Nueva auditoría federal concluye que el Departamento de Salud arriesgó la vida de los puertorriqueños durante el huracán María

El Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) “puso en riesgo” la vida de los puertorriqueños al no implantar de forma efectiva un protocolo de preparación y respuesta durante el huracán María, indica una auditoría del gobierno federal. 

La investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG en inglés), publicada en julio de 2021, sostiene que el DS incumplió con un acuerdo colaborativo para atender emergencias. 

Una sucesión de errores y omisiones del DS causó que esta fuera la única de las agencias de algún estado o territorio en ser auditada por el gobierno federal. El DS no llevó a cabo iniciativas de preparación y respuesta específicas para las personas más vulnerables, como niños, ancianos, enfermos, con impedimentos, los aislados geográficamente y quienes tienen una barrera cultural o de lenguaje, según se lo exigía el acuerdo colaborativo. El DS tampoco consultó con el público su Plan Operacional de Emergencia, lo que era un requisito del acuerdo. La agencia puertorriqueña hizo todo lo contrario: alegó que era confidencial. Precisamente por que ocultaba ese documento público, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que ir a los tribunales a exigirlo. 

“La falta de participación de las partes con interés pudo haber limitado la preparación, respuesta y esfuerzos de recuperación del DS”, según el informe federal.

Niños y adolescentes se quedan sin su hospital psiquiátrico público

Los pasillos están en silencio absoluto. El Centro de Salud Mental de Bayamón, la única unidad pública especializada en psiquiatría para menores de edad y con tratamiento extendido para los casos más graves, cerró totalmente en marzo de 2020, sin que se anunciara a la ciudadanía y sin que hubiera un plan para atender la necesidad de servicios de hospitalización de más de siete días. Hasta allí llegan menores de edad en busca de tratamiento de emergencia y encuentran las puertas cerradas, comprobó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ha sido el peor momento para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) clausurara estas instalaciones, en vista de que la pandemia ha exacerbado las condiciones de salud mental de niños y adolescentes, según confirmaron por separado la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y el Colegio de Médicos Cirujanos. Las instalaciones del Centro de Salud Mental de Bayamón lucen abandonadas.

Four Years without justice for Sunnova’s Solar Panel Customers

Texas-based Sunnova, which has a virtual monopoly on Puerto Rico’s residential solar panel rental market, may no longer do business without being held accountable, but it won’t have to respond retroactively to the hundreds of clients who filed complaints over problems with its service and equipment. The Puerto Rico Energy Bureau (PREB) confirmed that Sunnova has to change its business practices because it failed to disclose full information before clients signed the contracts. Nor did it adequately inform them on how the photovoltaic panels would work when connected to the Puerto Rico Electric Power Authority’s (PREPA) network, nor did it warn them that they would be useless when the power went out, as it happened after Hurricane María. The procedure that the company offered to consumers to challenge billing issues is also illegal: an arbitration process, sometimes in Texas, in which customers are prevented from seeking help from the PREB, the top regulatory authority over the island’s public and private energy system. Sunnova’s modus operandi violates Act 57 of 2014, known as the Energy Transformation and Relief Act, the PREB stated.

Cuatro años sin justicia para los clientes de paneles solares de Sunnova

La empresa tejana Sunnova, que tiene un virtual monopolio del mercado de alquiler de paneles solares residenciales en Puerto Rico, ya no puede practicar su negocio sin que nadie le ponga freno, pero no tendrá que responder retroactivamente a los cientos de clientes que le reclamaron por problemas con el servicio y con los equipos. El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) confirmó que Sunnova tiene que cambiar sus prácticas comerciales porque no divulgó información completa sobre los contratos antes de que los firmaran los clientes. Tampoco los orientó adecuadamente sobre el modo en que funcionarían las placas fotovoltaicas en conexión con la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ni les advirtió que quedarían inútiles cuando se fuera la luz, como sucedió tras el huracán María. También es ilegal el procedimiento que la empresa ofreció a los consumidores para impugnar problemas en la factura: un proceso de arbitraje, en ocasiones en el estado de Texas, en el que los clientes no pueden pedir auxilio a la máxima autoridad reguladora del sistema energético público y privado en la Isla, el NEPR. Ese modus operandi de Sunnova incumple con la Ley 57 de 2014, conocida como Ley de Transformación y Alivio Energético, según el NEPR.

Pierluisi escoge azules y continuidad de Rosselló para liderar la Junta de Planificación

El gobernador, Pedro Pierluisi, nombró al planificador Manuel A.G. Hidalgo presidente de la Junta de Planificación (JP). De ser aprobado por el Senado, será la mano derecha del mandatario en el diseño de la política pública de planificación, desarrollo económico y de la protección de los recursos naturales. El nominado cuenta con unos quince años de experiencia en el sector público. Dirigió, hasta enero de 2021, la Oficina de Planificación de Canóvanas bajo la administración de la alcaldesa Lornna Soto, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Uno de los trabajos más significativos de Hidalgo allí fue revisar el Plan de Ordenamiento Territorial, que organiza los distintos usos del suelo en el municipio.