Una investigación del CPI en torno al repentino cierre del hospital a menos de dos años de su apertura revela que, desde antes de comenzar operaciones, había serios problemas económicos y entuertos legales.
La quiebra que radicó el grupo hospitalario bajo el Capítulo 11 de reorganización ronda los $500 millones. Mientras crecían las deudas gubernamentales, también se daba la contratación de líderes políticos o de sus familiares.