Tras una campaña publicitaria dirigida a cambiar la opinión pública sobre las cenizas tóxicas de carbón, el presidente de la empresa carbonera AES en Guayama, Manuel Mata, acudió recientemente al Senado en un nuevo intento por frenar la prohibición de este material en Puerto Rico.

En su ponencia, alegó que existe un informe del Gobierno de la República Dominicana que derrota “toda la teoría” sobre la toxicidad del material y los daños que causaron las 50 mil toneladas de cenizas de carbón producidas por su empresa, tanto en comunidades pobres como en recursos naturales de los municipios de Arroyo Barril y Manzanillo.

Sin embargo, el ingeniero Mata omitió un dato puntual: el documento que levantó a su favor, del 26 de abril de 2004, fue invalidado en corte en octubre de ese mismo año por el entonces Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, Andrés Chalas Velázquez.

El dato fue confirmado a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo por el Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República Dominicana, Ramón Madera Arias, y el presidente del Instituto de Abogados para la Defensa del Medio Ambiente (INSAPROMA), Euren Cuevas Medina.

Tras conocer esta información, el vicepresidente del Senado de Puerto Rico, Larry Seilhamer Rodríguez, señaló que “omitir información premeditadamente, ocultar información y transportar o transmitir información que no sea correcta podría ser una violación al Código de Ética que rige el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico“.

“Los síntomas de una violación (de ley) están presentes”, agregó

A fondo

En la demanda del procurador Chalas Velázquez, el gobierno dominicano acusó a cuatro funcionarios y empresarios por permitir la importación de “residuos tóxicos” y cometer delitos contra el medioambiente , en  violación a la Ley 64-00 de ese país, así como el Convenio de Basilea.

A su favor, Chalas Velázquez presentó estudios e informes elaborados por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Academia de Ciencias de la república, los mismos que el ingeniero Mata no mencionó en su deposición ante el Senado de Puerto Rico.

Ambas instituciones concluyeron -también en abril de 2004- que el denominado rockash o desecho de AES “es tóxico por su clasificación, por su contenido de metales pesados y contaminante por su ubicación y manejo”.

Otro informe del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el testimonio de cinco peritos, todos químicos de profesión, validaron la demanda presentada por Chalas Velázquez.

Al cabo de cinco años, el principal imputado en ese pleito -el exsubsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Héctor René Ledesma Hernández- fue sentenciado a cumplir seis meses de cárcel y multado por el equivalente a  $1.2 millones, al haber autorizado con su firma la entrada de los cargamentos de cenizas a Arroyo Barril y Manzanillo.

Los argumentos que Chalas Velázquez levantó en este litigio sirvieron de base para que el Gobierno de República Dominicana y su Secretaría de Estado de Medio Ambiente también demandaran en el año 2006 a AES Corporation y cuatro filiales ante la Corte de Distrito de Virginia, por $80 millones.

En este pleito, el gobierno dominicano imputaba a AES provocar con el desecho tóxico daños a la integridad de la naturaleza de los dos municipios, así como a sus habitantes. Asimismo, imputó a dos altos ejecutivos de esa firma, Al Dyer y David Stone, por pagar $2 millones en sobornos a oficiales gubernamentales.

En un acuerdo transaccional firmado entre las partes el 19 de septiembre de 2007, AES acordó desembolsar al gobierno dominicano $6 millones a cambio de que el país le retirara todos los cargos, adoptara que las cenizas no son tóxicas y aceptara responsabilidad por cualquier pleito posterior.

Asimismo, ese día se impuso una mordaza a los abogados del caso.

Según varias fuentes, los $6 millones fueron empleados por el gobierno en los gastos del litigio, la remoción del rockash del puerto Juan Pablo Duarte de Arroyo Barril y su transporte hasta la empresa Cemex en San Pedro de Macorís.

Más omisiones

El estudio presentado por el ingeniero Manuel Mata ante miembros del Senado de Puerto Rico presenta otra inconsistencia.

En una sentencia del mismo caso, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana -Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía y Dulce Rodríguez de Goris- acusaron a los jueces que habían absuelto al subsecretario Ledesma Hernández y otros tres acusados, por no haber evaluado toda la prueba disponible y “acoger selectivamente un informe que sostiene que el material no es tóxico”.

Dicho informe es el mismo que presentó el presidente de AES Puerto Rico, Manuel Mata, ante la Comisión de Recursos Naturales del Senado, el pasado 28 de febrero.

En su sentencia, además, la Suprema Corte de Justicia dominicana amonestó a las cortes de Primera Instancia y Apelativa por haber ignorado “totalmente” que el rockash era “una basura radioactiva o desecho industrial que degradó el medio ambiente de Samaná” y que por haber sido depositado en un sitio próximo al mar provocó “graves perjuicios para la fauna marina y el medio ambiente que le rodeaba”.

Paralelismo en Puerto Rico

La Suprema Corte de Dominicana, sin embargo, no ha sido la única que ha hecho denuncias por la forma en que el desecho de AES ha dañado cuerpos de agua y humedales.

En el año 2012, la Región 2 de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por siglas en inglés) también encausó a AES Puerto Rico por haber contaminado en más de 31 ocasiones la bahía Las Mareas, parte integral de la Bahía de Jobos, y manglares circundantes. Esto, con agua de los procesos industriales de la quema de carbón y con repetidos desbordamientos de su charca de retención.

Por estos hechos, ocurridos entre los años 2002 y 2012, AES Puerto Rico fue obligada a pagar una multa de $170 mil al gobierno de los Estados Unidos.

Por no cumplir con todas las directrices ordenadas para evitar más episodios de esta índole, el 18 de marzo de 2015 la EPA volvió a requerir por escrito que AES implementara un estricto plan de remedios, en plazos que fluctuaban entre 30 días y un año.

Cuestionan testimonio

Al pasar revista de estos datos y las declaraciones del ingeniero Manuel Mata ante el Senado de Puerto Rico, el Procurador Adjunto de Dominicana, Ramón Madera Arias, fue claro en su veredicto: “En AES están desinformando a la legislatura y a la opinión pública de Puerto Rico. Y ese informe (presentado por Mata) fue uno selectivo, o sea, que seleccionaron unas cosas con pinzas y otras no”.

Entretanto, el senador Seilhamer Rodríguez anticipó que solicitará a la Comisión de Salud Ambiental del Senado que vuelva a citar a vistas públicas “para confrontar a la compañía AES ante estas incongruencias, inconsistencias y contradicciones que aparentemente surgen de la información a la que he podido tener acceso”.

“Yo creo que ese es el paso que debemos dar”, agregó.

Manuel Mata no respondió la petición de entrevista de este medio.