feminicidio

The Children Whose Mothers Were Taken Away by Machismo

“Where’s mom?,” asks Sgt. Roberto Mercado at the doorway of the light green house, located in the La Fuente neighborhood, in the town of Florida.

Behind the window, a 2-year-old boy responds by looking down at the floor next to him.

“For me, it was a sign that his mom was dead,” says the Puerto Rico Police negotiator about the femicide that he had to handle on the afternoon of June 30, 2018.

Los niños a los que el machismo les arrebató la madre

“¿Dónde está mamá?”, pregunta el sargento Roberto Mercado a la entrada de la casa verde claro, ubicada en la urbanización La Fuente, en el municipio de Florida. 

Detrás de la ventana, un niño de 2 años responde dirigiendo la mirada hacia el suelo, a su lado. 

“Fue, para mí, una señal de que mamá estaba muerta”, cuenta el negociador de la Policía de Puerto Rico sobre el feminicidio que le tocó atender la tarde del 30 de junio de 2018. 

Emmanuel Córdova Vendrell había asesinado de un disparo a su pareja Loren Figueroa Quiñones, de 30 años, frente al hijo menor de ella, tras horas de haberla mantenido como rehén. Otro hijo de la mujer, de 8 años, había escapado corriendo de la residencia durante la discusión. Luego de cometer el crimen, el asesino se suicidó. Todo ocurrió frente al más pequeño, que fue quien, con sus pies mojados en la sangre de su mamá, vestido con pantalón corto y sin camisa, abrió la puerta de la casa a los agentes. Mercado lo cargó al hombro, mientras lloraba, y lo entregó a su abuela materna.

Diversion Programs for Law 54 Aggressors Have No Supervision in Puerto Rico

In 1989, when Puerto Rico’s feminist movement fought a battle inside the halls of the Capitol to get Act 54 passed, one of the concessions it had to make was to include in the legislation the possibility that the aggressors would avoid jail time if they participated in a reeducation, or diversion program, to reeducate themselves over their sexist behaviors. After completing the program, the conviction is removed from their criminal record, as if they had never been guilty. “I remember perfectly the conversations  between those of us who were there lobbying for the legislation, that we didn’t know very well how successful these programs could be,” said María Dolores Fernós, one of the promoters of the Prevention and Intervention with Domestic Violence Act, and who later became the first director of the Women’s Advocate Office. The concerns that the feminists had about reeducation programs three decades ago are still valid today, as there is no evidence to support their effectiveness and the entity responsible for their supervision, the Regulatory Board of Reeducation and Retraining Programs for Aggressors Act, which was created in 2000, has been mostly idle, while not producing a single report on the programs.

Neither the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR), the Courts Administration, nor the Women’s Advocate Office provided information to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) on the number of participants, levels of re-offense, or success rates in re-educating aggressors. The lack of a curriculum for programs that promote real change, that allow the victims to take classes together with their aggressors, and the absence of continuous education for the therapists are part of the problem.

Sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54

Cuando en 1989 el movimiento feminista de Puerto Rico daba la batalla entre los pasillos del Capitolio para lograr la aprobación de la Ley 54, una de las concesiones que tuvo que hacer fue incluir en la legislación la posibilidad de que los agresores evitaran la cárcel si se acogían a un programa de desvío para reeducarse ante sus conductas machistas. Al completar el programa, se elimina la convicción de su récord penal, como si nunca hubieran sido culpables. “Recuerdo perfectamente conversaciones entre las compañeras que estábamos allí cabildeando por la legislación, que no sabíamos muy bien cuán exitosos podrían ser estos programas”, rememoró María Dolores Fernós, una de las propulsoras de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y quien luego se convirtió en la primera Procuradora de las Mujeres. Las dudas que tenían las feministas sobre los programas de desvío hace tres décadas persisten hoy, pues no existen pruebas que sostengan su efectividad y la entidad encargada de su supervisión, la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, que se creó en el 2000, ha estado inoperante la mayor parte del tiempo, sin producir un solo informe sobre los programas. Ni el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Administración de Tribunales, ni la Oficina de la Procuradora de las Mujeres proveyeron datos sobre la cantidad de participantes, niveles de reincidencia o indicadores de éxito en la reeducación de personas agresoras al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).