El Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud sufrieron una derrota judicial en su intento de detener la demanda por daños y perjuicios que presentó la familia de Jaideliz Moreno Ventura tras la muerte de la adolescente, de 13 años, en la isla municipio de Vieques, por falta de servicios médicos.
El informe del almacén de suministros en Ponce, recibido el viernes, es un documento de cinco páginas que contiene información general e incompleta.
Piden al gobernador y al Banco Gubernamental de Fomento que acaten decisión judicial
La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.
