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Investigadores experimentados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial apuntaron que la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental de archivar sin perjuicio su investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no se ajusta a la misión de esa oficina ni a los principios legales que le aplican, y acusa una degradación preocupante en la voluntad y capacidad investigativa de las autoridades del Gobierno de Puerto Rico.

Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda han generado millones a través de sus negocios y han decidido buena parte de lo que ha pasado en el Gobierno en términos de contrataciones, despidos y proyección pública desde que Rosselló Nevares asumió el cargo en enero de 2017, coinciden las fuentes. En el caso de Sánchez, también hay intervenciones indebidas e ilegales con secretarios de gabinete.