La mano de Dios en los donativos legislativos

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Un sector de las organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría las identificadas como comunitarias de base de fe, recibieron más de $40 millones en donativos legislativos desde 2008, aun cuando algunos de esos grupos no cumplen con los requisitos de ley para recibir tales fondos.

Una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró además que aproximadamente un millón de dólares de esos donativos no se sabe adónde han ido a parar, pues las entidades beneficiadas no aparecen ni inscritas en los registros del Departamento de Estado.

Si bien la misión contractual de las organizaciones sin fines de lucro en general es trabajar por el desarrollo social, cultural y comunitario del país, al día de hoy –sumidos en un déficit nacional– cabe cuestionarse por qué las políticas públicas en torno al llamado tercer sector tienen baches de transparencia en el modo en que se seleccionan unas sobre otras para otorgarles fondos.

Una revisión de los archivos del Departamento de Estado en el internet reveló que muchas de las organizaciones que recibieron donativos no cumplen con el requisito de ley de someter informes anuales (Good Standing). Y en otros términos su incorporación o “Certificado de Existencia” no aparece en dichos archivos electrónicos.

Tal es el caso, por ejemplo,  de la Coalición Pro Homeless, a la que se le ha donado $51 mil desde 2008 hasta el presente o la Fundación Upens que no aparece registrada y se le donó $210 mil entre 2010 y 2011; y el Movimiento Evitemos el Suicidio, de cuyo donativo de $5 mil no se tiene rastro. Lo mismo ocurrió con una entidad que responde al nombre de G-Works, Inc., que tampoco aparece inscrita y recibió la suma de $40 mil en los pasados cinco años.

La historia se repite con el Hogar Santa María Eufracia, Inc. ($215 mil); ARSEF ($85 mil); Hogares Teresa Todas, Inc. ($249 mil); John Cristiming Progressive Center, Inc. ($380 mil); y Casa de Todos, Inc. ($79 mil), cuya suma de donativos asciende a más de un millón de dólares pero sus inscripciones no figuran en los registros electrónicos a los que el público tiene acceso en el Departamento de Estado.

ARS Vocalist ha recibido $69 mil, no obstante no se sabe si ha rendido informes, pues bajo ese nombre no se encontró ninguna carpeta electrónica. El Colegio de Párvulos inscrito en 1972 en Estado no tiene registrado un solo informe de “Good Standing”, pero en 2008 recibió un donativo de $15 mil.

Al examinar las listas de donativos, más de 1,500 en cinco años,  llama la atención que Misión Betesda ($25 mil), incorporada en el 1988 y con dirección física en Arecibo, tenga los mismos oficiales de  presidente, tesorero, agente fiscal y director ejecutivo que Misión Rescate ($88 mil), cuya inscripción es de 1976 y está localizada en Mayagüez.

Los requisitos se reconocidos, pero ¿se respetan?

Para que la Comisión de Resolución Conjunta de la Legislatura otorgue los donativos legislativos es requerido que la organización que los solicita esté inscrita y tenga un número de registro en el Departamento de Estado. Que tenga un agente fiscal y que éste no sea miembro de la junta, ni director ni administrador. Tampoco los miembros de la junta deben ser familiares.

Asimismo es requisito que todas las corporaciones rindan un informe económico anual que estará sujeto a auditorías del Contralor.

En el marco de la Ley de Donativos Legislativos (Ley 258 de 1995) se estipula que el donativo se otorga a quienes ofrecen servicio público para promover el bienestar social, servicios médicos, fomentar la educación y que a través de sus desempeño sirvan de crecimiento comunitario.

Tras analizar las referidas tablas, parece curioso que en los últimos cuatro años Crearte no haya recibido donativos legislativos, una organización sin fines de lucro que lleva más de una década al servicio de las nueve comunidades del Embalse San José, incluyendo residenciales públicos; atiende diariamente a 180 personas de 6 a 26 años en proyectos de orden psicológico, terapias del habla, talleres de arte, recreación entre otros.

“En 2008 nos asignaron 400 mil dólares, que provenían del presupuesto general de la OGP [Oficina de Gerencia y Presupuesto]: 200 mil provenían de [el Departamento de la] Familia y 200 mil del Departamento de Educación. Luego, la oficina de donativos legislativos, adoptó una forma procesal que asumió que como se nos había otorgado ese dinero, ya no podíamos recibir donativos de los fondos legislativos”, explica Brenda Liz Santos, directora ejecutiva de Crearte.

Santos expresó que este procedimiento es arbitrario, pues hay otras corporaciones que reciben fondos del presupuesto general y también de los donativos legislativos. “Existe mal manejo de fondos. Sólo basta con mirar detenidamente los listados de los donativos legislativos. Los procesos son muy politizados y dentro de la comisión hay un arroz con pollo; cuando se llama para orientación la gente que atiende ni sabe bien lo que están tratando”, criticó.

El CPI inquirió al analista de Educación en la Comisión de Donativos Legislativos, Rionanee Rivera Morales, sobre los procesos para la otorgación y los requisitos, las normas de éticas y procesos de evaluación, pero el funcionario se limitó a responder algunos tópicos alegando que hay otros asuntos para los que requiere de “autorización” (antes de responder).

“El dinero [otorgado] no es recurrente. Las corporaciones tienen que preparar una  propuesta detallada de para qué propósitos se piden los donativos, se les evalúa y si cubren los requisitos se les concede”, puntualizó.Reiteró que “si no tiene el good standing no cualifica, a menos que sea una entidad religiosa que el Departamento de Estado dice, a su discreción, cuando les aplica”.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes se hizo eco de lo que al parecer todos tienen claro: “las entidades tienen que cumplir con la inscripción, los requisitos de informes, propósitos establecidos y todo lo que aplica a las normas de ética”. Se especificó al CPI que los donativos legislativos provienen del fondo general y que si no cumplen o no se utiliza el dinero ese año, se reasigna. Pero que no existe ningún impedimento para que además de recibir donativos legislativos un legislador le otorgue “a su discreción” fondos a quien prefiera.

El director de la Comisión de Donativos Legislativos, Carlos Quiñónez Capaceti, negó que existan irregularidades en la otorgación de donativos. “Nosotros evaluamos y ninguno que no posea la exención contributiva, ni el good standing se beneficia. No puede tener deuda, no importa que sea [una entidad] religiosa”. Prosiguió explicando que “si uno solo de los requisitos falta, la Comisión no lo evalúa”.

Ante el señalamiento de incongruencias en el listado de donativos y la aparente falta de inscripción que el CPI halló, Quiñónez apuntó que eso le correspondía al Departamento de Estado digitalizarlo. “Son muchas entidades las que se tienen que entrar al sistema”.

En la oficina de Digitalización del Departamento de Estado, Ivelisse Figueroa, convino que “son millones [de inscripciones] y no se han podido subir. Se suben poco a poco, y dependen de cada informe; no es el mismo procedimiento para todas. Algunas pueden estar traspapeladas”.

¿Cuál es la probabilidad de que una entidad haya recibido donativos legislativos y no aparezca en los archivos? “Aquí no fiscalizamos, sino que subimos [información]”, declaró Figueroa.

Tahani Shayeb colaboró con la investigación para esta historia.

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