Gobierno de Puerto Rico permitió la acumulación de deudas a dueños HIMA por casi 50 años

Mientras el sistema hospitalario HIMA iba en una estrepitosa caída económica, que terminó en la quiebra comercial más grande de Puerto Rico, sus dueños y principales directivos recibían compensaciones de hasta de medio millón de dólares, compraban artículos de lujo, adquirían nuevas empresas y propiedades, y acomodaban a decenas de familiares y políticos en el grupo corporativo.

Algunas de estas personas continuaron devengando ingresos anuales de entre $300,000 y $500,000 hasta la presentación de la quiebra en septiembre de 2023, incluyendo al cofundador del emporio, Joaquín Rodríguez García, quien se retiró de la operación en el 2018, pero permaneció como presidente de la Junta de Directores. También cobraban tales sueldos sus hijos, Armando Rodríguez Benítez, el actual presidente, y la vicepresidenta de Asuntos Legales, Heidi Rodríguez Benítez.

Mientras, el Grupo HIMA dejaba de pagarle constantemente a sus médicos, empleados y suplidores, acumulando deudas millonarias, particularmente con grupos de médicos especialistas que les dieron servicios a sus pacientes por contrato, tales como cirujanos oncólogos, radiólogos y pediatras, y médicos que le manejaban sus unidades de cuidado intensivo. A algunos de ellos les debían dinero desde 2017 y todo apunta a que se quedarán sin cobrar en el proceso de quiebra, según los expertos consultados.

Entre los grupos médicos que quedaron con grandes deudas figuran Grupo Radio Terapia Turabo, MB Advance Surgery Group, Grupo Intensivo Pediátrico, Neurocritical Care Physician y JVD Advanced Imaging, según el expediente judicial de la quiebra. Esta última corporación es propiedad del doctor Josué Vázquez Delgado, quien es el líder del nuevo grupo que adquirió el hospital de HIMA en Humacao como parte del proceso de quiebra.

También quedarán desprovistas decenas de víctimas de impericia médica y sus familiares con sentencias millonarias a su favor que constan en el expediente judicial. El licenciado Wilbert López Moreno, profesor de la sección de Quiebra de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, explicó que las deudas de este tipo son las últimas en cobrar en una quiebra, si queda dinero.

La quiebra bajo el Capítulo 11 de reorganización ronda los $500 millones y Grupo HIMA solo ha generado $51.3 millones de la venta de todos sus hospitales. Según Humberto García, director del Boletín de Puerto Rico, ésta es la quiebra comercial más grande en la historia de Puerto Rico. El Boletín es una publicación que recopila información de todas las quiebras en la Isla durante las pasadas tres décadas.

Durante más de una década, el que fuera uno de los principales conglomerados de hospitales de Puerto Rico, acumuló deudas con 4,400 acreedores, sobre todo con el Gobierno de Puerto Rico, que hizo poco o casi nada por cobrar más de $180 millones a HIMA y sus corporaciones afiliadas. La mayoría de esos fondos públicos están a punto de perderse por la falta de proactividad de las dependencias gubernamentales en cobrar las deudas durante años, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que incluyó una veintena de testimonios de personas allegadas a la operación, la revisión de cientos de documentos judiciales y el análisis de expertos en materia contributiva y de quiebras.

“Lo que ha pasado con HIMA es que es tan grande la deuda, que el dinero que han ido cogiendo con la venta [de hospitales] es ínfimo. Ese hospital va a terminar en un proceso de liquidación”, advirtió el profesor López Moreno. “No hay forma, en ningún sitio, en que tú puedas reorganizarte cuando debes alrededor de $500 millones”, puntualizó.

Armando Rodríguez Benítez, principal oficial ejecutivo del Grupo Hospitalario HIMA, ha culpado públicamente a los planes médicos y a la pandemia de COVID del mal estado financiero de las empresas y de su petición de quiebras en agosto de 2023. Sin embargo, las deudas millonarias acumuladas y los incumplimientos de pago a la banca, agencias de gobierno, médicos y suplidores comenzaron hace más de una década.

Los fundadores de la empresa, el banquero, exdirector de la Administración de Terrenos y exvicepresidente de Fomento Industrial, Joaquín Rodríguez García, y Carlos M. Piñero Crespo, contador público autorizado y exmiembro de la Junta de Directores de la Corporación para el Fomento Económico de la Ciudad Capital, habían recorrido un camino similar con otra empresa hospitalaria, el Hospital San Rafael en Caguas. Esta institución quebró en 1988 y quedó a deberle sobre $1 millón al Departamento de Hacienda. Aunque Rodríguez García y Piñero Crespo anunciaron su retiro en el 2018,  dijeron que seguirían en la Junta de Directores de Grupo HIMA San Pablo, y en 2022 aún figuraban como presidente y vicepresidente de la corporación en el último informe disponible en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

Cinco fuentes de la empresa, que hablaron por separado y bajo condición de anonimato, fueron testigos de cómo la familia Rodríguez, dueños mayoritarios de HIMA, mantuvieron su estilo de vida, mientras la corporación se ahogaba en deudas. Esto incluía el gusto por la buena mesa, los vehículos de lujo, y los viajes de su presidente y de distintos integrantes de la familia. Asimismo, atestiguaron que la familia tenía conexiones políticas durante el periodo en el que acumularon más de $180 millones en deudas sin que fueran recuperadas por las administraciones gubernamentales de turno. 

A pesar de cuatro intentos por entrevistarle para obtener su versión de los señalamientos, Rodríguez Benítez rechazó contestar preguntas del CPI. Su portavoz de prensa, Brendaly Marcano, indicó por escrito que “en esta ocasión no estaremos emitiendo comentarios al respecto”. La solicitud de entrevista se extendió al Grupo HIMA y su junta de directores.

Entre los impagos de HIMA figura el seguro por desempleo e incapacidad de los empleados al Departamento del Trabajo, y las retenciones a empleados y contratistas y del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) al Departamento de Hacienda. Esto último podría constituir una apropiación que está tipificado como delito grave en el Código Penal. El CPA David Rodríguez, copresidente del Comité de Asuntos Contributivos del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, sin opinar específicamente del caso de HIMA por no tener los detalles del expediente, explicó que Hacienda puede imponer multas de hasta $10,000 por violación, y penalidades de hasta el 100% de la deuda en el caso del IVU. Hacienda también puede referir estos casos para imposición de cargos criminales tanto a las corporaciones como a los socios, directivos, accionistas y empleados a cargo de la responsabilidad de remitir el dinero al Gobierno.

“Esto pudiera llegar a considerarse una apropiación ilegal de fondos públicos”, indicó sobre este tipo de impago. Hacienda también puede embargar a las corporaciones.

La portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Joan Hernández, indicó al CPI que no había podido identificar algún referido relacionado al Grupo HIMA.

Hacienda con la deuda más grande

HIMA le adeuda $36 millones a Hacienda. Al menos $8 millones de esta deuda no están asegurados, según datos provistos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

López Moreno explicó al CPI que el Código de Quiebra federal provee para dos tipos de deudas: las aseguradas y las no aseguradas; y dentro de las no aseguradas, están las prioritarias.

Las deudas aseguradas están garantizadas por un colateral y son las primeras en cobrarse, explicó. Las no aseguradas no tienen ningún tipo de colateral. Entre estas últimas, siguen en línea para cobrar las deudas prioritarias tales como salarios, pensiones alimentarias e impuestos, y las últimas, las deudas restantes y las que menos probabilidad tienen de cobrar: préstamos personales, tarjetas de crédito, contratistas, demandas por daños y perjuicios, y suplidores, entre otros, explicó López Moreno.

Hacienda nunca embargó a HIMA, según una fuente interna, a pesar de que el embargo es parte del procedimiento disponible para el cobro de deudas. Hacienda no confirmó ni desmintió esta información.

Aduciendo la confidencialidad que asiste a los contribuyentes, los licenciados José F. Chaves, secretario auxiliar de Asuntos Legales, y Ángel Pantoja, secretario auxiliar de Rentas Internas y Política Contributiva de Hacienda, rechazaron contestar al CPI qué gestiones de cobro, si alguna, hizo la agencia y si llegaron a embargar.

“Cualquier deuda que está tasada en sistema está sujeta a las gestiones de cobro que esté facultado el Departamento de Hacienda hacer, desde notificaciones, embargos. Obviamente si están en un proceso de quiebra, existen sus protecciones, pero nada limita [que sobre]  una deuda que esté tasada en sistema, el Departamento de Hacienda pueda hacer gestiones de cobro”, explicó Pantoja de forma general.

“Hay disposiciones en el Código que disponen para [traspasar] la responsabilidad [de pago] a los oficiales [de una entidad jurídica], en caso de que esas disposiciones apliquen”, agregó Pantoja cuando se le preguntó sobre la capacidad de Hacienda de cobrar a los directivos. Precisó que dependerá cómo se desarrolle el proceso de la quiebra.

Junta de HIMA sabía de impagos a Hacienda desde 2017

Desde el 2017, un informe financiero, que según una fuente fue entregado a los directivos del hospital, los alertó de que no se estaban haciendo los pagos a Hacienda. Sin embargo, el incumplimiento de pagos siguió hasta el momento de la quiebra en agosto de 2023, indica el expediente del Tribunal de Quiebras.

“El Departamento de Hacienda es extremadamente negligente. Y se van acumulando deudas de años y años y años de todos los contribuyentes que retienen y no pagan, y eso pasa en el escenario de salario y eso pasa también en el escenario del IVU”, dijo una fuente que trabajó en Hacienda.

La fuente del CPI aseguró que para Hacienda, cuando se trata de personas poderosas económicamente, “están sujetos a unas reglas distintas”.

“Eso pasa con las farmacéuticas. Eso pasa con los hospitales. Eso pasa con toda industria que tenga muchos empleados y con toda industria que genere mucho dinero, pues adquieren cierto poder en el cual, tan pronto tienen una deuda así de esa magnitud y se hace la gestión informal de cobro, lo primero que vas a tener es un representante [de la compañía] metido en el Departamento de Hacienda. Y por el otro lado, otra persona cabildeando en Fortaleza”, aseguró el contador público autorizado quien trabajó en un puesto de alta jerarquía en la agencia.

Dijo que en el caso de HIMA, “siempre tenían a alguien en el roster” de Hacienda.

El CPI intentó entrevistar al exsecretario Francisco Parés antes de su renuncia del Departamento de Hacienda en enero, para conocer qué gestiones, si alguna, hizo para cobrar la deuda, pero no estuvo disponible ni respondió preguntas escritas enviadas por el CPI. Parés ahora trabaja para el grupo hospitalario Metro Pavía que compró el hospital HIMA de Caguas.

Cuatro fuentes del CPI aseguraron que varios expolíticos o personas vinculadas a políticos tuvieron contratos con HIMA, entre ellos los exgobernadores Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá; Wilma Pastrana, entonces esposa del exgobernador Alejandro García Padilla; Margie Rosario Lugo, esposa del presidente del Senado, José Luis Dalmau; y el convicto exadministrador de Instituciones Juveniles, Miguel Rivera Hernández, primo hermano del senador Thomas Rivera Schatz. Todos confirmaron al CPI que tuvieron contrataciones con el grupo hospitalario.

La hermana de Rivera Schatz, Silvia Rivera, también trabaja en Sabiamed, la corporación de la familia Rodríguez que maneja los récords médicos electrónicos, confirmó el CPI.

“Tuve un contrato de asesoramiento sobre asuntos federales ante el Congreso y las agencias de la Rama Ejecutiva del gobierno federal”, expresó Acevedo Vilá en declaraciones escritas. Dicho contrato fue desde el 2010 hasta el 2022, indicó.

Por su parte, Calderón indicó al CPI que ella tuvo un contrato con HIMA hace más de una década con su compañía IGlobaL, para la venta de un software para hospitales en Latinoamérica. Aseguró que no ha hecho ninguna gestión gubernamental a favor de HIMA y que no tiene “nada que ver” con las deudas del sistema hospitalario con el Gobierno.

Rivera Hernández confirmó que aún trabaja para los Rodríguez. No obstante, rechazó haber hecho alguna gestión en el Gobierno a favor de su patrono.

Rosario también confirmó que trabajó para HIMA, pero rehusó contestar la pregunta de si había hecho alguna gestión gubernamental a su favor.

La ex primera dama Wilma Pastrana Jiménez no pudo atender una llamada del CPI. Por su parte, García Padilla dijo al CPI que su ahora ex esposa trabajó o tuvo un contrato como CPA con HIMA durante parte de su término como gobernador.

“Sí, teníamos que completar los ingresos con trabajo”, dijo García Padilla tras indicar que su familia no venía de “cuna acaudalada”.

Armando Rodríguez Benítez ha hecho donativos políticos al gobernador Pedro Pierluisi, al presidente de la Cámara Rafael Hernández, al senador Rivera Schatz, al alcalde de Caguas William Miranda Torres, a la exgobernadora Wanda Vázquez, al alcalde de San Juan Miguel Romero y al Comité Municipal del PNP en Bayamón.

Mientras que su padre, Joaquín Rodríguez García, le ha donado al presidente del Senado José Luis Dalmau, al excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Delgado, a los representantes populares Javier Aponte Dalmau, José  Varela y Rosamar Trujillo Plumey, y al PPD.

HIMA acumuló deudas con el Gobierno desde el 2009

HIMA tiene deudas con 12 agencias del Gobierno y con los municipios de Caguas, Bayamón, Fajardo y Humacao.

Entre las deudas mayores, después de Hacienda, están las de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Departamento del Trabajo, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Salud, así como el Servicios de Rentas Internas del Tesoro de los Estados Unidos. A su vez LUMA, empresa privada que administra la AEE desde 2021, también está reclamando deudas ascendentes a $49 millones que datan desde el 2008, porque sus responsabilidades incluyen “el cobro de cuentas con atrasos acumulados” a partir de su contratación, sostuvo la empresa en declaraciones escritas. Esto significa que deben haber cobros duplicados entre las reclamaciones de la AEE y de LUMA.

En la quiebra, HIMA y sus corporaciones mantienen una deuda de $27.6 millones con el Departamento del Trabajo por los seguros por desempleo e Incapacidad No Ocupacional Temporera (SINOT) de sus empleados, según los documentos de quiebra revisados por el CPI.

El secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado, dijo al CPI que las deudas comenzaron a acumularse desde el 2009, pero la agencia solo está reclamando desde el 2017 en adelante porque es “lo cobrable”. Estimó que esa cifra es de $10.7 millones. A preguntas del CPI sobre por qué se permitió la acumulación de esta deuda, indicó que él no estaba en su cargo para esos años.

Maldonado aseguró que, aunque un patrono tenga una deuda con su agencia, como es el caso de HIMA, no se afectan los ex empleados en sus reclamaciones de desempleo o el SINOT porque el pago se hace con fondos de la agencia.

HIMA también adeuda sobre $19.1 millones al Servicio de Rentas Internas federal por concepto de dinero retenido y no enviado, y $31.2 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Además le adeuda $1.2 millones al Departamento de Salud, incluyendo $400 mil provenientes de fondos de FEMA que le fueron otorgados al hospital HIMA en Fajardo para prestar servicios de vacunación contra el COVID-19. Según una misiva enviada al director ejecutivo de la institución, Salud solicitó sin éxito en tres ocasiones la devolución de parte de este dinero. Salud advirtió a HIMA que de no hacer el pago, serían  referidos al Departamento de Justicia y a las agencias federales concernidas. Lisdián Acevedo, portavoz de Salud, dijo que refirió a la división legal las preguntas del CPI sobre este asunto y sobre si se concretó el referido a Justicia, pero al cierre de está edición no había dado las respuestas.

El IRS indicó por medio de Yviand Serbores, portavoz de prensa, que no podían emitir una reacción porque “por ley no podemos hablar de la situación tributaria de un contribuyente”. La CFSE, la AEE, la AAA y la UPR no contestaron preguntas del CPI sobre la quiebra de HIMA.

“Se acercan para que se le condonara la deuda”

El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, indicó que una vez HIMA perdió los decretos contributivos para instituciones hospitalarias que tenía bajo la Ley 168 de 1968  por las deudas contributivas, comenzó a acumularse la deuda con el CRIM. La Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales concede incentivos que, sin embargo, pueden ser revocados si se deja de satisfacer el pago de cualquier contribución.

Paniagua explicó que tras la quiebra se llegó a un acuerdo en el Tribunal que permitiría una condonación de la deuda con el CRIM siempre y cuando los compradores de los hospitales se mantengan operándolos como entidades hospitalarias por dos años o más.

HIMA había intentado anteriormente que los alcaldes eliminaran las deudas con los municipios.

“Cuando por primera vez ellos se acercan para que se les condonara la deuda del CRIM, todos los alcaldes dijimos que sí. Pero nos percatamos de que aquí había otra cosa más, y que había la posibilidad de que las propiedades se vendieran para cualquier otra cosa”, dijo al CPI el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera.

Se repite la historia: “impermisible dejadez” de Hacienda

Esta no es la primera vez que corporaciones vinculadas a la familia Rodríguez incumplen con sus obligaciones contributivas. Ocurrió también entre 1977 y 1988, en el desaparecido Hospital San Rafael en Caguas, donde Rodríguez García, co fundador de HIMA, era presidente de la Junta de Directores. Esta empresa tampoco pagó contribuciones retenidas sobre los salarios, según consta en un pleito judicial.

Cuando más de 10 años después, Hacienda intentó imponer una penalidad por no haber pagado, los miembros de la Junta de Directores de San Rafael, incluyendo a Rodríguez García, demandaron con éxito al Secretario de Hacienda para impugnar la penalidad.

Según la sentencia judicial, la penalidad en su carácter personal no procedía porque no estaba permitida por la ley para los años en que se imputaron las deficiencias.

El juez Arnaldo López Rodríguez falló a favor de los miembros de la Junta de Directores, y determinó que el caso estaba prescrito, pero en su sentencia expresó su consternación por la inacción de Hacienda para cobrar la deuda contributiva.

“Es sorprendente y motivo de consternación la laxitud con la que funcionarios del Negociado de Contribución sobre Ingresos manejaron la situación de esta delincuente contributiva, o sea al Hospital San Rafael, Inc.. A pesar de que desde el año 1976 Hacienda tenía conocimiento de que ésta no estaba pagando el dinero por concepto de la contribución sobre ingresos retenida en el origen de los salarios de sus empleados nada hizo para detener efectivamente esta situación”, señala la sentencia del 16 de marzo de 1993.

El dinero de las retenciones de los empleados se usó ilegalmente para financiar las operaciones de la institución hospitalaria durante 11 años, de 1977 a 1988, concluye la sentencia. Con las nuevas corporaciones de HIMA, los Rodríguez hicieron lo mismo, sostuvieron tres fuentes internas.

Además, por la “impermisible dejadez” de Hacienda en cobrar, según describe la sentencia,  $1.8 millones se quedaron sin ingresar a las arcas del Estado. Hacienda permitió que, la empresa sucesora, acumulara $36 millones, una deuda más de 20 veces mayor que la pérdida de 1993, según consta en el expediente del Capítulo 11.

La sentencia judicial explica que mientras el hospital San Rafael continuaba operando, sus directores hacían gestiones para obtener los permisos requeridos y levantar el capital necesario para la construcción de un nuevo hospital con nombre distinto, pero con algunos de sus directores y oficiales. Sostiene la sentencia que para ello crearon la corporación Centro Médico del Turabo, Inc.

“Este nuevo hospital fue construido según planificado y comenzó operaciones el mismo año en que se declaró en quiebra y cesó operaciones el Hospital San Rafael. El nuevo hospital tiene como nombre comercial “Hospital Interamericano de Medicina Avanzada (HIMA)”, indica la sentencia sobre el origen del grupo hospitalario que hoy nuevamente está en bancarrota.