El Departamento de Educación deberá responder en el tribunal por patrón severo de falta de transparencia

San Juan – La lista de las escuelas cerradas después del huracán María; las inspecciones de todos los planteles hechas luego del huracán; el presupuesto del Año Fiscal vigente detallado por área, oficina o programa, y por escuela; el directorio u organigrama vigente de la agencia con sus oficinas y personal de contacto; la cantidad de auditores internos y nombres de las firmas contratadas para las auditorías anuales que debe hacer el Departamento de Educación (DE). Estas son solo algunas de las informaciones que desde hace seis meses está solicitando el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) pero que luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora están ante la consideración de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, tras la presentación este jueves de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del DE. “En vista de lo que parece ser un problema severo de falta de transparencia en el Departamento de Educación, el CPI no tiene otra alternativa que acudir al tribunal. Entre casi una docena de peticiones acumuladas, estamos solicitando datos relacionados con la recuperación de las escuelas después del huracán María y su preparación en caso de terremotos; el presupuesto de la agencia y los fondos federales devueltos en los pasados años; los fondos de recuperación recibidos y su uso. También requerimos el número de usuarios únicos de las plataformas en línea del DE que se han usado durante la pandemia del COVID-19, un dato que no se ha ofrecido mientras se ha querido proyectar que la educación en línea está funcionando.

Periodistas del CPI toman medidas preventivas ante el coronavirus

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tomó hoy medidas preventivas para proteger la salud de su equipo de trabajo debido a que siete de sus periodistas participaron en días recientes de un entrenamiento en New Orleans al cual acudió una persona que dio positivo a una prueba de coronavirus (COVID-19) el martes, 10 de marzo. La prueba positiva de la persona afectada, que no es miembro del equipo del CPI, ha sido enviada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para su confirmación. “Hasta que el CDC confirme el resultado de la prueba, que puede demorar hasta una semana, se considera un presunto positivo”, informó la entidad organizadora del evento, el Investigative Reporters and Editors (IRE). A pesar de que ninguno de los periodistas del CPI que viajaron presenta síntomas de enfermedad o de coronavirus, el equipo de trabajo estará operando de forma remoto por los próximos días, que es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): el distanciamiento social por lo menos durante 14 días. “Desde anoche en cuanto fuimos informados del diagnóstico de esta persona, que no ha sido identificada y que estuvo en New Orleans, encaminamos las consultas de rigor a personas expertas en epidemiología para recibir su recomendación y la comunicamos a nuestro equipo hoy temprano.

Puerto Rico Transportation Authority Refuses to Release Information on Damaged Bridges, and CPI Sues Them

COMUNICADO DE PRENSA

After exhausting all efforts to obtain a list of vulnerable, destroyed and reopened bridges after Hurricane María from the Highways and Transportation Authority (ACT, in Spanish), the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) filed a request for mandamus from the court to force the agency to fulfill its duty of providing access to this public information. “No one in the ACT and the Department of Transportation and Public Works (DTOP, in Spanish) has delivered the information requested” since Sept. 4, 2019 by journalist Rafael R. Díaz-Torres, according to the complaint filed in the San Juan Superior Court against Rosana Aguilar-Zapata, Executive Director of the ACT. “The only excuse the agency offered for denying access to this information is that they were afraid to share the list, since they feared that the press wouldn’t know how to use the document or could misunderstand it. After everything failed: making dozens of calls, [leaving] telephone and text messages and conducting interviews in person to obtain the requested information, the CPI filed this lawsuit given the official’s breach of her executive duty to facilitate access to public information,” said Carla Minet, executive director of the Center.

La cultura de corrupción y la impunidad se convierten en eje de discusión de la Conferencia Magistral a cargo del periodista argentino Hugo Alconada Mon

“Existe un sistema que trabaja en muchos países de América Latina que para la corrupción y para la impunidad… Un sistema, incluso, donde la sociedad a menudo no quiere ver. Prefiere no saber. Prefiere olvidar que es su dinero el que termina en el bolsillo de los funcionarios y los empresarios corruptos. Que el dinero de sus impuestos directos e indirectos es el que termina financiando yates, mansiones de lujo, fiestas, champagne, joyas y, en última instancia, impunidad,” dijo el periodista argentino Hugo Alconada Mon, quien invitado por el Centro de Periodismo Investigativo dictó el jueves en la noche la Conferencia Magistral El dinero de la gente en el bolsillo de los políticos en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico.

El CPI comparte su trabajo más reciente con la comunidad de Nueva York

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) conversará en la ciudad de Nueva York sobre sus investigaciones más recientes: el chat de Telegram, que fue acompañado de la historia sobre la corrupción sistémica en la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, y la iniciativa de fiscalización del proceso de recuperación de Puerto Rico tras los huracanes de 2017, que se accede en la página web loschavosdemaria.com. El evento será el sábado, 26 de octubre a las 6:00 pm en el Julia de Burgos Performance and Arts Center, en el 1680 de Lexington Avenue e incluirá música del galardonado saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón y la pieza Bravata, de la actriz y performera puertorriqueña Teresa Hernández. Los periodistas del CPI conversarán con la antropóloga Rima Brusi y el periodista Juan González, ambos puertorriqueños radicados en Nueva York. “Para el CPI es importante este contacto con la comunidad puertorriqueña en Nueva York, que ha seguido muy de cerca los temas de la deuda pública, y que tanto ha tenido que ver con el proceso de recuperación tras el paso del huracán María, no sólo por los vínculos naturales que existen, sino también por la forma tan extraordinaria en que esta comunidad se ha involucrado históricamente en ayudar de diversas maneras para que nuestro país, que es el de ellos también, salga adelante”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. “Invitamos a toda la comunidad de Nueva York, a todas las organizaciones aliadas, como las universidades de la ciudad, y muy en especial a los boricuas que quieran apoyar el periodismo independiente y sin fines de lucro del CPI, a que nos acompañen este día para compartir nuestro trabajo y nuestros planes”, concluyó Carla Minet.

CPI a paso firme con casos de acceso a la información

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó ayer una nueva demanda federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF) debido a que esa entidad, impuesta por el Congreso pero perteneciente al Gobierno de Puerto Rico, se negó nuevamente a dar acceso a los intercambios que ha tenido con el gobierno del país en su encomienda de regular las finanzas públicas. La solicitud del CPI incluye los récords relacionados con las comunicaciones, consultas o solicitudes de información, documentos, informes o datos cursados por cualquier miembro de la Junta o su personal a cualquier agencia del Gobierno federal o funcionario del Gobierno federal, o por el Gobierno federal, sus agencias o personal a la Junta, desde el 30 de abril de 2018, incluyendo mensajes de email y de texto mediante cualquier sistema de mensajería digital. Así mismo, el CPI solicitó las comunicaciones, informes, consultas, actualizaciones, documentos o información proporcionada por cualquier miembro de la Junta o su personal a La Fortaleza, sus funcionarios, o cualquier otra agencia o funcionario del Gobierno de Puerto Rico, o por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta, sus miembros o personal, desde el 30 de abril de 2018. Cuando el CPI solicitó esta información, el representante legal del ente fiscal, Lcdo. Guy Brenner, indicó que “el derecho de acceso a documentos bajo la Constitución de Puerto Rico no le aplica a la Junta”.