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Cuatro años sin justicia para los clientes de paneles solares de Sunnova

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La empresa tejana Sunnova, que tiene un virtual monopolio del mercado de alquiler de paneles solares residenciales en Puerto Rico, ya no puede practicar su negocio sin que nadie le ponga freno, pero no tendrá que responder retroactivamente a los cientos de clientes que le reclamaron por problemas con el servicio y con los equipos. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) confirmó que Sunnova tiene que cambiar sus prácticas comerciales porque no divulgó información completa sobre los contratos antes de que los firmaran los clientes. Tampoco los orientó adecuadamente sobre el modo en que funcionarían las placas fotovoltaicas en conexión con la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ni les advirtió que quedarían inútiles cuando se fuera la luz, como sucedió tras el huracán María. También es ilegal el procedimiento que la empresa ofreció a los consumidores para impugnar problemas en la factura: un proceso de arbitraje, en ocasiones en el estado de Texas, en el que los clientes no pueden pedir auxilio a la máxima autoridad reguladora del sistema energético público y privado en la Isla, el NEPR. Ese modus operandi de Sunnova incumple con la Ley 57 de 2014, conocida como Ley de Transformación y Alivio Energético, según el NEPR.

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Abogados de LUMA cobran más de $1,000 por hora y consultores casi $5 millones por hacer planes

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La contratación de una firma de abogados que cobra hasta $1,245 por hora. La subcontratación de compañías foráneas como Alumbra, de Colorado, que ha facturado hasta $1.3 millones en un solo mes por hacer planes de la transformación del sistema energético sin haber pasado por un proceso competitivo. Así se ven las primeras seis facturas que LUMA, la empresa que administrará la red de transmisión y distribución desde junio, ya le ha enviado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La corporación pública no tiene la capacidad de revisar de una forma transparente las facturas, denunció Robert Poe, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, en una reunión de ese cuerpo el 16 de diciembre de 2020. Su crítica surge porque hasta ahora la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que supervisa el contrato con LUMA, no le ha permitido analizar la totalidad de los documentos para asegurarse de que los gastos se justifican.

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La deuda de la AEE está en un “limbo indefinido”

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El segundo intento para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en una especie de limbo. Para sacarlo de allí, la Junta de Control Fiscal (JCF), que manda sobre las finanzas de la Isla, modificará los términos de la negociación que hizo antes de la pandemia con los bonistas de la corporación pública. Estas enmiendas podrían conllevar cambios sustanciales a la luz de los efectos del COVID-19 en la maltrecha economía de la Isla y de los nuevos nombramientos a la JCF. La nueva Legislatura que comenzará en 2021, con una mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), tendrá que evaluar este acuerdo revisado o Restructuring Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés) y dar su aprobación o rechazo. Los líderes de todos los partidos políticos habían expresado durante la pasada campaña electoral desde reservas hasta su repudio al RSA que estaba sobre la mesa.

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¿Se quedará LUMA con el botín?

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Al cruzar la Avenida Ponce de León, frente a la oficina central de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en San Juan, el canadiense Wayne Stensby ve los mensajes con pintura de spray en oposición a la empresa que dirige: “Fuera LUMA”. “No a la privatización”. Las consignas intentan tachar los afiches que pegó LUMA en un edificio abandonado en el barrio de Santurce para contrarrestar a sus detractores: “Conoce los datos”. “Conoce la verdad”. La empresa lleva a cabo una agresiva campaña publicitaria en medios de circulación general y en las calles y avenidas por donde caminan los empleados de la AEE.