La pesadilla que aún viven miles de asegurados cuyas reclamaciones tras el paso del huracán María no han sido pagadas, o cuyo pago resultó insuficiente para cubrir las pérdidas, se pudo haber evitado si la Reserva Catastrófica del país no hubiese sido menguada por enmiendas promovidas por las aseguradoras con la anuencia de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), concluyó una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La Reserva Catastrófica es un fondo creado por ley en 1994 para reducir la dependencia de las aseguradoras del mercado de reaseguro internacional y evitar así los aumentos de prima luego de un evento catastrófico. Pero en la medida en que los objetivos de la Reserva se fueron anulando con enmiendas a la ley aprobadas en la pasada década, y las aseguradoras continuaron dependiendo del reaseguro, los clientes de estas empresas han enfrentado aumentos significativos del monto de la prima cada vez que ocurre un evento catastrófico, de acuerdo con los hallazgos de la investigación. Tras el paso del huracán María, ese aumento oscila entre el 300% y 400%.

Cuando se puso en vigor la Reserva hace 24 años, una medida administrativa obligaba a las aseguradoras a aportar 10% del total de las primas suscritas en los seguros catastróficos al fondo. Pero, en el 2003, cuando la Reserva había acumulado $311.1 millones, esa aportación de las aseguradoras fue reducida al 1%. En el 2006, durante el gobierno compartido del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), se le dio el golpe de muerte al establecerse por ley un límite a la cantidad de dinero que podía acumular la Reserva y eximir a las aseguradoras de continuar realizando su aportación luego de alcanzado ese tope.

La nueva ley también avaló que las aseguradoras contrataran reaseguro para proteger el 98% de su riesgo catastrófico. El restante 2% estaría protegido con el monto acumulado en la Reserva, en caso de que ocurriera un evento catastrófico.

En conjunto, las enmiendas y modificaciones representaron la derrota de los objetivos de la Reserva Catastrófica. Para el 2017, cuando el país sufrió la destrucción del huracán María, la mayor catástrofe de su historia reciente, la Reserva solo tenía en su fondo $299 millones de los $2,355 millones que debió tener para esa fecha si las mencionadas enmiendas no se hubiesen aprobado, concluyó un análisis del CPI validado con el consultor y especialista en contabilidad de seguros, Gregorio Del Valle.

Tras el paso del huracán María, las aseguradoras no respondieron con los pagos de las reclamaciones como se esperaba hasta el punto en que, un año después del evento, el Gobierno de Puerto Rico demandó a 14 aseguradoras por su lentitud en pagar las reclamaciones o por la falta de pago a miles de ciudadanos y entidades del sector público y privado.

Para entonces, el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, reconoció al CPI que algunas aseguradoras no habían contratado el reaseguro suficiente para los riesgos que habían suscrito, lo que provocó la inédita situación de que algunas empresas carecieron de fondos para pagar a sus asegurados. “Los modelos [para estimar la exposición catastrófica] que los aseguradores estaban utilizando no fueron adecuados; y los que fueron bastante conservadores – cada asegurador tiene la discreción de utilizar el modelo que les sea favorable – pues pudo haber sido que los estimados de riesgo catastrófico no fueron suficiente. Eso no le pasó a todos, pero las cosas que hemos visto con los reaseguradores, pues sí definitivamente es que no les dió. Eso fue lo que ocurrió”, indicó Rivera Ríos.

Entre estas aseguradoras figuraban Triple S Propiedad, Real Legacy y QBE Seguros, que en conjunto recibieron inyecciones de $584 millones por medio de “transacciones especiales” o inyecciones de sus corporaciones matrices debido a que no compraron suficiente reaseguro. La OCS intervino con la aseguradora Real Legacy y, luego de un intento de rehabilitación, vendió sus activos a la aseguradora Universal Insurance. La OCS le impuso restricciones a la aseguradora Integrand Assurance debido a la falta de fondos para pagar reclamaciones y a que también contrató un reaseguro muy por debajo del riesgo asegurado.

Según la OCS, a noviembre del 2018, las aseguradoras habían recibido 253,299 reclamaciones por un monto de más de $5.4 mil millones. Tras casi año y medio del huracán, al inicio del presente año aún existían cerca de 11,000 reclamaciones sin pagar. El impago ha ocurrido a pesar de que el Código de Seguros dispone que los aseguradores están obligados a pagar en 90 días.

Una de estas reclamaciones sin pagar es la de Loida Vendrell Rodríguez, quien se desempeña como terapista física en el Hospital Pavía de Santurce. El apartamento de Vendrell Rodríguez, ubicado en el Condominio Atrium Park en Guaynabo, resultó afectado por el huracán María. Los daños ascienden a $7,000 y para rehabilitar su hogar se vio obligada a tomar un préstamo, el cual espera cubrir con el pago de su reclamación. El asegurador del condominio es QBE Seguros. “Todavía no le han pagado al condominio la reclamación por $3.5 millones y no sé qué va a pasar. Ya pronto serán dos años sin recibir mi pago”, dijo Vendrell Rodríguez.

Una situación similar padece Jaileen Rosado, cuyo apartamento en el Condominio Torres del Parque en Bayamón sufrió daños estructurales y aún la Junta de Titulares y la aseguradora Mapfre no han llegado a un acuerdo sobre el monto a pagar. “Las paredes donde están los acondicionadores de aire de mi apartamento tienen grietas enormes y yo no sé cómo se van a resolver estos daños”, señaló Rosado, quien trabaja en la administración de una mueblería en Río Piedras.

La Reserva Catastrófica fue ideada por el fenecido excomisionado de Seguros, Juan García, quien la estableció tras la aprobación de la Ley 73 en 1994, que la convirtió en el Capítulo 25 del Código de Seguros. Desde sus inicios, la propuesta para establecer la Reserva reconocía que era imposible eludir totalmente la dependencia en el reaseguro, pero sí entendía que la reducción de esa dependencia podría evitar los aumentos de prima luego de un evento catastrófico. También señala que el fondo creado por ley aspiraba a que “los aseguradores cuenten con la capacidad financiera para ofrecer la mayor protección a aquellos asegurados expuestos a dichos riesgos”.

El excomisionado García estableció que las aseguradoras debían aportar a la reserva el 10% anual de las primas suscritas en los seguros catastróficos. La Carta Normativa debía ser renovada anualmente. Esto fue así desde el 1994 hasta el 2000, cuando García abandonó el puesto de Comisionado de Seguros a finales de la administración del exgobernador Pedro Rosselló. Durante la nueva administración de la gobernadora Sila Calderón, fue nombrado al cargo Fermín Contreras, quién renovó la tasa de 10% entre los años 2001 y 2003, cuando renunció a la posición.

Pero el 29 de diciembre del 2003, la entonces sub Comisionada de Seguros, Dorelisse Juarbe, redujo la tasa al 1%.

En entrevista con el CPI, Contreras sostuvo que no tuvo nada que ver con la decisión de reducir de 10% al 1% la aportación de las aseguradoras a la reserva. “Desde diciembre 5 del 2003 dejé de firmar documentos en esa oficina porque mi renuncia era efectiva al final del año. Yo no tuve nada que ver con esa decisión”, indicó Contreras.

Aseguró que favorecía la Reserva Catastrófica por lo que durante los tres años que ocupó el puesto de Comisionado de Seguros renovó la tasa de 10% y se manifestó a favor de mantenerla como se concibió en el 1994. “Porque es un mecanismo útil para beneficiar al consumidor”. Contreras también avaló mantener que las aseguradoras realicen una adecuada aportación a la reserva, aunque matizó que dicha aportación debía considerar las condiciones del mercado de seguros para evitar afectar la viabilidad económica de las compañías. “Hay que hacer un análisis ponderado de la suscripción, del riesgo asegurado y cómo todo esto afecta el sobrante de las aseguradoras. Es un asunto complejo”, dijo.

Contreras advirtió que la grave situación de impago en la que han incurrido muchas aseguradoras se pudo evitar de existir una Reserva Catastrófica sólida. “Una reserva robusta le hubiese permitido a los asegurados estar en una mejor posición para pagar las reclamaciones y que no pasara lo que pasó: que todavía no han pagado miles de reclamaciones”, señaló.

Juarbe, quien fue nombrada al cargo de Comisionada de Seguros por Calderón y luego por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, se negó a responder las preguntas del CPI alegando falta de tiempo y que no tenía a la mano documentos relacionados con la Reserva Catastrófica.

Las enmiendas a la ley que se aprobaron durante el llamado gobierno compartido durante la administración de Acevedo Vilá de 2005 al 2009, surgieron del Proyecto de la Cámara 2106. La medida no llegó desde el ejecutivo, sino que fue una iniciativa del entonces representante PNP Antonio Silva, para entonces presidente de la Comisión de Hacienda. En el Capitolio, Silva patrocinó numerosas medidas de interés del sector de las aseguradoras. En el Senado, la medida la evaluó la Comisión de lo Jurídico y Asuntos Financieros, que era presidida por el exsenador Jorge De Castro Font, quien aceptó sobornos de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) a cambio de la aprobación de varias medidas, según trascendió en los procesos por corrupción que el exsenador enfrentó en los tribunales, delitos por los cuales cumplió cárcel.

Los sobornos fueron pagados por Betsy Barbosa, exdirectora ejecutiva de ACODESE, según trascendió en los tribunales. Barbosa fue la única deponente en las vistas públicas del Proyecto 2106 para enmendar la Reserva Catastrófica, según la hoja de trámite de la medida provista por la Oficina de Servicios Legislativos del Capitolio. Del documento se desprende que el proyecto fue presentado por Silva en octubre del 2005, y en septiembre del 2006 el legislador presentó un proyecto sustitutivo con varias modificaciones. La medida fue aprobada en Cámara y Senado sin enmiendas y sin contar con un estudio técnico que debió producir la Oficina del Comisionado de Seguros para identificar cómo afectaría a los consumidores el nuevo tope propuesto y el impacto que causarían los cambios a la Reserva Catastrófica.

En entrevista con el CPI, Silva sostuvo que a pesar de haber presentado el proyecto 2106 y también el sustitutivo, no recuerda las razones que dieron origen a las profundas enmiendas a la Reserva Catastrófica que contenía la medida. “Lo que recuerdo de esto es que beneficiaba a los consumidores y ayudaba a las compañías de seguro a seguir asegurando, y como casi el 100% (de los riesgos de las aseguradoras) estaba cubierto por reaseguro, pues yo no vi nada malo. Pero si después de María hay algo… pues yo invito al Comisionado de Seguros y a ACODESE a hacer algún tipo de acercamiento a la Legislatura para revertirlo. Nunca, nunca, nunca, en todos los proyectos que yo hice, vislumbraba afectar al consumidor puertorriqueño”, indicó Silva.

Los argumentos del exlegislador coinciden con los planteamientos que en representación de ACODESE hizo Barbosa en su ponencia, en la que tildó de “irreal” el objetivo de reducir la dependencia en el reaseguro; respaldó que las aseguradoras utilizaran el reaseguro para cobijar sus riesgos catastróficos y avaló imponer un tope a la Reserva. En la ponencia, Barbosa recomendó enmiendas a la manera en que se registran las aportaciones a la Reserva en los estados anuales de las aseguradoras, con el fin de aumentar la partida sobrante y de esta manera elevar la capacidad de venta de seguros. Esto porque el Código de Seguros dispone que el monto acumulado en el sobrante multiplicado por tres será la totalidad de primas de seguro que un asegurador puede vender en el mercado.

Aunque el exlegislador no pudo señalar si la medida fue ideada exclusivamente por él o si otras personas se le acercaron para que presentara las enmiendas, dejó abierta la posibilidad de que la medida se haya originado en la administración de Acevedo Vilá debido a que, según indicó, en ocasiones el exgobernador le solicitaba que presentara determinadas medidas con su nombre para evadir los obstáculos que surgían en la Cámara y el Senado, que estaban dominados por la mayoría novoprogresista. “Yo quería ayudar a Puerto Rico”, comentó el exlegislador.

El CIP le cuestionó por escrito a Acevedo Vilá si fue cierto que Silva presentó medidas a petición suya para evadir el rechazo de la mayoría novoprogresista y su asistente, Juanita Colombani, sostuvo por escrito que: “Ni el asesor legislativo ni el exgobernador tienen ningún recuerdo específico de que eso ocurriera y ambos coinciden en que algo así lo recordarían”.

Silva también descartó que el Proyecto 2106 fuera una iniciativa de la industria de seguros. “Si recibió enmiendas, no las radicó la industria. Si fuera un proyecto de la industria como tal no hubiese recibido tantas enmiendas. Al final del camino, si el gobernador lo firmó, el Comisionado de Seguros tuvo que decir que sí, porque sino me lo vetaban”, dijo el exlegislador. No obstante, algunas de las enmiendas que sufrió la medida sí están sugeridas en la ponencia de ACODESE que Barbosa leyó ante la Comisión de Hacienda que presidió Silva, encontró el CPI.

El proyecto se convirtió en la Ley 227 tras la firma de Acevedo Vilá en octubre del 2006. El exgobernador lo firmó sin el beneficio de una evaluación técnica de la Oficina del Comisionado de Seguros y sin las observaciones de un memorando de derecho que abundara sobre la conveniencia de firmar o rechazar la medida, como suele ocurrir con los proyectos que llegan al despacho del Primer Ejecutivo y que son preparados por el asesor legal en legislación de La Fortaleza. Acevedo Vilá no estuvo disponible para entrevista ni respondió a varias interrogantes que le envió el CPI.

Se le preguntó si el Proyecto 2016 era de su administración y se le solicitó que definiera los fundamentos que le llevaron a convertir en ley la medida. Otra interrogante fue si recibió un informe detallado de las razones para limitar la Reserva y cómo se podrían garantizar el beneficio de los asegurados ante un evento catastrófico sin una Reserva como la que estaba establecida originalmente. También se le cuestionó si conocía las consecuencias de la aprobación del Proyecto 2106 y por qué firmó una medida que se aprobó sin análisis en la Legislatura y para el cual la OCS no acudió a las vistas públicas.

En declaraciones escritas la asistente del exgobernador, Juanita Colombani, sostuvo que “la Ley 227 de 2006 no se originó con un proyecto de administración, sino que fue de la autoría del representante de la mayoría del PNP Antonio Silva. El único recuerdo que tiene el exgobernador Acevedo Vilá sobre esa medida es que no generó controversia ni hubo oposición. Cotejamos el historial legislativo y se aprobó 41-4 en la Cámara y por unanimidad en el Senado (27-0). Por tus preguntas y por el interés del CPI en este tema, hemos querido, durante más de una semana, reconstruir un poco el período con la Comisionada de Seguros de entonces, Dorelisse Juarbe, pero ella no ha estado disponible, aunque fue puesta al tanto del asunto puntual de la consulta”.

La Ley 227 estableció un límite a la cantidad de dinero que podía acumular la Reserva y eximió a las aseguradoras de su aportación luego de alcanzado el tope. El tope fue definido como el 8% de la llamada “pérdida máxima probable”, que es una estimación económica de las pérdidas que enfrentaría un asegurador tras un evento catastrófico tomando en consideración la totalidad de los riesgos catastróficos asegurados.

Estos cambios resultaron en que el monto acumulado en la Reserva, que comprende las aportaciones de las 20 aseguradoras del país que ofrecen seguros catastróficos, ascendiera a $299 millones para el 2017. Catorce años atrás, en el 2003, cuando se redujo la aportación de las aseguradoras a la Reserva, el fondo era de $311.3 millones.

A su vez, la Ley 227 de 2006 avaló que las aseguradoras contrataran reaseguro para el 98% de su pérdida máxima probable. El restante 2% de esa pérdida sería cobijada por la Reserva en caso de que aconteciera un evento catastrófico. Incluso, por medio de su reglamento, se le permitió a los aseguradores comprar reaseguro para el 100% de su riesgo catastrófico.

El Capítulo 25 establecía que la Reserva Catastrófica estaría depositada en un fideicomiso y que sus fondos aumentarían hasta alcanzar “una suma que sea por lo menos cuatro veces el promedio anual de la primas netas directas del asegurador por los tres años calendarios precedentes”. Utilizando esta fórmula y las cifras de las aseguradoras del país sobre primas suscritas en seguros catastróficos a partir del 2012, el CPI estimó que para el 2017 la Reserva debió acumular $2,355 millones. El consultor y especialista en contabilidad de seguros, Gregorio Del Valle, avaló la estimación y agregó que “si el fideicomiso hubiera logrado un rédito de 6% anual, la Reserva hubiera alcanzado el límite aproximado de $2,377 millones”.

De acuerdo con las declaraciones de Barbosa en el Tribunal, en septiembre del 2006, mientras el proyecto 2106 transitaba su etapa final en la Legislatura antes de convertirse en ley, De Castro Font le solicitó (a Barbosa) un pago de $10,000. Para entonces el exlegislador ya había recibido $30,000 por medio de facturas falsas que ACODESE pagaba a la agencia de publicidad Sajo, García & Partners. A preguntas del CPI, De Castro Font negó reiteradamente que hubiese solicitado dinero a cambio de aprobar esta legislación y dijo que “si la medida no funcionó pues que la deroguen”.

La actual directora ejecutiva de ACODESE, Iraelia Pernas, se negó a opinar sobre las acciones que describió Barbosa en los tribunales y sobre si la asociación pagó un soborno para que fuera aprobada la medida que enmendó la Reserva Catastrófica. “Yo no sé si se pagó o no, yo no estaba allí. Pregúntale eso a Betsy Barbosa”, sostuvo Pernas. La ejecutiva también se negó a opinar sobre las enmiendas a la Reserva. “Yo no participé de ese análisis y prefiero no opinar sobre eso”, indicó.

Pernas reveló que ACODESE prepara un proyecto de ley para modificar el trato contable que la Ley 73 contempla para la Reserva Catastrófica y que, en resumen, permite que en los libros financieros de las aseguradoras se registre el 2% de la Reserva como un pasivo o dinero que se utilizará para pagar compromisos, mientras que los fondos restantes se consideren excedente o sobrante. Esto último responde a que desde que comenzó la Reserva Catastrófica se permitió que parte del monto acumulado se sumara como parte del sobrante, algo que favorece la acreditación de las aseguradoras.

Pernas reconoció que el aumento de 2% en la partida del sobrante favorecerá la acreditación de las aseguradoras y colocará a estas empresas en una posición más competitiva en relación con las aseguradoras estadounidenses que operan en el mercado local.

Agregó que una buena acreditación es necesaria para que las instituciones bancarias permitan que las aseguradoras vendan sus productos de seguro para complementar los financiamientos hipotecarios, de autos y financiamientos para proyectos de construcción.

Jaime González, presidente de Antilles Insurance Company, una de las principales aseguradoras del país, opina que la Reserva Catastrófica “no funciona”. “No sirve para nada. La deberían eliminar. Puerto Rico es la única jurisdicción de los Estados Unidos que tiene esa reserva. Yo la considero como parte de mi capital y de mi familia. Yo no la utilizo (la Reserva Catastrófica) para nada. Yo (Antilles Insurance) retengo entre $4 millones y $5 millones (el valor del riesgo catastrófico asegurado por el que debería responder Antilles), y lo demás lo reaseguro”, explicó González.

El ejecutivo insistió en que “nadie (ningún asegurador en Puerto Rico) usó la Reserva Catastrófica para comprar menos reaseguro. Por más de 20 años vengo reteniendo lo mismo (entre $4 millones y $5 millones), y lo demás lo reaseguro”, admitiendo así que los aseguradores no han usado la Reserva para lo que se diseñó. Ante la interrogante de si el uso de la Reserva podría reducir el sobrante y, como resultado, poner en riesgo la acreditación, González reconoció: “si usas la Reserva, no hay dudas que se afecta el excedente”.

Por su parte, el Comisionado de Seguros, Rivera Ríos, se mostró cauteloso sobre el presunto efecto que la Reserva podría ejercer sobre las finanzas de las aseguradoras locales. “Además de las reservas tradicionales que se le piden al asegurador, también está la Reserva Catastrófica y hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que tener un balance y ver cómo ese asegurador que está en el mercado esté solvente y adecuado, y hasta dónde tú le puedes pedir… es un balance progresivo”, indicó Rivera Ríos.

No obstante, el Comisionado advirtió que “en éste momento no estamos contemplando aumentar la Reserva”.

Según fuentes cercanas al proceso de aprobación de la Reserva Catastrófica, su justificación estratégica se basaba en que Puerto Rico está localizado en una zona muy propensa a desastres naturales como los terremotos, debido a las numerosas fallas geológicas que atraviesan la isla y además, por su ubicación en el Caribe, está en la ruta de los huracanes que nacen frente a las costas de África. De acuerdo a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC por sus siglas en inglés), una de la principales razones de por qué en Estados Unidos no se ha utilizado el recurso de la Reserva Catastrófica es por la renuencia del Gobierno federal de eximir de contribuciones los fondos depositados en ese tipo de reserva. En Puerto Rico la Reserva está exenta del pago de contribuciones mientras sus fondos se utilicen para pagar reclamaciones por catástrofes o se mantengan depositados en el fideicomiso que estableció la Ley 73.

En el documento, elaborado luego del paso del huracán Katrina, la NAIC patrocina el establecimiento de este tipo de reservas y señala que numerosos países de Europa y el Caribe las han establecido para lidiar con las pérdidas causadas por desastres naturales. Recientemente, el Gobierno de la República Dominicana tomó un préstamo de $300 millones para establecer su reserva catastrófica.