Joaquín A. Rosado Lebrón | Centro de Periodismo Investigativo

Aunque todas las compañías establecidas en la Isla deben atenerse a las leyes ambientales, el Código de Incentivos no incluye ninguna disposición para multar o revocar los decretos contributivos si se incumple con esas legislaciones.

Un trabajador industrial olió óxido de etileno. Veinte años después, aún no se recupera de los efectos, mientras su comunidad busca respuestas.

La agencia reguladora federal confía en que sellar las plantas que producen emisiones al aire evite que se libere el óxido de etileno, una sustancia química peligrosa. Los expertos creen que se equivocan.

Ante la ausencia de protección y techo seguro, y el discrimen exacerbado por factores como ideologías religiosas, la organización Waves Ahead desarrolla proyectos de vivienda dirigidos a estas poblaciones mientras están en el limbo proyectos para enmendar leyes locales

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día identificó un patrón de discrimen contra estas poblaciones en centros de cuidado prolongado y égidas debido, en parte, a la falta de adiestramientos y guías por parte de los departamentos de la Familia y Vivienda.

De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.

Catorce de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años.