Pandora Papers

Puntos clave sobre los Pandora Papers

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¿Qué son los Pandora Papers? Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades. ¿Qué es el ICIJ? Es una entidad sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, producto de una alianza de reporteros de investigación de todo el mundo.

Noticias CPI

CPI vuelve al Tribunal para que salud haga públicos el Registro de vacunación del covid-19 y la base de datos de causas de muerte

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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este lunes, mediante una petición de mandamus contra el Departamento de Salud, el Registro de Vacunación actualizado y la Base de Datos de Causas de Muerte. Ambos son documentos por los que el CPI ya ha demandado en el pasado y que los tribunales han reiterado que son documentos públicos. En el caso de la Base de Datos de Causas de Muerte, el CPI ha ido cinco veces al tribunal en la pasada década para lograr acceso al documento. La demanda es contra el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, que son las agencias que producen los datos. Ambos documentos han sido solicitados por múltiples vías desde el 19 de julio por las periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, mediante la directora de Comunicaciones del DS, Lisdián Acevedo, sin que se haya producido la entrega de los mismos.

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Court Grants Mandamus Appeal Filed by the Center for Investigative Journalism

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The San Juan Superior Court handed a victory to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) and ordered the Department of Economic Development and Commerce (DEDC) to turn over information requested by the CPI related to oversight associated with Act 22-2012, to Encourage the Transfer of Individual Investors to Puerto Rico, which is now part of the Incentive Code. The CPI’s request to the DEDC and its Secretary, Manuel Cidre, included all the annual reports filed by individual resident investors with decrees under Act 22. The CPI filed the mandamus appeal in April after multiple attempts launched in February asking the agency to provide the requested information. The agency has 15 days to deliver the reports, according to the order, omitting the taxpayer’s personal and contact information, such as the number of the tax decree for which the report is filed and “any other specific data that could reveal the identity of the individual decree holder.” The CPI had requested that the personal data be omitted. “This way, the significant privacy interests related to the identifying information contained in the annual reports are protected and, at the same time, the public interest is promoted in the disclosure of that information necessary for the oversight of government operations,” the court order states.

Instituto de Formación Periodística

Anuncian seis ganadores de becas para proyectos caribeños de investigación periodística

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San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití. 

“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. 

Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.

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30+ Organizations Support CPI’s Access to Information Lawsuit as ‘Friends of the Court’ at First Circuit in Boston

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San Juan, Puerto Rico – Media and civil rights organizations in Puerto Rico and the United States, such as the Puerto Rico Journalists Association, Espacios Abiertos, LatinoJustice and the Reporters Committee for Freedom of the Press, who was joined by The Atlantic, CNN en Español, McClatchy and Gannett, the Boston Globe, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, the Society of Professional Journalists, the News Leaders Association and 20 other journalistic organizations, presented their position as friends of the court (amicus curiae) at the US Court of Appeals for the First Circuit in Boston in support of the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) in its access to information case against the Fiscal Control Board. 

The Board is an entity that the United States government imposed on Puerto Rico in 2016 to take control of public finances and fiscal policies. Four years ago, the CPI sued the Board to gain access to several tracts of public information, including its communications with the local and federal governments. In 2018, US District Judge Jay A. García Gregory decided in favor of the CPI, determining that, as an agency of the government of Puerto Rico, the Board is obliged to comply with the right of access to information under Puerto Rico’s Constitution. Although the CPI received part of the documents, the legal process has escalated to the point in which the Fiscal Control Board appealed to the First Circuit Court of Appeals in Boston to avoid delivering the missing documents and providing justification for keeping them. “We’ve seen headlines in the press, just last week, about how Governor Pedro Pierluisi has asked the Board not to cut pensions or the budget, we see how austerity has dismantled the University of Puerto Rico, we have to believe that there are no resources for the Women’s Advocate Office, we heard the justification for the lack of resources for the privatization of the ferries to Vieques and Culebra, or the cuts that could leave the Conservatory of Music without accreditation …

Actualidad

Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información

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San Juan, Puerto Rico – Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información. 

La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales. Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. “Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades.

English

Journalists sue the Department of Public Security for information about police officers involved in gender violence

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The number of police officers who have been arrested for domestic violence and sexual assault, or how many officers have been convicted for gender violence are undisclosed statistics, although they were requested in early April from the Police by journalists Cristina del Mar Quiles and Syra Ortiz-Blanes of the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) and of El Nuevo Herald and the Miami Herald, respectively. After many unsuccessful follow-up efforts, the petition is now before the San Juan Superior Court after a request for mandamus was filed on Tuesday to obtain this public information from the Department of Public Security and the Puerto Rico Police Bureau. “At a time when the island has been sunken under a deep wave of gender violence cases, in which even the work of our public institutions has been questioned, few issues are of greater public interest than what’s reflected in these requests for information that are the matter of this legal recourse,” the mandamus establishes. “There are actions by the Government of Puerto Rico against gender violence that have nothing to do with creating new laws or making new plans, but with the obligation of the Government itself to comply with current laws, and this is a great example. Collecting and publishing reliable data and having it available and up-to-date is something that’s already the duty of security agencies,” said Carla Minet, executive director of the CPI.