Anuncian seis ganadores de becas para proyectos caribeños de investigación periodística

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití. 

“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. 

Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.

30+ Organizations Support CPI’s Access to Information Lawsuit as ‘Friends of the Court’ at First Circuit in Boston

San Juan, Puerto Rico – Media and civil rights organizations in Puerto Rico and the United States, such as the Puerto Rico Journalists Association, Espacios Abiertos, LatinoJustice and the Reporters Committee for Freedom of the Press, who was joined by The Atlantic, CNN en Español, McClatchy and Gannett, the Boston Globe, the Pulitzer Center on Crisis Reporting, the Society of Professional Journalists, the News Leaders Association and 20 other journalistic organizations, presented their position as friends of the court (amicus curiae) at the US Court of Appeals for the First Circuit in Boston in support of the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) in its access to information case against the Fiscal Control Board. 

The Board is an entity that the United States government imposed on Puerto Rico in 2016 to take control of public finances and fiscal policies. Four years ago, the CPI sued the Board to gain access to several tracts of public information, including its communications with the local and federal governments. In 2018, US District Judge Jay A. García Gregory decided in favor of the CPI, determining that, as an agency of the government of Puerto Rico, the Board is obliged to comply with the right of access to information under Puerto Rico’s Constitution. Although the CPI received part of the documents, the legal process has escalated to the point in which the Fiscal Control Board appealed to the First Circuit Court of Appeals in Boston to avoid delivering the missing documents and providing justification for keeping them. “We’ve seen headlines in the press, just last week, about how Governor Pedro Pierluisi has asked the Board not to cut pensions or the budget, we see how austerity has dismantled the University of Puerto Rico, we have to believe that there are no resources for the Women’s Advocate Office, we heard the justification for the lack of resources for the privatization of the ferries to Vieques and Culebra, or the cuts that could leave the Conservatory of Music without accreditation …

Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información

San Juan, Puerto Rico – Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información. 

La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales. Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. “Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades.

Journalists sue the Department of Public Security for information about police officers involved in gender violence

The number of police officers who have been arrested for domestic violence and sexual assault, or how many officers have been convicted for gender violence are undisclosed statistics, although they were requested in early April from the Police by journalists Cristina del Mar Quiles and Syra Ortiz-Blanes of the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) and of El Nuevo Herald and the Miami Herald, respectively. After many unsuccessful follow-up efforts, the petition is now before the San Juan Superior Court after a request for mandamus was filed on Tuesday to obtain this public information from the Department of Public Security and the Puerto Rico Police Bureau. “At a time when the island has been sunken under a deep wave of gender violence cases, in which even the work of our public institutions has been questioned, few issues are of greater public interest than what’s reflected in these requests for information that are the matter of this legal recourse,” the mandamus establishes. “There are actions by the Government of Puerto Rico against gender violence that have nothing to do with creating new laws or making new plans, but with the obligation of the Government itself to comply with current laws, and this is a great example. Collecting and publishing reliable data and having it available and up-to-date is something that’s already the duty of security agencies,” said Carla Minet, executive director of the CPI.

Periodistas demandan para que Seguridad Pública divulgue información sobre policías involucrados en violencia de género

Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

CPI fortalece su lucha por el acceso a la información gracias a una beca de Equal Justice Works

San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) fortalecerá su lucha por el acceso a la información pública gracias a una beca que la entidad Equal Justice Works (EJW) otorgó al abogado Carlos F. Ramos Hernández para trabajar a tiempo completo durante casi dos años con la organización sin fines de lucro especializada en periodismo de investigación, anunciaron hoy las dos entidades. “El CPI sigue sumando aliados que nos ayudan a ampliar el acceso a la información, lo que tiene el efecto directo de que la ciudadanía esté mejor informada. Con este apoyo del Lcdo. Ramos Hernández, que se suma a los abogados y estudiantes de derecho que también nos apoyan desde la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, logramos robustecer un equipo que nos impulsa a hacer más para reclamar este derecho, y mejor aún, para buscar cambios sistémicos y que cada vez tengamos que ir menos a los tribunales a exigir documentos públicos”, dijo su directora ejecutiva, Carla Minet. 

Por su parte, Equal Justice Works destacó el trabajo de Ramos Hernández y los demás becados. “Trabajaron muy duro para diseñar proyectos que se destaquen sobre los demás y esta no es una hazaña pequeña porque el proceso de selección de la Clase de Becados 2021 fue el más competitivo que hemos tenido hasta la fecha”, indicó la organización, con sede en Washington D.C., la cual durante 35 años ha promovido que más abogadas y abogados elijan carreras en el servicio público desde las que defiendan el derecho a la justicia para todas y todos los miembros de la sociedad.

CPI Goes to Court for Incentive-Related Data and Reports

Much has been speculated about the results of Puerto Rico’s incentive laws, but the government keeps under wraps most of the information that would allow evaluating its impact on the economy. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) filed a petition for mandamus on Wednesday requesting that the Department of Economic Development and Commerce (DDEC, in Spanish) and the Department of the Treasury (DH), to make public detailed information about some of these benefits. This, after multiple attempts by the CPI requesting since February, for agencies to produce the data. The legal recourse, which includes Manuel Cidre Miranda, designated secretary of the DDEC, and Francisco Parés Alicea, secretary of the DH, requests, for example, the annual reports that residents must file and render under Law No. 22, details of the contributions made to nonprofit entities, as they are supposed to do, certification of the returns filed during the incentive period, and data on the granting, sale or transfer of tax credits in general.

CPI va al tribunal por datos e informes relacionados con incentivos

Mucho se ha especulado sobre los resultados de las leyes de incentivos de Puerto Rico, pero el Gobierno mantiene en secreto gran parte de la información que permitiría evaluar su impacto en la economía, por lo que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que solicitar este miércoles mediante una petición de mandamus al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al Departamento de Hacienda (DH), que hagan pública información detallada sobre algunos de estos beneficios. Esto luego de múltiples intentos iniciados en febrero por el CPI para que las agencias produjeran los datos. Petición de MandamusDownload

El recurso legal, que incluye a Manuel Cidre Miranda, secretario designado del DDEC, y Francisco Parés Alicea, secretario del DH, pide por ejemplo los informes anuales que deben radicar y rendir los personas residentes bajo la Ley Núm. 22, detalles de las aportaciones a entidades sin fines de lucro que se supone que estos hagan, certificación de las planillas radicadas durante el periodo de otorgación del incentivo, y datos sobre la concesión, venta o traspaso de créditos contributivos en general. La petición del CPI surge como parte de su trabajo de fiscalizar la efectividad de estas leyes para corroborar si tienen el efecto deseado de promover y estimular la economía local a través de la promoción de capital extranjero.