De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.
El proceso para que los acueductos comunitarios legalicen sus franquicias y mantengan su operación es tan enredado, burocrático y privado de apoyo técnico que desalienta a las comunidades a formalizar el sistema que les lleva agua a sus hogares ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveerles el servicio.
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
