Socorro es trabajadora social en un centro que da servicios a adultos mayores en Santurce. Desde que comenzaron las medidas de distanciamiento físico como estrategia de prevención ante el COVID-19, ha recibido referidos para acoger a nuevos participantes que necesitan ayuda en medio de la pandemia. Sin embargo, el equipo de trabajo del centro ha sido precavido, y aunque se mantiene en comunicación con estos nuevos participantes, todavía no ha podido conocerlos en persona.

“La mayoría de la gente está en necesidad y si añadimos que mucha gente en esa área de Barrio Obrero trabaja dando servicios y limpiando casas, [ahora] no pueden trabajar”, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), mientras narraba sobre los casos de adultos mayores que han dejado de devengar ingresos desde que inició el cierre por el COVID-19 a mediados de marzo.

“Algunos de nuestros participantes han tenido dificultad en ver a médicos. Algunos médicos los han llamado por teléfono”, añadió Socorro.

Más de 10 kilómetros al sur de Barrio Obrero, una familia de tres que vive en una calle de Cupey espera por su almuerzo diario. Ramón, cuyo nombre ficticio protege su identidad, tiene 61 años y sale a recoger los tres platos de comida que trajo un voluntario de una entidad religiosa de Río Piedras. Dentro del hogar, el hombre cuida a su mamá de 82 años y su padre de 91. Su progenitora se cayó hace unas semanas y se rompió cuatro costillas. Su padre está encamado, y desde que comenzó el confinamiento por el COVID-19 y la consecuente reducción de servicios a domicilio, el hijo se encarga de atenderlo.

“Su situación se complicó desde que comenzó el distanciamiento. Y los tres son adultos mayores”, dijo al CPI el estudiante de teología y Hermano de la Sociedad Fraterna de Misericordia, Samuel Pérez, luego de montarse en la guagua en que hacía su recorrido diario de distribución de platos de comida caliente.

La población de adultos mayores en Puerto Rico está entre los grupos más vulnerables que sufrirá el COVID-19, tanto en el ámbito de la salud como en el aspecto social. Aunque solo el 25% de los casos positivos detectados con el virus en Puerto Rico son de personas de 60 años o más, este mismo grupo representa el 78% de las muertes por el virus, según los datos del Departamento de Salud publicados en el informe del Senior Leadership Brief hasta el 12 de mayo. Sin embargo, el Gobierno no cuenta con un plan abarcador que integre a las agencias para atender las necesidades y combatir las precariedades que enfrenta este sector demográfico en el contexto de la actual pandemia, encontró el CPI.

No existe una estructura que desde el Estado facilite la coordinación de los esfuerzos de las distintas entidades públicas y las no-gubernamentales que proveen servicios a este grupo durante la pandemia. Sí hay un protocolo para los hogares de ancianos hecho por el Departamento de la Familia, que en términos generales ofrece guías sobre cómo evitar la transmisión en estos centros, qué hacer con las personas que están infectadas con el virus, así como recalcar la necesidad de restringir las visitas de familiares y personal que no brinde servicios esenciales, entre otras recomendaciones.

Mabel López Ortiz del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), Amada García Gutiérrez de la Brigada 3ra Edad y José Acarón de AARP afirmaron al CPI que, si bien existen organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que llevan años atendiendo a este grupo, la ausencia de datos oficiales sobre los adultos mayores con necesidades y la falta de coordinación del Estado con los grupos que trabajan en favor de este grupo demográfico, impiden la respuesta rápida en situaciones de emergencia relacionadas al COVID-19.

“Una de las razones por las cuales se ve tan desarticulada la ayuda es por la falta de información del Estado. Todo el mundo trabaja por su lado. Debería haber un mapa de cuántas organizaciones están dando servicio. Los líderes comunitarios están con la gente, pero no hay un registro”, expresó al CPI López Ortiz, quien preside el CPTSPR.

Ante el hambre, la necesidad garantizar alimentos a esta población representa uno de los asuntos prioritarios, de acuerdo a especialistas en el tema de la vejez y líderes comunitarios que hablaron con el CPI. La dificultad mayor radica en la ausencia de datos que permitan ubicar a las personas que necesiten un plato de comida.

“Hay gente que necesita alimentos y no recibe cupones. El hambre en este país tiene rostro de viejo y de mujer obrera. Tú no sabes dónde hay un viejo muriendo de hambre”, expresó al CPI Carmen Villanueva, quien es líder comunitaria en Hills Brothers Sur en San Juan.

“Cuando hablamos de confinamiento se nos olvida que estos adultos mayores también pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar. Muchos de ellos dependen de cuidadores. Son asuntos que sabíamos que se iban a disparar cuando la respuesta de La Fortaleza fue quedarnos en nuestras casas”, añadió López Ortiz. quien, además, es profesora en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Sin mapa de necesidades, es incierto el destino de los alimentos

En marzo pasado, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la reautorización del estatuto federal conocido como Older Americans Act (OAA). La asignación presupuestaria que surge con la firma tiene como uno de sus objetivos la provisión de servicios a adultos mayores sin que estos tengan que salir de sus hogares en medio de la pandemia. Entre esos servicios se incluye la entrega de alimentos a sus residencias.

En Puerto Rico, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) ha recibido fondos de la ley OAA para la compra de alimentos para la población de adultos mayores. La falta de un registro a nivel del Gobierno de los servicios y áreas impactadas por las organizaciones que atienden a este sector demográfico ha obligado a la titular de la OPPEA a armar su propia red informal para así poder identificar cuáles son los centros y comunidades que podrían ser destino para estas compras de alimentos. Esa oficina cuenta con 133 empleados. De acuerdo a información provista al CPI por la OPPEA, durante la pandemia todos sus empleados están activos, ya sea desde la oficina central en San Juan o trabajando en remoto.

“La ventaja que yo tengo es que llevo muchos años en el campo de gerontología. No llego a todas (las organizaciones), pero hay colegas que me dicen situaciones”, comentó la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado, luego de que el CPI le preguntara si el Gobierno cuenta con un registro de las organizaciones que ofrecen servicios y llevan comida a adultos mayores en necesidad.

Sánchez Salgado indicó que, además de sus contactos, ha estado en comunicación con los alcaldes y unos 140 centros de actividades múltiples, que en su mayoría son administrados por gobiernos municipales. Asimismo, ha identificado la lista de los Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada (CAMPEA) del Departamento de la Familia (DF), que proveen servicios de nutrición, transportación, actividades recreativas y confraternización para personas de 60 años o más de bajos ingresos. El DF cuenta con nueve centros CAMPEA alrededor de la isla.

En días recientes, la OPPEA envió compras con alimentos para que los centros CAMPEA los distribuyeran entre unos 300 participantes. El CPI llamó a los nueve CAMPEA del DF y empleados en todos ellos confirmaron haber recibido una compra de alimentos enviada por la OPPEA e informaron que han distribuido las compras entre sus participantes.

De todos los CAMPEA, el de Aguadilla cuenta con el mayor número de participantes: 54. La empleada de este centro que le habló al CPI informó que solo 30 participantes solicitaron el servicio de recibir las compras en el hogar. Los nueve CAMPEA del DF sirven a diferentes regiones y ubican en los municipios de Aguada, Aguadilla, Bayamón, Cidra, Yabucoa, Juana Díaz, Arecibo, Lares y Guayama. El total de participantes registrados para el servicio de las compras es de 323. Para ser participante de los centros CAMPEA cualifican personas de 60 años o más que tengan ingresos por debajo de $936 mensuales.

De acuerdo a los datos del Censo de los Estados Unidos hasta el 2018, la población de personas mayores de 65 años en Puerto Rico constituye el 20.7% de la población. Sin embargo, cuando el cálculo se hace a partir de los 60 años de edad, los datos censales hasta el 2016 indican que ese grupo por edad asciende a 855,708 personas o 25% de la población total del país, según un informe publicado por la OPPEA en diciembre 2017.

La OPPEA anunció además a finales de abril que estaba “impactando” a alrededor de 1,500 adultos mayores en las Égidas de Vivienda Pública y otras égidas identificadas en el municipio de Humacao, y que gestionaría el envío de alimentos a las égidas subvencionadas bajo la Ley 173 y Plan 8, aunque la Procuradora no pudo precisar cuántos adultos mayores recibirán la entrega de compras a estos centros.

En el caso de los centros de actividades múltiples de los municipios, Sánchez Salgado explicó que la meta es llegar a un número de personas mayor al de la cantidad oficial de participantes, pero no supo precisar el número de personas que se beneficiarán, más allá de estimar unos 100 en la mayoría de los centros.

“Tenemos que cambiar la visión de cuál es la población vulnerable porque los municipios tienen que considerar no solo a quienes se benefician del PAN (Programa de Asistencia Nutricional). Hay una miopía de las necesidades reales de la gente en la calle. Seguimos pensando que el país cambió, pero las estructuras del Gobierno no han cambiado”, expresó al CPI el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón, al explicar que la precariedad entre la población de adultos mayores abarca cada vez a más personas y no se limita solamente a quienes se consideran que están bajo el nivel de pobreza según los estándares del Gobierno.

“Hay condominios que son égidas completas. ¿Dónde se atiende a la gente sola? La gente en la égida se cuida, pero cuando la gente está sola en sus casas, ¿Quién los apoya?”, cuestionó Acarón.

Por su parte, Sánchez Salgado indicó que es difícil tener información sobre las necesidades y ubicación de los adultos mayores que viven solos o con una pareja dentro de una residencia privada. Por tal razón, la OPPEA está instando a los líderes comunitarios a contactar la agencia e informar sobre las necesidades de sus residentes. Dijo que pueden llamar a 787-721-6121.

“Yo no tengo forma de identificar a las personas en las comunidades si no es través de los líderes comunitarios”, advirtió la Procuradora, quien además reconoció   que la comunicación con los alcaldes ayuda a gestionar la entrega de alimentos a los adultos mayores.

La funcionaria añadió que le dice a los ejecutivos municipales que la OPPEA les enviará los recursos “y ustedes hacen la compra” para resolver las dificultades que surgen en aquellas ocasiones en que no logra conseguir suplidores locales que entreguen alimentos a algunas regiones y pueblos.

El secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, el Gobierno dijo que confía en que los municipios logren identificar a las organizaciones que pueden hacer el trabajo de llevar la comida a quienes la necesiten.

A juicio de la presidenta del grupo Brigada de la 3ra Edad, Amada García Gutiérrez, la falta de una estructura central del Gobierno que tenga constancia del trabajo que se hace en favor de la población de adultos mayores desde los municipios y las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro trae el problema de no poder supervisar de manera eficiente a estas instituciones en sus gestiones de ofrecer servicios o distribuir alimentos subvencionados con fondos públicos.

“Algunos de los problemas que esto puede traer a la población es que se les entregue alimentos que no sean nutritivos y puedan perjudicar condiciones de salud, la (falta de) fiscalización de a quiénes se les hacen estas entregas y quiénes se dejan fuera y por qué, la falta de información de cómo la gente llega y deja saber: ‘aquí necesito servicio’”, expresó al CPI García Gutiérrez, quien también es trabajadora social y ha investigado el tema de los adultos mayores en Puerto Rico.

“En Puerto Rico existe la pobreza y nuestra gente vieja vive bajo un nivel de pobreza en un 40% de su población”, añadió la también trabajadora social, en referencia a la Encuesta de la Comunidad realizada por el Censo de los Estados Unidos en el 2015.

Por su parte, Acarón expresó que, aunque hay muchas organizaciones que dan ayuda repartiendo comida, en ocasiones esos esfuerzos no están organizados como para atender las necesidades en las diferentes regiones del país.

“El rol de la Procuradora (de Personas de Edad Avanzada) debe ser integrar esos servicios”, reclamó el director de AARP en Puerto Rico.

Las preocupaciones de García Gutiérrez y Acarón son similares a las inquietudes expresadas por padres de niños y organizaciones en torno a la distribución de alimentos ante el cierre de los comedores escolares. El Departamento de Educación inicialmente delegó la entrega de alimentos a organizaciones sin fines de lucro, pero, similar al caso de los adultos mayores, no existe un protocolo o registro del Gobierno para fiscalizar que estos productos lleguen a los estudiantes.

Como estrategia para levantar un registro que fiscalice el destino de las compras para adultos mayores, la procuradora informó que le está solicitando a las organizaciones que reciben recursos de la OPPEA que entreguen información de las personas impactadas con el servicio. Sin embargo, tal gestión será posterior al envío de alimentos y tiene el propósito de levantar datos para informar al gobierno federal, según dijo.

“Todavía no hemos podido contabilizar. A las comunidades les entregamos una lista para que las personas firmen como que recibieron. Al suplidor se le pide que me informe a quién le envía cada compra”, comentó Sánchez Salgado, quien además, explicó que en unos meses deberá recibir informes sobre cómo los centros de usos múltiples usaron el dinero.

Abogan por mayor acceso a la información para adultos mayores

Las imágenes de decenas de personas haciendo filas para entrar a los supermercados han sido recurrentes desde que la Gobernadora implementó el 15 de marzo el toque de queda. La presencia de adultos mayores en estas filas ha sido constante, a pesar de que muchas de estas personas pueden estar comprometidas por su edad o por condiciones de salud previas. En ocasiones, no cuentan con una mascarilla o guantes. A veces tampoco cuentan con mecanismos de pago electrónico como alternativa para disminuir el contacto físico.

Muchos adultos mayores que viven solos entienden que no tienen otra opción que no sea acudir por su cuenta a los comercios a adquirir alimentos y otros artículos . No obstante, los riesgos de salir y exponerse al COVID-19 podrían ser menores si los municipios y el Gobierno proveyeran la información sobre las alternativas de manera adecuada y sin limitarla al uso de plataformas digitales que no siempre están accesibles a este grupo demográfico. Eso incluye la divulgación amplia de la información relacionada a la solicitud de entrega de alimentos en las residencias.

“Se sobreentiende que tienen acceso a medios digitales y a internet. Sin embargo, no todos tienen el privilegio de contar con estas plataformas y con la información primaria. La información principal que les llega es por la televisión y la radio”, advirtió García Gutiérrez. “Esa información de los servicios disponibles, ¿Está llegando a la gente? ¿Llega a la población de las comunidades y la gente de a pie? Está siendo bien difícil. Mucha gente no recibe alimentos porque no sabe qué hacer”, añadió.

Como estrategia para recibir comunicaciones de aquellos adultos mayores que soliciten la entrega de alimentos y otros artículos básicos, la OPPEA anunció la dirección de correo electrónico [email protected]. El CPI le preguntó a Sánchez Salgado cómo se llegaría a aquellas personas que no tienen acceso a internet o que no saben enviar correos electrónicos.

“A partir de hoy (jueves 23 de abril) activamos el cuadro [telefónico] para que la gente llame y se conecte con alguno de nosotros. Activamos esos números”, respondió la Procuradora, en referencia al (787) 721-6121.

De acuerdo a datos provistos por AARP, sobre 400,000 beneficiarios del Seguro Social en Puerto Rico están en incertidumbre sobre cuándo recibirán los $1,200 del estímulo federal por el COVID-19. Según Acarón, existen varias soluciones para acelerar el pago de este dinero federal sin tener que obligar a los adultos mayores a entrar al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).

“[En el caso de] los empleados públicos, se puede hacer a través del Sistema de Retiro, que tiene la información. A través de AEELA, que tiene también la información de la gente. La gente que ha sometido para pedir los bonos Seniors [que personas de 65 años o más o pensionados de bajos recursos pueden solicitarle a Hacienda], también tenemos información de esa gente”, propuso Acarón en declaraciones hechas en un noticiero televisivo.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report For America