Gobierno obstaculiza el acceso a la información pública

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El violento repliegue de ciudadanos que ocurrió en el Capitolio el pasado 30 de junio es sólo la manifestación más pública y violenta de una tendencia gubernamental hacia esconder todo tipo de información y estadísticas, lo cual ya ha provocado que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) someta siete demandas por acceso a la información.
La actitud de que la información del gobierno es confidencial quedó plasmada claramente en un correo electrónico que el Departamento de Educación (DE) incluyó inadvertidamente en una serie de documentos que entregó al CPI hace varias semanas. En el correo, el secretario asociado de Educación Especial, Robert Turner, califica el presupuesto y la información financiera del Programa de Educación Especial (PEE) como “data personal”. “Dar toda esta información personal acerca del DE puede ser detrimental a nuestra imagen pública. ¿Por qué tanta exposición con data personal (Finanzas y Presupuesto del PEE)?”, dice Turner en el correo producido por la solicitud de información del CPI. Una persona no identificada contesta al correo señalando, “¿De verdad tenemos que hacer esto?”, en referencia a entregar la información solicitada.
“El acceso de la ciudadanía a la información y a los procesos públicos es un prerrequisito indispensable de cualquier sistema democrático. El flujo de la información es elemento constitutivo del principio de la transparencia en la conducción de los asuntos públicos. Sin información no puede haber participación consciente y libre. El gobierno secreto es el caldo de cultivo de la arbitrariedad y la tiranía”, reaccionó Efrén Rivera Ramos, miembro de la Junta de Directores del CPI y catedrático con más de 30 años de estudio sobre el tema del acceso a la información.
Los obstáculos para acceder a la información pública se han levantado sigilosamente por gobiernos de todos los partidos durante décadas. Recientemente, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IE), contabilizó 131 disposiciones de ley distintas que afectan el acceso mediante calificar de “confidencial” varios tipos de información pública.
La solicitud al DE sobre Educación Especial está pendiente y no ha concluido en una acción legal todavía, pero el CPI ya ha tenido que someter demandas hasta por información tan básica como las estadísticas de causas de muerte que maneja el Departamento de Salud y el reglamento de la Policía que se supone exista para controlar la grabación de vídeo que los agentes hacen en las manifestaciones públicas.
En el caso de Salud, las únicas estadísticas disponibles al público en el presente tienen cuatro años de retraso por lo que se solicitó acceso a la data preliminar que maneja la agencia utilizando los certificados de defunción que recopila a diario. La información fue denegada citando la Ley de Confidencialidad del Paciente HIPAA pese a que la data estadística no contiene nombres y se refiere a personas difuntas. El CPI acudió al tribunal y, tras meses de litigio, obtuvo la data hasta octubre de 2009. A pesar de que las abogadas del Gobierno reconocieron que la información nunca debió de ser denegada, dijeron que no podían entregar nada más reciente porque simplemente no había personal para meter en las computadoras la información de los certificados de defunción. O sea, que el Gobierno toma sus decisiones de política pública de salud para la población a ciegas, con información que no solamente es vieja sino que podría estar viciada. El caso está en etapa de reconsideración porque la jueza Rebecca de León inicialmente adujo que Salud no tenía que entregar lo que todavía no tenía acomodado en su formato.
En el caso de la Policía, la agencia pretende desestimar la demanda de acceso produciendo un reglamento que no aplica a los agentes en las manifestaciones, sino sólo a las patrullas habilitadas con equipo de grabación.
Estas solicitudes, realizadas en conjunto con los estudiantes de clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y el profesor Osvaldo Burgos, surgen por el trabajo periodístico del CPI, pero también por precedentes que se han dado en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las demandas pendientes es contra La Fortaleza para obtener acceso al calendario del Gobernador y el registro de visitantes de la Mansión Ejecutiva. Esta información no ha ido entregada a pesar de que ya el Presidente Barack Obama entregó el registro de visitantes de Casa Blanca, y de que el secretario del Tesoro federal ya entregó su calendario con información de todas las reuniones que sostuvo mientras se negociada el multibillonario paquete de rescate al sistema financiero.
En otro caso, contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se busca obtener acceso a las determinaciones de violación de ley que el Auditor Electoral somete contra los candidatos que incumplen con la radicación de sus informes sobre ingresos, gastos de campaña, y donantes. Poco antes de las elecciones pasadas, el Auditor dijo que había hecho sobre 8,000 referidos al Presidente. A pesar de una sentencia parcial en su contra, la CEE todavía rehúsa dar acceso. Su abogado llegó a argumentar que divulgar esa información podía dañar la reputación de los candidatos, muchos de los cuales resultaron ya electos sin que el público conociera que son violadores de la Ley Electoral. En Estados Unidos, la información de las finanzas de los candidatos, incluyendo los señalamientos de violación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, están disponibles a toda hora por la Internet.
Los otros casos pendientes son contra el Senado y la Cámara de Representantes, por separado, para obtener acceso a sus respectivos presupuestos, contratos, y facturas; y contra la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, el Banco Gubernamental de Fomento, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en conjunto, para acceso a los contratos, facturas, e informes sometidos por sus asesores en el plan de despidos. Además, el CPI es demandante en el pleito que busca garantizar el acceso del público y de la prensa a las gradas del Senado.
“La denegatoria del acceso a las sesiones de la Asamblea Legislativa, ya absolutamente o por limitación parcial durante la consideración, debate y aprobación de medidas legislativas, constituye un acto totalitario, sin duda, inconstitucional. Es, además, un acto golpista a la democracia del Pueblo”, opinó Antonio Fernós López-Cepero, catedrático en Derecho Constitucional y miembro de la Junta del CPI.

El CPI no es la única entidad que ha sido afectada en su misión de llevar a la ciudadanía información relevante sobre los asuntos que le afectan, como lo son los políticos deshonestos y las enfermedades mortales. Pese a ser un organismo del propio gobierno, el IE enfrentó la misma negativa de Salud al solicitarle a la agencia que cumpliera con entregarles no sólo estadísticas actuales, sino precisas sobre las causas de muerte del país. El IE demandó, obtuvo acceso a las estadísticas, y actualmente trabaja para depurarlas y publicarla.