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Una investigación del CPI en torno al repentino cierre del hospital a menos de dos años de su apertura revela que, desde antes de comenzar operaciones, había serios problemas económicos y entuertos legales.

La quiebra que radicó el grupo hospitalario bajo el Capítulo 11 de reorganización ronda los $500 millones. Mientras crecían las deudas gubernamentales, también se daba la contratación de líderes políticos o de sus familiares.

Los pocos planes que sí están abiertos a la evaluación y permiten que los datos sean públicos obtuvieron pobres calificaciones por los servicios que ofrecen a los ciudadanos, sobre todo en los renglones de prevención de enfermedades y de tratamiento de condiciones de salud mental.