Retrasado y con alza en los costos de construcción el centro de salud de Vieques

La maleza que sigue apoderándose de las verjas y las paredes de lo que era el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Susana Centeno (CDT) en la isla municipio de Vieques son la señal de que el tiempo pasa y allí nada pasa. Mientras tanto, las fechas anunciadas para la construcción del CDT están retrasadas, y los costos aumentan. 

El director de Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), Eduardo Rivera Cruz, estimó que el proyecto estará completado en 2025. El Gobierno de Puerto Rico deberá financiar los gastos adicionales de entre $7 y $11 millones sobre el estimado de $49 millones de hace dos años, cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) hizo la asignación de fondos. La consideración de códigos de construcción actualizados, el aumento en los costos de mano de obra y materiales, y la incorporación de más espacio para nuevos servicios se mencionan por AFI y el municipio de Vieques como las razones para el aumento. Fue el 19 de agosto de 2021 cuando el gobernador Pedro Pierluisi dijo que el CDT estaría listo para mediados de 2024. 

“Antes de final de año [2021] vamos a comenzar la demolición y ya se deben tener los planos finales de construcción.

Entre la escuela y el trabajo: estudiantes de escuela superior enfrentan el miedo al fracaso

Ocho estudiantes de duodécimo grado forman un círculo con sus pupitres debajo de una carpa en el patio interior de una escuela del municipio de Guaynabo. Fuera de la carpa, salpica una llovizna; adentro, llueven realidades. 

Comenzaron el cuarto año de escuela superior dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo. Hay tres chicas jóvenes en el grupo: una trabaja de mesera, otra de niñera, y la tercera es madre y técnica de uñas. Entre los chicos, uno trabaja en Subway, el otro es barbero, un tercero es empleado en El Mesón, el cuarto trabaja como electricista en la construcción “o en cualquier cosa que aparezca” y otro es empleado en una pizzería. Todos son menores de 18 años y dijeron que aspiran a continuar estudios técnicos o universitarios cuando se gradúen de la escuela superior. 

“Yo soy contratista”, aclara el que trabaja en construcción, a minutos de que suene el último timbre.

Periodistas van al tribunal para lograr acceso a datos sobre la renegociación del contrato entre AES y la AEE

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre. 

Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento. 

El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados. 

El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”. “El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet. 

Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.