Fondos de cobertura y fondos buitre en Puerto Rico

Detroit estaba en quiebra hace cuatro años y hoy parece dar señales de recuperación fiscal. Por lo menos la hoja de balance así lo indica, aun cuando la pobreza y las casas dilapidadas te abofetean la cara al salir del centro de la ciudad. Por los últimos dos años la población ha aumentado en Detroit, por primera vez en décadas. Y los ingresos de la ciudad están aumentando.

La nueva directora de la Junta de Control Fiscal es una cara conocida para algunos bonistas de Puerto Rico que también participaron en la reestructuración de la deuda de Ucrania.

Los hallazgos del informe publicado la semana pasada, y que cubre el período del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, son muy similares a los del año anterior, encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En el nuevo informe se destacan la falta de controles y supervisión, el desapego a las normas internas, la violación de reglamentos de la SEC y los conflictos de interés entre las divisiones de las casas acreditadoras, y entre estas empresas y sus clientes.

Entre estos 114 fondos de cobertura, se encuentran fondos buitre que, según define la Organización de las Naciones Unidas, son empresas que adquieren deuda en incumplimiento o en dificultades con el objetivo de lograr un alto rendimiento o retorno de inversión, y lo hacen mediante compra, cesión o alguna otra transacción, como pudieran ser sentencias judiciales.

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

La reunión pública no duró media hora y tuvo más bien el formato de una conferencia con libreto, en la cual las decisiones tomadas por unanimidad no admitieron ninguna discusión y se aprobó un reglamento poco preciso y genérico, que tiene el resultado de dar amplio margen a la JCF a tomar decisiones sin cortapisas. Un grupo de la diáspora se manifestó afuera y adentro de la sala donde se montó la sesión. Conoce su punto de vista.

Aunque la tensión entre los bandos era obvia y el país recién despertaba con un apagón monumental, la mañana del primer día de vistas comenzó relajada, con el juez federal Besosa enumerando en tono burlón las relaciones potencialmente conflictivas que tiene con algunos de los abogados que representan a la parte demandante; como el bufete Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, del que Besosa fue socio fundador y que representan en este caso a la aseguradora de bonos National Public Finance Corporation. En son de broma, desde lo alto del estrado, el juez Besosa preguntó a los abogados de esa firma si en verdad pensaban ganar el caso cuando Pérez-Ochoa le había quitado su puesto en ese bufete.

En el juicio que comienza este jueves se pone a prueba si PROMESA protege o no al gobierno de Puerto Rico en contra de las demandas de los bonistas y los fondos buitre.