La advertencia sobre posibles sanciones federales generó reacciones de varios alcaldes, que objetaron el escaso margen de tiempo otorgado para entregar la auditoría del año fiscal que culminó el pasado 30 de junio.
Seguirle el tracto a los fondos federales de recuperación que están siendo otorgados por el Gobierno de Puerto Rico es una misión imposible. No existe un lugar centralizado con todos los contratos, y aunque hay algunos dispersos en las páginas de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la del Departamento de la Vivienda o la de la Junta de Control Fiscal, hay otros que no aparecen registrados o no están identificados como fondos de recuperación. Por ejemplo, en la página de COR3 solo aparecen cuatro contratos que la oficina otorgó en el 2018. En esta página, de la agencia que se supone que centraliza el manejo de estos fondos, no hay información o documentos que demuestren contrataciones que otras agencias del Gobierno o municipios hayan realizado con fondos de recuperación. Esa especificidad sobre cuáles contratos están relacionados a fondos de recuperación tampoco se obtiene revisando el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, donde igualmente faltan las enmiendas a los contratos.