Súper Pac recibió dos donativos de $175,000 y $75,000 de Fundación Pro Igualdad, Inc.y Foundation For Progress, Inc., respectivamente.
Durante el pasado ciclo electoral, Fuentes Fernández registró en la FEC el Súper Pac PRP, INC. PAC.
A year after the conversations between former Gov. Ricardo Rosselló and his closest collaborators contained in 889 pages of a Telegram chat were revealed, the Special Independent Prosecutor Panel (PFEI, in Spanish) has been unable to gain access to the full chat, nor has it sought that any of the involved becomes a witness to the investigation, at least two sources consulted by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) confirmed. The Special Independent Prosecutors in charge of the investigation have until August 25 to complete the investigation they have going on into the six “brothers” referred to by the Office of the Panel of the Special Independent Prosecutor (OPFEI, in Spanish) in the resolution issued on February 13. The CPI learned that so far, prosecutors have not requested to add other possible parties, nor have they asked for more time to complete the investigation. The Government shutdown due to the pandemic by COVID-19 gave the investigation a second wind, a year after the scandal that caused Rosselló Nevares’ exit from La Fortaleza. The result of the investigation into the possible crimes that could have been committed is still unknown.
