Governor Unveiled Plan to Address Coastal Erosion that Snubs Committee of Experts and Advisors on Climate Change

The announcement the Government of Puerto Rico made this week about the action plan to address the impact of coastal erosion snubbed the legally mandated role that members of the Committee of Experts and Advisors on Climate Change have to handle this matter that affects the island’s coastal towns. Aside from not having any scientific member of that Committee present during   the announcement, they weren’t either   consulted about the plan presented, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) confirmed. On September 2, La Fortaleza announced that a working group met that day to prepare an action plan to address coastal erosion. The meeting, which included agency heads from Puerto Rico and representatives of the federal government, was held at the Miramar Convention Center. The CPI contacted five of the nine members of the Committee of Experts and Advisors on Climate Change, and although they confirmed having received an invitation to the meeting, at least four of the six scientific members said they did not know what the action plan announced is about and they expressed concern that the government will not enforce Act 33, which took effect on July 1, 2019.

Gobernadora presentó plan para atender erosión costera que ignora al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático

En el anuncio del Gobierno de Puerto Rico esta semana sobre el plan de acción para atender el impacto de la erosión costera se ignoró el rol que por mandato de ley tienen los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para manejar este asunto que afecta los municipios costeros del país. Más allá de no haber ningún miembro científico de ese Comité presente en el anuncio, no se les consultó sobre el plan presentado, confirmó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El pasado 2 de septiembre, La Fortaleza anunció que ese día se reunió un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción para atender la erosión costera. El encuentro, que incluyó jefes de agencia de Puerto Rico y representantes del Gobierno federal, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar. El CPI tuvo comunicación con cinco de los nueve integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y aunque todos informaron haber recibido una invitación para la reunión, al menos cuatro miembros de los seis integrantes científicos dijeron desconocer de qué se trata el plan de acción anunciado y mostraron preocupación de que el Gobierno no haga valer la Ley 33, que entró en vigor el 1 de julio de 2019.

Diez semáforos de Bayamón dañados desde el huracán María

En el segundo municipio más poblado de Puerto Rico, con 169,269 habitantes, al menos 10 semáforos continúan inoperantes desde que fueron impactados por el huracán María en septiembre 2017, y el gobierno municipal de Bayamón y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se responsabilizan mutuamente por la lentitud del proceso de reparación. No fue hasta julio del 2020, más de dos años y medio después del huracán, cuando finalmente ambos gobiernos firmaron un memorándum de entendimiento que le permitirá al DTOP solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) fondos de recuperación dirigidos a la reparación de los semáforos. La firma del acuerdo se dio justamente una semana después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitara al municipio de Bayamón la lista de los semáforos que continúan inoperantes desde el huracán María. En un recorrido en carro, que incluyó entrevistas con residentes y comerciantes de Bayamón, el CPI identificó 10 semáforos que continúan inoperantes desde el paso del ciclón el 20 de septiembre de 2017, en las intersecciones: avenida Betances y calle Tomasa Lozada; avenida Betances y calle F; calle Comerío y calle Tomasa Lozada; carretera 830 y calle 2; carretera 199 y carretera 831; calle 37 y calle España; carretera 167 y carretera 855; avenida Principal Oeste y calle II 44; avenida Orquídea y carretera 862; carretera 862 y carretera 863. De estas 10 intersecciones, tres son de jurisdicción municipal, tres están en carreteras del gobierno central exclusivamente y cuatro están ordenadas por el cruce de una vía municipal con una estatal.

Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Puerto Rico Has No Strategy or Tests for Elderly Population Facing COVID-19

Although about 97% of older adults live at home or in adult housing projects, more than two months after the ongoing emergency by COVID-19, the Government has not carried out massive tests to detect the virus among this population. The Government response to serve them has been reduced to, as of June 5, carrying out 6,685 of the 50,000 COVID-19 tests promised for the estimated 28,000 elderly people living in nursing homes, which only house 3% of that demographic group. Problems such as going to the supermarket, which represents a focus of contagion, access to medicines, going to medical appointments, maintaining hygiene measures and housekeeping, among others, are aggravated in cases where older adults have no family members or formal caregivers (housekeepers) who are available during the pandemic or with a support network that can assist them. For several professionals who serve this population, the reopening of a large number of commercial sectors and the increased risk of contagion represent a double-edged sword for this group. Don Nicodemus Cuevas lives alone in the Anones rural neighborhood of Naranjito.