Comisión cameral confirma pobre manejo de las querellas de violencia doméstica que involucran a policías

La principal recomendación del informe aprobado el pasado miércoles es legislar para que sea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la agencia que reciba, maneje e investigue las querellas de violencia de género que involucren a miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico para que luego sean consultadas con un fiscal ajeno a la región en la cual trabaja el querellado.

Periodistas demandan para que Seguridad Pública divulgue información sobre policías involucrados en violencia de género

Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.