Periodista investigativo con 20 años de experiencia y abogado. Ha trabajado en radio, Internet, televisión y formó parte de los equipos fundadores de El Nuevo Día Interactivo, el diario Primera Hora, la emisora Red 96, y el diario digital NotiCel. Sus trabajos, particularmente corrupción pública y tribunales, le han merecido el reconocimiento de las organizaciones periodísticas puertorriqueñas. Al presente, se desempeña como director de Contenido de NotiCel y como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
The controversy has made its way through the marble columns of the US Supreme Court, and in a motion dated August 23, the CPI’s legal team argued how the Board is inviting that forum to plunge into a “procedural morass” of legal problems regarding Puerto Rico that the high forum has evaded addressing, or that it does not have to address, simply because the fiscal entity doesn’t want to be transparent.
El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
La demanda por difamación incoada por el cabildero Elías Fernando Sánchez Sifonte contra el presentador de radio, televisión y redes sociales, Josué Raymond “Jay” Fonseca, Telemundo y la productora TM Television, Inc., recoge sobre 100 expresiones que se alega son difamatorias y argumenta que los daños supuestamente sufridos no surgieron necesariamente porque cada declaración fuera falsa sino porque la acumulación de las mismas provocó que el nombre de Sánchez Sifonte se convirtiera en sinónimo de “persona corrupta”. Sánchez Sifonte y su esposa, la también codemandante Valerie Rodríguez Erazo, no desglosan en qué consisten los daños económicos que el matrimonio sufrió, excepto que afirman que fue en Miami donde “primero surgieron y surtieron efecto” los daños económicos. A la vez, el matrimonio consigna que no tienen “intereses propietarios, directa o indirectamente, sobre ninguna propiedad en Florida”. Como daños, presentan múltiples mensajes de texto hacia Sánchez Sifonte enviados a su celular, Facebook, WhatsApp, correo de voz, (aunque no se menciona por quiénes) que reflejan amenaza y desprecio, así como un grafiti en San Juan que lee “$5 por la cabeza de Elías Sánchez”, y sostienen que estos fueron la razón para mudarse con sus hijos menores de edad a Miami. Los demandantes solicitan $5 millones en compensación por daños a su reputación y $30 millones en compensación por los daños económicos que alegan haber sufrido.
Investigadores experimentados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial apuntaron que la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental de archivar sin perjuicio su investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no se ajusta a la misión de esa oficina ni a los principios legales que le aplican, y acusa una degradación preocupante en la voluntad y capacidad investigativa de las autoridades del Gobierno de Puerto Rico.
In a legal fight for access to information that has been going on for more than two years, the Fiscal Control Board (JCF, for its initials in Spanish) argued before the U.S. District Court for the District of Puerto Rico that it has not delivered public information to the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish) to avoid revealing which politicians accept public services reductions. This and other JCF arguments are contained in a motion that seeks to dismiss the second lawsuit submitted by CPI to gain access to communications between that entity and the Government of Puerto Rico. The second lawsuit was made necessary this year since the non-elected body that governs the island’s finances has delayed the delivery of 22,000 documents (out of a total of 40,000) that they have acknowledged would be responsive to a request made by CPI in a first lawsuit filed in 2017. The delivery of the first tens of thousands of documents served to source several stories about the Board’s communications with local and federal government entities included in the series “Los emails de la Junta” (“The Board’s emails”). Some revelations were even mentioned by Puerto Rican U.S. Supreme Court Justice Sonia Sotomayor in the Oct.
