A la empresa se le imputa haber retenido indebidamente $1.5 millones en sus operaciones en Caguas, hacer representación falsa del Municipio e inflar sus facturas.
Las denuncias, que en un principio fueron anónimas, se relacionaban a la reclamación del matrimonio de Valdivieso Galib y su exesposo Virgilio Vega Bonilla para acogerse a una exención de contribuciones sobre una propiedad en el Condado de Broward en Florida por la cual la pareja tuvo que pagar una penalidad de $11,885.71, luego que las autoridades floridianas determinaran que era inmerecida.
El cuadro que pintan los Estados de Ingresos y Gastos del Fondo General, contenidos en los Estados Financieros del ELA, es irreal y contradice las cifras que ofrece públicamente el propio Gobierno.
Abogadas del Estado insisten en que la información sobre los bonistas solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico no existe. La jueza Aileen Navas se reservó el fallo.
El Departamento de Justicia también mantiene una pesquisa sobre el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo de la pasada administración de San Juan.
La administración del ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, fue referida este miércoles al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, por el mal manejo de más de $11.4 millones del Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD). Se trata del instrumento de planificación municipal que denunció el Centro de Periodismo Investigativo en la serie ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’. Santini y un grupo de ejecutivos municipales pudieron haber cometido “delitos” relacionados a la omisión o negligencia en el cumplimiento del deber, sin la debida protección de fondos públicos, y en violación a la Ley de Municipios Autónomos, sostuvo Yolanda Zayas, presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, en una conferencia de prensa. El referido incluye al ex director ejecutivo municipal y ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración Rosselló, Miguel Cordero, y al CPA Francisco Peña, quien dirigió el Área Programática y Servicios Gerenciales del Municipio, encargada del manejo de fondos. El objetivo del Programa de TDD, por el que el Municipio cobraba dinero a quienes pedían permisos de construcción, era permitir un desarrollo en áreas urbanas aledañas a la ruta del Tren Urbano, a cambio de los constructores le compraran los derechos de desarrollo a los dueños de 3,000 cuerdas de valor ecológico en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de San Juan. El Municipio aseguraba, por medio de un certificado de pago, que el dinero se depositaba en una cuenta especial del Banco Popular, para compensar a los individuos que iban a proteger los terrenos de los barrios del sur de la capital.
Felicitamos a nuestro colega periodista del Centro de Periodismo Investigativo Eliván Martínez, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo al Reportaje Investigativo Multimedia de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) el pasado sábado, 3 de agosto, por su serie investigativa “El impuesto secreto de Santini”.