Una pesadilla para los puertorriqueños conseguir hogar, mientras otros acaparan propiedades

“Es una misión imposible buscar casa en Puerto Rico”. Así la pediatra Cynthia Miguel resumió su experiencia al intentar encontrar una propiedad donde vivir con sus tres hijos en San Juan. “Vi como 10 propiedades en San Juan, siete u ocho walkups y apartamentos. Me topé con listas de espera de hasta 15 personas para verlos. Hubo ‘realtors’ que me dijeron que me llamarían para avisarme cuándo podrían mostrarme la propiedad.

A Nightmare for Puerto Ricans to Find a Home, While Others Accumulate Properties

“Searching for a house in Puerto Rico is mission impossible.” That is how pediatrician Cynthia Miguel summed up her experience trying to find a property to live with her three children in San Juan. “I saw about 10 properties in San Juan, seven or eight walk ups and apartments. I ran into waiting lists of up to 15 people to see them. I had realtors who told me they would call me to let me know when they could show me the property. I never got any calls back,” she recounted.

[CHEQUEO DE DATOS] Carlos Mellado: “Hay que recordar que los hospitales son privados”.

Sostuvo en varias ocasiones que hay que “ayudar” a estos hospitales, aunque no sean del Departamento de Salud, cuando la realidad es que Salud es el responsable en Puerto Rico de licenciar, inspeccionar y fiscalizar a todas las instituciones hospitalarias, asegurando que su planta física cumpla con los estándares de seguridad que exigen la Ley 101 de Facilidades de Salud y el Reglamento del Secretario de Salud para la Construcción, Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico. 

Local and Federal Negligence Enables Environmental Crime in the Bahía Jobos Reserve in Salinas

For decades, an environmental crime has been taking place in the Bahía Jobos Reserve in Salinas before the eyes of many and implicates multiple branches of the government of Puerto Rico and the federal government that have been consistently negligent in carrying out their duties, an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) revelead. 

The matter at hand is the illegal occupation and construction, the deforestation of mangroves, the filling of wetlands and the sanitary discharges to the sea in an area of the high ecological value of the terrestrial maritime zone. There is a conflict over the land ownership where the reserve is located. To date, there is no study related to the title for the land, where there are occupants with deeds that refer to the 1898 Treaty of Paris, Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) Secretary Rafael Machargo confirmed in an interview with the CPI. The Jobos Bay National Estuarine Research Reserve, whose 2,800 acres belong mainly to the DRNA, was acquired with funds from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and has been managed with federal money since 1981, so there is joint jurisdiction over it. It is the only one of its kind in the Caribbean and one of only 29 in the United States and its territories.

Negligencia local y federal propicia crimen ambiental en la Bahía de Jobos en Salinas

Por décadas, un crimen ambiental ha estado ocurriendo en la Reserva Bahía Jobos en Salinas ante los ojos de muchos e implica a múltiples ramas del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno federal que han sido consistentemente negligentes en el descargo de sus funciones, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Se trata de la ocupación y construcción ilegal, la deforestación de mangles, el relleno de humedales y las descargas sanitarias al mar en un área de alto valor ecológico de la zona marítimo terrestre. 

Existe un conflicto por la titularidad de las tierras donde se ubica la reserva y al día de hoy no existe un estudio de título de los terrenos, donde hay ocupantes con escrituras que remiten al Tratado de París de 1898, confirmó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en entrevista con el CPI. 

La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos, cuyos 2,800 acres pertenecen en su mayoría a DRNA, fue adquirida con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y es manejada con dinero federal desde 1981, por lo que hay jurisdicción conjunta sobre ella. Es única en su tipo en el Caribe y una de tan solo 29 en todo Estados Unidos y sus territorios. El daño ambiental en el área de la Reserva comenzó por lo menos a partir de los años 1970, aumentó en la década del 2000, y aceleró sin control entre 2017 y 2020, según fotos aéreas y testimonios obtenidos por el CPI. 

Cuando se le preguntó a Machargo por qué él y sus antecesores en el DRNA no activaron a la Policía de Puerto Rico para detener la tala, los rellenos de terrenos y las construcciones ilegales, se justificó diciendo que las actividades ocurrían en altas horas de la tarde, noche y madrugada. La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien aceptó tener conocimiento desde que entró funciones en 2013, dijo que no tiene jurisdicción y que hacía los referidos al DRNA.

Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso. Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto. La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Méndez. Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes.

Estudio científico valida subestimación de muertes por COVID-19 en Puerto Rico

En los primeros meses de la pandemia en Puerto Rico pudieron haber muerto por COVID-19 hasta tres veces más la cantidad de personas que fueron oficialmente documentadas, concluyó un estudio de exceso de muertes durante ese periodo publicado por el Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La investigación sostiene que las tendencias encontradas en los datos de exceso de mortalidad de la Isla de marzo a julio de 2020 se alejan de la curva epidemiológica de muertes por COVID-19 reportada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Los investigadores sostienen que el descuadre entre su curva y la curva original del DS pudo haber surgido del retraso, que puede ser de hasta ocho semanas, en la entrega y procesamiento de certificados de defunción. El estudio, hecho por profesionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto Rico para la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública, valida los hallazgos de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada en septiembre de 2020, tanto en términos de las tendencias de exceso de muertes en Puerto Rico por causa de un posible subregistro de muertes por COVID-19, como en cuanto a las posibles causas de este subregistro. Entre las razones de este subregistro están la falta de pruebas diagnósticas y limitaciones para hacerse la prueba que detecta el virus durante esos meses, así como la exacerbación de condiciones de salud por la falta de atención médica causada por el miedo al virus.