Diversion Programs for Law 54 Aggressors Have No Supervision in Puerto Rico

In 1989, when Puerto Rico’s feminist movement fought a battle inside the halls of the Capitol to get Act 54 passed, one of the concessions it had to make was to include in the legislation the possibility that the aggressors would avoid jail time if they participated in a reeducation, or diversion program, to reeducate themselves over their sexist behaviors. After completing the program, the conviction is removed from their criminal record, as if they had never been guilty. “I remember perfectly the conversations  between those of us who were there lobbying for the legislation, that we didn’t know very well how successful these programs could be,” said María Dolores Fernós, one of the promoters of the Prevention and Intervention with Domestic Violence Act, and who later became the first director of the Women’s Advocate Office. The concerns that the feminists had about reeducation programs three decades ago are still valid today, as there is no evidence to support their effectiveness and the entity responsible for their supervision, the Regulatory Board of Reeducation and Retraining Programs for Aggressors Act, which was created in 2000, has been mostly idle, while not producing a single report on the programs.

Neither the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR), the Courts Administration, nor the Women’s Advocate Office provided information to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) on the number of participants, levels of re-offense, or success rates in re-educating aggressors. The lack of a curriculum for programs that promote real change, that allow the victims to take classes together with their aggressors, and the absence of continuous education for the therapists are part of the problem.

Sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54

Cuando en 1989 el movimiento feminista de Puerto Rico daba la batalla entre los pasillos del Capitolio para lograr la aprobación de la Ley 54, una de las concesiones que tuvo que hacer fue incluir en la legislación la posibilidad de que los agresores evitaran la cárcel si se acogían a un programa de desvío para reeducarse ante sus conductas machistas. Al completar el programa, se elimina la convicción de su récord penal, como si nunca hubieran sido culpables. “Recuerdo perfectamente conversaciones entre las compañeras que estábamos allí cabildeando por la legislación, que no sabíamos muy bien cuán exitosos podrían ser estos programas”, rememoró María Dolores Fernós, una de las propulsoras de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y quien luego se convirtió en la primera Procuradora de las Mujeres. Las dudas que tenían las feministas sobre los programas de desvío hace tres décadas persisten hoy, pues no existen pruebas que sostengan su efectividad y la entidad encargada de su supervisión, la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, que se creó en el 2000, ha estado inoperante la mayor parte del tiempo, sin producir un solo informe sobre los programas. Ni el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Administración de Tribunales, ni la Oficina de la Procuradora de las Mujeres proveyeron datos sobre la cantidad de participantes, niveles de reincidencia o indicadores de éxito en la reeducación de personas agresoras al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Contract Awarded for Design of Diagnostic Treatment Center in Vieques, More Than a Year After Funds Were Obligated

A year and four months after the Federal Emergency Management Agency (FEMA) announced a $39.5 million obligation to rebuild the Susana Centeno Diagnostic and Treatment Center in Vieques, which Hurricane María destroyed in 2017, the Infrastructure Financing Authority (AFI), the agency to which the Municipality delegated the task of managing the project earlier this year, awarded a bid for the conceptual design of the new building to CSA Architects & Engineers, LLP, for $147,340. Thirty-seven companies procured the documents to participate in the bidding process, and nine companies submitted proposals. After awarding the contract to CSA Architects & Engineers, the document should be signed in the next few days, AFI stated. The company has had contracts with nearly 30 agencies, municipalities and public corporations for more than a decade for work related to technical services, design, architecture, surveying and repairs. Under Ricardo Rosselló’s administration, CSA Architects & Engineers locked down $26 million in contracts at 10 agencies, according to Comptroller records.

Adjudicada la subasta para el diseño del CDT de Vieques a más de un año de asignados los fondos

A un año y cuatro meses de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) anunciara la obligación de $39.5 millones para el reemplazo del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno de Vieques, destruido por el huracán María en 2017, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), agencia en la que el Municipio delegó la gerencia del proyecto a principios de año, adjudicó una subasta para el diseño conceptual del nuevo edificio a la compañía CSA Architects & Engineers, LLP, por $147,340. Treinta y siete compañías adquirieron los documentos para participar del proceso de subasta, y nueve empresas presentaron propuestas. Tras la adjudicación a CSA Architects & Engineers, el contrato debe firmarse en los próximos días, informó AFI. La empresa ha tenido contratos con cerca de 30 agencias, municipios y corporaciones públicas desde hace más de una década para trabajos relacionados con servicios técnicos, diseño, arquitectura, agrimensura y reparaciones. Bajo la administración de Ricardo Rosselló, CSA Architects & Engineers logró $26 millones en contratos en 10 agencias, según registros del Contralor.

Muere otro niño en Vieques, donde no hay un hospital

Un niño de tres años falleció la noche del miércoles en Vieques por complicaciones de salud antes de que fuera transportado en avión al Hospital HIMA San Pablo de Fajardo, donde debía recibir la atención médica que no estaba disponible en la isla municipio. El alcalde de Vieques, José Corcino, quien es también amigo de la familia, contó que el niño, Jahn Hill Rivera, había estado hospitalizado en Fajardo la noche antes y había sido dado de alta el miércoles en la mañana. En la tarde, su mamá, Francheska Rivera, vio que el estado del menor empeoraba y lo llevó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Vieques, que desde 2018, es una clínica temporal ubicada en un refugio. De acuerdo con el informe de la Policía, los doctores que lo atendieron ordenaron su traslado a la isla grande, pero, al salir hacia el aeropuerto, la condición del niño se complicó aún más, por lo que los paramédicos tuvieron que regresar al CDT. Allí, los médicos identificados como Dr. Cruz y Dra.

Familia de Jaideliz Moreno Ventura demanda al Gobierno de Puerto Rico por violación de derechos humanos en Vieques

La familia de Jaideliz Moreno Ventura, quien murió hace un año en las instalaciones médicas provisionales que se mantienen en Vieques luego del huracán María, demandó al Gobierno de Puerto Rico y al exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado por violación de derechos humanos y derechos civiles al no garantizar los servicios adecuados para atender la emergencia médica que le costó la vida a la adolescente de 13 años. En la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, los padres, los abuelos y la tía de Jaideliz, reclaman, principalmente, “que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques”. También están demandados los médicos que atendieron a Jaideliz el 12 de enero de 2020, por impericia médica, y la administradora del Centro de Salud Familiar Susana Centeno, la única instalación médica en Vieques, a donde fue llevada de emergencia y donde murió cinco horas más tarde. Desde que el huracán María dejó inservible el edificio donde operaba el centro de salud en septiembre de 2017, los servicios se ofrecieron primero bajo unas carpas y luego se movieron al refugio del municipio, donde ya llevan tres años. “Jaideliz y sus familiares reclaman, más que todo, que su muerte no sea en vano, sino que aporte al reclamo del pueblo de Vieques por justicia en cuanto al derecho a servicios de salud, libre de discrimen por su condición de isla separada de la isla grande de Puerto Rico”, lee la demanda.

La hermana del director de COR3 en el liderazgo de compañía con millones en contratos de recuperación

Bajo la dirección de Ottmar Chávez Piñero en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la compañía Tidal Basin Caribe, de la que su hermana Frances Chávez Piñero es directora de operaciones en Puerto Rico, ha obtenido contratos millonarios para servicios de consultoría sobre el mismo proceso de recuperación que gerencia su hermano desde el Gobierno de Puerto Rico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que Tidal Basin Caribe, que no había sido contratada antes por el Gobierno, tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña que suman $10 millones y fueron otorgados entre octubre del 2019 y septiembre de este año. Los contratos relacionados con proyectos de recuperación son reembolsados con el dinero que otorga la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) a través del COR3. En octubre de 2019, mientras Ottmar Chávez Piñero tenía también el sombrero de Representante Autorizado del Gobierno ante FEMA y de administrador de la Administración de Servicios Generales, la compañía donde su hermana es directora de operaciones obtuvo el contrato de la AEE por $6 millones para asesoría en procesos de recuperación y formulación de proyectos.  La vigencia del contrato que la AEE otorgó a Tidal Basin Caribe en octubre de 2019 era de apenas tres meses, pero fue enmendado en tres ocasiones para sumar $9.9 millones y extenderse hasta septiembre de 2020.

Recurrent Trauma: The effects of Climate Change on Mental Health in Puerto Rico

Rafael Negrón Santos did not lose his home or his job after Hurricane María, but the storm was the end of his relationship with his partner. The struggle to survive in the days and weeks that followed, coupled with the despair caused by life without electricity, the frustration at the number of deaths that the government refused to acknowledge, and the time he devoted to taking care of his mother’s needs, weakened communication with his partner. One day he came home, and she was gone. The number of stress factors he faced took a toll on his mental health. In the months that followed, he lost his appetite, lost nearly 40 pounds, and had panic attacks.