Seguirle el tracto a los fondos federales de recuperación que están siendo otorgados por el Gobierno de Puerto Rico es una misión imposible. No existe un lugar centralizado con todos los contratos, y aunque hay algunos dispersos en las páginas de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la del Departamento de la Vivienda o la de la Junta de Control Fiscal, hay otros que no aparecen registrados o no están identificados como fondos de recuperación.
Por ejemplo, en la página de COR3 solo aparecen cuatro contratos que la oficina otorgó en el 2018. En esta página, de la agencia que se supone que centraliza el manejo de estos fondos, no hay información o documentos que demuestren contrataciones que otras agencias del Gobierno o municipios hayan realizado con fondos de recuperación. Esa especificidad sobre cuáles contratos están relacionados a fondos de recuperación tampoco se obtiene revisando el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, donde igualmente faltan las enmiendas a los contratos.
A pesar de estas limitaciones, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) realizó, con la información disponible, una revisión de los principales 20 contratos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico con fondos de recuperación.
Dos empresas contratadas para la construcción del controvertido muro que el presidente Donald Trump autorizó para la frontera sur de los Estados Unidos encabezan la lista de las compañías.
Al tope de la lista de esas primeras 20 empresas se encuentra ICF Incorporated, LLC. Esta corporación, con sede en Virginia, tiene una cantidad obligada de $363 millones, producto de dos contratos. El primero fue otorgado por COR3 por el monto original de $188 millones, aunque en mayo de 2019 se enmendó para aumentarlo a $338 millones. La enmienda fue aprobada por la Junta de Control Fiscal (JCF), ente que desde el 2016 controla las finanzas de Puerto Rico por virtud de la ley federal PROMESA aprobada durante la presidencia de Barack Obama.
Un segundo contrato de ICF se aprobó en julio de 2019, luego de que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico seleccionó a esta empresa como una de las cuatro que serían gerentes de proyecto para el manejo de las solicitudes de reconstrucción, reparación y relocalización con fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). El contrato por $25 millones, sumado al contrato otorgado a ICF por COR3, totalizan los $338 millones asignados.
En julio de 2008, la Autoridad de Recuperación de Luisiana multó a ICF por más de un millón de dólares, luego de que la empresa falló en cumplir con las métricas del programa Road Home. Para dirigir los procesos de reconstrucción y recuperación tras los huracanes Katrina y Rita, ICF obtuvo un contrato por $756 millones, el cual, al igual que en Puerto Rico, fue luego enmendado para aumentar la cantidad, y la empresa obtuvo $900 millones en ese estado.
En Luisiana, ICF fue multada por su incapacidad de cerrar 116,000 casos relacionados a reclamos del programa Road Home. La compañía también fue penalizada por no poder demostrar que cumplió con las métricas de desempeño acordadas. A los reclamos del gobierno de aquel estado se sumaron investigaciones de prensa que señalaron a ICF por arrastrar los pies al momento de emitir los pagos a los propietarios de hogares afectados por los huracanes Katrina y Rita.
Algunas de las responsabilidades de ICF en Road Home fueron similares a las que la empresa tendrá como gerente de programa en Puerto Rico.
Una investigación del CPI reveló que el excoordinador federal para la Recuperación de desastres para Puerto Rico de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Michael F. Byrne, fue vicepresidente sénior de ICF Incorporated entre el 2006 y 2010. En mayo, Byrne pasó de FEMA a Delloitte & Touche LLC, una de las empresas favorecidas con contratos por el Gobierno de Puerto Rico.
En declaraciones enviadas al CPI, el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo desconocer sobre el récord de ICF en Luisiana con el programa Road Home. Añadió que en la selección de licitadores se utilizan dos fuentes para validar la capacidad de la entidad o persona a ser contratada.
“Una de las fuentes es el Limited Denial Participation List, publicada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). La otra fuente es el System for Award Management (SAM), que es un recurso del Gobierno federal y que administra la Administración de Servicios Generales federal”, explicó Gil Enseñat, al asegurar que se cumplieron con las leyes estatales y federales en el proceso de selección de ICF.
A pesar de la defensa hecha por el titular de Vivienda a la utilización de SAM como fuente de validación, una investigación del CPI reveló que la clasificación de buena reputación o good standing otorgado por este portal federal no siempre toma en consideración los señalamientos o malas prácticas en las que la empresa haya incurrido en el pasado.
El CPI cotejó que de las 20 empresas principales favorecidas por el Gobierno, dos no aparecen en el portal de SAM, de modo que el DV no pudo haberles verificado el trasfondo. Estas dos empresas son 4 Contractors JV y Link Active, LLC..
En la segunda posición de la lista de las primeras 20 empresas favorecidas por el Gobierno de Puerto Rico con los contratos más cuantiosos para trabajos de recuperación, hay un triple empate entre FR-BLDM, Yates-Bird y SLS Co, Ltd. Cada una fue contratada por $250 millones para trabajos relacionados al cuestionado proyecto de Tu Hogar Renace del Departamento de la Vivienda. De ese trío de empresas, una está relacionada a los trabajos que la administración de Trump ha autorizado para la construcción del muro en la frontera con México. Otra es un consorcio del cual una de las empresas socias también ha sido contratada para los trabajos de construcción del muro.
En abril de 2019, el Pentágono anunció que le otorgaba $789 millones a SLS para los trabajos de construcción de parte del muro en el área de Santa Teresa, Nuevo México. Esa cantidad se sumó a dos contratos por $432 millones para la construcción de otras 35 millas del muro. SLS tiene su sede en Texas. Fue fundada en el 1995 por un trío de hermanos de apellido Sullivan. Uno de ellos le indicó a la revista Forbes que su contratación para construir el muro no tenía que ver con política. Sin embargo, el conglomerado al cual pertenece SLS, Sullivan Interests, donó $8 mil a la campaña del congresista republicano de Texas, Randy Weber, quien apoya abiertamente la propuesta del muro de Trump. La empresa SLS también tiene una sección especializada en trabajos de recuperación llamada DRC Emergency Services. Esta división de SLS ha obtenido contratos millonarios con el Gobierno federal para la recuperación tras los huracanes Harvey en Houston y Sandy en Nueva York. Además, obtuvo un contrato por $60 millones con el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico para el recogido de escombros y reciclaje tras María.
Una de las compañías socias del consorcio Yates-Bird también está relacionada con el muro promovido por Trump. Certificada por el Departamento de Estado de Puerto Rico en noviembre de 2017, Yates-Bird aparece como un consorcio entre la compañía puertorriqueña de construcción, Bird Group LLC, antes Bird Construction, y la empresa estadounidense Yates Construction. Como representantes autorizados en el certificado de organización de Yates-Bird aparecen, Chet Nadolski, vicepresidente ejecutivo de Yates Construction y Omar López, en representación de Bird Group LLC.
En septiembre de 2017, Yates fue seleccionada como una de las empresas encargadas de construir un prototipo del muro promovido por Trump y sus seguidores. Su contrato fue por $453 mil de acuerdo a varios medios de prensa estadounidenses.
La tercera empresa que está empatada en la segunda posición entre las primeras 20 es el consorcio FR-BLDM. Lo componen las dos empresas puertorriqueñas F&R Construction Group, Inc. y Bermúdez, Longo, Díaz-Massó, LLC. En el registro de corporaciones del Departamento de Estado aparece Christian Bernaschina Bobadilla como una de las personas autorizadas por la empresa. En el 2016, Bernaschina Bobadilla donó $500 a la campaña del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló.
El quinto lugar en la lista de las 20 empresas lo ocupa el conglomerado Rising Phoenix Holdings Corporation, al cual pertenece la firma Adjusters International, Inc. Esta fue la empresa que recibió el contrato para administrar el programa Tu Hogar Renace de Vivienda. Tras recibir un contrato inicial por la cantidad de $132 millones, una enmienda posterior aprobada por la JCF aumentó el monto a $207 millones.
En julio, Vivienda anunció las cuatro empresas contratadas como Gerentes del programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) financiado con los fondos CDBG-DR. Además del contrato de ICF por $25 millones, se seleccionó a Innovative Emergency Management, AECOM Technical Services y Alliance for the Recovery of Puerto Rico. Las tres recibieron contratos por un total de $22 millones, cada una. Con excepción de ICF, que ocupa la primera posición en la lista de las 20 debido a su otro contrato con COR3, las otras tres empresas se posicionan entre el decimocuarto al decimosexto lugar.
AECOM, tuvo de cabildero a Elías Sánchez, pasado representante del Gobierno de Puerto Rico ante la JCF, y quien además es investigado por el Gobierno federal por supuesta venta de influencias. Entre los contratos del Gobierno federal y los $22 millones como gerente de programa de R3, AECOM, y sus subsidiarias y consorcios ha obtenido contratos que suman más de $365 millones, según datos del Federal Procurement Data System.
Alliance for the Recovery of Puerto Rico se inscribió en el Departamento de Estado de Puerto Rico en julio de 2018, pocos meses antes de la publicación de la solicitud de propuestas (RFP) de Vivienda, como parte de un consorcio entre Atkins Caribe, LLP y Tidal Basin Caribe, LLP.
Ambas empresas son conocidas en los trabajos de recuperación en Puerto Rico. Tidal Basin forma parte del conglomerado Rising Phoenix Holdings Corporation, empresa que ganó el contrato para administrar Tu Hogar Renace. Por su parte, Atkins Caribe lidera los trabajos de actualización de los planes de mitigación de los 78 municipios para lo cual fue contratada por la Junta de Planificación por $1.7 millones.
El certificado del Departamento de Estado que autoriza a Alliance como empresa para hacer negocios en Puerto Rico ubica su oficina en la misma dirección que Atkins Caribe.
Al ser abordado por el CPI, el director de Atkins Caribe, Ray Martínez, defendió el peritaje de Alliance para realizar los trabajos de recuperación como gerente de programa R3.
“A las empresas conjuntas se les permite utilizar la experiencia combinada de las firmas asociadas para proponer y ejecutar proyectos. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales las JVs se fundan. La experiencia combinada de las compañías que componen Alliance suman sobre 20 años de historia en la isla”, expresó Martínez en declaraciones escritas.
Alliance no tiene empleados propios, sino que integran personas de las firmas asociadas, así como numerosas subcontrataciones.Partiendo de esa modelo de operación, Martínez elogió el trabajo de Atkins en proyectos previos de recuperación en Puerto Rico.
“Un ejemplo específico de nuestra experiencia trabajando en Puerto Rico es nuestra colaboración en las inspecciones y los aspectos de manejo programático de Tu Hogar Renace”, comentó en referencia a la gestión de Atkins en el programa que fue denunciado en marzo de 2018 por el Colegio de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico por un alegado esquema de sobrefacturación en los precios de materiales y servicios.
Por su parte, Gil Enseñat también defendió la contratación de esta empresa conjunta al plantear que entre los criterios de selección para quienes se presenten como licitadores no existe el requisito de un tiempo mínimo de existencia o años de trayectoria.
“El requisito exigido era que estuvieran debidamente registradas u organizadas a la fecha en que fueran a someter su Statement of Qualifications (SOQ). En este caso la empresa conjunta Alliance for the Recovery of Puerto Rico se constituyó el 12 de julio de 2018 y presentaron su SOQ el 9 de agosto de 2018”, comentó Gil Enseñat al CPI.
Al igual que Martínez, el titular de Vivienda defendió la contratación aduciendo la experiencia conjunta que tienen Tidal Basin y Atkins Caribe. Dijo, además, que ambas empresas han trabajado en “proyectos similares” a los que Alliance for the Recovery of Puerto Rico realizará, aunque no precisó cuáles.
Contrario a lo expresado por Martínez y Gil Enseñat, la directora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, mostró reservas sobre la confiabilidad de estas empresas en manejo delos fondos y solicitudes de programa R3. La abogada basó su cuestionamiento en la experiencia de Vivienda con las empresas contratadas para Tu Hogar Renace.
“La mayor preocupación es que estas compañías que tienen como misión llevar a cabo todo lo que sea reparación, llevar a cabo todo lo que sea reconstrucción, como no hay un mecanismo de transparencia, no hay un mecanismo de rendición de cuentas, la preocupación es a quiénes están enriqueciendo y a quiénes no está llegando el dinero”, comentó Godreau en una conferencia de prensa de Ayuda Legal celebrada el pasado viernes.
La empresa Deloitte & Touche LLC ocupa la decimotercera posición en la lista de 20. Es una firma de asesoría jurídica y financiera que tiene un contrato con COR3 por $31 millones. Allí trabajó el actual secretario de Hacienda, Francisco Parés, así como el extitular de la misma agencia, Raúl Maldonado. Asimismo, el excoordinador de FEMA para la recuperación de Puerto Rico, Michael Byrne, comenzó a trabajar para Deloitte en mayo de este año, un mes después de abandonar su puesto en el Gobierno federal.
En la decimoctava posición está la compañía Link Active, LLC, un centro de llamadas que pertenece al Grupo Ferré Rangel, matriz del conglomerado de medios GFR Media, que incluye El Nuevo Día, Primera Hora, así como varias plataformas digitales de mercadeo y comunicación. Su contrato con el Departamento de la Vivienda es por $20 millones. Ha tenido a su cargo los centros de llamadas relacionados al manejo de los fondos CDBG-DR.
Varias de las compañías contratadas para Tu Hogar Renace recibieron aumentos que fueron aprobados en su mayoría por la JCF en junio 2018, pero ninguna de esas enmiendas se refleja en la base de datos del Contralor.
Los contratos de COR3 se registran bajo la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, agencia a la que está adscrita COR3. Esa clasificación dificulta la búsqueda, ya que es imposible distinguir cuáles corresponden a la AAPP y cuáles a COR3, con dinero de recuperación.
La oficial de prensa del Contralor, Lisandra Rivera, indicó que es responsabilidad de cada agencia enviar la información de los contratos o las enmiendas a estos. La Ley de Registro de Contratos en la Oficina del Contralor establece que las entidades gubernamentales y municipales tienen 15 días para remitir copias de los contratos o las enmiendas a estos.
Mientras, la oficial de prensa de COR3, Karixia Ortiz, dijo que los contratos relacionados a la recuperación se harán disponibles en el portal de transparencia de la oficina, pero no pudo precisar cuándo.
El Portal de Transparencia de COR3 es manejado por la empresa CGI Technologies and Solutions, la cual ocupa la undécima posición entre las primeras 20 compañías más favorecidas por el Gobierno de Puerto Rico con contratos con fondos federales para la recuperación. Su contrato es por $88 millones y se extiende desde junio de 2018 hasta junio 2021.
En febrero de 2019, la organización Espacios Abiertos (EA) denunció que el portal no cumplía con los requisitos de accesibilidad y actualización constante de la información, además de carecer de una política clara de transparencia. En una segunda mirada al portal realizada en agosto 2019, EA encontró que seis meses después las deficiencias seguían igual y que faltaba mucho para que el portal se atempere a los criterios de transparencia de páginas análogas en otras jurisdicciones estadounidenses que han experimentado huracanes como Luisiana, Texas, Nueva Jersey y Nueva York.
Entre los hallazgos de la última evaluación de EA está la ausencia de formatos que permitan que personas con discapacidad puedan acceder los datos. Además, como validó el CPI, solo hay información y contratos relacionados con COR3 como agencia, y no aparecen documentos similares para otras agencias del Gobierno de Puerto Rico o municipios. Tampoco hay información sobre los fondos que han sido comprometidos y desembolsados, ni un desglose por municipios o región de esos datos. .
“A una compañía que se le pasan $88 millones, uno esperaría más”, expresó la analista de política pública de EA, María M. Rodríguez Rivera, en entrevista con el CPI.
Según la organización que aboga por la transparencia y el acceso a la información, el Gobierno debe divulgar cómo CGI entró en el proceso de licitación y cuál fue es experiencia en otras jurisdicciones. Igualmente cuestionan porqué en el portal de transparencia de COR3 no estén publicados los apéndices del contrato de $88 millones de CGI.
Para atender las querellas y denuncias de la ciudadanía sobre el manejo de los trabajos de recuperación, el portal brinda el número telefónico de Ethics Global. Sin embargo, al elegir la opción de español, el sistema remite a los usuarios a un centro de llamadas en México.
“No es muy sencillo saber qué tipo de información proveer al principio (de la llamada) ya que es una empresa que toma los datos de muchas otras organizaciones que tienen este servicio”, explicó Rodríguez Rivera a través de un documento compartido con el CPI.
La oficial de EA también explicó que cuando llamó al número la persona que la atendió no entendió a qué se refería cuando mencionó COR3. Solo la ayudaron cuando dijo “transparencia Puerto Rico”.
Asimismo, el portal no tiene información sobre el status de las denuncias hechas por ciudadanos, según corroboró el CPI. La sección llamada “Información sobre reporte” aparece vacía.
Además de la ausencia en el Portal de Transparencia de COR3, los contratos para trabajos de recuperación otorgados por el Gobierno de Puerto Rico tampoco aparecen en el Registro de contratos de la Oficina del Contralor. Por ejemplo, la contratación hecha por el Departamento de la Vivienda a Foundation for Puerto Rico a principios de 2019 por $37 millones, no aparece en esa base de datos. Foundation ocupa la decimosegunda posición en la lista de empresas más favorecidas con contratos por el Gobierno de Puerto Rico. Su contrato aparece en la página de Vivienda y en la de la JCF. Dicho contrato fue aprobado a pesar de que Foundation no presentó ninguna propuesta que explicara su peritaje o interés en dirigir un programa comunitario financiado con los fondos CDBG-DR.
Rafael René Díaz Torres es miembro de Report for America.
Se especializa en temas de deporte, medios y sociedad. Ha trabajado como periodista en The Puerto Rico Daily Sun y NotiCel. También ha colaborado con los periódicos Diálogo y 80grados. Es profesor de Geografía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee maestrías en Geografía y Estudios Mediáticos de la Universidad de Penn State. Actualmente trabaja para el CPI como parte del programa Report for America.
