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Créditos contributivos bajo la administración Rosselló en el centro del manejo mediático

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La publicación del chat de Telegram entre Ricardo Rosselló Nevares y un grupo cercano de colaboradores provocó en un momento dado la mirada de las autoridades federales sobre los créditos contributivos otorgados bajo la Ley 60 a Spanish Broadcasting System (SBS) que apuntaban a ser ficha de juego en una estrategia que buscaba incidir sobre la opinión pública durante la administración del renunciante pasado gobernador. La más reciente secuela del chat fue la convicción federal del productor Sixto Jorge Díaz Colón, también conocido como Sixto George, que, durante el proceso de juicio, dejó al descubierto cómo el primer ejecutivo acordó con el productor trabajar para mejorar su imagen y la de su administración, con la propagación de un mensaje que contrarrestara el apoyo masivo a las protestas que reclamaban su renuncia por el intercambio de mensajes que tuvo con su más cercano grupo de colaboradores. Desde febrero de 2019, ya las autoridades federales observaban detenidamente las operaciones del gabinete de Rosselló Nevares, según se desprende de documentos en el caso de Díaz Colón. Como parte de la pesquisa, les seguían el rastro a varios contratos relacionados con intervenciones mediáticas coordinadas por Sixto George, quien laboraba como productor en la cadena SBS, empresa que gozaba de créditos contributivos otorgados por el entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy. Según información que en 2020 el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) publicó en su página, para los años 2018 y 2019 SBS fue beneficiario de 13 incentivos para ocho de sus programas, bajo lo que fue la Ley-27 de la industria fílmica (hoy Ley 60-2019).

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Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios

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El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.