Ante la ausencia de protección y techo seguro, y el discrimen exacerbado por factores como ideologías religiosas, la organización Waves Ahead desarrolla proyectos de vivienda dirigidos a estas poblaciones mientras están en el limbo proyectos para enmendar leyes locales
El comienzo de la reconstrucción de las obras de infraestructura esencial de mayor cuantía y envergadura — incluidos proyectos relacionados al suplido de agua, el servicio eléctrico, la educación y la recreación —, que se afectaron con el paso del huracán María por Puerto Rico en 2017, podría tardar varios años más. Hasta la fecha, sólo cuatro de los primeros 10 proyectos de recuperación que requieren mayor cantidad de fondos federales, cuentan con dinero obligado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), encontró el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los seis restantes se ubican en la etapa de formulación de proyectos ante la agencia federal, que es apenas el primero de 19 pasos de evaluación cuando se reclama una estructura que se haya afectado por una emergencia. Ese primer paso incluye la preparación de hojas de trabajo o project worksheets (PW), donde la entidad que reclama pérdidas a FEMA detalla los costos de la obra y el desglose de cualquier seguro aplicable. Completar toda la evaluación podría tardar meses e incluso años, reconocieron varios funcionarios del gobierno local y federal entrevistados por el CPI.
La Constitución de Puerto Rico garantiza la separación de Iglesia y Estado como un principio preciado que protege a los ciudadanos del poder de la Iglesia y a la Iglesia del poder del Estado. En Puerto Rico, por influencia de una tendencia que viene desde Estados Unidos, cada día esa línea se hace más difusa. En tiempos de crisis fiscal vemos como el dinero público se utiliza para fortalecer organizaciones que se presentan como comunitarias pero con agendas de proselitismo religioso. Mira la lista de las organizaciones que recibieron millones de dólares en donativos legislativos desde 2008.
