La Oficina de Fiscales Federales en Puerto Rico redujo dramáticamente la cantidad de horas que dedicó a casos de drogas y crimen organizado durante los cuatro años que duró la investigación contra el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, y que terminó en un fallo absolutorio tras menos de cuatro horas de deliberaciones.
El dato está contenido en un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) de Justicia federal publicado en noviembre pasado en el que se evalúa la asignación de fiscales y la inversión de horas de trabajo en todas las 94 oficinas de fiscales federales en Estados Unidos.
Específicamente, el informe detalla que en 2003 la fiscalía en la Isla dedicaba el 177 porciento de sus recursos a los casos de crimen organizado y narcóticos. Según la OIG, esto significa que la oficina estaba sobrecargada y que no sólo estaba utilizando todos los recursos asignados para este tema sino que estaba usando otros para compensar.
En el 2004, el número aumentó a casi 225 por ciento, pero en 2005 (primer año de la Administración Acevedo Vilá) los recursos utilizados para investigar estos crímenes bajaron a 43 porciento, en el 2006 (cuando se tienen los primeros indicios públicos de la pesquisa contra Acevedo Vilá) bajó aún más a casi 5 porciento y en el 2007, el año antes de producir la acusación, los recursos dedicados a drogas habían bajado a negativo 29 porciento. Sólo un distrito de tamaño comparable a Puerto Rico, el oriental de Missouri, refleja una reducción de recursos mayor.
Según la explicación de la OIG, un porciento negativo significa que estaban usando menos de los recursos que tenían asignados. Es decir, de cada 10 fiscales que tuvieran asignados a drogas, estaban usando sólo siete, los otros tres no los estaban usando para drogas.
El informe no permite concluir que esta reducción se deba a una reducción en la carga de trabajo de la oficina. De hecho, la asignación de casos por cada fiscal aumentó de 12 en 2003 a 17 en 2007. No permite tampoco concluir que haya ocurrido una concentración de recursos en el área de corrupción pública porque no tiene esos números desglosados.
Los fiscales tuvieron más trabajo, sólo que no era trabajo de crímenes violentos o narcóticos.
Mientras esta distribución de recursos se estaba dando dentro de la oficina de los fiscales federales en la Suite 1201 de la Torre Chardón, los propios informes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) dan cuenta de la comisión de 8,942 crímenes violentos en la Isla durante 2007 para una incidencia de 226.9 por cada 100,000 habitantes.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó a la fiscalía una explicación sobre esta estadística y una aclaración de cuántos fiscales tienen asignados en las distintas áreas de investigación, pero su portavoz, Lymarie Llovet, indicó que “de acuerdo a las reglas del Departamento de Justicia y por la seguridad de nuestros fiscales federales no vamos a ofrecer más información aparte de la que se encuentra en el informe sobre los asuntos internos de la fiscalía federal”.
