El Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que reconoce que el requisito fundamental para las aspiraciones democráticas es que la ciudadanía esté bien informada y que existan entidades independientes con la capacidad de fiscalizar los poderes que accionan en la sociedad, sean públicos o privados.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Control Fiscal sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública.
¿Cuándo será la vista? La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/
¿Cuál es el asunto esencial por discutirse? Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.
When the US Supreme Court (SCOTUS) evaluates on Wednesday, January 11, the case filed by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) against the Fiscal Control Board to gain access to public information, it will review the arguments of more than 30 organizations and 19 law professors who expressed their support for the CPI before that forum via 10 briefs that they presented as friends of the court. The Fiscal Control Board (JSF, in Spanish) alleges that, as an entity within the government of Puerto Rico, it enjoys “sovereign immunity” and does not have to submit to the right of access to information recognized under the Puerto Rico Constitution and deliver documents on its work, which the CPI requested. However, no forum has so far agreed with the Control Board and the SCOTUS has never decided that the territory of Puerto Rico has immunity like that of a state. Among the organizations that appeared before the SCOTUS as friends of the court or amicus in support of the CPI are the Puerto Rico Journalists Association (ASPPRO, in Spanish); the Puerto Rico House of Representatives Speaker Rafael Hernández Montañez; the Reporters Committee for Freedom of the Press and 20 subscribing media organizations; the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) together with CAMBIO PR, the Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido and the Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice with the Hispanic Federation, and the Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; and Clemente Properties. “The CPI’s request for information has become an undivided claim in Puerto Rico, echoed by important institutions and people who reject the Board’s arrogant behavior here.
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe este próximo miércoles 11 de enero el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública aquilatará los argumentos de más de 30 entidades y 19 profesores de derecho que manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte.
La Junta de Control Fiscal (JCF) alega que, como entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana” y no tiene que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el CPI. Sin embargo, ningún foro le ha dado la razón hasta ahora y el Tribunal Supremo federal nunca ha decidido que el territorio de Puerto Rico tiene inmunidad como la de un estado. Entre las entidades que comparecieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigos de la corte o amicus a favor del CPI están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; y Clemente Properties. “La petición de información del CPI se ha convertido en un reclamo del país entero y de importantes instituciones y personas que rechazan el comportamiento prepotente de la Junta en Puerto Rico. Intentar estar por encima de todo, de manera que nadie les pueda fiscalizar, es inaceptable”, dijo la directora del CPI, Carla Minet.
Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez.
Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.
A panel of four Supreme Court justices unanimously rejected last Thursday a petition filed by the Puerto Rico Privacy Association (PRPA), which sought to block the lower court’s decision ordering the disclosure to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) of the annual reports submitted by beneficiaries of the “Act to Promote the Relocation of Investors to Puerto Rico,” or Act 22, a statute that has been part of the Act 60 Incentives Code since 2019. The panel was composed by Associate Justice Rafael Martínez Torres, who presided it, and Associate Justices Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, and Angel Colón Pérez. The CPI requested the reports, which “resident investors” must submit to the Department of Economic Development and Commerce (DDEC, in Spanish) every year as required by Act 22, since April 2021. These reports break down each beneficiary’s personal and financial circumstances, such as the number of jobs created, the properties acquired, the time spent in Puerto Rico, among other data. The complaint asked for all information not considered personal.
A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió acoger este lunes un recurso legal mediante el cual la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico elevó a ese foro un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. El máximo foro federal evaluará, a petición de la Junta, si esa entidad creada por la Ley PROMESA tiene inmunidad soberana, lo que significa que es totalmente inmune a reclamaciones bajo las leyes de Puerto Rico, por lo que no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública.
Los periodistas del CPI solicitaron desde el 2017 las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos. Como parte del litigio que ya lleva más de cinco años, el ente fiscal entregó al CPI alrededor de 18,400 documentos, pero reclamó confidencialidad sobre otros 20,000.
“Desde el CPI reafirmamos nuestro derecho de acceso a esa información que la Junta de Control Fiscal ha intercambiado con el Gobierno de Puerto Rico. Vamos a seguir luchando para lograr que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que ha estado haciendo la Junta y cómo se han estado tomando decisiones. El que el Tribunal Supremo federal haya decidido acoger este recurso nos preocupa, porque la Junta pretende operar sin tener que cumplir con el derecho puertorriqueño al acceso de información garantizado por nuestra Constitución.
